De lo que quisiera hablarles no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.

Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que permitió el asentamiento del Estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la Wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.

Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable —la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso—, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

En un artículo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “Los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la Revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones —en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga—, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.

Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un 10% y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Éstos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del Estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales, más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron un 7% de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

Así se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1% de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones —porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante—, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1% de los más ricos recibía el 53% de todos los ingresos (esto es, más que el 99% restante).

En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible, pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

Éste del 1% ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que son en realidad el 0,1% —esto es, el 1 por mil de los norteamericanos— los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son éstos del 1 por mil? —se pregunta—. ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías […] o ganan el dinero en las finanzas.”

Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en los Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró a este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema norteamericano de libre empresa”, escrito para la United States Chamber of Commerce, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.

El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años.” Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la United States Chamber of Commerce, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de tres millones de empresas”. Estas asociaciones no sólo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal Supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la actuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Entre 2008 y 2010 las treinta mayores compañías gastaron más en esto que en pagar impuestos.

¿Qué ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora. La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del Estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres últimos años más que un 18,5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004, los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29% de sus ingresos a tan sólo un 18%, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el Congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz: “Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aún más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de las leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea, “Finanzas, seguros y negocio inmobiliario”). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que pueda suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda interna será probablemente escasa en muchos años […], mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una consideable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea, que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis —en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España—, el Estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios, pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del Estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que ésta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.

Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en los Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que: “Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

Más contundente aún es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista […] os podría haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es, disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del Estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad […] de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo […]. Una crisis de la deuda permite a la élite financiera autóctona y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

Éste comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que los está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado —y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía— no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte, compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos los han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aquí a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street, dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres, y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad, los “superricos” no sólo se sienten ajenos a todos éstos, sino que en el fondo los desprecian.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro al que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36,5% en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38% respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar a las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir […]. El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70% de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

Este planteamiento sobre el interés general no afecta, sin embargo, a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que en ese momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a volverse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

El informe proponía el término “plutonomía” para designar a los países donde el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que era probable que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte últimos años continuasen en los próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

Su conclusión final era: “Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Ésta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad”, concluían.

Y debían de tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos para los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH —o sea, Louis Vuitton Moët Hennessy— creció un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que, mientras que la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83,1%.

“En algún momento —habían avisado los analistas de Citigroup— es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos, mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres… En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente como para servir para esta finalidad. Más del 10% de los ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluidos un 18% de votantes jóvenes y un 25% de los afroamericanos.

Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de Occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder —a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos— han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, […] que mantienen la ficción de que ésta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía financiera” los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera autóctona y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad […] para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza con convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de Estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de Economía procede del sector bancario norteamericano).

Hay un aspecto de estos problemas sobre el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si solo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación, advierte, es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.

Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica —esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales—, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la “gran divergencia”.

¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentemente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre veinte y treinta años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

Como demostró la Gran Depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada al estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el Estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resignamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda —una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías— elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres sólo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que nos habremos merecido.

[Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor Josep Fontana, que, salvo pequeñas variaciones, es la misma que pronunció en la sede de CCOO de Catalunya, en el consell de Comfia. Fuente: Metiendo Bulla]