A medida que uno avanza en la lectura del libro titulado Verdugos impunes percibe rápidamente que se encuentra ante un trabajo singular. El texto es en gran medida el resultado final de un informe de carácter pericial sobre la represión franquista elaborado a instancias de la Coordinadora de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) contra los crímenes del franquismo y de su equipo jurídico. El objetivo del aquel dictamen era documentar de una manera rigurosa la presentación de nuevas querellas ante la justicia española por las violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la dictadura. En este sentido, hay que destacar que el libro es el resultado de un fructífero encuentro entre profesionales de la historia, las víctimas de la represión y el mundo del Derecho. Para su elaboración, los autores (José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar), reconocidos especialistas en el estudio del franquismo, han recurrido a una extensa y especializada bibliografía, al resultado de sus propias investigaciones y al análisis de documentación original. El resultado es un trabajo serio y riguroso donde prima la profesionalidad de su enfoque y desarrollo; un texto, además, que tiene entidad propia, más allá del objetivo inicial con el que fue impulsado. Para ello ha sido necesario adaptar el formato original de un informe técnico hasta convertirlo en un libro que está llamado a convertirse en un trabajo de referencia sobre la maquinaria de la represión franquista.

La estructura del texto es clara y concisa. El libro se divide en cinco capítulos. En el primero, los autores huyen deliberadamente de discusiones nominalistas y estériles sobre la naturaleza política del régimen franquista para presentarlo como lo que realmente fue: una dictadura larga y poliédrica, una construcción basada en el poder personal de Franco que le otorgó su victoria en la guerra civil. El libro recuerda cada hito fundamental en la construcción del poder que sostuvo la dictadura sin olvidar, en ningún momento, el contexto internacional que fue condicionando los primeros cambios. Algunos de los más importantes se produjeron en los primeros años del régimen, cuando el avance de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial obligó al franquismo a pulir los aspectos más incómodos de su perfil totalitario y fascista para presentarse ante el concierto internacional como una “democracia orgánica” necesaria para neutralizar el avance del comunismo. El texto hace un repaso a las leyes fundamentales que contribuyeron a construir el régimen de Franco y analiza los pilares básicos sobre los que éste se sostuvo: el Ejército, la Falange y la Iglesia Católica.

En el segundo capítulo el libro aborda el tema fundamental de la violencia política, desde la desatada en el golpe fallido de julio de 1936 hasta la que se dirigió contra los republicanos tras la victoria de las tropas de Franco en la guerra civil. El arranque del capítulo a partir de dos testimonios, uno de una víctima y otra de un perpetrador, despejan rápidamente cualquier duda sobre las formas de proceder de la legalidad republicana y la impuesta por los ganadores en la contienda. El libro describe de una manera sintética pero muy gráfica cuales fueron los principios fundamentales que sirvieron para legitimar el uso de una violencia brutal contra aquellos a quienes el franquismo consideró “enemigos de España”. Para ello, los autores hacen un repaso a las leyes y mecanismos más importantes que sirvieron para perseguirlos y castigarlos. La depuración de los funcionarios o el saqueo económico que facilitó la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas fueron solo dos de los instrumentos utilizados por la dictadura para arremeter contra los perdedores de la guerra. Como analizan los autores del libro, el régimen franquista se dotó rápidamente de toda un entramado legislativo para legitimar y facilitar la represión que buscaba la eliminación del enemigo. Con ese objetivo, se procedió a la restructuración de los cuerpos de seguridad del Estado y a la promulgación de nuevas leyes que supusieron de facto una ruptura absoluta, no solo con el régimen republicano, sino con toda la tradición liberal española que arrancaba del siglo XIX.

El tercer capítulo se dedica al tema fundamental que dio lugar al informe: la violación sistemática de los derechos humanos que organizó, digirió y ejecutó el régimen de Franco. Para poder comprender la magnitud de este fenómeno el libro presenta una sencilla pero ilustrativa geografía de la represión que permite localizar las zonas donde ésta se hizo más presente y actuó con mayor intensidad. El trabajo establece algunos matices importantes, y seguramente discutibles, sobre las diferencias que tradicionalmente se han establecido entre la violencia “incontrolada” (la de los “paseos”) frente a la una violencia “ordenada” (la promovida por las causas militares). Para los autores, ambas se desplegaron bajo el control directo o indirecto de las nuevas autoridades golpistas. El estudio ofrece un número aproximado de procesados (sin contar los ejecutados) que podría superar con creces las 600 mil personas, incluyendo la guerra civil y la más inmediata posguerra, lo que da una imagen del volumen y carácter que alcanzó la represión. Sin embargo, y como se apunta en el libro, ésta última adoptó formas que no dejaron huella documental escrita, como las violaciones, las extorsiones, las palizas, los cortes de pelo, las amenazas y todo un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales se cebaron con especial intensidad en las mujeres. A todo ello habría que sumar también la apropiación de menores y las adopciones irregulares de hijos de represaliados franquistas, un fenómeno especialmente dramático, cuyo volumen y consecuencias son aún difíciles de determinar.

