Como todo el mundo sabe, en los últimos años una importante crisis de deuda está afectando a numerosos países europeos. Los ajustes y recortes impuestos por los acreedores, sean los mercados internacionales o el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) o el Banco Central Europeo (BCE), afectan a diario a miles de familias de toda Europa. ¿Es muy distinta esta crisis de la vivida por los países del Sur en las décadas de los ochenta y noventa? ¿Cuál es la situación del Estado español? ¿Somos iguales a Grecia? Y, sobre todo, ¿qué alternativas hay ante la tiranía de la deuda? ¿Podemos decir «no» a pagar la deuda?

La deuda en el Sur

La primera cuestión que deberíamos tener en cuenta al hablar de la deuda es que muchos otros países han pasado antes por lo que estamos viviendo actualmente en Europa. Como sabemos, la deuda externa ha sido durante décadas una herramienta de dominación y neocolonialismo que ha transferido del Sur Global al Norte Global ingentes cantidades de dinero y de recursos naturales. Es importante, pues, revisar qué ha supuesto y supone aún la deuda del Sur y qué respuestas se han dado.

En la década de los setenta, bancos del Norte e instituciones financieras internacionales inundaron los países del Sur, en especial América Latina, pero también Asia y África, de crédito barato. El exceso de liquidez debido al aumento del precio del petróleo, la necesidad de subvencionar las exportaciones y el uso de crédito como instrumentos de apoyo a gobiernos amigos durante la Guerra Fría, fueron algunos de los factores que hicieron aumentar los préstamos hacia el Sur y, por lo tanto, su deuda externa. A principios de los ochenta, la repentina subida de los tipos de interés y la caída de los precios internacionales de las materias primas llevaron a muchos países a una crisis de deuda que hoy en día aún pesa sobre ellos.

Estos países, exhaustos, no pudieron seguir pagando a sus acreedores e, igual que han hecho Grecia, Irlanda o Portugal ahora, acudieron a las instituciones financieras internacionales, en especial al FMI y el Banco Mundial, en busca de ayuda. Estas instituciones les ofrecieron nuevos créditos, para que los países endeudados pudieran hacer frente al pago de la deuda acumulada, pero a cambio de la exigencia de aplicar reformas, privatizaciones y recortes que, de hecho, imposibilitaban garantizar el bienestar de la población. ¿Les suena de algo? Estos ajustes, conocidos como “Planes de Ajuste Estructural”, no sólo implicaron recortes sociales, sino también la imposición de un modelo económico basado en la apertura de los mercados y la exportación a cualquier precio de materias primas, con el único objetivo de conseguir divisas para pagar a los acreedores. Lejos de significar una salida a la crisis de la deuda, estos planes hundieron a numerosos países en décadas de empobrecimiento, aumentaron las desigualdades y supusieron una incesante transfusión de recursos hacia sus acreedores.

Esta misma lógica de huida hacia delante, en que se da prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier prestación social, es la que ahora se está imponiendo a Europa. Asimismo, la historia es sabia y nos cuenta que es el modo en que los diferentes países decrecen, soberanamente o de manera impuesta, afrontar la deuda, cosa que puede marcar la diferencia. Efectivamente, ahora sabemos que los países que han hecho prevalecer su soberanía por encima de la imposición de los acreedores son los que mejor han salido de sus respectivas crisis de deuda. Este es el caso de Argentina, que suspendió el pago de buena parte de su deuda en 2001; de Ecuador, que llevó a cabo una auditoría de su deuda y anuló los créditos ilegítimos en 2009, o de Malasia, que en el momento de la crisis del sudeste asiático en 1997 evitó el FMI y sus programas de ajuste estructural e hizo que los indicadores económicos se recuperaran más rápidamente que los de sus países vecinos.

¿Cuál es el camino que seguiremos en el Estado español? La respuesta está en nuestras manos. Para empezar, debemos comprender cómo hemos llegado a la situación actual de sobreendeudamiento de nuestra economía. Para poder rebelarnos desde el conocimiento y exigir que no nos hagan pagar una fiesta que es suya…

¿Cómo empezó la crisis de la deuda aquí?

La raíz del problema en nuestro país no difiere mucho del origen de la crisis de los países del Sur hace cuarenta años. Actualmente, como en los años setenta, las economías con excedentes de capital (como es el caso de Alemania, a principios del siglo XXI) necesitaban colocarlos en países deficitarios (como es el caso del Estado español). De esta forma, desde la entrada en vigor del euro, el crecimiento de Alemania se ha acentuado gracias al endeudamiento de los países más débiles de la unión monetaria. Al igual que en los años setenta con los países del Sur, Alemania ha ido financiando la exportación de sus bienes y servicios hacia los países periféricos de la UE mediante la concesión de créditos.

