Se acaba de celebrar el 41 Congreso del Partido Socialista. En sus debates, resoluciones y el discurso de su refrendado secretario general, Pedro Sánchez, no ha habido un gran contenido estratégico e ideológico. Parece que tampoco se pretendía.

La orientación política está presidida por el pragmatismo que, dada la fragilidad de su representatividad parlamentaria, se puede resumir en ‘hacer de la necesidad virtud’ para garantizar la primacía gubernamental socialista. El cierre de filas en torno a su liderazgo persigue ensanchar su espacio político-electoral para mejorar su poder institucional, con una alusión genérica a algunas preocupaciones ciudadanas y sin mencionar la necesaria colaboración con sus socios actuales.

Por otra parte, es de reseñar la lamentable enmienda aprobada, con gran simbolismo conservador frente al reconocimiento de todo el colectivo LGTBIQ+, que representa una involución reaccionaria respecto de la acordada Ley Trans.

El objetivo inmediato al comienzo de la legislatura era evidente, conseguir su investidura presidencial, con la negociación del apoyo de sus imprescindibles aliados de izquierda y nacionalistas. Para ello era necesario el acuerdo con Junts y, por tanto, aprobar la Ley de amnistía que exigía como condición. Así, con esa necesidad y su justificación comenzaba la primera medida democratizadora y de convivencia plurinacional del nuevo gobierno de coalición progresista. Es el factor que está condicionando toda la legislatura y el posicionamiento de los actores políticos, fácticos y mediáticos, con todas las derechas españolas a la contra. Esa Ley no estaba contemplada en el programa socialista pero enlazaba con la reclamación democrática del resto de grupos nacionalistas periféricos y de izquierdas.

Ahora la prioridad socialista es ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 y se despliega la retórica de adelantar por la izquierda en confrontación con las derechas. Veamos el alcance de esos objetivos y el sentido de ese discurso, en el actual contexto de ofensiva abierta de las derechas que pretenden alcanzar su hegemonía gubernamental e institucional e imprimir una dinámica reaccionaria.

Las derechas políticas y fácticas —judiciales y mediáticas—, aparte de intentar quitar legitimidad democrática al propio Gobierno, amplían su estrategia de acoso y derribo contra el Ejecutivo y, en particular, al propio presidente del Gobierno y su entorno. Sin suficiente apoyo parlamentario, pretenden apropiarse del Estado y apoyarse en el poder empresarial, y ensayan un golpismo blando. Se refuerza la guerra jurídica y mediática iniciada en la anterior legislatura contra Podemos y los independentistas, cuyo objetivo da un paso cualitativo: terminar con la primacía socialista y la gobernabilidad progresista del país.

Algunos dirigentes del Partido Popular, así como de VOX, lo expresan claramente: hay que echar a este gobierno progresista… como sea. Se produce una profunda degradación democrática y ética en unas derechas que se consideran propietarias del Estado y representantes de la patria —española—, que la conciben desde un nacionalismo españolista excluyente, centralizador y autoritario.

Son palabras mayores que, junto con los indultos y la amnistía a los independentistas catalanes, sirve para que una parte relevante del poder judicial considere esta legítima gestión una ofensa a su primacía corporativa y contribuya a activar su rechazo al poder legislativo y ejecutivo. Se llega a cuestionar el Estado de derecho y la propia democracia. No importa la crispación política y la desafección ciudadana hacia las élites institucionales, el objetivo es la confusión y la desactivación de las bases sociales progresistas para asaltar el poder gubernamental.

Es el marco de la llamada resistencia socialista a este proceso deslegitimador de las derechas, con métodos antidemocráticos basados en la mentira y la desinformación, con todos los recursos de su poderío institucional y cultural y la búsqueda del aval del poder empresarial y, más allá, de las instituciones europeas y sus aliados internacionales, con Trump a la cabeza.

Queda situado el foco de la pugna democrática, con la interacción de los dos hechos determinantes desde el inicio de esta legislatura, consensuados con los socios de la investidura: la formación y relativa estabilidad de un Gobierno de coalición progresista, a pesar de sus equilibrios precarios, en detrimento de la clase política y fáctica derechista, y el comienzo democrático de la convivencia interterritorial y la reforma plurinacional, frente a una tradición y unos núcleos de poder centralistas y autoritarios.

