En América Latina se están elaborando nuevas legislaciones para democratizar los medios de comunicación (la de Argentina es la mejor) que reparten las licencias de radio y televisión en partes iguales para el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales.

En España parecía que esa era la intención de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual al establecer «que la comunicación se preste a través de una pluralidad de medios (públicos, comerciales y comunitarios) que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad» y que se garantizaría un espacio suficiente «para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».

Pero la ley no cumple lo que anuncia: limita al 25% la presencia estatal del servicio publico, reduce al ámbito municipal las iniciativas sociales y regala el 75% de las licencias a los negocios audiovisuales. Lo peor es la reclusión municipal de las iniciativas sociales. No podrán, por ejemplo, tener una radio o una televisión de difusión estatal o autonómica los sindicatos, las universidades, las asociaciones de consumidores o las coordinadoras estatal y regionales de las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo.

La reclusión social se impone mediante una trampa del procedimiento. En la declaración de intenciones, parecía que la Ley General de la Comunicación Audiovisual democratizaba el acceso a los medios con la igualdad en el reparto de licencias entre los negocios y las iniciativas sociales pero —mediante una disposición transitoria— dejaba para un posterior reglamento «tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro».

Y ya han hecho la trampa. En el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento técnico de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, el gobierno impone como zona de servicio la reclusión al ámbito municipal de las iniciativas sociales en radio y televisión. Añade además una segunda limitación: en localidades de más de 100.000 habitantes, las radios y las televisiones de carácter social «no podrán alcanzar una cobertura superior al 20% de la población del municipio».

Con un reglamento técnico se introduce una exclusión política de enorme importancia, al impedir el acceso social a los medios de mayor difusión que resulta imprescindible para la democratización audiovisual.