El fiscal de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han adoptado decisiones contra Israel y sus dirigentes en relación con las acciones genocidas en Gaza. Estas resoluciones, que ponen de relieve la gravedad del conflicto, llaman la atención sobre la gran pérdida de vidas humanas, las violaciones de derechos humanos y los masivos desplazamientos que han tenido lugar en la región.

Puede causar extrañeza e, incluso, enojo la intrincada naturaleza de unos procedimientos legales que exigen pruebas concretas de genocidio. Esta exigencia de pruebas contrasta fuertemente con las estremecedoras imágenes y reportajes que se emiten a diario en las pantallas de televisión y otros medios de comunicación y que describen la terrible situación que se está viviendo en Gaza.

La disparidad entre la realidad percibida y la necesidad legal de pruebas es una característica inherente al funcionamiento del derecho. Cuando un conflicto se traslada al ámbito jurídico, sufre una transformación significativa para ajustarse a las normas y procedimientos legales, algo así como si se tradujera a otro idioma. Esta traducción jurídica impone su propio conjunto de complejidades y exigencias, que constituyen un peaje que hay que pagar cuando se busca justicia a través del sistema jurídico. El proceso remodela la narración para adaptarla a los requisitos estructurados del derecho, lo que a veces parece ocultar la inmediatez y el impacto emocional de los hechos originales.

Esta situación ilumina el conflicto entre el formalismo jurídico y las demandas urgentes de justicia y rendición de cuentas ante las atrocidades que se siguen cometiendo. Exige un examen crítico para que el derecho internacional sea más receptivo y eficaz a la hora de abordar y hacer cumplir las decisiones sobre cuestiones humanitarias tan graves.

Otra fuente de desconcierto y frustración es la falta de poder coercitivo o de una fuerza institucionalizada capaz de hacer cumplir estas decisiones. El marco jurídico internacional, aunque poderoso en teoría, carece a menudo de los mecanismos necesarios para imponer su voluntad a estados soberanos, especialmente a aquellos con una influencia geopolítica significativa.

Lo que genera más indignación y frustración es la impunidad de que goza Israel, principalmente como consecuencia del apoyo incondicional de Estados Unidos. Esta impunidad se pone claramente de manifiesto en el contexto de las acciones de Israel en Gaza, donde numerosos llamamientos internacionales a la rendición de cuentas se han visto obstaculizados por la postura pro-sionista de Estados Unidos.

El sometimiento de Estados Unidos a los intereses de Israel es un fenómeno complejo impulsado por diversos factores políticos y electorales. En esta relación influyen a menudo consideraciones estratégicas, los esfuerzos de los lobbies y el importante papel de los grupos de defensa pro-Israel en la política estadounidense. En conjunto, estas circunstancias garantizan que la política estadounidense se alinee sistemáticamente con los intereses de Israel, incluso a costa de un consenso internacional más amplio.

En el discurso contemporáneo se habla mucho de la erosión de la soberanía de los estados, que cada vez se ven más subordinados a las decisiones de las organizaciones internacionales. La «responsabilidad de proteger» reconocida por el Derecho internacional a principios del siglo XXI, ha conferido, incluso, poder a la ONU y a su Consejo de Seguridad para intervenir en los asuntos internos de los estados.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Desde el punto de vista material, los estados están perdiendo parte de su poder de decisión debido, fundamentalmente, a las características de la globalización económica. Y, desde el punto de vista formal, existe una marcada disparidad entre los estados, que se pone especialmente de manifiesto en el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estos cinco estados —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— disfrutan de una posición soberana exclusiva dentro del orden jurídico internacional. Su poder de veto les protege eficazmente de cualquier acción coercitiva de la ONU, permitiéndoles bloquear las resoluciones del Consejo que puedan contradecir sus intereses nacionales. Este mecanismo garantiza que estos estados conserven un nivel de soberanía y autonomía sin parangón en otras naciones.

La impunidad de Israel, por tanto, es en gran medida resultado del ejercicio por parte de Estados Unidos de su poder de veto. Al bloquear cualquier resolución del Consejo de Seguridad que pudiera imponer sanciones u otras medidas contra Israel, Estados Unidos se asegura de que su aliado permanezca fuera del alcance de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Esta dinámica perpetúa un sentimiento de frustración e injusticia, ya que pone de relieve la desigual aplicación del derecho internacional y el persistente doble rasero que favorece a los estados poderosos y a sus aliados.

A pesar de las debilidades de la ONU, el reconocimiento pleno del Estado palestino como miembro de esta organización global serviría de importante elemento jurídico disuasorio contra las agresiones israelíes. Dicho reconocimiento alteraría fundamentalmente la dinámica del conflicto palestino-israelí, creando un nuevo marco en el que operaría el derecho internacional. Representaría un paso crucial hacia la aplicación de la solución de los dos estados, una visión que pretende establecer dos naciones soberanas que puedan coexistir.

Este reconocimiento supondría también un golpe sustancial contra el sionismo que reclama como suya la totalidad de la tierra que comprendía la antigua Palestina durante el Imperio romano (hay que recordar al respecto que antisionismo no es lo mismo que antisemitismo u odio a los judíos). Reconocer a Palestina como Estado soberano pondría en entredicho estas reivindicaciones territoriales y subrayaría el compromiso internacional con una resolución relativamente justa del conflicto.