Han quedado en un segundo plano dos ámbitos que tienen una importancia decisiva para una legislatura de progreso y la legitimidad del propio Ejecutivo. Son fundamentales para las fuerzas de izquierda, para reforzar sus bases sociales y electorales, condicionar las inclinaciones centristas de la dirección socialista y garantizar una gobernabilidad auténticamente progresista, aunque las presiones de las derechas nacionalistas (PNV y Junts) los tienden a rebajar.

Por un lado, la reforma social, incluidas la fiscal, la financiación autonómica y la laboral, con un avance en los derechos sociales, ambientales y feministas, la reducción de la desigualdad —incluidas las de sexo, étnico/nacional y territorial— y el refuerzo de la capacidad adquisitiva y los servicios públicos, especialmente, la sanidad y la educación, así como una vivienda digna. Los resultados son variados, pero, en su conjunto y en el mejor de los casos, son limitados y contrastan con una dinámica social problemática y duradera, que afecta, especialmente a las capas populares y precarias.

Es el campo en el que se ha desarrollado cierta retórica socialdemócrata más o menos genérica frente al riesgo de la falta de credibilidad transformadora generadora de desconfianza y desapego de parte del electorado de las izquierdas. No obstante, es dudoso que esa simple retórica, sin avances relevantes y reformas significativas, pueda ampliar la adhesión popular y asegurar una mayor confianza en su representación política y electoral.

Por otro lado, la democratización institucional, que, más allá de la amnistía y su lenta y sesgada aplicación, enseguida ha aparecido como fundamental, en particular con respecto a los aparatos judiciales y mediáticos, cuya necesidad había constatado el propio Presidente en su reflexión primaveral. Este ámbito de regeneración democrática que, a diferencia de la reforma social, se había señalado como susceptible de mayor apoyo parlamentario de las derechas nacionalistas, ha tenido escasos avances, en particular con el pacto continuista con el Partido Popular para la renovación del poder judicial.

Además, más allá de los bulos derechistas para tapar sus responsabilidades y neutralizar la autoridad moral socialista, han aparecido hechos contraproducentes de corrupción como el caso Koldo-Ábalos que afectan a su credibilidad. El Partido Socialista aparece a la defensiva, para controlar los daños de la ofensiva derechista y sin un plan convincente de regeneración democrática y menos de participación cívica, articulación de la plurinacionalidad —incluida la financiación autonómica y su gestión progresiva— y la regulación del modelo de Estado.

Cabe añadir el continuismo de las políticas de Estado —macroeconómicas, institucionales y de seguridad y defensa— e internacionales, con los compromisos con el consenso liberal-conservador europeo, su retroceso humanitario en materia de inmigración o la subordinación geopolítica y armamentística a EE.UU., en el marco de la OTAN y sin autonomía europea. Es el pragmatismo socialista ante el gran poder establecido mundial. Estos ámbitos siempre han sido competencia del ala socialista del Gobierno, normalmente son compartidas con las derechas europeas —las españolas han extremado su oposición destructiva—, pero aparte de su conservadurismo condicionado todavía más por el ascenso ultra en Europa, arrastran algunas complicidades indignas, como la falta de firmeza contra el genocidio del Gobierno israelí en Palestina.

A pesar de cierto envoltorio retórico, el papel de España está bastante alejado de la prioridad por los derechos humanos, la paz y el derecho internacional. Es un campo en el que se mira más hacia la derecha y los grandes poderes europeos y mundiales, genera una posición incómoda respecto de la ciudadanía progresista y no favorece la legitimación cívica de las izquierdas.

Por tanto, es aceptable cierta retórica genérica contra el autoritarismo y la ofensiva antidemocrática de las derechas extremas, así como la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, con el acento en mejorar la vida de la gente, con más derechos sociolaborales y frente a la emergencia climática. Pero esos discursos, sin pasos operativos sustantivos y reales, más allá de producir una ilusión momentánea pueden acabar generando frustración pública. No constituyen un nuevo contrato social creíble en beneficio de las mayorías ciudadanas. Y pueden ser insuficientes para el objetivo pragmático deseado: activar el voto progresista y de izquierdas y ganar las próximas elecciones de 2027.

