Hace mes y medio, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que depende del Ministerio de Trabajo, publicó el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el último cuatrimestre de 2023. Es una lista de profesiones que, al no poderse cubrir por la vía de los servicios de empleo por falta de aspirantes, posibilita la contratación de personas extranjeras que desde el principio contarán con permiso de residencia y trabajo. En la lista no hay ni rastro de las ocupaciones que se realizan mediante empleo de hogar: tareas domésticas, y muy especialmente cuidado de personas mayores y menores. Las ocupaciones que aparecen en el catálogo son tales como montadores de carpintería metálica, instaladores, electricistas, conductores de grúa… y se nombran en masculino. En este caso, el lenguaje se limita a reflejar la realidad: están buscando hombres.

Es sabido que un porcentaje muy alto de los puestos de trabajo de cuidado en casa está cubierto con trabajadoras en situación irregular. El año 2022, según la estadística de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH) para Bizkaia, un tercio de las trabajadoras que cuidaban en régimen interno no tenía papeles; por tanto, la exclusión del sector de la lista es una decisión política. No son pocas, no es un fenómeno marginal. No cabe el despiste.

Hasta julio de 2022, las trabajadoras podían solicitar su regularización por la vía del “arraigo laboral”, para el que bastaba el demostrar que se había trabajado seis meses, presentando una sentencia o un acuerdo judicial derivado de una reclamación de despido o por salarios adeudados. En algunos territorios, Gipuzkoa por ejemplo, no hacía falta siquiera llegar al Juzgado, bastaba con un acuerdo en el servicio de conciliación laboral del Departamento de Trabajo.

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería de julio de 2022 elimina esta vía: la novedad es que hará falta siempre la intervención de la Inspección de Trabajo, que sancionará a la parte empleadora con una multa de 10.001 euros, a lo que se le sumará el dinero que hubiese tenido que pagar si la trabajadora hubiese estado de alta en la Seguridad Social (lo que no era posible al estar en situación irregular). La Inspección no interviene si la trabajadora ha reclamado sus derechos en el juzgado. Así que primero irá al juzgado y una vez tenga sentencia denunciará. De esta forma, la intervención obligatoria de Inspección dilatará un proceso que antes ya era largo y además dificultará que la parte empleadora reconozca que hubo relación laboral, teniendo en cuenta la sanción que se le va a imponer.

Una vez conseguidos todos los documentos, esta regularización habrá que pedirla a Madrid, cuando antes de la reforma se pedía en cada territorio. Los derechos se pueden recortar con métodos sutiles, como por ejemplo creando cuellos de botella que hagan inviable su ejercicio.

Queda el plan b, el más utilizado, que es conseguir papeles por arraigo social: tres años de estancia y una oferta de trabajo. También se obtienen papeles desde el trabajo externo, pero me referiré a lo que más vemos en ATH, que es lo que ocurre en el interno. Entre quienes están en situación irregular, el 62,5% tienen una jornada superior a las 71 horas semanales, y el 40% no llega a cobrar ni siquiera el salario mínimo para las 40 horas. El porcentaje de quienes ni disfrutan ni cobran festivos es 28 puntos superior entre quienes no tienen papeles.

Mirando el asunto desde el ángulo de quienes contratan trabajo interno, con y sin papeles: la mayoría son personas en situación de dependencia por edad avanzada o enfermedades propias de la ancianidad, el 37% necesita atención nocturna dos o más veces cada noche, en el 87% de los casos viven solas, y la mayoría son mujeres. En muchos casos, la trabajadora que atiende no tiene formación para hacerlo, lo que es lesivo para ambas partes.

No se ha conseguido que el Gobierno Vasco haga un estudio específico sobre las necesidades que se cubren con empleo de hogar, y eso también fue una decisión política frente a la resolución del parlamento vasco de 2017 que le instaba a hacerlo. No se negaron, simplemente no financiaron el estudio en cuantía suficiente. Otra de sabotajes sutiles.

Porque el núcleo del problema está aquí, en qué necesidades cubren. Familias unipersonales en la vejez, esperanza de vida prolongada que se acompaña, en el mejor de los casos, de una decadencia física y mental que acaba impidiendo la vida autónoma, un diseño de sociedad en todos los terrenos que no cuenta con la situación y puede permitirse el lujo de ignorarla a costa de la dedicación de, entre otras mujeres, las trabajadoras de hogar. La atención remunerada en casa día y noche todos los días de la semana, sencillamente, no hay quien la pueda pagar.

A partir de esto, las que están en situación irregular y peores condiciones son un recurso fácil con el que se cuenta para cuidar; la extrema dificultad que se les pone para que puedan hacer suyos los pocos derechos que la ley dice reconocerles es un ejercicio de enorme cinismo. No es verdad que interese su regularidad. Pero es que, sin o con papeles, migradas o autóctonas, la solución al cuidado en casa no puede ser el contrato de hogar.

[Fuente: El Salto]