El 14 de mayo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la denuncia por España del Tratado de la Carta de la Energía. De esta forma se materializa una decisión que ya había anunciado el gobierno español en octubre de 2022, a través de una carta dirigida a la Comisión Europea.

El Tratado de la Carta de la Energía es un acuerdo internacional multilateral cuya finalidad es fomentar la inversión extranjera directa en el ámbito energético. Para ello establece ciertas medidas, entre las que se encuentran la protección frente a las expropiaciones directas o indirectas y el establecimiento de mecanismos arbitrales para resolver las controversias entre los estados y los inversores extranjeros.

Las garantías establecidas a favor del capital extranjero han resultado contrarias a la adopción de políticas de protección ambiental. Así, las empresas de carbón alemanas RWE y Uniper reclamaron 2.400 millones de euros al Gobierno holandés en 2021 por los daños y perjuicios que les iba a causar la decisión de dicho gobierno de prohibir la utilización de carbón en 2030. En 2022, Italia fue condenada a pagar 250 millones de euros de indemnización a la petrolera británica Rockhopper por prohibir proyectos petroleros en alta mar frente a sus costas. Y, en noviembre de 2023, la petrolera Klesch Group Holdings Limited reclamó 95 millones de euros a la Unión Europea, Alemania y Dinamarca por los impuestos establecidos por el Reglamento (UE) 2022/1854 para contrarrestar el impacto económico de los altos precios de la energía. Por ello, el 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo acordó que la Unión Europea se retirara del Tratado de la Carta de la Energía.

En el caso de España, las reclamaciones de los inversores extranjeros se han producido por las modificaciones de la regulación de las energías renovables que se produjeron entre 2010 y 2014. Estas reformas disminuían los beneficios obtenidos por las inversiones en energías renovables, pero no eliminaban totalmente la rentabilidad de esas inversiones. Según la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria, hasta el 12 de abril de 2024 se habían presentado cincuenta y dos reclamaciones arbitrales con base en el Tratado sobre la Carta de la Energía por un valor total de 10.640 millones de euros. De esa cantidad, España ha sido condenada al pago de 1.443 millones de euros, quedando pendiente de laudo arbitral reclamaciones por valor de 1.636 euros.

Según el BOE, la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía surtirá efectos para España el 17 de abril de 2025. Sin embargo, las disposiciones del tratado que protegen las inversiones extranjeras se mantienen en vigor veinte años más, hasta el 17 de abril de 2045. Por tanto, las inversiones realizadas antes del 17 de abril de 2025 estarán protegidas por dicho tratado hasta 2045.

El Tratado sobre la Carta de la Energía es uno de los tratados que integran la red mundial de tratados bilaterales y regionales para la protección de la inversión extranjera. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2022 existían en el mundo 2.584 acuerdos internacionales de inversión en vigor (Informe sobre las inversiones en el mundo 2023). En 1998, el Acuerdo Multilateral de Inversiones se frustró por la protesta mundial. En la práctica, a través de esta red mundial de acuerdos de protección de inversiones se han conseguido alcanzar los mismos objetivos que planteaba el Acuerdo Multilateral de Inversiones. El objetivo de este entramado normativo es proteger la propiedad de los medios de producción de las empresas multinacionales a nivel global. España es parte en unos sesenta Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Los acuerdos de protección de inversiones tienen como única finalidad proteger a los inversores extranjeros del riesgo de pérdida de sus inversiones por acciones de los gobiernos de los países receptores de las inversiones. Se establecen garantías frente a las expropiaciones y también frente a aquellas medidas que se consideran de efecto equivalente a una expropiación. Estas últimas son medidas no directamente expropiatorias, pero que causan un daño económico a los inversores. Entre éstas, se podrían incluir las regulaciones orientadas a la protección del medio ambiente o de la salud o las normas que reconozcan más derechos a las personas que trabajan. También se reconoce la repatriación de beneficios, garantizando de esta manera al capital la libertad de desinversión y reforzando la libre circulación de capitales.

Una de las medidas que se establecen para fomentar la inversión extranjera es la posibilidad de que los inversores no nacionales acudan a instancias arbitrales privadas para demandar al estado en el que han invertido, sin tener que acudir a los tribunales nacionales. Así, por ejemplo, se ha demandado por vía arbitral al Gobierno español ante la Cámara de Comercio de Estocolmo por los recortes a las energías renovables. Estas instancias arbitrales son menos favorables a reconocer los intereses públicos que los tribunales estatales. Además, se limitan a aplicar los acuerdos de protección de inversiones que únicamente incluyen garantías en favor de las inversiones extranjeras, sin establecer ninguna medida de protección de los intereses generales. A través de estos acuerdos los estados renuncian a parte de su soberanía para favorecer los intereses del capital internacional.

Este régimen de protección de inversiones dificulta la adopción de medidas de protección medioambiental o de mejora de los derechos laborales. Las instancias arbitrales privadas no pueden anular las decisiones adoptadas por los estados. Pero sí pueden reconocer indemnizaciones de daños y perjuicios milmillonarias. De esta manera, se establece un incentivo perverso, ya que los gobiernos pueden no adoptar determinadas políticas por las posibles indemnizaciones que pueda implicar su adopción. Por todo ello, la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía es una buena noticia. Aunque conviene no olvidar que sigue estando en vigor la red mundial de acuerdos internacionales de protección de inversiones.