–“Voy a decir una burrada, que igual levanta a la audiencia. Lo mejor para los palestinos es que el ejército israelí entrara en Gaza y exterminase a todos los milicianos de Hamás”
(comentario de un conocido periodista)

-“Estados Unidos no puede hacer nada”
(comentario de un notario de Barcelona, ensayista y articulista ‘reputado’)

– “Solo nos enseñan las fotos de los muertos de Gaza, las de los civiles, de niños, de mujeres, pero ninguna de milicianos y tampoco de los muertos israelíes. Deberíamos preguntarnos: ¿por qué?”
(comentario de un Profesor de Historia Contemporánea de la UAB, articulista, tertuliano y director de documentales de historia contemporánea de TV3)

–“Desde la redacción de mi periódico, pude comprobar que en la manifestación de Barcelona, sólo había gente árabe”
(comentario acerca de la “mani” del sábado 10.12.2009 del Director del periódico “El Mundo” de Barcelona)

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Esta es una breve muestra de comentarios vertidos en tres “tertulias” de medios de comunicación social catalanes de titularidad pública, expresión elocuente de “cómo” entienden y aplican quienes dirigen estos medios los principios de pluralismo político, cultural, social, el derecho libertad de expresión y el de participación ciudadana en el funcionamiento de los mismos, establecidos por la Constitución, Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley 22/2005, de 29 de desembre, “de la comunicación audiovisual de Catalunya”.

Una de las “tertulias”, es la de un conocido programa matinal de televisión ,“Els Matins” de TV3, integrada en la“ Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”, que tiene encomendada la prestación “ del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat”, el “objeto” del cual se establece en un “Contrato programa” suscrito con el Gobierno de la Generalitat, cuyos “Consejo de Gobierno” y “Consejo asesor de contenidos y programación” son elegidos por el Parlamento de Catalunya (por mayoría de 2/3) que aprueba , a su vez, su “Plan anual de actividades” y Presupuesto anual de funcionamiento, por el que este año recibirá una aportación de 315.38 millones de € de la Hacienda de la Generalitat

Las otras dos tertulias, una del programa “El dia a la Com” y la otra el de “La nit”, ambos emitidos por “Com Ràdio”, una red de emisoras locales (aglutina 120 emisoras) que pertenece al Consorcio Local de Comunicación, una entidad de derecho público integrada por el Ayuntamiento de Barcelona , la Mancomunidad de Municipios del área Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona, que dicho sea de paso, financia el 91,24 % de los 11,31 millones de € de su presupuesto para el ejercicio 2009.

Los comentarios de los “tertulianos” acerca de los acontecimientos de Gaza, suponen modulaciones/variaciones sobre los ejes básicos del discurso “políticamente correcto” sobre Gaza que han ido difundiendo los medios de comunicación social, públicos y privados:

“Hamas es una organización declarada terrorista por la UE que inició los ataques; Israel tiene derecho a defenderse, aunque debe admitirse que hay una cierta desproporción entre el ataque y su respuesta”.

Los paladines del “discurso políticamente correcto” instalados en los medios de comunicación social, nos presentan al “ terrorismo” como “un postulado” en manos de la “Curia dirigente” de la UE y no como un concepto legal del derecho internacional, incluido en la Resolución 1556 del Consejo de Seguridad de la ONU de octubre de 2004, que lo define como “actos criminales, inclusive contra civiles, con intención de causar la muerte o lesiones corporales o tomar rehenes con el propósito de causar el terror en la población en general, en un grupo de personas o a determinada persona, intimidar a una población u obligar a un Gobierno o una organización internacional, a realizar un acto, o abstenerse de realizarlo”, y por tanto alcanza no solo a personas o organizaciones políticas, sino también a los actos de los Estados (incluido el israelí).

En cuando tratamiento informativo del asunto de la “desproporción de la respuesta del estado de Israel al ataque de Hamás”, ha consistido en una aséptica reproducción del balance de víctimas de los bandos contendientes, omitiendo las claves que permitirían comprender a los ciudadanos televidentes y radio escuchantes los motivos de la misma, es decir “quienes” y “cómo” financian al Estado de Israel y su ejército, así como la relación de sus principales suministradores de armas (con ello se ha conseguido evitar la identificación de los cómplices necesarios de lo ocurrido y los posibles “inconvenientes” que ello acarrearía).

En cuanto a la valoración del “resultado final” de la “desproporción”: la amnesia más absoluta. Ni en los “Informativos”, “ni en las tertulias”, “ni en los debates” de los medios de comunicación públicos ha habido una sola mención a la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la Organización de Naciones Unidas”, firmada por el Estado de Israel el 17 de agosto del 1949, que define el genocidio como:

“Artículo II: En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Si se analiza el tratamiento informativo dispensado al conflicto de Bosnia- Herzegovina y se compara con el concedido al de Gaza, se puede constatar que para nuestro medios de comunicación social públicos el delito de genocidio es un delito de “geografía variable” de cuya aplicación resulta excluida “la Franja de Gaza”.

El relato informativo de lo acontecido en Gaza pone de manifiesto que los corifeos de “lo políticamente correcto” siguen controlando los medios de comunicación sociales públicos, evidenciando el fracaso de las recientes reformas de legislación sobre los medios de comunicación social catalanes (Ley22/2005, de la comunicación audiovisual de Cataluña y Ley11/2007 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). 

Con tales reformas los Consejos de Gobierno, los Consejos Asesores de programación, los Comités Profesionales de cada medio, sus Consejos de redacción, sus Estatutos Profesionales y los Códigos Deontológicos previstos en las leyes que regulan su funcionamiento, seguirán siendo instituciones destinadas a auspiciar “los consensos” necesarios entre la élite de profesionales y los responsables políticos de la dirección de los “medios” para preservar su función difusora de mensajes “al servicio de lo políticamente correcto”.

Y como suele suceder con “los consensos entre élites”, suelen llevar aparejada la pérdida o merma de los derechos de los de “abajo” y reflejan la pretensión de seguir moldeando nuestra consciencia política. Lo que en el caso que nos ocupa no es poca cosa: el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos a obtener una información veraz y objetiva.