No cabe duda de que el cambio climático antropogénico es hoy una realidad incontestable. Una realidad que, si no lo es ya, se convertirá en los próximos años en el mayor desafío reconocido que haya tenido jamás la humanidad. El deshielo de los casquetes polares y zonas frías del planeta, la subida del nivel del mar y eventos meteorológicos extremos como los ciclones, las inundaciones, las sequías o las olas de calor son fenómenos cada vez más frecuentes que arrojan cada año miles de pérdidas humanas en todo el mundo y constituyen ya la principal causa mundial de nuevos desplazados forzosos dentro de los países.

Buena parte de los debates de la COP27, recientemente finalizada, se han centrado en determinar quién asume y cómo se reparten los costes de financiación de los impactos del cambio climático en los países más pobres. Esto es, el debate de fondo de esta Cumbre ha tratado las diversas desigualdades existentes en torno al cambio climático y cómo manejarlas en términos políticos: las responsabilidades históricas diferenciadas de los distintos territorios y modos de vida en la desestabilización del clima, los impactos desiguales geográfica y socialmente que el cambio climático ya está causando y la responsabilidad moral y política de apoyar a los países más frágiles para que eviten basar su desarrollo en los combustibles fósiles. Pese a los compromisos anteriores, y a falta de ver acciones futuras, los países ricos muestran poca predisposición a asumir la factura del cambio climático, y el fondo de 100.000 millones creado a tal efecto en la Cumbre de París sigue prácticamente vacío. Las desigualdades frente al cambio climático constituyen, por tanto, un tema central de nuestro presente.

La importancia de rescatar el relato político de la injusticia climática

Existe un mensaje profundamente extendido entre la sociedad y los medios de comunicación que invita a pensar que el problema del cambio climático es cosa de todos, y que todos debemos aportar nuestro granito de arena para tratar de resolverlo. Este planteamiento, sin embargo, resulta algo engañoso, pues lo cierto es que no todos somos igualmente responsables del cambio del clima en nuestro planeta y no todos sufrimos ni sufriremos por igual sus consecuencias. Las causas y efectos del cambio climático antropogénico están atravesadas por multitud de desigualdades que articulan lo que se ha venido a llamar injusticia climática, según la cual son las personas más pobres y los grupos sociales más marginados y discriminados los principales damnificados por los problemas ambientales y eventos extremos derivados de una alteración climática cuya responsabilidad principal se halla en el modo de vida de los más ricos, en el plano micro, y en las grandes estructuras de poder del capitalismo (que funciona a base de cargar sobre otros grupos y territorios los costes del sistema productivo), en el plano macro.

Son, por lo tanto, estos grupos de riqueza y de poder quienes en el fondo acaparan el grueso de la violencia estructural que la atmósfera de la Tierra está sufriendo, y cuyas consecuencias afectan tanto a los ecosistemas y la biodiversidad del planeta como a las personas más pobres y vulnerables que sobre él habitan (aunque al final nos alcanza o alcanzará a todos y todas). Así, a día de hoy probablemente cabría extender la noción de violencia estructural popularizada en 1969 por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung —referida a aquel tipo de violencia que, siendo infligida de forma difusa e indirecta por las estructuras dominantes de poder, tiene efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar y libertad de otras personas o grupos sociales— a la idea de violencia climática, referida, específicamente, a esa forma difusa de violencia que es ejercida sobre el sistema climático global por las personas, grupos y sectores más contaminantes de la sociedad, que son quienes acumulan, como es sabido, la mayor parte de la responsabilidad del cambio climático en curso.

Siguiendo el rastro de las emisiones

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que constituyen la causa principal del calentamiento global, muestran enormes diferencias entre ricos y pobres, ya se trate de países o de grupos sociales. Según han concluido dos estudios recientes, publicados ambos en la prestigiosa revista Nature Sustainability, son los países más ricos y con mayores niveles de consumo, así como las personas y clases sociales más adineradas, quienes acaparan el grueso de la responsabilidad ligada al problema del cambio climático. Solo el 10% más rico de la población mundial es responsable aproximadamente del 48% de las emisiones globales de CO₂. Por su parte, la huella de carbono del 1% más rico del mundo —que constituye un grupo de personas que cabría holgadamente en un autocar de medianas dimensiones— es unas 80 veces mayor que la huella conjunta de los 4.000 millones de personas más pobres del planeta. Son por tanto las clases más acomodadas de las naciones enriquecidas, así como las elites más pudientes de algunos países emergentes y pobres, las que a través de un consumo excesivo de energía y materiales acumulan la mayor parte de la responsabilidad del cambio climático.