En definitiva, el Partido Socialista, como fuerza dominante en el espacio de progreso, no garantiza —por sí solo— el refuerzo de un proyecto igualitario y solidario de país. Su pragmatismo inmediatista de mirar a su izquierda y a su derecha, a la ciudadanía progresista y de izquierdas y al poder establecido, no le permite llevar una estrategia política y de alianzas suficientemente transformadora, persistente y democrática. Más allá de las ilusiones de un ausente hegemonismo centrista y las opiniones demoscópicas en cada momento, este Congreso socialista, en este contexto desfavorable, no asegura un rumbo de consolidación y avance social y democrático; no es bastante esperanzador.

La excepcionalidad española de freno a las tendencias autoritarias y de precarización y austeridad, así como de su avance sociopolítico de progreso, tiene que ver con tres lustros de activación cívica igualitaria y democratizadora y articulación de unas relevantes izquierdas transformadoras, hoy debilitadas y fragmentadas, incluyendo a las nacionalistas.

La solución frente a la nueva ofensiva de las derechas deriva de esa experiencia histórica: participación ciudadana por la igualdad, firmeza en las políticas democráticas y de izquierda y refuerzo de las izquierdas sociales y políticas alternativas. Es cuando cierta retórica socioliberal o ambigua se puede convertir en compromisos prácticos inequívocos con los intereses de las mayorías sociales y el posibilismo inmediatista en una senda reformadora progresista. El Partido Socialista, en cooperación con el resto de fuerzas nacionalistas y de izquierda, debería ocupar su lugar, con una estrategia colaborativa, y asumir su responsabilidad histórica compartida por el futuro de progreso.

Resistencia y avance social y democrático

Existe una estrategia deliberada de las derechas políticas y fácticas para deslegitimar y derribar el Gobierno de coalición progresista, con una ofensiva política, mediática y judicial. Incluso se habla públicamente de la instrumentalización de la justicia y el acoso judicial para fines políticos. Y aunque se refiera a un pequeño grupo ultraconservador, además de sus implicaciones globales para el Estado de derecho y la democracia, están generando una amplia desconfianza cívica en el propio poder judicial.

Así, según el CIS de junio pasado, no llega al 10% de la población la que cree que los tribunales actúan siempre de forma imparcial, mientras el 40% desconfía de ellos. Hoy, probablemente y a la vista de distintas iniciativas judiciales, se agudizaría esa percepción crítica. Ello se acumula al descrédito de otros instrumentos básicos de intermediación de la ciudadanía con la política y el Estado, como las élites políticas y los grandes medios de comunicación. Son síntoma de los fallos de la democracia existente, que la ultraderecha pretende instrumentalizar a su favor con mayor autoritarismo, cuando se necesita más regeneración democrática.

El presidente Pedro Sánchez ha hablado de connivencia entre dirigentes de la derecha y algunos jueces. Según la vicepresidenta socialista María Jesús Montero, el blanco a batir por este acoso derechista es el propio presidente del Ejecutivo. En el plano más general, ese centralismo reaccionario trataría de terminar con este ciclo de —limitado— progreso y la mayoría democrática y plurinacional que han permitido el soporte de su investidura gubernamental.

En particular, hay un pulso de fondo entre conservadurismo autoritario y progresismo democrático en tres ámbitos fundamentales: la amnistía y el atisbo de reequilibrio del modelo territorial con la regulación de la plurinacionalidad; la superación de la desigualdad y las grandes brechas sociales y de género, junto con los retos medioambientales, con el sentido y la dimensión de una imprescindible reforma social, y una nueva convivencia cívica e intercultural, con la integración de las personas inmigrantes y la defensa de los derechos humanos y la democracia inclusiva.

