(El pasado día 20 de febrero un grupo de representantes de Rebelión Científica se reunía en el Congreso de los Diputados con representantes políticos españoles. Este es el texto que les entregaron y que han cedido a 15/15\15 para su publicación. En el programa de radio Vivirmos nun mundo finito se puede escuchar una entrevista acerca de aquel encuentro.)

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(Comunicado de Rebelión Científica a todos los grupos parlamentarios)

Se nos acaba el tiempo. Las corrientes oceánicas están al borde del colapso. El Amazonas está al borde del colapso. El sistema climático en su conjunto está al borde del colapso. Estamos al borde de transitar cinco puntos de no retorno (tipping points). En palabras de Tim Lenton, del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter, estos: «pueden desencadenar devastadores efectos dominó, como la pérdida de ecosistemas enteros y de la capacidad de producir cultivos básicos, con repercusiones sociales que incluyen desplazamientos masivos, inestabilidad política y colapso financiero.» (The Guardian, 6/12/23). Un estudio reciente sobre el estado de la circulación termohalina en el Atlántico norte advierte que, de continuar con el ritmo de emisiones actuales, esta corriente colapsará en cualquier momento del siglo XXI, lo que desencadenaría una drástica caída de las temperaturas, y sumiría progresivamente a Europa en una nueva edad de hielo (fuente: Van Westen et al., “Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course”, Science Advances, publicado el 9 de febrero de 2024).

Pero estar al borde de algo significa estar a tiempo de actuar. Aunque llevamos décadas de retraso, todavía podemos cambiar la hoja de ruta en materia de mitigación, adaptación y justicia climática. Podemos reducir las emisiones, proteger la biodiversidad y avanzar hacia sociedades sostenibles y justas; frenar el expolio del Sur Global; proteger a seres queridos, amigos y familiares, nacidos y por nacer. Podemos proteger al conjunto de las especies vivas que habitan el territorio y sus paisajes. Pero para ello debemos escuchar y mirar de frente a lo que la comunidad científica internacional está advirtiendo: si no tomamos medidas drásticas, todo lo que amamos estará en peligro.

Frente a esta amenaza, las protestas climáticas se han convertido en un fenómeno global, y la represión a las protestas en todo el mundo, una estrategia cortoplacista para acallar lo que cada año es más evidente: 1.º) Que debemos abandonar urgentemente la explotación y la financiación de combustibles fósiles, o los efectos del calentamiento climático provocarán que crucemos puntos de no retorno (varios de ellos ya han sido superados); 2.º) que la transición justa exige la distribución de la riqueza entre el Norte y el Sur Global mediante la condonación de la deuda económica por la deuda climática o mediante nuevos mecanismos de compensación; 3.º) que la transición justa y efectiva exige desplegar nuevas formas de participación democrática, como las Asambleas Ciudadanas por el Clima, para maximizar la aceptación social a los cambios, evitar las derivas antidemocráticas de los países del Norte Global y minimizar la interferencia de los lobbies. Estas son las tres demandas del movimiento Rebelión Científica. Las tres demandas por las que hemos hecho y seguiremos haciendo actos de desobediencia pacífica, porque quedarnos documentando la destrucción acelerada de los ecosistemas ha dejado de ser una opción.

Sin embargo, la creciente represión de acciones de desobediencia civil frente a la emergencia climática ya es un signo de época: el hostigamiento y violencia que sufren personas y colectivos comprometidos con la defensa de nuestra casa común, el planeta Tierra, es una práctica que se expande por todo el mundo. En palabras de Michel Forst, relator especial de la ONU para los defensores del medio ambiente: “En América Latina, en algunos lugares de África y en Filipinas los defensores del medio ambiente son directamente asesinados. Cada dos días se denuncia el asesinato de un activista climático. También hay personas que son secuestradas y desaparecen para siempre”. En este contexto, subraya Michel Forst: “Cada vez más políticos tratan como ‘ecoterroristas’ a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil” (El País, 5/6/23).

En Europa, la criminalización del activismo y de la protesta en defensa de la Tierra se ha reforzado durante los últimos años. El 21 de junio de 2023, el consejo de ministros francés ordenó la disolución del movimiento ecosocial Les Soulèvements de la Terre. La policía alemana ha llevado a cabo registros en domicilios relacionados con el colectivo climático Letzte Generation, congeló las cuentas de la organización y cerró su sitio web. En Inglaterra, la secretaria de Interior Suella Braverman prometió “mano dura” contra el activismo ambiental: “Más de mil activistas fueron detenidos y al menos 100 resultaron encarcelados en el último año, principalmente en acciones de Just Stop Oil”. (El Mundo, 16/1/23). En España, La Fiscalía ha pedido 21 meses de prisión a las personas de Rebelión Científica por la acción de desobediencia en el Congreso de los Diputados el día 6 de abril de 2022. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un serio retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta durante los últimos ocho años como consecuencia de varios factores: la reforma del Código Penal, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), el aumento del poder discrecional de decisión de la policía en el marco del derecho a la manifestación pacífica, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o de proyectiles foam, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial o las contradenuncias de policías contra manifestantes que denuncian abusos. Todo ello, en un país con signos evidentes de desertificación dentro del cual el sector primario enfrenta simultáneamente la competencia derivada de los tratados ecocidas de libre comercio, la injusticia distributiva de subvenciones y los efectos del cambio climático.

Atendiendo a esta doble tendencia de agravamiento de la crisis ecosocial y del deterioro acelerado del derecho a la protesta, pedimos a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso que escuchen las advertencias de la comunidad científica internacional, que avancen urgentemente en la elaboración de un Pacto de Estado Ecológico frente a la emergencia climática, y que luchen contra la criminalización del derecho a la protesta. Debemos cooperar para reducir el daño que la persecución del crecimiento ilimitado provoca en el planeta Tierra. Porque no es posible el crecimiento infinito en un planeta finito, la senda actual nos aboca a la catástrofe civilizatoria: necesitamos reducir de forma drástica el uso de materiales y energía por parte de sectores no esenciales, democratizar la transición y abrir un diálogo permanente entre la sociedad civil y la comunidad científica. Solo mediante la cooperación y la solidaridad podremos construir un sendero de esperanza.

[Fuente: 15/15\15. Firmado: Alberto Coronel Tarancón, Verónica López Rodríguez, Carmen Madorrán Ayerra, Mar Nácher Escarti y Jorge Riechmann Fernández en representación del movimiento Rebelión Científica España]