La aplicación de la solución de los dos estados significaría que cualquier intervención militar israelí en los territorios palestinos dejaría de considerarse un asunto interno para convertirse en un acto de guerra contra un Estado soberano reconocido. Este cambio tendría profundas implicaciones jurídicas y políticas. Daría lugar a una reevaluación de la forma en que la comunidad internacional percibe y aborda estas intervenciones. Bajo este nuevo marco, las violaciones de la soberanía palestina podrían provocar la adopción de sanciones e intervenciones internacionales, como cualquier otro conflicto entre naciones soberanas.

Además, el reconocimiento de Palestina daría poder a los dirigentes y al pueblo palestino, proporcionándoles una plataforma más sólida desde la que hacer valer sus derechos y buscar reparación a través de los mecanismos jurídicos internacionales. Aumentaría su capacidad para entablar negociaciones diplomáticas en pie de igualdad, promoviendo un diálogo más equilibrado entre las partes.

Desde otra perspectiva, las recientes decisiones adoptadas por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel ponen de relieve un aspecto significativo del ámbito jurídico que a menudo se pasa por alto, sobre todo por el público en general: la fuerza simbólica de la ley. A pesar de la falta de poder coercitivo para hacer cumplir estas decisiones, los dirigentes israelíes no han podido limitarse a hacer oídos sordos. Por el contrario, se han visto obligados a responder (al menos retóricamente) a estas decisiones internacionales.

La necesidad de responder deriva del reconocimiento del descrédito internacional y de las consecuencias diplomáticas que acompañan a estas decisiones. Ignorarlas por completo podría empañar aún más la posición mundial de Israel e influir en la conducta de otros estados en relación con el genocidio perpetrado por el ejército israelí en Gaza.

Los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial a la hora de amplificar el impacto de estas decisiones. Al colocar dichas resoluciones en la página de portada y escribir artículos de opinión sobre el tema, los medios de comunicación han aumentado la concienciación y el escrutinio público. Esta resonancia mediática no sólo aumenta la presión sobre Israel, sino también sobre los estados que han apoyado sus acciones militares y le han suministrado armas.

El poder simbólico del derecho internacional reside, por tanto, en su capacidad para moldear las percepciones globales y las relaciones diplomáticas. Incluso sin mecanismos de aplicación directa, la condena jurídica de las acciones en Gaza influye en el discurso internacional y puede tener importantes repercusiones políticas y económicas. Los estados que apoyan o arman a Israel pueden verse sometidos a un mayor escrutinio y presión para que reconsideren sus posiciones.

Estas resoluciones han reforzado significativamente a los movimientos que se oponen a las acciones del ejército israelí. Sirven de refuerzo a los diversos grupos e instituciones que han protestado enérgicamente contra lo que consideran acciones de exterminio por parte de las fuerzas armadas de Israel en Gaza.

Los estudiantes, en particular, han estado a la vanguardia de estas protestas, condenando las acciones de los sionistas. Los pronunciamientos de los organismos internacionales han amplificado su capacidad de presión sobre los gobiernos, especialmente en Estados Unidos. Las protestas estudiantiles se caracterizan por un discurso directo y apasionado, basado en las crudas realidades del conflicto y en las intensas emociones que estas realidades evocan.

La población en general, que es testigo de estas protestas, puede percibir ahora el discurso de los manifestantes como más legítimo, dado el apoyo de instituciones internacionales respetadas. Aunque es previsible que la mayoría no se una activamente a las protestas, muchas personas pueden empezar a cambiar sus perspectivas. Este cambio en la opinión pública es crucial, ya que las encuestas de opinión —un barómetro al que los líderes políticos prestan una gran atención— empezarán a reflejar esta actitud cambiante entre los ciudadanos.

A medida que se modifique la opinión pública, los líderes políticos inevitablemente tomarán nota. Los sondeos de opinión que indican un creciente descontento con el apoyo gubernamental a las acciones israelíes pueden crear una nueva fuente de presión para los gobiernos estatales. Esta dinámica puede conducir potencialmente a una reevaluación de las políticas y a cambios en la forma en que estos gobiernos se comprometen con la situación en Gaza.

En esencia, las decisiones internacionales contra Israel no sólo validan las protestas, sino que también sirven de catalizador para un compromiso público más amplio y para presionar a los gobiernos. La interacción entre los pronunciamientos jurídicos internacionales y los movimientos de base subraya el complejo impacto de las decisiones jurídicas a la hora de abordar cuestiones globales complejas.

En definitiva, esta situación pone de relieve la influencia polifacética del derecho internacional. No es sólo una herramienta de intervención directa en algunos casos, sino también un poderoso instrumento para configurar las normas y expectativas mundiales. Las decisiones contra Israel sirven para recordar que la fuerza simbólica del derecho puede provocar respuestas y cambios de comportamiento, impulsados por el contexto más amplio de la opinión internacional y las relaciones diplomáticas.