Para quien sepa leer, los informes sobre los vuelos de la CIA del Consejo de Europa y del Parlamento europeo, al igual que los informes previos de Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y Statewatch, no ofrecen muchas dudas acerca de la colaboración de los gobiernos europeos con las actividades ilícitas del espionaje norteamericano. Como dijo Dick Marty, el senador suizo que ha dirigido la elaboración del informe del Consejo de Europa, “no es verosímil que los Gobiernos europeos no hayan estado al corriente de los vuelos de la CIA” (El País, 24-1-2006). Una opinión compartida por el ex secretario Colin Powell, quien, ante la hipocresía de los políticos europeos, ha dicho claramente que “los países europeos estaban al corriente de lo que sucedía en su territorio” (El País, 24-2-2006).

Hace ahora algo más de un año, con motivo del referéndum sobre el proyecto de Tratado constitucional europeo, tuvimos que soportar una estomagante propaganda acerca de la gran distancia que supuestamente existía entre la culta y civilizada Europa y los unilaterales e imperialistas Estados Unidos. Había que votar a favor de ese Tratado —se nos dijo— para poder consolidar la Unión Europea y hacer de ella un nuevo polo de poder con el que pararle los pies a los neocons del otro lado del Atlántico. Votar negativamente, por el contrario, equivalía a hacerles el caldo gordo a los brutales dirigentes norteamericanos. Y eso se decía de un texto que consagraba a la OTAN como el pilar fundamental de la defensa europea. Muy poco tiempo después, los gobernantes europeos se hacían los remolones ante las peticiones de información de los relatores de los informes mencionados. Cuando éstos, a pesar suyo, se han hecho públicos, los gobiernos europeos se han apresurado a descalificar su contenido aduciendo, entre otras cosas, su escaso fundamento empírico. Su desfachatez es tan evidente como su complicidad.

Esa complicidad es la continuación de la política de siempre, de la que empezó en los inicios de la guerra fría y que, tras la caída del Muro de Berlín, han acabado haciendo suya todos los Estados de la Europa de los 25. Es la continuación, para no alejarnos tanto en el tiempo, de su apoyo y participación en la guerra del Golfo de 1991, en la posterior política de sanciones contra Iraq acompañada de bombardeos periódicos, en la desmembración de Yugoslavia y en la agresión contra lo que quedaba de ella en la primavera de 1999 (frontalmente contraria a los principios más básicos del Derecho internacional), en la fantasmagórica “guerra contra el terrorismo” y en la guerra de Afganistán. Es también la continuación de su apoyo —disfrazado de aparente equidistancia entre ocupantes y ocupados— al Estado de Israel y a sus políticas de “apartheid” y de “limpieza étnica” de los palestinos. Dicho apoyo ha culminado con la congelación de los fondos destinados a la Autoridad Nacional Palestina porque la población de los territorios ocupados ha votado a Hamas en unas elecciones alentadas por los propios Estados occidentales. Y eso se ha decidido tras la construcción del Muro y tras haber hecho oído sordos a la Recomendación del Parlamento europeo de 13 de diciembre de 2002, en la que se solicitaba al Consejo y a la Comisión la suspensión del Acuerdo de Asociación Euromediterránea UE-Israel por incumplimiento palmario de su artículo 2, que literalmente dice: “Las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, los cuales inspiran sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Por último, la complicidad entre Europa y Estados Unidos en el asunto de los vuelos y los secuestros de la CIA es también la continuación de su colaboración en la ocupación de Iraq, que ha sido y es decisiva en el plano jurídico-político y en de la batalla propagandística. Como esta afirmación puede sorprender a algunos, vale la pena ilustrarla con detalle.