Promotoras y constructoras españolas pudieron endeudarse de manera irracional debido a la facilidad que tenían para encontrar crédito barato que procedía en gran medida, directa o indirectamente, de Alemania, con una fe ciega en que éste era un negocio que nunca conllevaba pérdidas. Así, los bancos alemanes prestaron directamente a los empresarios del negocio del ladrillo español e, indirectamente, prestaban dinero a los bancos españoles, que también quisieron sacar tajada de la burbuja inmobiliaria. Fue de esta manera que los bancos españoles pudieron otorgar tan fácilmente cientos de miles de hipotecas y de créditos a familias y empresas españolas, especialmente al sector de la construcción. Por eso, podemos afirmar que en el origen de esa abultada deuda privada hay una parte de responsabilidad —o, mejor dicho, de irresponsabilidad— de los que prestaron sin ningún control sobre la capacidad real de retorno de estos créditos.

¿Cuál es la deuda total de la economía española?

Podemos estimar la deuda de toda la economía española en el 400% del PIB, cifra que, en números absolutos, rondaría los 4,25 billones de euros. Del total de la deuda, la cantidad que deben las administraciones públicas representa cerca de 700.000 millones de euros, la de las familias españolas es inferior al billón de euros y la de las empresas es de 1,3 billones. Respecto a la deuda que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como el BCE, o con fondos y seguros), se sitúa alrededor de los 1,35 billones de euros. Por lo tanto, la deuda pública representa sólo el 16% del total que se exige a la economía española, mientras que los actores privados acumulan el 84% de la deuda total. Son, pues, los bancos (con un 32%) y las empresas financieras (con un 31%) los principales causantes del sobreendeudamiento de la economía española. Es por eso que, aunque constantemente se asegura que el Estado español tiene un problema de deuda soberana, lo cierto es que el problema reside fundamentalmente en la deuda que ha acumulado el sector privado, que es el que se ha endeudado hasta niveles insostenibles. Este sector privado, en especial el bancario, está avalado en gran parte por el Estado.

Respecto de la deuda externa española, es decir, la deuda contraída con acreedores extranjeros, asciende a 1,7 billones de euros, cifra que representa aproximadamente el 170% del PIB español, menos de la mitad de la deuda total. De toda esa deuda externa, la parte de deuda pública con el extranjero representa únicamente el 18%, mientras que todo el sector privado debe el 82% restante. En total, la deuda privada externa está cerca del 140% del PIB español. En un momento de estancamiento de la economía y con más de cinco millones de personas en el paro, un posible impago de la deuda externa por parte de los deudores privados tendría efectos inmediatos también sobre los acreedores extranjeros.

Si nos centramos en la deuda pública, que, como hemos visto, es una pequeña porción del total, veremos que, hasta finales del año 2010 y con una deuda soberana del 60,1% del PIB, el Estado español cumplía estrictamente los criterios de Maastricht. De hecho, la deuda pública española es de las más bajas entre los países de la zona euro, ya que en muchos de estos países la deuda pública supera sorprendentemente el umbral del 60% establecido en Maastricht desde hace ya tiempo. Es el caso de Francia (82%), Alemania (83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia (143%), mientras que la media de la UE es del 80%. A la espera de que se confirmen los datos, la deuda pública española se situó alrededor del 70% del PIB a finales de 2011, un nivel inferior a la media europea, pero creciente por las necesidades del gobierno central de emitir deuda pública para afrontar las ayudas a los bancos privados y el aumento del déficit.

La presión de la UE y de los mercados para sanear (reducir el déficit y la deuda de las administraciones públicas) se debe en parte al hecho de que son precisamente los bancos alemanes y franceses los que mayor deuda contraída tienen con la economía española (tanto pública como privada). Son estos mismos bancos los que presionan para que la economía pública española esté tan saneada como sea posible, por si se diera el caso de que el Estado español se tuviera que hacer cargo de la deuda privada de los bancos españoles de los cuales ellos mismos son también acreedores.

