Por fin la experiencia de la desigualdad, negada como hecho de la vida desde el púlpito de quien administra el poder en consonancia con los estrictos dogmas de la macroeconomía financiera, ha alcanzado estatus de realidad merced a los números presentados recientemente por los oráculos reconocidos por los países económicamente desarrollados (políticamente sometidos a la inquebrantable lógica del dinero).

«Los Estados miembros de la OCDE viven la mayor desigualdad entre ricos y pobres en treinta años», lee el ciudadano arquetipo en el diario del desayuno; y un eco mimético repite la noticia en el informativo radiofónico del mediodía, el mismo que rebota y reverbera contra la pantalla del televisor a la hora del telediario de la noche, cuando la cena preludia el derrumbe físico que le llevará hasta la cama. Y antes de cerrar los ojos y perder la consciencia —con suerte— probablemente pase por su confuso entendimiento la idea de que esa aseveración de la OCDE, quintaesencia de un laborioso (y costoso) estudio, era para él una evidencia patéticamente experimentada hace ya tiempo. Es verdad que el dichoso informe proporciona la objetividad que otorga la cuantificación numérica, y así llena de razón matemática a los escépticos (hay algún presidente de gobierno de un país que nos queda muy cerca que prefiere el calificativo de «tristes») respecto de las bondades sociales intrínsecas al crecimiento económico, advirtiéndonos de que el 10% más rico de la población gana 9,6 veces más que el 10% más pobre, cuando en los años ochenta del siglo pasado eran siete veces más, no habiendo parado de crecer la economía desde entonces. Una de las creencias, precisamente, de la ideología neoliberal que pasa por hecho irrefutable es que el crecimiento económico es como la corriente de agua que a través de la acequia inunda con su bondad, si el volumen es suficiente, hasta el último rincón de las tierras sedientas, sin necesidad de más. Tesis del “goteo” o “derrame” la llama el filósofo Mario Bunge en su libro Filosofía política, en realidad un mito, según el cual el crecimiento económico se basta y sobra para erradicar la pobreza.

Sin embargo, tal creencia no parece estar avalada por los datos que la historia nos proporciona, como demuestra el economista francés Thomas Piketty en su libro titulado El capital en el siglo XXI, publicado por primera vez hace dos años. Sobre la base de una rigurosa recopilación de datos acerca de la evolución de la riqueza de varios países —principalmente Francia, Alemania, Gran Bretaña y Norteamérica—, y un cuidadoso análisis de los mismos sostiene Piketty que no hay determinismo económico —como el del mero crecimiento— que de satisfactoria explicación de la historia de la distribución de la riqueza. A grandes rasgos los registros representan una reducción de la desigualdad en los mencionados países en el entorno cronológico de las dos grandes guerras del siglo XX que tuvieron un impacto político que llevó (más bien obligó) a la práctica de políticas favorecedoras de la convergencia (reducción de la desigualdad). Y han sido las vigentes políticas económicas neoliberales, sobre todo en materia fiscal y financiera, las que marcan ese punto de inflexión del decenio 1970-1980 en la evolución del reparto de la riqueza, la cual pasa de dirigirse hacia la convergencia a poner rumbo hacia una creciente divergencia (los ricos, más ricos; los pobres, más pobres) que ahora revela el último informe de la OCDE, institución nada sospechosa de ínfulas intervencionistas en economía por cuanto el principal requisito para ser país miembro es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.

Es asimismo idea principal del mencionado libro de Piketty —que se sustenta de nuevo en una minuciosa recopilación de datos económicos del último par de centurias— que es menester una decidida acción política para corregir las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias, éstas últimas las predominantes. Si no se hace así su pronóstico es que “las fuerzas de divergencia serán las dominantes en la cima de la jerarquía mundial de las riquezas”; siendo posible que el milésimo superior (uno de cada mil) de la humanidad llegue a poseer el 60% del total de la riqueza, lo que únicamente parece políticamente sostenible mediante un muy eficaz sistema represivo o mediante un poderosísimo aparato de persuasión, o ambos a la vez.

Pero haríamos mal si tomásemos los pronósticos de los estudiosos por profecías infalibles. Para que el crecimiento económico sea sinónimo de prosperidad para todos se impone corregir el rumbo tomado a partir del decisivo decenio 1970-1980, haciendo que los impuestos sean mecanismo corrector de desigualdades, y que dejen de ser objeto de ofertas electorales con tufillo demagógico en las que casi siempre se promete bajarlos. En ellos se materializa la solidaridad de una nación, que no es otra cosa que el egoísmo inteligente. Es la justicia la que debe inspirar la política tributaria; cosa que no ocurre cuando Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, denuncia que sus impuestos equivalen al 17,7% de la base imponible de sus ingresos, mientras los de su recepcionista suponen el 30% de los suyos. Esta palmaria injusticia es consecuencia del más ventajoso trato fiscal que, en general, reciben los beneficios obtenidos de las inversiones financieras que los obtenidos del trabajo.

Perseverar en esta dirección de divergencia de los segmentos extremos de riqueza no es inteligente, pues incide en la desintegración de la sociedad. Sin impuestos justos no hay civilización.

[José María Agüera Lorente es profesor de filosofía de secundaria]