I

Antes, las rebajas empezaban después de Reyes. Pero hace tiempo que los oligopolios comerciales impusieron una desregulación del sector y anuncian rebajas cuando les da la gana. Aunque muchas de ellas son meros trampantojos para encandilar a la clientela. Este año el Gobierno se ha sumado a la política de rebajas anticipadas aprobando un nuevo paquete de medidas orientadas a hacer más llevadera la inflación.

No se trata de trivializar la actuación del Gobierno. El paquete de medidas no es una frivolidad. La persistencia de paquetes de este tipo desde el inicio de la pandemia y a lo largo del actual proceso inflacionario indican que hay una preocupación real por dar respuestas a los problemas, y una cierta sensibilidad social. Vale la pena preguntarse qué hubiera ocurrido con otro Gobierno (del PP o de un PSOE monocolor con ministros como Miguel Boyer o Pedro Solbes al mando), y también si los fracasos de las políticas europeas en la crisis anterior (y las movilizaciones que han generado) han tenido alguna influencia en este giro más social —por moderado que sea— en la gestión de la nueva crisis.

Las medidas adoptadas en este último paquete siguen líneas parecidas a las planteadas anteriormente. Básicamente, pretenden la moderación de precios de productos esenciales mediante rebajas en los impuestos indirectos y nuevas ayudas directas a los sectores de rentas más bajas. Respecto a anteriores paquetes, hay una rectificación positiva: la de eliminar la bonificación de la gasolina, que era una medida regresiva en términos sociales (el uso del coche aumenta con la renta) y ecológicos. Y una novedad en la intervención en el mercado de alquiler, algo que el sector de Unidos Podemos ha peleado hasta el final.

La rebaja de impuestos indirectos, especialmente si se aplica a productos básicos, es socialmente progresiva, ya que tiene una incidencia mayor en el gasto de las personas con menos ingresos. En el momento actual, en el que es posible que la propia inflación genere un incremento de la recaudación fiscal, esta rebaja es asumible y mucho más progresista que las rebajas fiscales generalizadas que propone la derecha y que acaban teniendo siempre un impacto redistributivo negativo. Por la doble vía de que se rebaja más la contribución de los ricos, por un lado, y porque los ajustes presupuestarios que acaba generando afectan a los servicios públicos y la transferencia de rentas hacia la gente más necesitada, por el otro.

Los principales problemas están en la implementación real de estas medidas. En teoría, las rebajas del IVA deberían reducir los precios actuales en el porcentaje en el que se rebajan los impuestos. Pero su implementación queda en manos de las empresas de distribución que pueden quedarse la rebaja y ampliar sus márgenes. En un contexto de estabilidad de precios, quizás resulta fácil detectar quién está haciendo este tipo de maniobras. Pero en un contexto inflacionario —en el que los precios varían con asiduidad— y en unas economías donde existe una enorme diversificación de cada producto básico (basta pensar en nuestras compras en la panadería, o en la línea de lácteos) es difícil discernir cuál es el recorrido real de la rebaja de impuestos. A menos que existiera un organismo público que tuviera una información detallada de las cadenas de precios y fuera capaz de supervisar las acciones de los distribuidores y sancionar (o corregir) sus abusos.

En la misma dirección de problemas, los nuevos cheques de renta a los sectores de bajos ingresos pueden tener los mismos problemas de aplicación que otras medidas anteriores, como la misma renta básica. Problemas como el de dejar fuera, en la práctica, a mucha gente que merece obtenerla por la complejidad de los trámites burocráticos. Se trata de una cuestión ampliamente reconocida en los estudios sobre prestaciones sociales: el de la exclusión debido a las dificultades de acceso. En el caso de una prestación como la actual, se podría simplificar el trámite eliminando la necesidad de que fueran las familias las que tuvieran que pedir la prestación. La Agencia Tributaria tiene toda la información fiscal y de renta que se exige para obtenerla y podría utilizarla haciendo un ingreso en las cuentas bancarias de las que tiene constancia. Quedarían huecos, pero llegaría de golpe a mucha gente y de forma menos engorrosa.

Cuando nos proponemos discutir reformas casi nunca se considera la necesidad de cambios en la organización pública para que sea más eficaz. En algunos casos hay un problema de plantillas inadecuadas (por ejemplo, en inspección de trabajo, en inspección fiscal y en otras administraciones). En otros, se trata de simplificar las gestiones, de facilitarlas. Y en otros de crear, como sugiero en el caso del control de precios, organismos adecuados ahora inexistentes.

II

Puede discutirse si estas medidas son suficientes o adecuadas. Lo que me parece más relevante destacar es que se insertan en el modelo de actuación indicado por las grandes organizaciones mundiales. Una modificación y modulación de la vieja ortodoxia económica forzada por el convencimiento que las políticas neoliberales más radicales podían llevar al desastre (lo que ocurre en Reino Unido sirve para ilustrar a lo que me refiero).

