Diez años sin terrorismo

Las conmemoraciones oficiales de los diez años sin terrorismo de Eta se han convertido, me parece a mí, entre otras cosas, en una exhibición de deseos de venganza. Hay cosas que no se pueden decir en este país si no va por delante una condena expresa del terrorismo. Pues ahí va: a mí el terrorismo de Eta y cualquier otro del presente me ha parecido siempre repugnante moralmente, estúpido políticamente, inaceptable socialmente, criminal jurídicamente.

Dicho lo cual, creo que un Estado que en la lucha contra Eta incumplió reiteradamente sus propios principios constitucionales y las normas del estado de derecho —y que solo castigó a unos pocos de los culpables de eso, no a todos y nunca a sus mandantes últimos— debería mostrar menos saña con los presos que aún siguen cumpliendo condena. Los tribunales, con cierto sadismo punitivo, abonaron la singular «doctrina Parot» porque creyeron haber sido blandos en un caso particular, pero esa doctrina es una vergüenza como sabe cualquier penalista que haya leído a Beccaria o simplemente que haya leído. O que crea, como yo, que mantener a alguien en la cárcel más de diez años es una barbaridad, una extralimitación de los poderes que tiene el Estado sobre las personas y un claro documento de barbarie.

(Si el lector no está de acuerdo con el que suscribe creo que debería reflexionar sobre lo que son diez años en su propia vida y lo que habría significado pasarlos encarcelado.)

Tampoco suscitan mi simpatía los parientes de las víctimas que siguen expresando hoy deseos de venganza y peticiones de dureza estatal. ¿No se aprobaron normas contra el odio expresado, por muy comprensiblemente que se diere? Nadie puede impedir que surjan los sentimientos de odio, pero no se les debe dar cancha, y menos en los medios de información públicos. Creo que a las víctimas del terrorismo etarra les vendría muy bien contemplar las actitudes de las víctimas del terrorismo de los atentados de los trenes en Madrid.

Resulta curioso que unos tribunales que se han negado a aplicar las normas internacionales sobre genocidio al producido durante la guerra civil (¡la plaza de toros de Badajoz!) y en la postguerra, amparándose en una parodia preconstitucional de «amnistía», sean tan expeditivos y aplicaditos respecto de acontecimientos más recientes que han quedado atrás. El Estado español —gobierno derechista mediante— también ha restringido la competencia a los jueces y tribunales para aplicar los Principios de Justicia Universal. Todo eso desdice bastante de la pretensión del Estado de presentarse como verdadero «Estado de derecho». La actual mayoría parlamentaria está moralmente obligada a eliminar las restricciones a la aplicación de los Principios de Justicia Universal.

(Por ejemplificar: un condenado criminal de guerra como Karadzic no tiene en su haber nada parecido a lo de Yagüe —san Leonardo les perdone a los de San Leonardo— en Badajoz)

Tampoco Turquía reconoce el genocidio sobre sus súbditos armenios: ésa es la compañía en la que está el Estado español.

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Moral pública, indisciplina social

Agredir a policías y destrozar (preferentemente) bienes públicos y algunos privados se ha convertido en un deporte minoritario pero nada inhabitual de los sábados por la noche. Esos deportistas no olímpicos están tan imbuidos de neoliberalismo que creen que los bienes públicos no son de nadie, cuando son de todos. Y su punto de pijería les impide respetar a unas personas que están realizando su trabajo de mantener el orden público.

En algunas universidades (o entidades aborricadas que se llaman así) también parece deportivo impedir hablar a quienes expresan una reflexión político-social que se aleje de las creencias de los grupos mayoritarios.

También ha habido terraplanistas, o terraplanistas mentales, que se han negado a vacunarse contra el covid y en su caso a que fueran vacunados sus hijos. El Estado neoliberal se lo ha tolerado porque considera que las sacrosantas libertades individuales (que de tanto nos sirven bajo el capitalismo) están por encima de la seguridad colectiva.

Hay comportamientos políticos, por otra parte, a los que por decirlo suavemente siempre les sale el tiro por la culata: así los incendiarios de símbolos institucionales, los que exhiben mala educación ante los representantes de las instituciones públicas, los independentistas del «ho tornarem a fer» o el chisgarabís de Puigdemont, cuyos ejercicios de exhibicionismo, igual que todos los anteriores, le están haciendo el caldo gordo a Vox. A un Vox que si lograra tener verdadera influencia sobre las decisiones del parlamento les haría llorar y rechinar de dientes.

Este Lobo opina que la relajación de la disciplina social, las exhibiciones de la intimidad personal, la disolución de la moral pública en cierto tipo de comunicaciones (electrónicas o no), etc., son síntomas de barbarie, terribles síntomas de barbarie cuando los desequilibrios sociales y ecológicos de nuestra sociedad actual ya se nos han echado encima.

Hay que preguntar a la gente que se salta las reglas —de la buena educación, del comportamiento cívico, del derecho— si prefiere que los demás también vivan sin reglas.

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En Barcelona ha empezado el tiro al blanco preelectoral contra la alcaldesa Ada Colau. La élite económica no la quiere, y el gremio de hoteleros tampoco. No por lo que hace, sino porque es el munícipe situado más a la izquierda que ha tenido Barcelona desde la muerte del dichoso generalíssimo. La alcaldesa que lleva el nabokoviano nombre de Ada ha cometido sin duda errores, pero menos que los inútiles alcaldes nacionalistas. Los de abajo hemos de ayudarla para que tenga éxito en su trabajo de convertir a Barcelona en una ciudad para los ciudadanos.