Érase una vez un año, este 2024, en el que hemos asistido imperturbables al maltrato de personas vulnerables. Unos cuantos presidentes han jugado a los naipes con cuarenta y cinco mil inmigrantes desembarcados y con seis mil menores que están varados en las islas Canarias. No cabe duda de que esas cifras «minúsculas» han producido un sufrimiento mayúsculo.

Este ha sido el año de la inmigración por su actividad legislativa en clave interna y exterior. Hacia dentro, está el nuevo reglamento de extranjería de la Ley 4/2000; y, hacia fuera, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Además, a principios de octubre, ha tenido lugar un «debate» en el Congreso de los Diputados sobre la Política de Inmigración en el que nuestros representantes han depreciado y despreciado a esas personas.

Pero sobre todo este ha sido el año de la inmigración porque los medios que forman la opinión pública lo han querido y producido poniendo el foco en las llegadas de barcos. Ya se sabe que donde señala el dedo mediático van los pescadores de votos. En realidad, no importa cuán gruesos sean los flujos de indocumentados, sino cómo se perciban y cual pueda ser su impacto electoral. Cuando se apunta hacia la inmigración irregular asoma el empeño político en distinguir a los buenos de los malos inmigrantes. Como si uno quisiera vivir en el oprobio por voluntad propia.

Pues bien, esta nota sigue una orientación distinta. Quiere resaltar la segmentación de derechos entre los inmigrantes y la racialización cultural. Va de la menor dimensión cuantitativa a la mayor realidad social, y de la exclusión más pequeña a la más generalizada. Empecemos por las cifras que no salen en los telediarios, ni corren por las redes. Y no sólo porque esas cifras ponderan el peso de la inmigración irregular, sino porque también alumbran los oscuros de la inmigración legalmente instalada.

La ruta canaria: esperanzados y desesperados

Antes de la pandemia las penalidades que sufrían los menores tutelados en centros públicos eran fruto de la inseguridad jurídica y de una ideología. No se les documentaba cuando, por edad, tenían que abandonar el centro. Esa irregularidad forzosa se sostenía con el argumento de que, si se les legalizaba, otros muchos acudirían y los centros colapsarían. Ideología, es decir, falsa consciencia de la realidad.

Se les documentó durante la pandemia y trabajaron en los campos recogiendo las cosechas. Los números dicen que tras el confinamiento se redujeron las entradas de menores en mayor proporción que la de los flujos de inmigrantes adultos. Y las estadísticas también cuentan que se legalizaron más de los previstos. Además, la tasa de empleo de los 17.000 extutelados pasó del 23% al 59% en dos años. De modo que el efecto de su legalización fue la inclusión en el mercado de trabajo y en la sociedad.

En la actualidad el bloqueo de los 6.000 menores en Canarias se debe a la posición política de los presidentes autonómicos. El monto total de los menores en las islas es un dato minúsculo comparado con el de menores ucranianos (35.000) que se han escolarizado en este año. El caso es que, antes por desconocimiento de la dinámica migratoria y ahora por crueldad política, los menores magrebís se han convertido en arietes electorales.

En 2006 llegaron por mar casi 40.000 personas y cuatro de cada cinco (81%) utilizaron la ruta canaria. Se bautizó, entonces, como la crisis de los cayucos. No la del sistema de acogida. Luego cayeron las llegadas marítimas y hasta 2016 no superaron las 5.000. También cuando llegaron los solicitantes de asilo sirios y afganos no se dijo que la crisis era de la UE y de su sistema de protección internacional, sino que se habló de la crisis de los refugiados.

El techo marítimo se rompió en 2018 con más 57.000 pasajeros desesperados, pero fue en 2020, y en los años siguientes, cuando estallaron las costuras de un débil sistema de acogida en Canarias. Había 500 plazas en todo el archipiélago y más de 10.000 seres humanos almacenados. La emergencia se trampeó echando mano de las plazas vacantes en hoteles debido al impacto de la Covid 19 en el flujo de turistas.

¿Cuántos han sido los muertos? Caminando Fronteras dice que 9.753 personas han fallecido ahogadas en esta ruta letal, de las cuales 1.538 eran niñas y niños. La OIM da la cifra de 1.400, aunque señala que puede ser un mínimo de personas ahogadas. Nunca lo sabremos con exactitud. Lo que sí sabemos es que el flujo de embarcados y de fallecidos no va a cesar y la política migratoria europea y española no da con la solución.

El caso de los menores que emigran solos y la situación límite de los miles de personas que buscan ayuda humanitaria al llegar a las islas canarias evidencian que el sistema de acogida hace aguas.