El núcleo de la política antiinflación sigue varada en la política monetaria, en las alzas de los tipos de interés. De persistir la inflación, y de persistir esta política, al final puede afectar gravemente a la actividad económica y a las finanzas públicas por el encarecimiento del servicio de la deuda. Se demonizan los mecanismos de indexación salarial, con el argumento que amplifican la espiral inflacionista. En la práctica, significa aceptar que los salarios reales deben ser los paganos de esta política. Las ayudas deben restringirse a los sectores más pobres, en la línea de las ayudas aprobadas por el Gobierno. En la práctica, la existencia de altos volúmenes de inmigración irregular en muchos países deja desamparada a parte de la población más afectada (población que, por otra parte, está cubriendo algunos servicios esenciales a la comunidad). O sea que el resultado de todo ello, en el mejor de los casos, será una nueva devaluación salarial, moderada en el caso de las rentas más bajas por las ayudas públicas (en el caso de que funcionen bien). El aumento del salario mínimo es una cuestión urgente, sin la cual gran parte del programa aprobado queda desequilibrado.

La política de abaratar precios mediante rebajas fiscales es solo un paliativo que deja fuera el propio núcleo de la inflación. Ésta tiene su origen en las políticas empresariales. Se ha aducido el alza de la energía y a las materias primas agrarias. El despegue se inició a mediados de 2021, mucho antes que estallara la guerra de Ucrania. Ésta, a lo sumo, ha forzado un proceso en marcha. Hay indicios de que en muchos casos las empresas han ampliado márgenes para recuperarse de la crisis COVID, o simplemente aprovecharse de la propia inflación. Si uno sube precios cuando nadie lo hace, queda en evidencia. Pero cuando los precios suben es fácil justificar los propios aumentos apelando a “la inflación” o el “aumento de costes”. También se han reconocido los cuellos de botella en las cadenas de suministros de la economía globalizada. Pero estas tres cuestiones básicas (encarecimiento de suministros básicos, problemas en las cadenas globales y aumento de márgenes empresariales) quedan totalmente fuera del campo de acción de la política económica. Quizás la única excepción ha sido la intervención en el mercado eléctrico, beneficiado por un modelo tarifario claramente favorable a los intereses de los oligopolios eléctricos.

Tenemos un proceso inflacionario que se anuncia demoledor (cuando menos para las condiciones de vida de mucha gente, y posiblemente también para muchas empresas), pero no hay ninguna receta seria para hacerle frente más allá de la aplicación de paliativos (que siempre son útiles) y sangrías. Más o menos medicina del siglo XIX aplicada al tratamiento del cáncer. No es un problema de miopía, pues se conocen bastantes cosas de las dinámicas del proceso actual. La cuestión es que hay un consenso implícito que el funcionamiento normal de la producción de mercancías debe dejarse completamente en manos privadas. Y que la intervención pública en este campo está vetada. Esta es a mi entender la crítica principal que debe hacerse a una política bienintencionada pero inadecuada.

Porque lo que está detrás de la inflación apunta a graves problemas estructurales. Al encarecimiento de costes generado por la crisis ecológica en sus diversas expresiones (encarecimiento y escasez de algunas materias primas, malas cosechas debidas al cambio climático…). A la existencia de poderes oligopólicos a nivel internacional o local. Al mal diseño de las estructuras productivas que tienden a generar averías que se expanden a la economía global. Y la forma de hacerles frente apunta a otro tipo de respuestas. Algunas muy complicadas, como la de transitar desde la actual organización económica a otra ecológica y socialmente adecuada. Pero cuyo desconocimiento y falta de acción no hace sino enquistar los problemas y hacerlos más graves y persistentes.

El seguir empeñados en variantes de una misma ortodoxia tiene mucho que ver con la estructura social dominante y el poder alcanzado por las élites económicas. Por su resistencia a cambios que afecten a su poder y su riqueza. Pero también se explica por el largo adoctrinamiento neoclásico de los economistas que dirigen la mayoría de las instituciones económicas a quienes les resulta muy difícil salir de pautas conocidas. Tampoco puede despreciarse la persistente influencia que ejercen por vías más o menos sutiles los grandes grupos económicos interesados en dejar intactas sus fuentes de enriquecimiento. Estos días que hemos conocido el caso del Qatargate —la compra de parlamentarios europeos por parte de los Gobiernos de Qatar y Marruecos para que defiendan los intereses de sus países—; es necesario preguntarse respecto a cuántas más acciones parecidas pueden tener lugar en Bruselas, de manos de grupos empresariales tan interesados como los gobiernos en mantener intactos sus privilegios.

III

Vivimos en tiempos de reformismo demediado. Y hay que reconocer que, pese a su limitado alcance, muchas de las medidas aplicadas han paliado sufrimientos y problemas. Mucho mejor esto que el cruel ejercicio de las políticas de austeridad. Pero, ni estamos exentos de que estas hayan sido desterradas (basta con ver la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid o el Gobierno británico para ver que esto puede volver), ni estas políticas son suficientes para hacer frente en serio a la inflación actual. Y mucho menos para organizar la necesaria transición real a un modelo económico y social más justo, racional en lo ecológico y lo social.