Sin embargo, menos de la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras. En realidad, son los bancos y las inversoras españolas los principales acreedores de la deuda pública española, ya que poseen el 55% del total. Así, como acreedores, obligan al gobierno a priorizar el pago de la deuda que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta obligación se ha trasladado ahora a la Constitución española. En efecto, la reciente reforma de la Constitución no sólo fija un límite al déficit público, sino que establece que el pago de la deuda “disfrutará de prioridad absoluta”. Además, determina que los créditos que genera esa deuda “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, y de esta forma limitan la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso de decidir su repudio en caso de que sea necesario.

Esta presión de los mercados financieros, foráneos o locales, va en detrimento de la ciudadanía, que se está quedando sin recursos a causa de los recortes, y que necesita más que nunca servicios públicos tan esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Ante esta situación, la cuestión acaba siendo no si podemos no pagar la deuda, sino si podemos siquiera permitir pagarla, a costa del empobrecimiento de la población. Dada la imposibilidad de asumir, social y económicamente, el pago de la deuda, ¿por qué no la auditamos para repudiar toda esa parte que pueda resultar ilegítima? Eso han hecho otros y no les ha ido tan mal…

La ciudadanía dice «no» a vivir en deudocracia

Desde el pasado mes de octubre, en diferentes ciudades del Estado ha empezando un proceso para realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español. Personas vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, al 15M, a Attac, a Democracia Real Ya y a otros grupos, o a título individual, están participando en un proceso para definir cómo queremos que sea esa auditoría, qué deudas queremos auditar, quién debe participar en este proceso y con qué objetivos. A partir del pasado 25 de marzo se puso ya en marcha la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “¡No debemos! ¡No pagamos!”.

En un momento en que la posible suspensión de pagos de Grecia es cada día más factible y en que cada vez es también más evidente que las medidas de ajuste y los recortes no están ayudando a salir de la crisis, la ciudadanía de diversos países europeos ha querido dar un paso adelante no sólo para informarse y formarse, sino también para construir salidas alternativas a la crisis. Sólo cuando los pueblos conozcan la verdad podrán reclamar sus derechos y oponerse con fuerza a las medidas de austeridad y a la carga insostenible de la deuda. Así, en Grecia, Irlanda, Portugal, Francia o Italia, la sociedad civil crítica opta por la Auditoría como mecanismo ciudadano para conocer las causas reales de la crisis y denunciar a los responsables.

Vistas no tanto como un fin en sí mismas, sino como un medio para evidenciar las irregularidades, irresponsabilidades e ilegalidades que se ocultan bajo los procesos de endeudamiento, las auditorías deben permitir avanzar en el camino hacia el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda. En los últimos años ha habido importantes avances en ese sentido, que culminan con la Auditoría Integral del Crédito Público realizada en Ecuador en 2008, promovida por el propio gobierno. Los resultados de esa auditoría permitieron poner sobre la mesa numerosas irregularidades y demostrar la ilegitimidad de buena parte de la deuda de Ecuador, permitiendo una renegociación de la deuda contraída por el Estado con acreedores privados y un ahorro de 2.200 millones de euros más 6.000 millones en intereses. Un ahorro que se tradujo en recursos para el gasto social. Más allá del caso de Ecuador, movimientos sociales en Brasil, Zimbabue o Filipinas, entre otros, han logrado impulsar procesos ciudadanos de auditoría.

En cualquiera de estos casos, la apuesta de la sociedad civil es realizar auditorías integrales, que analicen tanto el proceso de endeudamiento financiero como las consecuencias e impactos sociales, económicos y ambientales resultantes de la ejecución del objeto del préstamo (en el caso de créditos para proyectos) y de las condicionalidades impuestas.

Como sociedad civil, nuestra función no debe reducirse sólo a denunciar la existencia de deudas ilegítimas. Los procesos de acumulación de deudas ilegítimas se han llevado a cabo frecuentemente en nombre del progreso económico y del bienestar de la población, cuando en realidad sólo han servido para enriquecer a una minoría. Así pues, la auditoría nos permite no sólo señalar lo que se ha hecho de forma irresponsable, sino también ayudar a construir nuevas alternativas, en forma de nuevos modelos productivos y de consumo, nuevos sistemas financieros y de modelos de gestión de los recursos públicos, entre muchas otras cuestiones que, sumadas, deberían llevarnos a superar el capitalismo.

[Publicado originalmente en la revista Entrepueblos-Cooperación Pueblo a Pueblo, n.º 57 (primavera de 2012). Traducción del catalán de Pau Grosc Alsina. Dani Gómez-Olivé y Iolanda Fresnillo son miembros del Observatorio de la Deuda en la Globalización y de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “¡No debemos! ¡No pagamos!”]