Un año más, las partes acuden a su cita con la mochila repleta de buenas intenciones, promesas grandilocuentes y proyectos salvíficos. Este será un encuentro histórico, qué duda cabe —al menos tanto como los 26 anteriores. COP27: Trabajar en beneficio de las personas y el planeta: un eslogan imbatible. Aun esperando una ambición climática tan tibia como en ediciones pretéritas, cabe destacar, de esta conferencia, un par de características singulares.

En primer lugar, su ubicación. Sharm el-Sheij, en la costa del mar Rojo, es una ciudad balneario egipcia que, sin duda, ofrecerá a los delegados internacionales abundantes espacios de asueto entre sus playas de arena protegidas y sus animados paseos costeros. Si ampliamos el foco, Egipto destaca, según Amnistía Internacional, por su “terrible historial de represión de las organizaciones de la sociedad civil y de castigo al activismo de derechos humanos y al periodismo independiente”. Su ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, anunciaba recientemente que se destinarán “unas instalaciones adyacentes al centro de conferencias” para que los activistas expresen sus opiniones y manifiesten sus protestas. No hace falta mucha perspicacia para ver en esas declaraciones un tosco intento de lavar la imagen de autoritarismo y censura que constituye la norma en este país mediterráneo. ¿Activistas, protestas, libre opinión y sociedad civil? Por supuesto, estamos en el siglo XXI. Pero bien acotados y dentro del redil. Y cuidado con decir alguna verdad que incomode al régimen. ¿Cuál sería el resultado? El caso de Alaa Abd El-Fattah es ilustrativo: el pasado 12 de septiembre, The Guardian informaba de sus palabras de alerta a su familia; tras seis meses de huelga de hambre, podría morir en prisión. Activista político y figura destacada en las manifestaciones de la Primavera Árabe, ha cumplido condena de cinco años por participar en una protesta pacífica en 2013 y está de nuevo encerrado bajo la acusación de difundir noticias falsas. Alaa Abd El-Fattah forma parte de la larguísima lista de manifestantes, figuras políticas, periodistas y abogados y abogadas de derechos humanos detenidos y sometidos al trato brutal de las autoridades egipcias bajo el mandato de Abdel Fatah al Sisi. La comunidad internacional no parece interesada en las numerosas violaciones de derechos humanos de este régimen, ni siquiera cuando la víctima es de “los nuestros”: en 2016 el cuerpo del académico italiano Giulio Regeni aparecía mutilado a las afueras de El Cairo. Como socio estable para la élite euroamericana, la vigilancia de los derechos humanos pasa en Egipto a un segundo plano.

La otra característica singular tiene que ver con el patrocinio: Coca-Cola destaca como el gran gigante corporativo detrás de este evento. La cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas es patrocinada por —según el informe Break Free From Plastic— el mayor productor de plástico (junto a PepsiCo) del mundo —Tearfund estima que la compañía produce 108.000 millones de botellas de plástico cada año— y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero —la propia producción del plástico tiene una importantísima huella de carbono, a lo que se suma el resto de su actividad industrial y logística—. La presencia de las grandes empresas en las cumbres climáticas ha sido una constante, con el lobby del gas y el petróleo jugando un papel protagonista —en la pasada cita en Glasgow, este sector hubiera sido la mayor delegación si fuera un país—. No obstante, la presencia de Coca-Cola como actor principal en la COP27 constituye una sonora bofetada en la conciencia de todo aquel que sienta un mínimo de apego por la salud de su entorno —y por su propia integridad—.

Así las cosas, este noviembre que nos recibe con más de 1,1 ⁰C de aumento de temperatura media global con respecto a los niveles preindustriales —y situaciones como el estrés hídrico, temperaturas anómalas, derretimiento de hielos permanentes, cosechas malas y escasas, y todo tipo de fenómenos meteorológicos extremos— y con ese objetivo de 1,5 ⁰C que ya nadie da por alcanzable, nos regalará una cumbre plagada de marketing verde y brindis al sol, en un mayúsculo ejercicio de imprudencia, soberbia e indiferencia a la realidad de la emergencia climática, medioambiental y energética (emergencia incluso formulada, en una muestra de cinismo insoportable, por las mismas élites que dicen representarnos).

