Soy afiliado de CC.OO., hice la huelga del 29 de septiembre y me he manifestado en defensa de las pensiones. Como nadie me ha consultado sobre la firma del pacto de pensiones, decidida desde la dirección, pero sin debate con las bases ni en las estructuras, quiero expresar mi opinión. El contenido del acuerdo se centra en aumentar la edad legal de jubilación a 67 años, necesitando 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora; en la exigencia de tres años y medio más de cotización (38,5) para poder jubilarse a los 65 años, y en ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, lo que supone un recorte de hasta un punto menos por año (Zubiri), es decir, un 10%, aunque algunos se beneficien.

El contexto viene marcado por varios factores, como una crisis económica fruto de la especulación financiera del capitalismo de casino. Tras inyectar fondos públicos en el sistema financiero y algunas medidas neokeynesianas de reactivación, los neoliberales desataron un vendaval a favor del ajuste y en contra de los derechos sociales y laborales. En España se concretó en el decretazo que recortó el gasto público, en la reforma laboral y ahora en el acuerdo de pensiones. La percepción social es que la crisis la pagan los de siempre. Ya desde 1994, el Banco Mundial planteaba que había que retrasar la edad de jubilación y recortar el nivel de prestaciones para, después, crear el pilar privado. En consecuencia, se puso en marcha una campaña machacona a través de los medios de persuasión masiva.

La huelga general del 29 de septiembre fue muy respetable; participaron millones de huelguistas y de manifestantes contra la reforma laboral y los recortes en pensiones. Que no se les haya pedido opinión puede explicar por qué tres de cada cuatro ciudadanos están en contra del acuerdo a pesar de la intensa propaganda a favor.

Por último, la estrategia sindical de intentar “limitar los daños” ha sido equivocada al ponerse a negociar con un gobierno decidido a legislar a fecha fija con o sin acuerdo; con un planteamiento de auténtica huida hacia adelante al incluir todo tipo de materias, pero excluyendo la derogación de la reforma laboral, y quemando las naves al no plantearse movilizaciones serias desde el 29-S, abocándose a firmar lo que hubiera en la mesa.

En cuanto a las consecuencias, obliga a seguir trabajando hasta una elevada edad, pero millones de trabajadores no llegarán activos a los 67 años (la tasa de ocupación de 60 a 64 años es sólo del 32%) porque serán despedidos, por problemas de salud, etcétera, y se les aplicarán los coeficientes reductores (un 7,5% por cada año que se jubile antes). Subir el período de cotización a 38,5 años pone un listón inalcanzable para muchos trabajadores con carreras laborales inestables a causa del desempleo y la precariedad, que verán disminuida notablemente su pensión.

A medio plazo, el debilitamiento del sistema de reparto producirá una importante segmentación en la sociedad española: las pensiones públicas se aproximarán cada vez más a las asistenciales y pocas personas podrán acceder a los niveles máximos de pensión del sistema, invitándoseles a que suscriban planes privados.

Los sindicatos no debieron firmar. El grave compromiso asumido por CC.OO. y UGT les señalará como responsables del retroceso social durante mucho tiempo y con mayor fuerza que al gobierno Zapatero, institución más efímera. La alarma social creada producirá una ruptura con amplios sectores laborales, de jóvenes y mujeres, que les culparán de sus problemas para alcanzar una pensión digna.

Esta quiebra de la confianza hará muy difícil recurrir a la necesaria movilización ante los ataques a los convenios, a los salarios, a la sanidad. La credibilidad no depende de los programas, sino de las formas democráticas de hacer.

Políticamente, el pacto no va a servir para que el PSOE salve los muebles en las elecciones dado el nivel de derechización e incumplimiento de su programa. Pero tampoco ayuda a las mesas de convergencia ciudadanas, si no extienden su “Indignez-vous!” a estos ataques al Estado social.

En conclusión, el acuerdo es injusto porque sólo se sacrifican los trabajadores y España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea. Es innecesario con un superávit de 64.000 millones de euros y porque hasta 2030 no habría problemas en la Seguridad Social. Y está equivocado porque sólo incide en el gasto, no se preocupa de los ingresos ni de una política económica orientada al empleo y al reparto del trabajo. ¿No es preferible que trabajen los jóvenes con 30 años a que lo hagan las personas de 66?

Entre las páginas de un libro, he encontrado un panfleto de 1976 de CC.OO. de la construcción de Madrid, en el que se exigía la jubilación a los 60 años. Es evidente que vivimos un momento difícil. Se necesita un giro estratégico y una resistencia inteligente de recuperación de derechos. Ello pasa por mucha honestidad y coraje, un trabajo duro y más democracia participativa. La izquierda social y política tendrá que construir un pensamiento crítico y alternativas al neoliberalismo. De lo contrario nada está asegurado, y derechos que costó cien años conseguir se pueden perder en unos meses.