Como destaca el estudio, el miedo que generó la propia guerra y el imparable avance de las tropas franquistas dio lugar a la evacuación de niños en el bando republicano. Miles de pequeños fueron enviados en barco hacia la URSS, Francia, Bélgica e Inglaterra a través de una enorme operación destinada a tratar de impedir que sufrieran las penalidades de la guerra. La mayor parte de ellos volvió al finalizar la contienda, pero otros, como los niños evacuados a la URSS, no comenzaron a regresar a España hasta mediados los años cincuenta. Un capítulo aparte merece el exilio político que se produjo tras el final de la guerra. El miedo a las represalias que anunciaron con insistencia los vencedores dio lugar a un exilio masivo que afectó a cientos de miles de personas. Una parte de ellas, huidas a Francia en los primeros momentos, regresaron en poco tiempo. Otros, sin embargo, no volvieron jamás a España o lo hicieron en el tramo final de sus vidas. Todos estos fenómenos aparecen reflejados en el estudio.

Los dos últimos capítulos abordan cómo fue cambiando el carácter de la represión a lo largo del régimen franquista. El proceso de transformación social que se vivió en España en los años sesenta del pasado siglo alentó la irrupción de un nuevo movimiento obrero que comenzó a manifestarse con fuerza en forma de huelgas y manifestaciones. En 1964, el régimen desplegó una enorme campaña de propaganda para celebrar sus XXV Años de Paz, pero para entonces la situación había cambiado. Los conflictos estudiantiles surgidos una década antes en la Universidad, o las huelgas que estallaron en Asturias y el País Vasco en 1962, ya habían anunciado la profundidad del cambio que se estaba produciendo en la sociedad española. En el País Vasco el proceso de trasformación, propiciado por el desarrollismo franquista, fue especialmente intenso y dio lugar a la aparición de nuevas organizaciones políticas. Los cambios afectaron de un modo singular al mundo nacionalista, de donde surgió una nueva formación, Euskadi ta Askatasuna (ETA). Su apuesta por la violencia y los primeros asesinatos que cometió esta organización desconcertaron al régimen franquista. En muy pocos años, la paz social y política que había conseguido imponer la dictadura durante las dos anteriores décadas se quebró de golpe. La intensificación de todos estos frentes de oposición, alentados por la recuperación de las organizaciones antifranquistas, obligó al régimen a dotarse de nuevos instrumentos represivos. El más importante de todos fue el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963, un año después de la ejecución de Julián Grimau. En muy poco tiempo este tribunal se convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para combatir a la oposición y disidencia del régimen franquista.

Sin embargo, como recuerdan los autores del libro, a lo largo de los años sesenta y setenta los delitos más graves se siguieron juzgando a través de los tribunales militares. En 1963, fueron condenados a muerte y ejecutados por garrote vil los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado. La misma suerte corrió en 1974 el militante del Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL), Salvador Puig Antich. Todas estas ejecuciones culminaron de algún modo con los fusilamientos de los tres miembros del FRAP, Xosé Umberto Baena, José Luis Sánchez Bravo-Solla y Ramón García Sanz y de los dos militantes del ETApm, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.

Los autores no eluden algunas cuestiones controvertidas, al menos para la historiografía especializada, como la relación que se ha establecido entre el ciclo de protestas y la represión que se desató a lo largo del segundo franquismo. En el estudio se apunta que la decisión por parte del Estado de utilizar la violencia y las consecuencias que se derivaron de ella, dependieron en gran medida de la lectura que hicieron los diferentes actores sociales y políticos implicados o afectados por la represión. El libro hace también un repaso a la brutalidad policial que se desató desde finales de los años sesenta hasta los primeros años de la Transición hacia la democracia, donde las Fuerzas del Orden Público dejaron un importante reguero de víctimas mortales tras la represión de manifestaciones que exigían derechos laborales y libertades políticas. En este sentido, el trabajo aborda también el fenómeno de los “incontrolados” y las bandas de extrema derecha que actuaron desde mediados de los años setenta con una gran impunidad, provocando también varios muertos y numerosos heridos a lo largo de aquellos años.

