Las instituciones políticas como problema

Tenemos un problema con las instituciones políticas llamadas democráticas. Pues el parlamento y el gobierno, las principales de ellas, son las que imponen jurídicamente la ley material del ajuste duro contra los trabajadores. Las que recortan legalmente sus derechos, precarizan las pensiones, etc. A la vista de lo cual muchos pueden tener la tentación de dar la espalda a las instituciones políticas: de manifestar su repulsa en forma de abstención de votar y en formas de desprecio.

Esos sentimientos de desprecio por instituciones falsamente democráticas —la voluntad general no quiere precisamente que se recorten los derechos sociales—, y por su impotencia, están justificados.

No es verdad que en la crisis haya sólo una opción político-económica. También se podría emprender otra, mediante nacionalizaciones, empresas públicas, contención drástica de gasto militar, aplazamientos de deuda y si fuera necesario incluso salir del sistema del euro para facilitar las exportaciones españolas. O, más modestamente, políticas neokeynesianas parecidas a las del gobierno norteamericano.

Pero quienes tienen en sus manos las instituciones políticas, tanto en el poder como en la principal oposición, no están por esa labor, pues defienden al gran capital y al sistema financiero privados, según las lógicas más neoliberales de la derecha europea.

Esas instituciones están por eso crecientemente deslegitimadas.

Pero no parece razonable que el pueblo de la izquierda se olvide de las instituciones políticas, les dé completamente la espalda, que es la más inmediata de las tentaciones. Esas mismas instituciones son un terreno de lucha. La presencia en ellas, por difícil que resulte, puede frenar u oponer resistencia a las peores decisiones antipopulares. Hoy la presencia debilitada de una izquierda real, aunque vacilante, en las instituciones, de poco sirve. Pero si esa presencia no existiera sería muchísimo peor para las gentes que viven de su trabajo, la voten o no.

Ahí tenemos un verdadero problema con el que hay que lidiar.

Un ejército sin capitanes

Un número nada despreciable de personas se ha integrado directa o indirectamente en actividades de solidaridad, en movimientos de un solo asunto, como pueden ser Amnistia, Greenpeace, los numerosos sin fronteras, Ecologistas en acción, Aedenat y tantísimos espacios de solidaridad vecinales, plataformas pacifistas o agrupamientos ante problemas de agudeza coyuntural.

Sin embargo estos movimientos carecen de la relevancia política que merecen. No tienen voz propia en el espacio político público, ya sea por la inoperancia de la representación parlamentaria o en general institucional más afín, o porque sus demandas son sacrificadas a lo politicamente correcto, o porque los medios de comunicación las vuelven romas y las mezclan en ensalada con los temas diarios de la politiquería.

Hay pues un ejército alternativo: un conjunto de personas, más numeroso de lo que parece, que pugna, con hechos —por sus obras les conoceréis—, por un mundo incompatible con la lógica del sistema económico, político, cultural y militar actual; y un amplio grupo de seguimiento pasivo, que comparte la alternatividad sin encontrar o sin buscar prácticas sociales activas coherentes con su visión de la sociedad.

Ese ejército incluye también a las personas que no encuentran otro instrumento de lucha que las instituciones tradicionales del movimiento de los trabajadores.

Pero es un ejército sin capitanes.

Sin capitanes porque el movimiento alternativo no halla en las instituciones llamadas representativas a quien lo represente con coherencia e integridad político-moral.

Sin capitanes, también, porque él mismo se ha preocupado muy poco por generar esos capitanes, esto es, equipos y grupos dirigentes políticos afines al movimiento, en una tendencia larga generada y justificada por los tremendos fracasos del alternativismo del pasado.

Y sin capitanes, igualmente, porque el movimiento alternativo percibe o intuye que las llamadas instituciones democráticas son herméticas a la representación de lo auténticamente alternativo.

No se les puede pedir a los movimientos sociales vivos que se dediquen ellos a buscar un nuevo tipo de mediación política. No se les puede pedir, en primer lugar, porque esos movimientos no lo demandan. Ni tampoco pueden dedicar sus flacas fuerzas a tareas que les aparten de las prácticas de las que han surgido y en las que mal que bien se han consolidado para actuar.