Los que entran y salen

Hablemos ahora de flujos, es decir, de cuántos inmigrantes entran y cuantos salen de España. Resulta que los 55.000 inmigrantes llegados por la vía marítima apenas suponen el 6% de las 900.000 entradas legales por todas las puertas fronterizas. Eso indica que no se ha perdido el control. Más aún, 324.000 entraron con autorizaciones de larga duración. Una última aclaración: a los 900.000 ingresados hay que restarles los 309.000 que se fueron en ese año. De donde el saldo migratorio ronda los 590.000.

La composición de esos flujos ayuda bastante a limpiarnos los ojos. Resulta que el 35% de esos más de 300.000 permisos permanentes fueron a parar a ciudadanos europeos con derecho de libre circulación. Es decir, se trata de inmigrantes comunitarios. Otro 22% lo copan las entradas a título familiar. De modo que más de la mitad de los permisos de larga duración no son discrecionales y el Estado no puede impedirlos salvo que rompa con la UE y con los derechos familiares. A estas dos categorías se suma un 11% de trabajadores con contrato pero que vienen solos y un 5% de personas que entran bajo el manto de la protección humanitaria. El resto son inmigrantes que entran por otras vías legales.

Hay inmigrantes que tienen otros planes. Así los 49.000 universitarios, una parte de los cuales, combinando el estudio con trabajo, pueden quedarse una vez finalizada la formación y nutrir el flujo de médicos, investigadores y otros profesionales cualificados. También acudieron a las faenas agrícolas más de 35.000 trabajadores de temporada, mujeres y hombres que pueden repetir durante varios años hasta optar por la migración circular o por asentarse en España.

El cometido de la política de regulación de flujos es establecer cauces legales que reduzcan la inmigración indocumentada con el fin de evitar su marginación social. No lo ha conseguido, pero tampoco es un absoluto desconcierto. Para tapar los agujeros se habilitan los arraigos como mecanismos de regularización.

Esa es la explicación de que el stock inmigratorio se haya multiplicado por diez entre 1991 y 2024, de 846.000 a 8,8 millones. Uno de cada cinco habitantes del Ruedo Ibérico no ha nacido aquí.

Los que se quedan

De aquellos que se quedan y del camino hacia la igualdad con los nativos tratan las políticas de integración. Según el Censo Anual de la Población a 1 de enero de 2024, el 13,4% de los 48.6 millones de habitantes que ya somos tiene nacionalidad extranjera, mientras que un 18,2% del total ha nacido fuera de España. En otras palabras, hay 6,5 millones de habitantes que son extranjeros y 8,8 millones de personas que son inmigrantes.

He aquí nuestra traducción: en la estructura demográfica de este país, la inmigración pesa lo suyo, en cambio en la democracia la población extranjera apenas llega a peso pluma. La exclusión política es la más flagrante. Son habitantes, pero no ciudadanos.

Entonces ¿los derechos de los extranjeros?

Las sentencias del Tribunal Constitucional los clasifica en cuatro rúbricas: los prohibidos, los condicionados, aquellos que pueden disfrutar, pero no en términos idénticos a los de los españoles y, por fin, los derechos de la persona que les son aplicados en su totalidad. Constitucionalmente sólo se reconoce el derecho al trabajo a los españoles. Y el Tribunal Constitucional sentenció en 1993 que el derecho al desplazamiento no es imprescindible para la dignidad humana y su tratamiento puede ser desigual entre españoles y extranjeros. Resumiendo: no son iguales a los españoles en derechos, ni aun completamente documentados.

La diferencia cuantitativa entre inmigrantes (8,8) y extranjeros (6,5) son los 2,6 millones de inmigrantes que han dejado de ser extranjeros porque se han nacionalizado. Para que las cuentas cuadren hay que considerar que medio millón de extranjeros han nacido en España, pero no tienen la nacionalidad española. Son extranjeros, pero no inmigrantes. Aquí la nacionalidad es sanguínea (ius sanguinis) y no va unida al territorio (ius soli). Es decir, se hereda o se adquiere voluntariamente cuando se cumplen ciertos requisitos que marca el Código Civil.

Añadamos que los extranjeros más numerosos son los cultural y socialmente menos aceptados, a saber: los marroquíes (más de 920.000), pero también los rumanos (620.000). El inmigrante comunitario (rumano) goza de más derechos que el extracomunitario (marroquí). Entre latinoamericanos también se dan diferencias. Los venezolanos (325.000) y argentinos son menos racializados que los colombianos (578.000) o ecuatorianos. De modo que en la vida del inmigrante influye la «racialización» y la discriminación en derechos.

La regla de oro en el análisis de la inmigración es la heterogeneidad de perfiles sociales (clase), la diversidad de modos de vida (cultura) y la segmentación política en cuanto a derechos (ciudadanía). Los inmigrantes comunitarios y sus familiares suman el 56% de los extranjeros registrados y tienen claras ventajas respecto del restante 44% que se encuadra en el señalado como régimen de extranjería.