El otro día, unos jubilados en un autobús de un barrio del sur de Madrid comentaban: “Pedro Sánchez es más malo que la grama, nos quiere dejar sin vacaciones con lo de las elecciones”. Da igual que sean jubilados y que en 2023 les hayan subido la pensión un 8,5%, frente al 0,25% que se las subía Rajoy. La campaña de demonización de la derecha contra él y el Gobierno de coalición ha calado, aunque sea muy injusta. Es lo que tiene la brocha gorda en política cuando actúa sobre las emociones y se repite machaconamente desde muchos medios.

Por otro lado, sigue habiendo un clima de confrontación interna en la izquierda. Desde los ataques de la vieja guardia felipista del PSOE a Pedro Sánchez, a la campaña contra Sumar y Yolanda Díaz con un supuesto fuego amigo. Si no se supera la agresividad, la pasividad y hay un cambio de actitud y de implicación en la campaña, la desmoralización y la derrota está servida. Luego dará igual echarse la culpa unos a otros porque todos la tendrán. Y atención, mientras que las victorias tienen muchas madres, las derrotas no tienen ninguna y sobre ellas es difícil construir.

Los dos hechos comentados indican una mayor movilización de la derecha y una desmovilización de la izquierda. Y con ello nos estamos jugando que haya tras el 23 de julio un Gobierno progresista o reaccionario y lo que la derecha, a falta de programa, llama, la “derogación del sanchismo”, que no es otra cosa que hacer tabla rasa de los avances sociales y en libertades. Así las cosas, es comprensible la preocupación e incluso el miedo de muchas personas. Veamos a qué obedece.

El acuerdo del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, reflejado en un pacto de 50 puntos, es la manifestación más clara de por dónde van las malas intenciones. Acuerdan ir contra la igualdad entre hombres y mujeres: la negación de la violencia de género y machista y su sustitución por “violencia intrafamiliar” (punto 32). Contra la memoria histórica: la “libertad de memoria” (punto 2) que no es otra cosa que tergiversar la historia con un revisionismo que niega los crímenes del franquismo. Contra el cambio climático por omisión y mala gestión de recursos: ni una palabra de descarbonización, solo de cómo seguir expoliando el agua (puntos 21 y 22) impulsando la ampliación de los regadíos y los trasvases, como el del Tajo-Segura. Persecución de inmigrantes (punto 48). La redistribución a favor de los ricos (punto 9) suprimiendo los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. El ataque a la educación pública (puntos 27, 28, 29 y 32) con la privatización disfrazada de libertad de elección y de cheques escolares y el veto parental.

Hay que decir que muchas de estas propuestas van en contra de los derechos humanos, de la Constitución española y pueden tener consecuencias terribles. Negar la violencia machista, es un crimen. Oponerse a la lucha contra el cambio climático, produce víctimas. Desmantelar servicios públicos como la sanidad, mata. Y si se debilita la educación pública, crece la segregación, el clasismo y la desigualdad. Si se deterioran los servicios públicos se atenta contra los derechos de ciudadanía. Apostar por el silencio y el olvido sobre la memoria histórica es justificar los crímenes franquistas y el holocausto español del que investigó Paul Preston. La situación es grave, pero la complicidad en la banalización de la ultraderecha es continua: en una radio se vendía el pacto de Valencia del PP con Vox con el argumento de que la ultraderecha “no se come a los niños”.

Detrás está la agenda oculta que entronca con la guerra cultural que libran las derechas ultras. Ya han empezado con acuerdos PP-Vox en ayuntamientos importantes para cerrar el carril bici o liquidar las concejalías de Igualdad. Se han puesto a la piqueta con tanto afán, que en Europa están preocupados por la deriva que produce la presencia de Vox en los gobiernos y los retrocesos en feminismo, LGTBI, etc. Ello está afectando a nuestro prestigio internacional. Pero es importante tener claro que las derechas ultras son tan negacionistas en temas de derechos y libertades fundamentales como sumisos ante un capitalismo despiadado para defender sus privilegios. Hasta el punto de utilizar los símbolos y emociones como cortina de humo para disfrazar sus propuestas de una fiscalidad a favor de los ricos, el desmontaje del Estado de Bienestar, o la sobreexplotación laboral.

La estrategia del PP es muy elemental: pactar con Vox, intentando que se note poco, plantear las elecciones en términos de plebiscito contra Pedro Sánchez, y “derogar el sanchismo”. ¿Quieren derogar todas las medidas progresistas aprobadas por el Gobierno de coalición y el Parlamento? Eso parece. Se estarían refiriendo a las leyes de eutanasia, de protección a la infancia, del aborto, del solo Sí es Sí frente a la violencia machista, de transición ecológica, de Memoria Democrática, de Vivienda, riders, Trans, bienestar animal, la LOMLOE; la reforma laboral, la derogación del despido por bajas médicas, la supresión del delito contra los piquetes de huelga; la subida de las pensiones con el IPC, el aumento del SMI; la creación del ingreso mínimo vital; los ERTES y sus prorrogas para evitar oleadas de despidos; los escudos sociales durante la pandemia; los decretos anticrisis por la guerra de Ucrania (ayuda a carburantes, congelación alquileres, bono social eléctrico, ayudas a pymes y autónomos…); el tope al gas, etc. Una reaccionaria barbaridad.

Tenemos que creer que podemos ganar las elecciones el 23 de julio. Un buen ejercicio es recordar los avances sociales, económicos y en materia de libertades conseguidos por la acción del Gobierno de coalición del PSOE y UP en la última legislatura. También hay que poner en valor la existencia del propio Gobierno de coalición y los acuerdos con la izquierda periférica, algo impensable en otros tiempos y por lo que no deja de resoplar la vieja guardia felipista.

Por último, hay que resaltar el excepcional acuerdo alcanzado en torno a Sumar por quince fuerzas políticas de izquierda. Acuerdo muy complicado y por ello de difícil satisfacción para todos. Los dos objetivos que tiene son: agrupar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE optimizando el voto después de una serie de retrocesos e intentar frenar un Gobierno PP-Vox. No es un tema menor, porque si Sumar logra la medalla de bronce, la tercera posición en una serie de provincias, podría reeditarse el Gobierno de coalición para frenar a las derechas ultras. Son números, son posibilidades, es el momento de pasar de pantalla y apostar a tope por ello de manera activa.

Lo decía José Saramago: “Hay que dar un sentido real a la democracia, y a la vez repensar el tema de los derechos humanos porque sin democracia no hay derechos humanos, pero sin derechos humanos tampoco hay democracia”. Exigir hoy el respeto a los derechos humanos es defendernos a nosotros mismos frente a un gobierno que estaría trufado de criptofascistas. Por ello, es evidente que lo que está en juego el 23 de julio es democracia o PP y Vox. Votemos y luego habrá que construir una izquierda democrática, plural y ojalá que fraterna.

[Fuente: Público]