Como se recuerda en el texto, una de las manifestaciones más brutales de los excesos policiales fue la tortura, una de las prácticas más complicadas de documentar en cualquier tipo de informe sobre violaciones de los derechos humanos. Para ello se aportan una serie de testimonios de víctimas que describen el trato recibido, especialmente en los cuarteles de la Guardia Civil y en las comisarías de la Policía. La información que ofrecen ayuda a comprender el alcance que tuvo este fenómeno y las terribles consecuencias que acarreó para las víctimas que las sufrieron. La tortura tuvo tradicionalmente un doble objetivo, sobre todo en un régimen dictatorial como el franquista: obtener información sobre los movimientos de oposición y doblegar la voluntad de la víctima. Pero, además, el fenómeno terminó culpabilizando a quien la sufrió cuando quebró su resistencia y colaboró finalmente con los torturadores, transfiriendo sobre los militantes torturados la responsabilidad de futuras detenciones y la suerte que pudieran correr otros detenidos. En este sentido, el estudio no se limita a abordar la violación de los derechos humanos que se cometieron en los centros de detención y tortura. También aborda la cuestión de las prisiones como espacio de represión y el tratamiento diferenciado que tuvo la represión sobre las mujeres o los homosexuales, sometidos al control y castigo de una serie de mecanismos específicos.

En definitiva, estamos ante un libro singular, un trabajo tan incómodo como necesario que nos interroga sobre nuestro pasado. Las preguntas que suscita en sus últimas páginas deben mover a la reflexión sobre lo que ha supuesto nuestra historia más reciente. La Ley de Amnistía fue, como se recuerda acertadamente en el trabajo, una reivindicación propia del antifranquismo. Su promulgación fue vivida como una victoria de la resistencia contra la dictadura. Muy pocos de cuantos formaron parte de aquella oposición cuestionaron la Ley en su momento, ni parecieron reparar en los apartados e y f del artículo 2, el que perdonaba “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la persecución” de la disidencia política. O tal vez sí. Aún retumban las palabras de Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados en octubre de 1977 alabando la medida como un símbolo de la reconciliación. La Amnistía perdonó a los perpetradores del régimen franquista, pero también a un importante número de miembros de organizaciones terroristas que tenían graves delitos de sangre. Aquella medida excepcional que echó tierra sobre los gravísimos crímenes cometidos por los verdugos del franquismo también exoneró a otros verdugos, a quienes, por ejemplo, acabaron con la vida de decenas de policías y guardias civiles entre 1968 y 1977. Perdonó a Mikel Etxeberria Iztueta, el miembro de ETA que asesinó al taxista Fermín Monasterio en 1969, o a componentes del comando de esta misma organización que pusieron la bomba en la cafetería Rolando en 1974, donde murieron 13 personas, la mayor parte de ellos camareros del propio local, estudiantes y trabajadores, o a quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a tres jóvenes gallegos un año antes en el sur de Francia, al ser confundidos con policías por miembros de ETA. Todos esos son crímenes olvidados. Las víctimas de la represión franquista tuvieron que soportar que reconocidos perpetradores fueran perdonados e incluso ascendidos y condecorados. Del mismo modo, los familiares de las víctimas del terrorismo vieron como algunos de los perpetradores salieron a la calle y fueron recibidos como héroes en sus pueblos. Varios de ellos renunciaron a la violencia y se incorporaron a la vida política del país. Otros volvieron a asesinar en democracia, como Isidro María Garalde, Mamarru. El caso de Jesús María Zabarte, el Carnicero de Mondragón, es el más conocido. Tras ser excarcelado cometió diecisiete asesinatos, todos en plena democracia. Son aspectos en los que no se suele reparar pero también forman parte de la enorme factura que tuvo que pagar esta sociedad. ¿Sería posible abolir parcialmente aquella Ley y llevar ante la justicia a unos verdugos mientras se exime de responsabilidad a otros? Son cuestiones incómodas que surgen a partir de las reflexiones finales que suscita un libro tan importante y necesario como éste.