Asistimos a un agrio debate feminista sobre sexo, género y sexualidad como placer y/o peligro para las mujeres, en el ámbito político y en el seno de un gobierno de coalición autodenominado “el gobierno más progresista y feminista de nuestra historia”, cuyas discrepancias al respecto han llevado al bloqueo parlamentario de los sucesivos proyectos legislativos del Ministerio de Igualdad, desde la llamada Ley Trans hasta la Ley Abolicionista socialista, cuyo pase a trámite en el Congreso ha requerido los votos del PP al romperse el bloque de quienes daban soporte a dicho gobierno de coalición.

El debate está encabezado por conocidas políticas feministas, liderado e iluminado también por un sector de la academia que, en nombre del verdadero pensamiento feminista, se ha atribuido la facultad de establecer de qué se puede o no se puede hablar, qué cuerpos y qué derechos son o no realmente feministas, prohibiendo, ninguneando o condenando como peligroso antifeminismo al servicio del “lobby proxeneta” a quienes, no compartiendo sus postulados, se atreven a no cerrar debates, exigir el derecho a ser escuchadas y a hacer otras propuestas que no sean sólo las de ir engordando el Código Penal con cada nuevo proyecto legislativo.

Los términos de dicho debate han venido mediatizados por ese feminismo político/académico en el poder, trasladando a la opinión pública una versión unilateral, simplificada y polarizada del mismo que enfrentaría a abolicionistas y no abolicionistas, dividiendo y generando una crisis sin precedentes del movimiento feminista, lo que auguraba una más que controvertida y desmovilizada respuesta feminista este último 8M. Y sin embargo no fue así. Pese a emerger de la pandemia, la respuesta feminista volvió a llenar masivamente las calles, luciendo toda su diversidad y pluralidad reivindicativa, llamando la atención la presencia de nuevas generaciones cada vez más jóvenes. Las movilizaciones en cada sitio y sus convocatorias, con sus carteles, pancartas y eslóganes, no eran ajenas a ese debate, pero no desde luego con la misma polarización y representación social que la que ha trascendido mediáticamente, como explica el artículo “8M: Feminismo diverso, plural y mayoritariamente inclusivo” (Almirón et al. 2022) del Área de Feminismos de la APDHA.

Esa falta de concordancia pensamos que hace necesario ir de forma más precisa a los términos del debate, aparentemente novedoso y que, sin embargo, no lo es, como se señala en “Feminismos y sexualidad: Placer y peligro, versus libertad y censura. De los debates feministas (inacabados) de fin de siglo, a los de hoy” (Almirón, 2020), preguntándonos cuáles serían las novedades, quiénes las expresan, dónde y en qué contexto, precisando con el análisis de los datos qué representación real tienen los presupuestos de ese feminismo político/académico supuestamente hegemónico, especificando dónde sería hegemónico, cómo, cuándo y porqué, ya que, obviamente, no se puede ni se debe confundir hegemonía de cualquier tipo con supremacismo. Y, finalmente, cabría preguntarse a dónde y con quien nos lleva ese feminismo, en un momento de claro ataque a los derechos feministas, a los de aborto y reproducción y a los de todas las disidencias sexuales, aquí en Europa (batalla ultraconservadora contra la “ideología de género”), en EE UU (eliminando la garantía constitucional del aborto y cuestionando los derechos Lgtbiq+) o en Latinoamérica (condenando a las mujeres a penas de 50 años de cárcel por aborto, como destacan ya algunos medios).

¿Feminismo hegemónico?

Pensamos que convendría precisar qué representación real tienen los postulados de ese feminismo político/académico supuestamente hegemónico, especificando dónde sería hegemónico, cómo, cuándo y porqué, ya que creemos necesario, por una parte, no confundir el plano de la hegemonía política con el de la hegemonía social y, por otra, aclarar lo que serían aspectos hegemónicos de los directamente supremacistas de un feminismo que, aun siendo minoritario, instrumentalizara determinados resortes del poder para imponer sus posicionamientos.