La amenaza de una involución autoritaria y regresiva está derivada de la actitud destructiva de las dos derechas extremas, aunque su agresividad también esconde su insuficiente apoyo parlamentario, que les impide una moción de censura exitosa. Por tanto, no tienen una alternativa institucional para ese giro reaccionario, y utilizan todo el resto de recursos de poder para conseguir el desgaste del Gobierno, la ruptura de su mayoría democrática, el bloqueo de las políticas de progreso y su anhelado recambio gubernamental. En ese contexto se enmarca la difícil negociación y aprobación presupuestaria y los emplazamientos de Junts (y PNV), que condicionan la legislatura.

De todo ello, en medio de una gran polarización discursiva, hay una percepción generalizada entre la opinión pública. Se trata de valorar el sentido y el alcance de los dos componentes fundamentales de la estrategia política de las izquierdas: resistencia y avance en condiciones y derechos sociales y democráticos para la ciudadanía. Ambos interactúan, y hay que valorarlos conjuntamente, más en una etapa de fuerte ofensiva de las derechas y los grupos de poder. No vale la dicotomía entre resistir y gobernar. Esta realidad obliga a combinar las dos dinámicas, con una orientación de transformación progresista de fondo y de participación cívica.

Su contenido político es el avance social y democrático, el freno a la involución. Es la condición para legitimar la acción gubernamental y garantizar el suficiente apoyo popular. No se trata solo de retórica sobre el adelantamiento por la izquierda o la política útil. El relato debe acompañar a los hechos, no sustituirlos; por sí solo no genera suficiente convencimiento cívico. Como decía el gran sociólogo alemán Max Weber, hace un siglo, el político debe estar sujeto a la ética de la responsabilidad, a los resultados de su gestión, y estar reforzada por la ética de la convicción, de los principios y objetivos finales.

Por tanto, la valoración de las élites políticas progresistas es sobre el alcance de las políticas públicas ante la gravedad de las condiciones de vida de la mayoría popular, así como frente a las amenazas a las mediaciones institucionales y democráticas que impiden su implementación. Y, en todo caso y dadas las constricciones estructurales, institucionales y socioeconómicas, los distintos sectores sociales evalúan la orientación y el esfuerzo de la representación política y sus vínculos con la sociedad, la credibilidad transformadora de su compromiso sociopolítico y electoral, la generación de nuevas fuerzas sociales y condiciones institucionales para alcanzar esos objetivos de progreso. El incumplimiento por las fuerzas progresistas de ese contrato público es el auténtico hándicap para su consolidación.

Resistencia es un concepto sociopolítico fundamental para las izquierdas. Hace referencia a una situación de conflicto social, con una fuerte presión de los grupos poderosos y las derechas extremas. No es casual que, actualmente, vuelva al debate público, incluso resuene en el ámbito socialista y guíe una parte de su actitud. Son evidentes las estrategias derechistas de acoso político, mediático y judicial contra el Partido Socialista, como ayer lo hicieron contra Podemos y los independentistas. Ante esa ofensiva es necesaria una buena defensiva… pero no solo. Resistencia se opone a pasividad o resignación. Es una actitud activa para impedir un retroceso y, al mismo tiempo, preparar el avance.

Hay un concepto similar, resiliencia, utilizado más en el ámbito económico-productivo y en el vital-familiar, que se ha puesto de moda. Ante situaciones de crisis y adversidades se trata de tener capacidad para remontarlas con los procesos adaptativos necesarios; supone persistir y, al mismo tiempo, considerar los nuevos equilibrios y porfiar en los objetivos emancipadores.

No se trata de justificar el mal menor que, siguiendo a Hanna Arendt, siempre tiene un componente de mal que se suele esconder y, por tanto, es necesario explicitarlo y revertirlo. Frente al mal mayor, y si no hay otra alternativa, siempre es preferible el mal menor. Como decía Walter Benjamín, se trata de una situación trágica en la que lo sustantivo es no embellecerlo y ampliar el marco de lo posible para poder elegir el bien. Mientras tanto, el bien principal a preservar es el compromiso cívico por el cambio de progreso, no la resignación. Las situaciones trágicas, conflictivas y ambivalentes forman parte de la realidad social; no hay escapismo que valga, hay que darles respuesta concreta.

