La epidemia del Covid ha tenido un impacto feroz sobre las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Muchas de estas mujeres, carentes de contratos de trabajo, se han quedado sin ingresos y sin prestación alguna (al no poder acceder al subsidio extraordinario regulado en el RDL 11/2020, de 1 de abril, por carecer de alta en la Seguridad Social), habiendo de ingeniar fórmulas imaginativas y solidarias de supervivencia demostrativas de su capacidad organizativa y de trabajar en red. Otras, en cambio, han sido obligadas a desplazarse a los hogares, incluso en la fase 0, con grave riesgo para su salud. Mientras tanto, el drama de las residencias ha puesto en primer plano el problema de los cuidados en una sociedad envejecida como la española.

Estas trabajadoras, entre otras prestaciones, cuidan a personas de todas las edades, sobre todo las más impedidas o solas, se ocupan de los menores cuando el horario laboral de las familias dificulta su cuidado y liberan a éstas de las tareas de limpieza y cocina. Tareas que benefician, por otro lado, el mantenimiento del infratrabajo doméstico de los varones.

Las trabajadoras del hogar y de los cuidados hace tiempo que sostienen, a través de sus asociaciones y sindicatos, movilizaciones en todo el territorio, protagonizando uno de los fenómenos más interesantes del feminismo actual, al que sin embargo se le presta muy poca atención. (Por citar unas pocas organizaciones: Sindicato de Trabajadoras del Hogar y Cuidados Sindihogar/Sindillar; Asociación de Empleadas y Empleados del Hogar de Sevilla; en Barcelona; Asociación Servicio Doméstico Activo SEDOAC, en Madrid; Asociación de Trabajadoras del Hogar Etxeko Langileen Elkartea—ATH-ELE, en Bizkaia). Un entramado en el que confluyen prácticas que se oponen frontalmente al patriarcado, al clasismo, al racismo, a la doble verdad política y social en torno a un trabajo tan imprescindible como menospreciado.

Falta la implementación efectiva de una regulación digna del trabajo del hogar y de los cuidados en España, que vaya mucho más allá de del tenue marco regulador del RD 1620/2011. Lo que pasa por la inclusión de este trabajo en el sistema general de la seguridad social, con la obligación de contratar por parte del empleador; la eliminación del “desestimiento” de las familias, que elimina el derecho a la indemnización por despido; la voluntad política de hacer efectivas las normas que afectan al sector (incluyendo las de violencia de género), con un sistema coercitivo que obligue a no superar las jornadas máximas de 40 horas, e imponga inspecciones; el reconocimiento como tal del trabajo nocturno o en días festivos; o una revisión del sistema de pensiones en atención al carácter muchas veces discontinuo de esta actividad.

Falta también una reforma de la ley de extranjería que otorgue efectos jurídicos (permitiendo la regularización de las trabajadoras migradas) al trabajo en negro que se viene prestando efectivamente en los hogares, y que constituye una forma de elusión de las cotizaciones necesarias para acceder a derechos básicos; la identificación y resolución de los conflictos competenciales entre administraciones que impiden la identificación de los grupos de mujeres vulnerables; el diseño de formas de contratación igualitaria que tengan en cuenta la diversidad de modalidades del trabajo en el hogar y de cuidados; una cualificación profesional justa, en la que intervengan las organizaciones civiles que se están ocupando de prestar una formación adecuada y de mediar con familias y empresas ante la pasividad de la administración (Por mencionar dos: Anem per feina. Coordinadora per la inserciò sòciolaboral de Barcelona; SINA, KOOP.ELK.TXIKIA de Bizkaia)

También falta una priorización de las demandas de este sector en la agenda de los sindicatos generales, pero sobre todo el reconocimiento de sus propias organizaciones representativas como interlocutoras en la negociación de las normas que les afectan, tal y como contempla el art. 2 del Convenio 189 de la OIT. Y a este respecto, el compromiso expresado por la ministra de igualdad de ratificar este convenio en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, en el marco de un “Pacto por los Cuidados” para esta legislatura, no ha de contentarse con esa declaración de intenciones, sino que ha de convertirse en un mandato vinculante (y urgente) para el propio gobierno.

El sector de la limpieza y de los cuidados consituye un sector estratégico de la economía. De él depende un número cada vez más elevado de personas y se estima que constituye un 2,8% del PIB. Su normalización a nivel legal no sólo es una demanda de justicia social básica: es también una de las palancas más importantes para la incorporación a la población activa de un número muy importante de trabajadoras pobres, con el consiguiente efecto positivo sobre las cotizaciones sociales y sobre la reactivación del consumo. No hay razones visibles que puedan oponerse a ello, salvo que se considere que las viejas formas de trabajo indigno han de seguir formando parte de la nueva normalidad.

Un gobierno que se identifica con los valores de la igualdad y del feminismo no puede seguir dejando de lado esto. Es hora de intervenir y empujar decididamente, entre todos, hacia una reorganización del sistema de cuidados en España.

[Mis agradecimientos a Rocío Echeverría (Sindihogar) por sus comentarios siempre enriquecedores]