Este mes acogerá, también, el más bochornoso de los eventos deportivos que se recuerdan. Interrumpiendo las competiciones nacionales (algo que solo había ocurrido durante las guerras mundiales y la pandemia de la covid), el mundial de fútbol masculino de Catar comenzará su andadura con el beneplácito de organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación, sin importar los abusos laborales a trabajadores migrantes, las restricciones a la libertad de expresión y la discriminación que sufren mujeres y miembros de colectivos LGTBI. Desde Nepal, India, Bangladesh, Filipinas, Pakistán y Sri Lanka (entre otros) han llegado trabajadores a Catar para construir los estadios que lucirán radiantes en las pantallas de todo el mundo. Este ambicioso programa de construcción —en un proceso marcado desde sus inicios en 2011 por la acusación de sobornar oficiales de la FIFA para obtener los derechos de acoger el mundial— ha supuesto la contratación de al menos 30.000 trabajadores extranjeros. Qatar, la Copa Mundial de la vergüenza: así titula Amnistía Internacional la investigación que documenta el trabajo forzoso, los pasaportes confiscados y las condiciones de precariedad de trabajadores que cobran, de media, 220 dólares al mes. El año pasado The Guardian confirmaba, a partir de contactos con diferentes embajadas, la muerte de 6.750 trabajadores migrantes en Catar desde 2010 —probablemente la cifra real sea mucho mayor. La vergüenza en cuanto a la vulneración de los derechos humanos tiene su correlato en el derroche de energía y recursos naturales. El primer mundial —autodenominado— “neutro en carbono” ha necesitado construir siete nuevos estadios. Carbon Market Watch concluye, en su informe, que el evento tendrá una gran huella de carbono, y que la neutralidad de carbono no es creíble. Reconoce, además, el controvertido carácter del concepto “neutralidad de carbono”, la vaguedad de las supuestas “compensaciones” y la incertidumbre respecto a la posibilidad y el modo en que todo ello pudiera aplicarse a eventos específicos como este. En lo que toca al uso del agua, se utilizarán al menos 10.000 litros diarios para cada uno de sus estadios —agua desalinizada a través de procesos con un altísimo coste energético, cuyos residuos con elevados niveles de sales y tóxicos suponen una agresión letal para el ecosistema marino—.

Mientras, nuestro gobierno nos entretiene con la fantasía del hidrógeno verde, una tecnología aún por desarrollar y con múltiples obstáculos para su implementación (ni el hidrógeno es una fuente de energía, sino solo un vector que necesita de un proceso energético anterior, ni es “verde”, ya que la inmensa mayoría del hidrógeno actual es generado a partir de gas o derivados del petróleo).

Bla, bla, bla… Huidas hacia delante, con una confianza ciega e inquebrantable en la tecnología y la “innovación”, que pretenden seguir garantizando fastuosos espectáculos, movilidad acelerada y un sinfín de ofertas, productos y servicios. Pero es hora de despertar y abandonar el plácido sueño del “lo quiero todo y lo quiero ya”. Los picos de producción de recursos energéticos (la caída de al menos un 15% en la producción de diésel es el ejemplo más contundente) y minerales ya están aquí. Algunos ya han comenzado a despertar, aunque muchos otros ni siquiera han tenido nunca la ocasión de saborear ese sueño efímero: más de 700 millones de personas sufren hambre, y el 55% de la población mundial, según el informe de la riqueza global de Credit Suisse, apenas acumula el 1,3% de la riqueza (con menos de 10.000 dólares per cápita).

La menguante disponibilidad mineral y energética tendría que situarnos de inmediato frente al enorme reto de gestionar con criterio justo lo que es cada vez más exiguo. En todo caso, la avalancha de desastres que acecha tras el desorden climático —siendo las alteraciones en las corrientes oceánicas y el jet stream potencialmente desestabilizadoras del clima global— y la menor resiliencia de la biosfera —pérdidas enormes y crecientes de biodiversidad— debieran ser más que suficientes para abandonar por completo un sistema irracional y macabro, el capitalista, cuyo único timón es el crecimiento a cualquier precio.

Por increíble que parezca, no es esa la hoja de ruta de nuestras sociedades. Dieciséis activistas de Rebelión Científica han sido detenidos en Alemania. La represión es la recompensa para quienes consideran que la vida es más importante que el mercado. Europa es capaz de enarbolar la bandera de la acción climática al tiempo que encarcela a profesionales de la ciencia que se atreven a hablar claro, a decir, mediante la desobediencia civil no violenta, que no podemos permitirnos desviar la atención ni un minuto más de la catástrofe en ciernes, que necesitamos actuar con la contundencia y la premura que la emergencia medioambiental demanda.

Desde Iruña reclamamos la inmediata puesta en libertad sin cargos de estas personas, y reivindicamos sus acciones como imprescindibles para espolear las conciencias de representantes políticos y del pueblo soberano. En noviembre saldremos a la calle en un esfuerzo colectivo para afrontar esta emergencia con la seriedad, la madurez y la justicia que merece. La Cumbre Alternativa por el Clima hará de Iruña un espacio libre, creativo y de honesta acción climática, un espacio de lucha y acción colectiva. En comunidad, de abajo a arriba, con solidaridad, entusiasmo y alegría: no podemos concebir otro modo de garantizar vidas dignas y ricas para todos y todas.

[Fuente: Ctxt. Nacho Casado es miembro de Extinction Rebellion Iruña]