El pasado 14 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la comisión que ha elaborado el proyecto de ley de memoria democrática (se puede seguir el debate en este enlace, de 2h 43’ 50’’ a 4h 26’ 05’’). Este proyecto de ley obtuvo 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado para seguir su tramitación, una vez aprobado definitivamente sustituirá a la Ley de memoria histórica de 2007.

La futura ley de memoria democrática “repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista” y “declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar”. Pese a la claridad de este posicionamiento político, queda intacta la ley de amnistía de 1977. Incluye la ley una disposición adicional decimosexta pactada con EH Bildu que ha soliviantado aún más al PP, a Vox y a Ciudadanos, que se oponían al conjunto de la ley, y al sector tradicionalista del PSOE. Dice esta disposición adicional: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”. Quienes se han opuesto a esta medida han visto en ella un ataque a la transición política española. Defienden a capa y espada que el contador se puso a cero en 1978 con la aprobación de la Constitución y las primeras elecciones democráticas. Rechazan que se reconsideren las violencias ejercidas contra quienes lucharon por la consolidación de la democracia en el periodo 1978-1983. Para ellos, el franquismo acabó con la aprobación de la Constitución del 78.

El PP, Vox, Ciudadanos y antiguos altos cargos del PSOE y de otras formaciones políticas alineados en torno al “Manifiesto por la concordia y en defensa de la transición” se refieren a esta ley como la ley Bildu. En su opinión es una ley de la memoria totalitaria, una ley ignominiosa que impone una visión sectaria de la realidad histórica. Para estas formaciones políticas, esta ley alimenta el revanchismo y los odios cainitas y supone una amenaza para el fundamento del consenso constitucional. Consideran que la revisión del periodo 78-83 llevará a justificar las acciones violentas que miembros de ETA protagonizaron durante esos años.

El conflicto sobre la memoria es un conflicto de quienes viven. Aunque se hable de hechos pasados, y de lo que hemos de hacer hoy y en el futuro con relación a esos hechos, al elegir qué memoria guardar nos explicamos a nosotros mismos. Mediante la memoria explicamos tanto quiénes somos como quiénes queremos ser, individual y colectivamente. Para una parte de la población, y para el conjunto de los partidos políticos, la memoria sobre el régimen franquista es todavía una cuestión en conflicto. Para otra parte de la población, la más joven, la memoria sobre el franquismo cae más en la ignorancia, que ha sido facilitada por la política educativa de este país, que en el olvido.

Con frecuencia, el conflicto en torno a la memoria no es un conflicto sobre el sufrimiento de las víctimas, sino un conflicto a cuenta del sufrimiento de las víctimas. El sufrimiento, en cada época histórica, cuenta en la medida en que política y socialmente se quiere que cuente. La memoria democrática no es ajena a esta cuestión. La mejor ley posible puede ayudar a preservar la memoria, pero ninguna ley puede asegurar una memoria democrática que garantice que nunca más se repetirán, como se puede leer en el preámbulo del proyecto de ley de memoria democrática, los “enfrentamientos y cualquier justificación de violencia política o regímenes totalitarios”. La ley, así como las políticas públicas y las acciones a las que da pie, son instrumentos de acción pública. Han de hacer posible, entre otros objetivos, evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos como las que se cometieron durante y a cuenta del régimen franquista. La ley es un posibilitante del ‘nunca más’, de cualquier ‘nunca más’, pero, por importante que sea, es eso: un instrumento para hacer posible algo.

Se suele defender el deber de preservar la memoria como una actividad racional necesaria para la democracia. Sin duda que no se puede renunciar a ello. Sin embargo, las razones en conflicto nos conducen a las emociones que subyacen en la pugna en torno a la memoria y que afloran, por ejemplo, de forma visible en el debate parlamentario del pasado 14 de julio. Nuestra vinculación con la memoria, con el conflicto de la memoria, es racional y es emocional al mismo tiempo. A alguien con quien se debate sobre memoria se le podría decir: preséntame, háblame de tus emociones sobre las personas y colectivos de personas cuyo sufrimiento no consideras que ha de ser reconocido y recordado de igual forma que hacemos con otros sufrimientos. Háblame de lo que sientes acerca de las ideas que defendieron, de la forma de vida que tenían… En definitiva, háblame de ti.

Si pensamos en una memoria democrática que vaya más allá del gobierno estatal de la memoria, lo que es imprescindible si queremos evitar la confusión del demos con el estado, se ha de tener en cuenta un factor de difícil tratamiento. Además de las violencias a manos del aparato estatal, hay que tener presentes las violencias perpetradas por unos vecinos sobre otros vecinos al amparo del régimen franquista: abusos, palizas, violaciones, asesinatos, rapiñas, justificación de la violencia arbitraria ejercida por agentes estatales o paraestatales, delaciones, aislamiento social…

La cuestión puede ser planteada en estos términos: ¿ha de abarcar la memoria democrática del demos estas violencias oportunistas? En mi opinión, sí. Y, en segundo lugar, si se considera que es importante para un demos democrático recordar que se dio este tipo de violencias entre iguales, por qué es importante preservar esta memoria de lo que fue. La respuesta directa a esta segunda pregunta es la siguiente: porque la memoria nos puede ayudar a elegir nuestro futuro. Y nuestro futuro nos lo jugamos también en lo que estemos dispuestos a hacer como demos, no solo en lo que haga o deje de hacer una estructura estatal.

El proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso recoge el ‘deber de memoria’. Se le ha dado este contenido (art. 34): “Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse”. A tenor de este texto, las administraciones públicas tienen el deber de memoria y los ciudadanos serían los destinatarios de las acciones públicas de preservación de la memoria. Así dicho, estaríamos ante la administración de la memoria.

La cuestión puede ser planteada de otra forma, que no excluye la primera. Se admite mayoritariamente que la memoria nos ayuda a conocer y a entender nuestra historia colectiva. La memoria puede actuar como una herramienta que, como se dice en el preámbulo del proyecto de ley, nos ayude a detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en el seno de nuestra sociedad. Por tanto, si se dice que las derivas totalitarias y antidemocráticas pueden crecer en la sociedad, se está indicando que el protagonismo lo tienen también las personas que forman parte de esa sociedad y no solo las instituciones estatales. Se hace referencia entonces a una doble realidad que ocupa un mismo escenario: la necesidad de controlar la acción de los agentes estatales (por ejemplo, para prevenir y evitar un golpe de estado como el del 36) y la necesidad de prevenir y evitar comportamientos sociales totalitarios o antidemocráticos, ya que quienes vivimos en sociedad no somos meros sujetos pasivos de un estado.

El reconocimiento de las violencias entre iguales tiene importancia para cumplir la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido y para complementar la garantía de no repetición: no repetir lo que otras personas hicieron sobre sus iguales ni colaborar en su repetición. La memoria democrática es una tarea para el demos si queremos un demos que sea consciente de su propia historia y de su futuro posible.