En anteriores trabajos (Almirón, 2020), hemos hecho referencia al feminismo institucional, refiriéndonos especialmente a la corriente mayoritaria encabezada por el PSOE, pero también por otras fuerzas políticas como el PCE o IU, que han ido articulando una serie de redes de grupos en torno a las instituciones, fundamentalmente en torno a los Institutos de la Mujer en los distintos niveles territoriales. Hablábamos así de un feminismo socialdemócrata-liberal fuertemente institucionalizado, políticamente hegemónico. Pero lo cierto es que los cambios en ese ámbito son evidentes y esa hegemonía también ha ido variando en la medida que su poder político también ha ido siendo menor a nivel estatal, especialmente durante los periodos de gobiernos de derechas, primero Aznar y luego Rajoy, así como en los gobiernos autonómicos, especialmente en Andalucía. Socialmente también tenían antes mayores vínculos, gracias a dichas redes y, aunque no hegemonizara el sector más activo y contestatario del movimiento feminista, si tenía una cierta capacidad de movilización social, al menos en algunos temas, como el de la violencia de género, el 8M o el día del Orgullo Gay.

Pero al gobernar el PP durante largos periodos, el PSOE perdió bastante control institucional de todo ello y sus vínculos sociales son actualmente menores o más débiles en general, aunque obviamente las situaciones varían por comunidades, grandes o pequeñas ciudades, etcétera, requiriendo análisis más concretos. Además, su vuelta a gobernar ha tenido que ser en coalición con Unidas Podemos, cediéndoles el Ministerio de Igualdad para disgusto de Carmen Calvo, que trata de imponer su hegemonía feminista-abolicionista, diferenciándose de Unidas Podemos, desde la Comisión de Igualdad del Congreso y pese a haber pedido su cese un importante grupo de colectivos y desde su propio partido, agrupando a sus más afines colaboradoras políticas y académicas, aquellas que iniciaron los estudios de la mujer abriéndose un importante espacio propio de poder político y académico.

Sigue habiendo un feminismo políticamente hegemónico que, como el feminismo cultural de los 80, ha vuelto a coger la bandera de acabar con el trabajo sexual femenino y la pornografía, prohibiendo una y cuestionando la otra. Un feminismo hegemónico pero con el poder político que actualmente tienen, en minoría parlamentaria, por lo que, tras tener que retirar la mayoría de artículos referentes a la prostitución si querían aprobar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, han tenido que recurrir a los votos del PP, rompiendo el bloque que apoya el gobierno de coalición, para poder sacar a trámite la Ley Abolicionista prometida en el Congreso del PSOE, gracias al trabajo de Carmen Calvo y sus más afines colaboradoras. Muy reveladora fue esa votación: la ley pasó a trámite con los votos del PSOE, de Unidas Podemos sin los de los Comunes catalanes y con los del PP. Así que esa hegemonía política feminista abolicionista es hoy la que es: minoritaria si no suma los votos del PP, siendo rehén de los mismos, visibilizando la acentuación de sus rasgos más neoliberales, conservadores y prohibicionistas.

Más problemático aún que conseguir la hegemonía política en torno a sus posiciones feministas, pensamos que sería conseguir la hegemonía social en torno a las mismas. Como decíamos, perder el control del feminismo institucionalizado diluye sus vínculos con el tejido social a través de las redes grupales que anteriormente se movían a su alrededor, reduciendo llamativamente su capacidad de movilización. Las movilizaciones del pasado 8M resultan muy reveladoras al respecto.

En primer lugar, porque, mientras en el ámbito político y en el seno del gobierno de coalición, el debate sobre la prostitución y la ley trans generaban un clima mediático de división y exclusión feminista, en las movilizaciones predominó un feminismo mayoritariamente inclusivo, capaz de llegar a acuerdos y movilizar a miles de personas, entusiasmando a las más jóvenes, como se ha explicado (Almirón et al. 2022) desde el Área de Feminismos de la APDHA. En segundo lugar, porque dichas movilizaciones mostraron la pluralidad y diversidad de los feminismos existentes, fruto del trabajo de años con una marcada perspectiva interseccional y a favor de la libertad sexual (Almirón, 2022), apoyando la regularización de las personas migrantes, a las trabajadoras del hogar y los cuidados que reclamaban la ratificación del Convenio 189 de la OIT, a jóvenes, maestras, sanitarias, limpiadoras, así como a lesbianas, gais, trans, bisexuales, trabajadoras del sexo, hombres por la igualdad, etc., aumentando la participación de todo tipo de colectivos con sus respectivas reivindicaciones en las manifestaciones de todo el país.