Como todo el mundo sabe, durante los meses de febrero y marzo de 2003 se planteó, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la posibilidad de dictar una Resolución que legalizase el ataque a Iraq. Como también sabemos, Rusia, China, Francia y Alemania se opusieron a ello. Esta negativa fue presentada como una ruptura en toda regla entre EEUU y sus aliados de la “vieja Europa”. Algo de rupturista tuvo ese incidente, desde luego, como también la decisión de Francia y Alemania de no enviar tropas para invadir y ocupar Iraq. Pero ambas cosas no abrieron un abismo entre los dos lados del Atlántico, como dijeron algunos, sino, más bien, una pequeña grieta que, además, empezó a cerrarse muy pronto. Sólo seis semanas después de que los invasores llegaran a Bagdad, el 9 de abril, Francia y Alemania votaron a favor de la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de NN.UU. que, en lugar de condenar la flagrante violación del Derecho Internacional que se acababa de producir, concedió a las fuerzas invasoras el control político, económico y militar de Iraq. Con todo, esa Resolución todavía hablaba de “potencias ocupantes”, una denominación que desapareció en la Resolución 1511, aprobada el 16 de octubre de 2003, en la que sólo se mencionaba una “fuerza multinacional bajo mando unificado” a quien la ONU encargaba que tomase “todas las medidas necesarias” para asegurar la seguridad y estabilidad de Iraq. Mientras tanto, una decena larga de Estados europeos —la mayoría pertenecientes a la UE— enviaban tropas para lavarle la cara a Bush y poder presentar la ocupación como una acción de la “comunidad internacional”. La complicidad alcanzó su cenit un año después, a raíz de la aprobación, el 8 de junio de 2004, de la Resolución 1546. En ella se proclamaba el final de la ocupación de Iraq, sin que las tropas extranjeras hubiesen hecho amago alguno de volver a su casa. Pero gracias a esa Resolución, las tropas de la “coalición” pasaron a ser “tropas invitadas” por el nuevo gobierno iraquí, un gobierno nombrado a dedo… ¡por los propios ocupantes! Todos los Estados europeos miembros del Consejo de Seguridad, tanto los miembros permanentes como los temporales (como sería el caso de España, cuyo gobierno, por cierto, ya presidía Zapatero), dijeron amén a esa monstruosidad jurídica y política. Una consecuencia poco mencionada de esa Resolución ha sido la negación al pueblo de Iraq de su derecho a resistir la ocupación o, para decirlo con más exactitud jurídica, la negación de su derecho a resistir una ocupación colonial para, de este modo, hacer efectiva su libre determinación. Se trata de un derecho reconocido en el Derecho Internacional, en especial en la importantísima Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1970. Si Iraq ya no estaba legalmente ocupado, de acuerdo con la fantasía jurídica expresada en la Resolución 1546, entonces los iraquíes tampoco podían invocar legalmente su derecho a la resistencia. ¿Aceptarían los británicos, los franceses, los estadounidenses o los españoles —o los vascos sólo vascos o los catalanes sólo catalanes— un tratamiento jurídico similar si sus países se encontrasen en una situación semejante? Seguro que no, lo que da una idea del trasfondo racista y neocolonial que hay por debajo de esa farsa jurídica.