Pero no solo las causas del cambio climático están sujetas a fuertes desigualdades. Si atendemos a sus consecuencias vemos cómo, nuevamente, afloran notorias injusticias, pues son principalmente las personas más pobres de los países del Sur las que, pese a apenas haber contribuido a ello, más sufren y sufrirán la subida del nivel del mar, las sequías, los ciclones, las olas de calor o las inundaciones asociadas a la alteración antropogénica del clima global. Cabe señalar, además, que junto al nivel de riqueza existen otros vectores de desigualdad que con frecuencia afloran ante los damnificados de los eventos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, como las desigualdades raciales y de género. Existe constancia de cómo en las últimas décadas este tipo de eventos severos ha golpeado con especial virulencia a las comunidades marginadas y de bajos ingresos, a los grupos raciales segregados y, dentro de todos ellos, a las mujeres y a la infancia. Basta con ver lo que sucedió en EE. UU. —el país más rico del mundo— durante el huracán Katrina que arrasó Nueva Orleans en 2005, donde la mayoría de las víctimas fueron mujeres afroamericanas con sus hijos. Igualmente, durante el desastre del ciclón que asoló Bangladesh en 1991, de las 140.000 personas que murieron, el 90% fueron mujeres. Un caso paradigmático a este respecto es el del tsunami que arrasó las costas del océano Índico en 2004, y cuya consecuencia en forma de defunciones fue un 70% más elevada entre las mujeres que entre los hombres. De este modo, y según señalan algunos trabajos, las mujeres y la infancia tendrían hasta 14 veces más probabilidades de morir que los hombres durante este tipo de desastres.

Avanzar hacia una justicia climática y social

Es poco probable que las políticas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático puedan tener éxito si no comienzan a reconocer y visibilizar las enormes injusticias existentes a su alrededor. La transición a la sostenibilidad que tenemos por delante debe involucrar grandes reducciones en el impacto ambiental promedio de la humanidad. Pero estas reducciones han de ser mucho más profundas y tempranas entre aquellos cuyas huellas de carbono son más grandes. Es irreal pensar que podremos resolver los problemas ligados al cambio climático si paralelamente no abordamos los clamorosos niveles de desigualdad social que existen en el mundo, pues ambos problemas están interrelacionados y se refuerzan. Trabajar en favor de la igualdad es un imperativo moral que, además de conllevar enormes provechos sociales, reporta grandes beneficios ambientales, pues tiende a mitigar muchos de los peores efectos del cambio climático al contener el consumo global de materiales y energía. Debe entenderse, por tanto, que luchar hoy por un mundo más justo es luchar por un mundo más sostenible. Reconocer esto, convenientemente ignorado hasta hoy por las grandes estructuras de poder, convierte el propósito de la justicia global en una cuestión socio-ecológica intrínsecamente ligada al ejercicio de la política.

Ha llegado el momento de aceptar que el cambio climático no podrá resolverse únicamente desde la esfera tecnocientífica; hacen falta profundas transformaciones políticas, económicas y culturales orientadas a construir horizontes de mayor justicia y solidaridad en el mundo. Sostenibilidad ambiental y justicia social son dos caras de una misma moneda cuya arista climática representa, en el fondo, solo uno más de los variados problemas socioecológicos que comprometerán el devenir de la especie humana en los próximos años. Se ha terminado el tiempo para las medias tintas. Es hora de adoptar el compromiso político firme que necesitamos: uno que abogue por una reorganización total del sistema económico mundial basada en el decrecimiento planificado de las economías y sectores más ricos y contaminantes. Solo esto nos permitirá avanzar hacia horizontes civilizatorios de mayor justicia, bienestar y sostenibilidad. No hay tiempo que perder.

[Fuente: Ctxt. Mateo Aguado y Nuria del Viso pertenecen al área ecosocial de FUHEM]