Nada como la gran crisis económica —y social— de principios del siglo XXI como lección de cosas, como experiencia directa de los derechos de las personas. Una estallido de violencia profunda en el ámbito de las relaciones económicas ha dinamitado el mundo de los derechos sociales, por empezar por ahí.

Millones de personas han sido expulsadas de sus ocupaciones. Los derechos de los trabajadores como tales han sido cercenados. El coste del despido se ha abaratado para los empleadores. Los puestos de trabajo tienden a ser entendidos jurídicamente como provisionales o temporales. Las indemnizaciones y subsidios por desempleo se recortan. Las condiciones para el derecho a pensiones de jubilación se endurecen y las pensiones mismas se deterioran, etc. También se recortan los servicios prestados por las instituciones públicas y se imponen a pesar de eso mayores cargas fiscales a las gentes.

Dicho en pocas palabras: el sistema de relaciones económicas ha impuesto un recorte gigantesco de la remuneración directa e indirecta de los trabajadores en beneficio de los empleadores.

Lo ha hecho ante todo mediante la violencia estructural. Mediante la potencia de la coerción económica. Ese imperativo económico, por decirlo así —pues en realidad no es sólo económico, sino también un mixtum militar, cultural, político—, ha impuesto a las instituciones políticas de los estados la juridificación y legitimación de sus dictados. Gobiernos y parlamentos han obedecido. Ha sido escenificada la farsa mediante la cual las voluntades del capital aparecen como manifestaciones de la voluntad general. Han sido juridificadas y legitimadas como decisiones democráticas. 

O sea: el demos, la gente, ha querido la reducción de sus derechos, según el argumento de la farsa.

Que se ha hecho momentáneamente visible.

Esa visibilidad momentánea debe hacer posible describir la falsificación de la democracia en las barbarizadas sociedades contemporáneas.

Y, en otra opción, también posibilita analizar mejor qué son esas frágiles entidades a las que llamamos nuestros derechos, que como es natural las gentes queremos defender y conservar. Pero todavía sin plena consciencia de que eso, en último término, sólo está en nuestras manos.