En las pugnas políticas y sociales pueden generarse, en un lenguaje importado de las guerras, dinámicas defensivas y ofensivas, así como conflictivas y colaborativas o, simplemente, treguas. Pero el horizonte progresista todavía se guía por los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad; podríamos añadir laicidad, democracia e interculturalidad.

Hay grandes experiencias históricas, desde las resistencias antifascistas europeas en la preguerra y la segunda guerra mundial, hasta la propia lucha antifranquista, o en los años ochenta en el activismo contra la OTAN y por la paz o frente a las reconversiones industriales salvajes y la precarización laboral y por el giro social. Eran acciones resistentes contra el autoritarismo regresivo que, además, acumulaban capacidades populares por la democracia y las libertades públicas, así como por los derechos sociales y laborales.

Pero hay que recordar la experiencia masiva, especialmente para las generaciones jóvenes, del comienzo de este ciclo sociopolítico progresista, entre los años 2010/2014, en el llamado movimiento 15-M, en un sentido amplio e incorporando las huelgas generales frente a las contrarreformas sociolaborales, y en las mareas sectoriales, como las de enseñanza y sanidad. Tuvieron ese doble componente, contra los recortes sociales y la prepotencia gubernamental y por la justicia social y mayor democracia real. A lo que habría que añadir la cuarta ola feminista, desde 2018, también con esa doble característica: contra la violencia machista y por la libertad sexual y la igualdad por sexo/género.

Pues bien, estas experiencias a través de las que se ha socializado y vertebrado el llamado espacio del cambio de progreso y el propio giro socialista hacia la izquierda de la anterior legislatura, precisamente se han conformado con la combinación de esa doble dinámica estratégica.

La elección de la resistencia no depende solo del propio actor; deriva de una realidad relacional, de una determinada disposición y relación de fuerzas sociales y políticas. Es lógica la preferencia por una situación de armonía y consenso, de dialogo político y argumentación deliberativa, de ausencia de conflicto y de debate solo de proyectos y horizontes a los que buscar apoyos socioelectorales en una competencia equilibrada.

Pero esa visión idílica de la política hace abstracción de las profundas desigualdades de poder y de la estructura social, así como de la voluntad de las fuerzas conservadoras de utilizar todas sus ventajas para mantener sus privilegios. Y la perspectiva en España, Europa y el mundo es al reforzamiento autoritario y regresivo con la prepotencia postdemocrática de las derechas extremas.

Las fuerzas de derechas juegan con ventaja. Tienen detrás el grueso de los grupos de poder económico, mediático, judicial y burocrático estatal, y de seguridad. Las fuerzas progresistas y de izquierda, para contrarrestar ese poder establecido, deben contar con las mayorías ciudadanas a través de su articulación sociopolítica y cultural y la democracia política y social. Es la soberanía popular expresada en el Parlamento.

En ese sentido, les es más fundamental su autoridad moral y su talante democrático y participativo. Es necesaria la ética kantiana, con su imperativo del ‘deber ser’ universalista, aunque se trata, sobre todo, del cambio de comportamientos y relaciones sociales en un sentido igualitario, libre y solidario. Se trata de conectar el presente conflictual con el futuro esperanzador, mediando la combinación de resistencia y progreso. El juicio crítico debe ser sobre la responsabilidad política de la gestión, sobre su trayectoria hacia el bien común.

En definitiva, respecto de la resistencia, el problema que nos encontramos no es su exceso sino su insuficiencia. Adquiere una gran dimensión en los relatos y la polarización discursiva a efectos de legitimación político-electoral frente al bloque de las derechas, confiando que es en ese campo en el que se producen los cambios de mentalidades y actitudes. Pero la propia dirección socialista se va dando cuenta que es insuficiente y debe afrontar lo que viene anunciando y ha rehuido: una completa y profunda regeneración democrática.

La pugna no es solo retórica sino de poder democratizador y transformaciones sustantivas, en particular para el bienestar de las mayorías sociales. Conlleva la confrontación con los resortes de poder fáctico —político, mediático, judicial, económico— que impiden el avance democrático y social, auguran el cierre del ciclo de progreso y la subordinación de las fuerzas de izquierda, así como cuestionan su propia primacía política en un imprescindible bloque progresista, democrático y plurinacional. Resistir para avanzar.