Nuestra sociedad lleva años atravesando una grave crisis social evidenciada —entre otros indicadores— por sus devastadoras cifras de paro, pobreza y exclusión social, Andalucía a la cabeza. Las desigualdades generadas empezaban ya a ser insoportables para muchos.

Con la irrupción del coronavirus, la ralentización económica que se venía iniciando se ha transformado ahora en una profunda crisis socio-económica. Muchas personas se convertirán en nuevos pobres sumándose a amplias capas de nuestra sociedad. Y los que ya lo eran, los situados en los últimos escalones económicos y que sobrevivían con pequeños ingresos ocasionales, en estas semanas (¿meses?) del COVID-19 dependerán absolutamente de los burocratizados e insuficientes recursos de unos Servicios Sociales recortados y colapsados tras años de abandono de lo público.

¿Qué será de las personas empleadas de hogar o cuidadoras de personas dependientes sin contrato despedidas a la nada? ¿O de quienes que hasta ahora se buscaban el sustento en la venta ambulante, mercadillos, recogida de chatarra o con otros trabajos precarios —como muchas personas jóvenes con unas pocas horas dados de alta—, los de pequeños trabajos en la economía sumergida, habitualmente porque no encuentran o no se les facilita otra opción? ¿O de las trabajadoras agrícolas migrantes de Huelva y Almería alojadas en asentamientos chabolistas misérrimos, o los migrantes hacinados en CIE y otros espacios, o las personas sin hogar? ¿Cómo protegerán todos ellos su salud y/o sus ingresos? ¿Cómo harán frente a sus gastos y obligaciones?

El estado de alerta, suspende su escasa y vital actividad laboral o les obliga a quedarse en casa al no poder justificar su salida a trabajar, con lo que pierden ingresos, muchas veces únicos y sin disponer de otro soporte familiar, sin poder acogerse a ERTE o paro retribuido alguno. Cuando muchas familias pierdan gran parte de sustento económico se verán obligadas a obtenerlo mediante las formas más individualistas y primitivas si no se le ofrecen ayudas suficientes y continuadas hasta tanto se revierta la situación.

El admirable comportamiento del grueso de la población, sanitarios en primer lugar, no puede ser ensombrecido por la conducta incívica de una minoría. Innecesarios paseos recreativos y salidas vacacionales, comportamientos irresponsables se dan también en las zonas de exclusión y en ningún caso deben servir para estigmatizar a estas personas empobrecidas y que tienen, por lo general, comportamientos ejemplares teniendo en cuenta las condiciones en las que malviven. Sin justificar ni promover la ruptura del confinamiento, hay que entender que en la situación actual el #QuedateEnCasa es un privilegio difícil de aplicar con rigurosidad a familias de varios miembros que viven en 40 metros cuadrados sin los medios y capacitaciones digitales suficientes y que no tienen ingresos ni ayudas sociales básicas. Y en otros casos, se convierte en una medida para aislar a los que, precisamente, no tienen lugar ni condiciones adecuadas para pasar este confinamiento.

Estas circunstancias conviven con miles de pisos en manos de especuladores financieros que los mantienen vacíos al tiempo que nos hablan de solidaridad. Es responsabilidad de los Gobiernos competentes atender y revertir esta cuestión.

Ahora estamos padeciendo las consecuencias de la ola privatizadora al servicio de los grandes intereses económicos. Las carencias sanitarias de las residencias de mayores, de los albergues y CIE dan muestra de ello. De igual forma que durante la crisis del 2008, el Estado aportó 65.000 millones de euros para el rescate bancario, cuya gran mayoría nunca fue devuelto, ahora es el turno del rescate social. Ahora es el momento de la verdadera solidaridad más allá de llamativas declaraciones. No de la dádiva a través de donaciones o aportaciones. ¿Dónde está la solidaridad de los grandes empresarios cuando son los presupuestos del Estado a los que todos aportamos los que se hacen cargo del pago de los ERTE, paro y aportes a la Seguridad Social?

Se deberían paralizar los desahucios, suspender el pago de alquileres y servicios a las personas y pequeños comerciantes castigados económicamente por la crisis, y sostener el gasto social —no sólo el sanitario— con impuestos especiales sobre las grandes empresas y fortunas que salen indemnes de esta crisis. E impedir todo tipo de negocio o beneficio a expensas del dolor que está crisis está deparando, como el que ya se insinúa desde los hospitales privados, cadenas hoteleras, farmacéuticas, suministradores de material sanitario, etc.

El conflicto social se presenta a nuestras puertas. ¿Será un sálvese quien pueda? Las soluciones no van a provenir de una pretendida seguridad impuesta con mano militari por encima de derechos y libertades fundamentales. Poner en marcha un ingreso mínimo sin condiciones, una Renta Básica, se antoja cómo el sistema más eficaz, económico y sencillo operativamente de aplicar, para garantizar unas condiciones de vida razonables. Las administraciones públicas, hoy más que nunca, deben decidirse junto a quiénes van a estar. Por ello serán juzgadas y recordadas.

Óscar Mitillo es coordinador del Área de Marginación de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía—APDHA

[Fuente: Cuarto Poder]