Una modesta sugerencia

Sí, se puede pedir a las instituciones tradicionales de la izquierda, por debilitadas que se encuentren ahora, que den un paso en la dirección del movimiento alternativo.

Que no se contenten con el voto del desencanto.

Que se abran de verdad a lo nuevo —en vez de aferrarse a lo viejo o sólo responder con palabras a las agresiones fácticas del sistema—. Que rompan el cascarón de la endogamia politicista.

El sindicalismo español, por empezar por ahí, brutalmente corporativizado y burocratizado durante años, ha de reencontrar el espolón político que tuvo en el pasado. Buscar organizar a los parados, a los inmigrados, a los precarios y mileuristas; recomponer las asambleas en los centros de trabajo. Salir de sus edificios de oficinas. Recuperar las huelgas y acciones de solidaridad. Y quizá plantearse si la división en dos grandes organizaciones —con las que, por circunstancias que no son del caso ahora, fueron divididos los trabajadores en la época de la transición— puede quedar atrás al impulso del movimiento por defenderse de la agresión brutal a las personas en su condición de trabajadores del sistema económico-político.

Izquierda Unida ha sufrido un proceso de debilitamiento asociado a su excesivo politicismo, a la pretensión fáctica de instalarse sólo institucionalmente en la lucha política, como un partido más. Esta vía está agotada. Eso ha sido un error compartido por toda la izquierda europea, que se ve ahora arrinconada por fuerzas metapolíticas, las fuerzas económicas, que intentan tomar las últimas trincheras que le quedan a la izquierda social en los países europeos.

Por eso parece necesario impulsar comisiones cívicas.

Comisiones cívicas: grupos de personas que estructuren una lucha social que no se libra sólo en los parlamentos, sino en los medios de masas, en la cultura social, en decisiones de naturaleza política adoptadas tanto por los gobiernos y parlamentos centrales como en el último negociado de los ayuntamientos; que se libra también con argumentos sesgados en los medios de comunicación.

Comisiones cívicas en las que puedan participar personas significativas de los movimientos sociales, de los distintos ámbitos de la cultura de la izquierda. Buscar la creación de grupos de valores republicanos, ejemplares, que deben orientarse hacia un cambio de ciclo para el pueblo de la izquierda.

Comisiones cívicas que puedan atraer a las personas que simpatizan con el altenativismo pero que no han dado aún pasos prácticos para impulsarlo.

Comisiones cívicas que se puedan comunicar, coordinar, incluso federar. Que aparezcan como instituciones mediadoras nuevas, distintas de los partidos, sindicatos y movimientos de un solo asunto o de otro tipo. Pero en las que puedan colaborar gentes procedentes de estas otras instituciones.

Comisiones cívicas que vivan realmente la tensión entre los principios morales y lo utilitario para regenerar nuestra sociedad.

Una larga tarea por delante

La búsqueda de prácticas políticas razonables para el pueblo de la izquierda social, para el pueblo alternativo, ha de ser ella misma nueva también. No puede ser, como en el pasado, fideísta y optimista. No puede esperar el descansillo de una meta cercana.

Tampoco se puede permitir animarse por el coyuntural triunfo de algún tipo de populismo aquí o allá, ni defender logros pasados que se han transmutado en indefendibles. No puede perder el tiempo con el sectarismo.

Porque lo que tiene enfrente no es ya un poder político, económico, cultural y militar nacional. Hoy tiene enfrente un nuevo soberano global. Un poder despótico, que se impone, ciertamente, a través de poderes local-nacionales, pero que en sí mismo es internacional.

El déspota global que ha creado la crisis y el desastre ecológico, que carga sus consecuencias a trabajadores, a ciudadanos e incluso a quienes no son ni una cosa ni otra, sino simplemente personas, es un poder imposible de maniatar sólo localmente. Por eso aguarda una lucha tenaz, inteligente, a la que puedan sumarse muchos no sólo en este país y en el corto plazo.

La enormidad del ataque contra los trabajadores, la fuerza internacional y compleja de las instituciones que lo instrumentan, permiten pensar que este combate será largo y se puede perder. Pero si no lo emprendemos estamos perdidos.