Los feminismos actuales hace años que ya no miran sólo el “techo de cristal a romper” que tanto motiva a un sector de feministas, las mejor situadas, sino que cada vez mira más los “suelos pegajosos” que otras tienen que limpiar en condiciones bastante más precarias. Una perspectiva interseccional con mayor sensibilidad social y conocimiento de la realidad, escasamente elaborada ideológica y políticamente por el feminismo oficial, que sigue hablando de “las mujeres” como un todo homogéneo, o de “la mujer trabajadora” obviando que “la clase obrera” está atravesada por muchos otros ejes de desigualdad, explotación y exclusión. Todo ella limita, obviamente, no solo su capacidad de movilización sino la de poder perfilar propuestas que den soluciones a los problemas reales de la gente, en vez de las sólitas declaraciones de intenciones generales basadas en principios filosófico/ideológicos en abstracto, como sería, en nuestra opinión, la de exigir la “abolición de la prostitución” por ley y no como un proceso en el que la escucha de las propias trabajadoras, de sus propuestas y reivindicaciones en relación a la Ley de Extranjería, la Reforma Laboral, etc., fuera haciendo retroceder los condicionantes sociales, económicos y políticos que han ido configurando su existencia a lo largo de los siglos hasta hoy, poniendo por delante los derechos a las prohibiciones, que solo les llevan a la clandestinidad y aumentan su estigma (Área Feminismos APDHA 2021).

La falta de correspondencia entre hegemonía política y social, agrupando a grandes mayorías sociales en torno a sus posicionamientos, también se puso de relieve al constatarse que las que se supone que tienen mayoría política y proclaman que el “feminismo solo puede ser abolicionista” no sumaban más de una docena de personas en algunas plazas si convocaban solas, excluyendo no solo a las trabajadoras sexuales sino también a las trans; mientras que el “feminismo es para todas, todas”, “ayer, hoy y siempre, por un feminismo inclusivo” o “todos los derechos, todos los días, para todas las mujeres”, congregaba a miles de mujeres y a muchos hombres, organizados o no en grupos de hombres por la igualdad.

Hay más datos, como los de la Encuesta del Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP), que muestran, por ejemplo, que el 67% de la población española estaría a favor de regular la prostitución para no llevar a la clandestinidad a quienes la ejercen, con todo lo que eso implica. Otros muestran que no se puede equiparar prostitución con trata porque los datos no apuntan a que el 90/95% de quienes ejercen la prostitución sean víctimas de trata. Y otros señalan, incluso, que convendría hablar con mayor precisión y rigurosidad al respecto, empezando por la propia definición de los conceptos de trata, tráfico y prostitución. En esta dirección, instando a la rigurosidad y a la precisión de los conceptos, y con los datos e información de la que se dispone, irían no pocos trabajos académicos, como los desarrollados a lo largo de los años por Ruth Mestre (2021) o Esther Pomares (2020).

No se puede, ni se debería, sostener un punto de vista político feminista sobre la base de los propios prejuicios ideológicos, sino que convendría conocer mejor la realidad y escuchar a las protagonistas, reconociéndoles el derecho a tener derechos, pudiendo elegir ellas mismas en libertad por cuáles de ellos empezar. Y, por tanto, no debemos confundir cierta hegemonía política con hegemonía social, ni mucho menos con el supremacismo que, aun siendo minoritario, atribuyéndose una representación esencial, única y verdadera, trata de imponer a toda costa sus presupuestos ideológicos y sus  propios intereses, instrumentalizando los recursos disponibles desde el poder.

Por todo ello, más que de un feminismo hegemónico, que ni política ni socialmente puede considerarse hegemónico, como se ha explicado, más bien parece que deberíamos hablar en la actualidad de un lobby feminista político-académico atrincherado en los espacios de poder que aún mantiene, cuyos planteamientos, concebidos como pensamiento feminista único, negador de la pluralidad de feminismos existentes, le llevan cada vez más hacia postulados supremacistas, muy conservadores, que está dispuesto a imponer aunque requiera hacerlo con los votos del PP (tal y como hemos visto con la Ley Abolicionista en un contexto, además, de ofensiva de la extrema derecha que condiciona la agenda política a su guerra contra la “ideología de género”, haciendo casa común con ella y rompiendo el consenso sobre la pluralidad de posicionamientos feministas en estos temas). Todo lo cual acarrea, a corto plazo, graves consecuencias para los colectivos más precarios y estigmatizados, como las trabajadoras del sexo que, de aprobarse la llamada Ley Abolicionista, verían endurecerse sus condiciones de trabajo y peligrar aún más su seguridad, cuando lo que vienen reivindicando es todo lo contrario: ser trabajadoras del sexo con derechos (Acién, Aldeide, Arjona y García, 2022) y no clandestinas (Barrera, 2019), para poder ir acabando con su estigmatización (Clemente, 2020).