Volviendo a lo que nos ocupa, la complicidad europea en los vuelos de la CIA y la política posterior de ocultarla cuando ha salido a la luz son síntomas claros de la voluntad de seguir colaborando, hasta sus extremos más terribles, con la política antiterrorista liberticida iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ésta incluye una redefinición en sentido restrictivo del concepto jurídico de la tortura, el maltrato y los tratos inhumanos y degradantes (como se puede comprobar leyendo los memorándums de los leguleyos de la Administración Bush recogidos en el libro editado por Mark Danner, Torture and Truht, publicado por The New York Review of Books, New York, 2004, especialmente el apartado titulado “What is Torture?”, pp. 107-214). En paralelo, se está experimentando con nuevas técnicas de “interrogatorio” en Guantánamo y otros lugares que puedan quedar fuera de esa redefinición, como pueden ser todas las prácticas que ahora se intentan describir con esas siniestras expresiones sobre “posiciones incómodas”, “aislamiento temporal” o “presión psicológica moderada”. Esas nuevas técnicas ya se han exportado a Abu Ghraib, a Bagram y a otros frentes de la guerra planetaria contra el “terrorismo”. Pasado mañana, si no lo impedimos, acabarán por ser aplicadas en las comisarías de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Chequia, Hungría o España. Se puede pensar que eso es una cuestión puramente formal porque en esos países ya se tortura, como lo documentan los informes anuales de Amnistía Internacional y ha vuelto a recordar el asunto de los vuelos y las prisiones secretas de la CIA. La diferencia es que ahora lo que se pretende es seguir el ejemplo del Estado de Israel y convertir en “legal” la práctica de la tortura (a la que jurídicamente no se llamará así) y acabar, de un vez por todas, con las denuncias en los tribunales y los consiguientes escándalos en la prensa, como el que se ha producido al hacerse públicos los informes mencionados. Se trata de legalizar la tortura y después luchar contra el “terrorismo” con todos “los medios legales del Estado de Derecho”, como dirían José María Aznar y Mariano Rajoy. Recordemos que el proyecto de Tratado constitucional europeo preveía involucrar a los ejércitos en la lucha contra el terrorismo y que concebía esa lucha como una tarea que se debía llevar a cabo dentro y fuera de los territorios de la Unión Europea. Recordemos asimismo que, según la decisión marco aprobada por el Consejo de la Unión Europea a finales de 2001, por “terrorismo” había que entender, por ejemplo y entre otros actos, la destrucción de la propiedad privada o pública (papeleras, contenedores de basura, autobuses públicos, por ejemplo) realizada con la intención de “intimidar gravemente a una población”, “obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” o “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas y sociales de un país o de una organización internacional”.

Dicen las encuestas que la opinión pública europea rechaza esas políticas antiterroristas. Sin embargo, las elites políticas y empresariales de la vieja y la nueva Europa no dudan en manifestar en público su desprecio por esa maldita plebe que insiste en expresar su indignación por semejantes métodos y en considerar a los EEUU de Bush como la principal amenaza a la seguridad mundial. Sin ir más lejos, el presidente de turno de la UE, el austríaco Wolfgang Schüssel, ha calificado esa opinión popular de “grotesca” e “ingenua”. Europa está gobernada por gente así.

Por lo que se refiere a España, el 10 de abril de 2002, Aznar, con el apoyo del PSOE, suscribió la renovación del Convenio de Defensa con los Estados Unidos. En él se incluyó un artículo con el que se daba carta blanca a los servicios secretos americanos para que actuaran en territorio español. Ese artículo dice: “El Servicio de Investigación Criminal Naval de EEUU (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EEUU (OSI) podrán mantener personal en España para que actúe en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y lleven a cabo investigaciones criminales que afecten a personas o bienes de EEUU”. Un año después, este artículo comenzó a mostrar sus efectos prácticos. En los prolegómenos de la invasión de Iraq, Colin Powell protagonizó una sonada intervención ante el Consejo de Seguridad, el 5 de febrero de 2003, con la que pretendía justificar el ataque a Iraq. Uno de los argumentos que utilizó fue la supuesta conexión entre Sadam Hussein y Al Qaeda que ejemplificó en la persona del “superterrorista” Al Zarqawi, el cual era un perfecto desconocido hasta ese momento y que la intervención de Powell lanzó al estrellato mundial. Bush más tarde diría de él que se trataba del “hombre más peligroso del planeta, después de Osama bin Laden”. Según el que entonces era Secretario de Estado, Al Zarqawi dirigía un grupo que se había instalado en el norte de Iraq y que estaba preparando ataques con armas químicas contra ciudades de Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania y Rusia, es decir, de países que formaban parte del Consejo de Seguridad. El mismo día, José Mª Aznar repetía como un loro la misma cantinela en el Parlamento español citando explícitamente a Al Zarqawi y a un grupo de supuestos “terroristas” relacionados con él que poseían armas químicas y que había sido desarticulado en enero en Barcelona gracias a la colaboración norteamericana (y al que, desde luego, se le había aplicado la legislación antiterrorista). Las supuestas armas químicas resultaron ser polvos de detergente para lavar la ropa, por lo cual el grupo fue bautizado popularmente con el nombre de “Comando Dixán”. Los jueces que vieron el caso dejaron a todos los detenidos en libertad sin cargos, no ya por falta de pruebas, sino de algún indicio mínimamente racional que fundamentara lo afirmado por Aznar. Al Zarqawi volvió a ocupar un lugar estelar como supergenio del mal, a imagen y semejanza de los malvados de los tebeos de Supermán, a raíz de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. La CIA, en fecha tan temprana como el 13 de marzo, lo señaló como el principal instigador de los mismos. La verosimilitud de esa versión debía ser la misma que la de Aznar, que consistió en endosarle los muertos a ETA aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. La destrucción de Faluya se justificó, asimismo, por ser el refugio de Al Zarqawi. Por suerte este malo malísimo ha muerto y lo ha hecho, además, en el momento más oportuno: unos pocos meses antes de las elecciones legislativas en EE.UU.

