El Gobierno catalán está promoviendo una reforma del reglamento parlamentario. Se trata de votar una ley que posibilitaría la proclamación de facto de una República, con un trámite parlamentario acelerado, que impidiera la lectura y discusión de la ley en la Cámara. ¿Es importante? No. No es importante. El Estado, a través del TC paralizaría esa ley una vez aprobada. Lo importante de la ley es, simplemente, que ilustra una época. Época, dos puntos. A) Un parlamento se dota de un reglamento que le substrae los malos rollos de un parlamento ―la discusión, el control―, pero que le aumenta lo más sexy ―la votación de leyes, fundamentalmente gubernamentales―. El parlamento, como una cooperativa de consumo, o como la prestigiosa firma tuperware, vamos, elimina intermediarios ―a sí mismo, en este caso―, para acceder directamente a su producto favorito. Apretar el botón verde. En el interín y el tránsito a ello, un parlamento aprueba un reglamento interno para dejar de serlo. Y, B), y tema de este articulete, un parlamento se dota de una ley que rebaja sus funciones, pero que le permite una superproducción: proclamar un Estado que no llegará a existir. Este último dato es importante. Catalunya vive un proceso político, vamos para seis añitos ―sí, la sensación térmica es de 6000 años―, que puede culminar ―y me temo que culminará―, con la solemne, histórica y épica proclamación ―a través de mecanismos no democráticos; de mecanismos democráticos minimalistas― de un Estado que no existirá, que no será reconocido ni por Alemania ni sus The Alemanettes, que será recurrido con efectividad ―todo apunta a ello― por el Estado Español, pero que será percibido en su grandeza y mixed-emotions por sus usuarios ―la mayoría de una cámara que votará no discutir esa proclamación―, y por los votantes de esa mayoría, que parece ser que vivirán esa proclamación como un antes y un después. Lo que nos lleva a una aportación catalana imprevista. La formulación del Estado en el siglo XXI.

Los palabros más recurrentes en las conversaciones suelen ser los que poseen descripciones menos certeras. El fútbol, el tiempo y el sexo, lo que ocupa más tiempo en las conversaciones triviales cotidianas, vete a saber lo que significan en realidad. En política pasa lo mismo, pero más a lo bestia. Yo qué sé. Democracia. No hay muchas definiciones de Democracia. El mundo, en ese sentido, va tirando por lo que dijo Lincoln en Gettysburg. Fue un discurso fluido, preparado en un viaje en ferrocarril que duró dos horas. Lo que indica que si hubiera existido el AVE, igual la precaria definición de democracia que usamos hubiera sido aún más lacónica. Con el palabro Estado pasa un poco lo mismo. Los Estados han Estado tan ocupados en sí mismos durante los últimos cinco siglos que nunca han encontrado tiempo de definirse. En esa ausencia, al parecer han ido tirando con la definición implícita de Estado que se hace en la Paz de Westfalia, siglo XVII. No es mucho, tampoco. Pero a través de esa definición ―el Estado es el dominio sobre un territorio y una población―, se han podido acometer todo ese periodo de estabilidad y carnicerías que va del XVII al XXI. La definición catalana ―el Estado no es el dominio de un territorio ni de una población; es el dominio de muy pocas cosas; tal vez es el dominio de una cámara y de unos medios, que se tomarán en serio lo que diga la cámara; poco más― es, creo, una buena definición del Estado, tal y como ha quedado visto para sentencia en el siglo XXI.

España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, tal vez no difieren mucho de esa formulación catalana. Son Estados que existen, sí, pero no mucho. No dominan todos los tramos del dominio sobre la ciudadanía. Parece ser que dominan más el territorio. Pero no todo. Grecia no domina sus puertos, que los domina China. España no domina cientos de locales del IBEX35. Son locales en los que no sólo hay aire acondicionado a una temperatura francamente baja ―la OMS ha emitido un informe que señala que un directivo español del IBEX podría vivir 3.500 años, siempre que no salga de su sede y se exponga a una temperatura cálida―, sino que se ejerce dominio sobre la ciudadanía y el territorio de manera más importante y determinante, se diría, que en el Estado.

Quizás, la propuesta catalana ―un Estado que ejerce una percepción, una sombra, del dominio de la población y el territorio, tan reducida, que el Estado, formalmente, no existe―, liga incluso con UK. La UK del Brexit, por ejemplo, gestiona una devolución de la soberanía sobre el territorio y la etc. que es poco probable que exista. Los más optimistas, suponen que devolver la soberanía cedida y mezclada con la UE supondría, si se lo curran, treinta años de devoluciones. Aún así, como todo lo que se deja prestado durante mucho tiempo, lo devuelto no volverá en el mismo estado y calidad. El Estado, vamos, no parece dominar ni tan sólo la devolución de su dominio sobre territorio y soberanía. Ahora que lo pienso, la definición catalana puede relacionarse con el Estado que se está construyendo en los Estados Unidos. Ninguno. Un Estado que reclama soberanía à gogó sobre el territorio y la ciudadanía, de manera que crea tanto conflicto y crispación que es difícil observar todo lo que transcurre fuera de ese conflicto y crispación espectaculares. Que tal vez sea poca cosa. El resultado, en todo caso, es la percepción de la brutalidad, lo que recuerda a los usuarios de Trump el Estado, esa cosa que se pretende que sea grande otra vez, si bien lo grande, lo descomunal, lo que ejerce un dominio atroz sobre la ciudadanía y el territorio transcurre, sin regulación alguna, fuera del Estado. Como en todo el mundo.

Las autoridades catalanas decían que quería inaugurar una época. Tal vez, sólo han contribuido a dibujarla. El Estado ya no es lo que era. Tal vez es un estado, sí, pero de ánimo.

[Guillem Martínez es periodista y escritor. Actualmente publica en ctxt y es autor del libro La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe (Debate, 2016)]