Finalmente, parece necesario plantearse a dónde (Barrère, M. 2020) y con quiénes nos lleva ese feminismo, a partir de una serie de preguntas que están en los debates de muchos colectivos feministas en estos últimos años (Barrère, M, 2020):

¿A dónde nos lleva un feminismo con un sujeto feminista excluyente en el que no quepamos todas, todos y todes? ¿A dónde nos lleva un feminismo que parece haberse quedado atrapado en el peligro de la sexualidad para las mujeres y que intenta acaparar la legitimidad de su discurso amordazando a quienes no coinciden con sus postulados?

¿A dónde nos lleva un feminismo al que solo le preocupe romper su propio techo de cristal dejando de lado a las más pobres, necesitadas, estigmatizadas y discriminadas?

¿A dónde nos lleva un feminismo que, al no querer reconocer a las trabajadoras del sexo, ni escuchar las demandas sobre sus condiciones de trabajo, las excluyó de cualquier ayuda durante la pandemia?

¿A dónde nos lleva un feminismo que no combate la violencia contra todas, todos y todes?

¿A dónde nos lleva un feminismo que legislando sin escuchar es incapaz de perfilar propuestas como las planteadas en el manifiesto Voces feministas por los derechos, apoyado por trabajadoras del sexo y otros sectores académicos y sociales, ni de llegar a acuerdos realmente progresistas y feministas desde los que poder solucionar los problemas reales y concretos que ahí se plantean?

Como decíamos, a corto plazo, la existencia de ese lobby político-académico con esos planteamientos ideológicos (sujeto feminista excluyente, acento en el peligro de la sexualidad, prohibicionismo/punitivismo creciente y negación de la pluralidad de feminismos; tan “filosófica” como unilateralmente fundamentados, poco documentados y mucho menos actualizados en las últimas décadas; sin ser hoy ni política ni socialmente hegemónico pero atrincherado en los aparatos partidistas y otros espacios de poder que aún mantiene) puede influir y de hecho lo está haciendo, llevando a acuerdos con las posiciones más conservadoras, en un nuevo contexto de ataque a los derechos de aborto y reproducción y a los de todas las disidencias sexuales, apelando precisamente a la batalla contra la “ideología de género” que viene sosteniendo la extrema derecha de este país. Ciertamente, la continuidad de esos acuerdos tendría serias consecuencias para los colectivos más precarios y estigmatizados, como las trabajadoras sexuales, que, de aprobarse la Ley Abolicionista, verían endurecerse sus condiciones de trabajo y peligrar aún más su seguridad. No obstante, pensamos que tiene interés señalar sus debilidades y que no lo tienen fácil. Ni políticamente, porque son minoría en un tablero político especialmente complejo, ni socialmente, porque esa batalla no la tienen ni mucho menos ganada y no se libra en el corto, sino en el medio y largo plazo.

Todas las batallas que han librado los feminismos de este país en los últimos casi 50 años de lucha por los derechos, reproductivos y al aborto, de todas las disidencias sexuales y de género por la libertad sexual, han sido y siguen siendo batallas de largo recorrido, política y socialmente a contracorriente. Es por tanto imprescindible, ante tanta arrogancia, esgrimir un baño de argumentos, desde la pluralidad e interdisciplinaridad académica y el compromiso social con las más precarias y estigmatizadas, como se ha venido y se sigue haciendo hoy. Ante tanta prepotencia, se hace necesario un baño de realidad desde el activismo feminista proderechos y la rigurosidad académica, visibilizando la diversidad y pluralidad de feminismos realmente existentes: en las calles, de las que cada vez más se han ido apropiado estos colectivos, pero también en el ámbito universitario, en los medios y redes sociales de los que hoy se dispone, tratando de incidir en la opinión pública general. Ante tanto elitismo, se hace imprescindible un baño de modestia y sensibilidad social, proximidad y empatía, porque la batalla por la igualdad y la libertad sexual no puede ganarse desde la supremacía de nadie, sino desde un análisis de la realidad social que, asumiendo el concepto de interseccionalidad, nos muestra que no hay víctimas puras y absolutas de la opresión (Collins, 1990), rompiendo dicho esquema dicotómico, totalizador y excluyente que genera incertidumbre, y también aporta nuevas herramientas de análisis, investigación y acción (Rodó-Zárate, 2021) con las que poder continuar, por justicia feminista, no negando, prohibiendo, ni censurando esas diferencias, opresiones y privilegios, sino reconociéndolas sin miedo y abordando con valentía su complejidad y sus implicaciones.

[Fuente: El Salto]