Hasta la fecha el gobierno del PSOE no ha dicho nada sobre la posibilidad de revisar ese convenio que legaliza en suelo español las acciones y los tejemanejes de los espías estadounidenses. El gobierno de Zapatero no puede escudarse eternamente en la retirada de las tropas para no seguir oponiéndose a las barbaridades de los norteamericanos. Porque son ya una de cal y muchas de arena. En especial, cuando se sigue permitiendo el uso de las bases militares para el aprovisionamiento y tránsito de las fuerzas armadas estadounidenses que, con tanto éxito, están propagando el odio y el caos en Oriente Medio. Y si se considera que oponerse a Bush implica un riesgo muy serio de desestabilización de nuestro renqueante sistema de libertades, algo a lo que el Partido Popular, con el aplauso no muy encubierto de Washington, se dedica a provocar con ahínco, entonces que Zapatero explique públicamente que este país tiene una soberanía muy limitada en cuestiones económicas, militares y de política exterior. Así, al menos, todo el mundo tomará conciencia de la necesidad urgente de conseguir un estatuto de autonomía para Europa y para España dentro de la muy centralizada estructura del Imperio de las barras y las estrellas.

En los años ochenta, en el período final de la guerra fría, los propagandistas de la OTAN presentaban a los pacifistas occidentales como los abogados de la “finlandización” de Europa, esto es, como los partidarios de aplicar a toda Europa la política de buena vecindad y apaciguamiento que, según ellos, practicaba Finlandia en su relación con la Unión Soviética. Agnes Heller y Ferenc Féher, dos discípulos de Luckacs que por entonces se habían pasado al ala más derechista de la socialdemocracia atlantista, dieron un paso más y acusaron a los pacifistas de favorecer la implantación de regímenes políticos que fueran tan complacientes con el “totalitarismo” soviético como lo había sido la Francia de Vichy respecto a la Alemania nazi. Lo que son las cosas. Resulta que ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma, como dijo aquel excelente poeta que, por cierto, también acabó recomendando el voto afirmativo a la OTAN. Los que entonces acusaban a los pacifistas occidentales de claudicar ante el autoritarismo y el supuesto expansionismo de la Unión Soviética, los que, sobre todo en la Europa oriental, anteponían el respeto a los derechos humanos a toda propuesta de distensión y desarme, han acabado colaborando muy activamente con el imperialismo y las salvajadas de los vencedores de la guerra fría. De este modo se han acabado convirtiendo —ahora sí— en los más aventajados discípulos del Mariscal Pétain.