En el proceso desconstituyente continuado por el PP e iniciado por el Principal Partido de la Oposición (PPO) con la reforma del art. 135 de la CE, la inminente designación de vocales del CGPJ revela que en la Sodoma de la vida política española todavía queda algún justo.

Tras la LO 4/2013, norma (otra más) que pervierte la CE para someter a los intereses del Ejecutivo lo poco que quedaba del CGPJ y de la garantía institucional de la independencia judicial, PP y PPO se han repartido ya el pastel de los vocales judiciales (12), tras repartir la tarta de los no judiciales (8), con una concesión testimonial a los partidos minoritarios. Entre otras menudencias, estos vocales serán los que elijan a los integrantes del TS y a parte de los del TC, así como a todos los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Así, el órgano de gobierno de los jueces es ahora una subdelegación más del gobierno, Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial, podríamos llamarlo, lo cual es particularmente importante en el mismo momento —caprichos del destino— en que un señor de Castellón, aficionado a los juegos de azar, ha sido agraciado con cuatro años de prisión por fraude fiscal, fruto del capricho de la díscola Temis.

Esta diosa de la justicia, siempre dada a la rebeldía y el dislate, tiene ahora que atarse en corto, pues últimamente está bastante desbocada, con más de 300 casos del particular corruptódromo nacional acumulándose en su balanza.

Es lógico que ante tal realidad, la clase política decida llegar a acuerdos lo más rápido y ágilmente posible, a diferencia de lo que ha ocurrido en la designación de CGPJ anteriores, para evitar que Temis continúe con su particular bacanal. Para ello no ha dudado en suspender un proceso de designación de vocales iniciado, reformar la LOPJ al socaire de la mayoría absoluta y situar en la nueva institución, la Subdelegación del gobierno del poder judicial (SGPJ), a alguien como el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidió el pasado mes paralizar las resoluciones judiciales contrarias a la privatización de la Sanidad madrileña, y que todas las decisiones al respecto fuesen tomadas por medio centenar de magistrados, donde hay una clara mayoría favorable a que la Comunidad de Madrid siga con su proceso privatizador.

Así está la cosa. Sin embargo, en esta Sodoma política Tomás Gómez amenaza con dimitir de su cargo de Senador —¡sí, un político en España!— si el Senado mantiene el acuerdo con el SGPJ, lo cual nos recuerda al pobre Lot clamando a Jehová por la salvación de Gomorra y Sodoma mientras buscaba a 10 justos que las libraran de su particular apocalipsis. Y es que Tomás cree, y con razón, que la marea blanca sería menospreciada con el nombramiento de quien ha intentado apagar la llama de esperanza que para sus ejemplares, constantes y organizadas movilizaciones en defensa de la salud de todos Temis había alumbrado en Madrid, suspendiendo cautelarmente el voraz proceso privatizador.

Al menos queda un justo en el Senado, aunque ello no dé para mucho, si no es que provoca una revuelta en el propio PPO que permita afrontar un nuevo proceso constituyente que regenere la democracia en este país. No es muy probable que lo haga quien a iniciativa del BCE ha consumado la reforma de la clave económica del estado social (art. 135 CE) imponiendo manu miniltari la estabilidad presupuestaria por obra y gracia de la troika comunitaria, finiquitando así toda tentativa keynesiana de salida de la crisis. Ojalá me equivoque.

El problema de este país es que las instituciones ya no cumplen con su función: el TC ha caído, el Gobierno obedece lo que manda la troika sin rechistar a cambio de créditos para salvar a los bancos que financian las campañas del partido de turno, los bancos no dan créditos a los emprendedores, el banco de España no controla a los bancos, la justicia va lenta porque el gobierno la deja sin medios para funcionar, de forma que las condenas por corrupción son anecdóticas y sujetas siempre al comodín del indulto; el Parlamento ya no controla al Gobierno, que sólo permite comparecencias de su presidente de forma extraordinaria; la prensa está sujeta a los intereses de los grandes grupos y los periodistas son trabajadores precarios cuya honestidad se premia con el despido; y ahora… ahora le toca a Temis. Temis empezaba a desentonar en este lodazal corrupto, pues a pesar de su espada ajada, su balanza rota y su venda carcomida, seguía cumpliendo de vez en cuando, sólo de vez en cuando, su función: proteger los derechos fundamentales de los desahuciados, despedidos, consumidores, mujeres maltratadas, imputados, presos y todos los parias de la sociedad.

Si los vocales de la novedosa Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial siguen en su política de nombramientos el mandato de sus designantes es de temer que el deterioro institucional continúe hasta límites insoportables y si el Poder Judicial cae, el último bastión de defensa de lo que queda de Constitución habrá cedido y muchos jueces/as que prometimos servir una Constitución, que poco o nada tiene que ver con lo que ahora contemplamos, nos sentiremos legitimados para apoyar un proceso/s constituyente/s que regenere aquella democracia que nos dejamos en 2007, con el inicio de la crisis económica, en que PP y PPO entregaron el Estado social a cambio de financiar la bancarrota bancaria. Ahora es el turno del Estado de derecho.

[Carlos Preciado es magistrado especialista en el orden social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y profesor asociado de derecho penal de la Universitat Rovira i Virgili]