I. Un ajuste previsible

Se acabó la fiesta. Pedro Sánchez y Nadia Calviño han culminado su paso triunfal por Europa con la aprobación de dos acuerdos históricos: la canallada del pacto migratorio y el nuevo plan presupuestario, que supone la liquidación de las políticas expansivas que se justificaron por el impacto de la COVID.

Aunque no se trata del ajuste duro que se planteó en 2010, al menos de momento, el nuevo pacto constituye una vuelta a la ortodoxia y la rigidez que emana del Acuerdo de Maastricht. Vuelve el techo de déficit del 3% sobre el PIB, y de deuda del 60% sobre el PIB. Y se anuncia que se forzará a que los estados incumplidores realicen esfuerzos para volver al redil. Aunque el texto es farragoso, y nos podemos equivocar en una lectura superficial, todo apunta a que el punto donde se va a centrar la presión es el déficit. Seguramente porque, dado el nivel de endeudamiento de muchos estados, lo de aproximarse al 60% de deuda es una entelequia. Seis países tienen niveles de deuda superiores al 100% del PIB. Por orden: Grecia 168%, Italia 143%, Francia 120%, Portugal 108%, España 107% y Bélgica 106% (por encima del 70% se encuentran, además, Chipre, Austria y Finlandia, y la misma Alemania está ligeramente por encima del 60%). A destacar que entre los más endeudados figuran los países del sur de Europa, a los que se obligó a realizar un duro ajuste en 2010-2012, el cual no sirvió más que para incrementar su endeudamiento. Por lo que respecta al déficit, en 2022 11 países superaban el valor de referencia del 3%, con Italia a la cabeza (8%), seguida de Rumanía, Hungría, Malta, Francia, España (4,7%), Letonia, Polonia, Bélgica, Austria y República Checa. A destacar que países muy endeudados, como Grecia, presentaban un nivel de déficit que entra en el canon ortodoxo. Dados estos resultados, la política aprobada puede generar una situación de ajustes bastante dura en diversos países y, dado el grado de integración de la economía europea, el efecto global puede ser importante.

La nueva llamada a la austeridad era algo previsible, dado el marco institucional de la Unión Europea. De hecho, había sido anticipada por la política monetaria del Banco Central Europeo, con una política antiinflacionista orientada a frenar la economía en base a aumentos desmesurados de los tipos de interés. Aumentos que han beneficiado al sector bancario que goza de una situación inaceptable de privilegio. Una vez más, la presión de Alemania, el país nuclear en la UE, atrapado desde hace años en la cultura de la austeridad y en la desconfianza de sus socios del Sur de Europa, se ha impuesto. Aunque queda por ver en qué medida la experiencia de la crisis pasada y los mecanismos de flexibilidad introducidos en el nuevo acuerdo minimizan el impacto.

En todo caso, es obvio que el actual modelo, basado en la combinación de instituciones ancladas en una ortodoxia neoliberal y una visión competitiva de la relación entre estados, no hace más que prolongar los problemas. Y es absolutamente ineficaz a la hora de avanzar en una transformación del conjunto europeo a la altura de la crisis ecológica y social. El caso alemán resulta paradigmático, pues su rigidez institucional está generando una incapacidad de llevar a cabo inversiones que transformen el viejo modelo productivo. Si a los problemas de diseño institucional añadimos el peso, o la capacidad de influencia, que tienen los grandes grupos de presión empresarial sobre las instituciones europeas —como ha vuelto a mostrar recientemente la frustrada prohibición del glifosato— resulta obvio que seguimos encadenados en un marco económico obsoleto, injusto e incapaz de alterar el rumbo hacia la economía justa y ecológica que predica su propaganda.

II. ¿Ajuste a la española?

Que España estará forzada a practicar un ajuste parece evidente, dados sus niveles de déficit público y endeudamiento. Y dado el limitado papel que tiene España para imponer sus propuestas en el marco europeo. Un ajuste puede producirse de diversas formas. Básicamente, aumentando ingresos (impuestos) o reduciendo gastos. En ambos casos, además, el impacto social depende del tipo de impuestos que aumentan y de los gastos que se recortan. Lo vimos en la crisis del 2010 cuando el grueso del ajuste se centró en gastos básicos (sanidad, educación, políticas de empleo, políticas de I+D), sus efectos sociales fueron brutales y, además, hubo un impacto global negativo con una segunda recesión en 2012 y un aumento de la deuda global.

Visto lo negativo de la experiencia anterior hay razones para exigir que, si ha de haber un ajuste, este se dé por otras vías: aumento de impuestos a las rentas más altas y a las empresas y recortes en partidas socialmente prescindibles. En lo primero en que uno piensa es en defensa, pero en el actual contexto tocar esta partida exigiría una masiva movilización pacifista que, sinceramente, dudo que pueda plantearse. Casi siempre se nos ocurre el gasto de la Corona o el de la burocracia estatal. El problema con el primero es que, a pesar de su carácter impresentable en términos absolutos, es un gasto menor. Y con la burocracia, hay casi siempre mucha demagogia y es un terreno resbaladizo en un país donde existe un claro déficit de personal, no sólo en servicios como la sanidad o la educación, sino también en todos los organismos creados para controlar los excesos del capital privado (inspección de trabajo, de Hacienda, etc.). Donde sí puede recortarse es en las macroinversiones en infraestructuras, tan del agrado en el país (y tan beneficiosas para el club de las siete grandes constructoras), aunque tras la crisis anterior su importancia presupuestaria es menor. La única vía posible, por tanto, es jugar fuerte por una reforma fiscal progresiva que sirva a la vez para mejorar la financiación de los servicios públicos necesarios y reduzca las rentas parasitarias que tanta riqueza generan para las élites locales.

Hasta que no se presente el presupuesto no conoceremos la profundidad y la orientación del ajuste. De momento, el único avance serio lo constituye el decreto de mantenimiento de medidas para paliar la inflación, que apunta a un ajuste moderado. Quizás porque la gente de Sumar ha sabido ejercer alguna presión y no era el momento más adecuado para plantear la batalla. El presupuesto es otra cosa, pues exige unos apoyos de sectores de la derecha (PNV y Junts) que difícilmente aceptarán una propuesta de reforma fiscal progresista. Hay una endiablada correlación de fuerzas y habrá que combinar movilizaciones sociales y propuestas bien definidas para evitar que, cuando menos, no vuelva a generarse una nueva debacle social.

La coyuntura actual plantea un importante reto a la estrategia del Gobierno “progresista” en general y de Sumar en particular. Hasta ahora esta ha consistido en incluir una serie de mejoras sociales moderadas, bajo el paraguas de las medidas anticrisis y de la excepcionalidad europea impuesta por la COVID. Políticas que han significado algunos avances sociales, pero que no han laminado el enorme poder económico de las clases dirigentes ni avanzado crucialmente en el terreno de la transformación ecológica. No ha habido ningún cambio significativo en el control del poder financiero, de los grandes oligopolios —el anuncio de rebajas fiscales a las energéticas a cambio de inversiones es significativo—, ni de cuestiones tan esenciales como la vivienda. Ahora, con un contexto más negativo, las posibilidades de avances son aún menores. Y por ello va a ser necesario seleccionar bien las batallas para conseguir que lo que ahora es un contexto amenazante pueda abrir algunas esperanzas en una necesaria transformación social.