El pasado 24 de febrero de 2022, las fuerzas militares de la Federación Rusa lanzaron una operación militar especial de invasión del territorio de Ucrania, Estado soberano e independiente miembro de la ONU. Como han afirmado la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UE, la OTAN, la OEA (Organización de los Estados Americanos), la Unión Africana, y la doctrina internacionalista abrumadoramente mayoritaria, esa acción militar es un acto de agresión, por consiguiente, un crimen contra la paz, una de las peores vulneraciones del derecho internacional puesto que supone un uso de la fuerza armada prohibido por el art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, y la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU que lleva por título “Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados”.

Como en tantas otras ocasiones previas cometidas por mano Occidental (Kosovo 1999, Iraq 2003, Libia 2011, Siria 2011-2022), este crimen internacional quedará impune, al igual que los otros de Rusia en Crimea (2014) y antes en Georgia (2008), en esa carrera absurda por igualarnos rápidamente en iniquidades, ahora que Rusia dispone de mayor fuerza militar.

Es difícil encontrar un principio de esa Declaración que no haya sido vulnerado: el principio de arreglo pacífico de controversias; el principio de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados; la obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta; el principio de Igualdad soberana; el principio de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas a través de la Carta de las Naciones Unidas; el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos; y, como es manifiesto, también el de prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 

El “backbone” del Derecho internacional quebrado al completo por Rusia… como en tantas otras ocasiones lo ha sido por manos occidentales desde el final de la Guerra Fría. El mundo era una suerte de Wild West de los EEUU, al que ahora se suma el Wild East ruso. Mal iremos si emerge también un Wild Orient chino. Sería un fundido a negro sin necesidad de catástrofe termonuclear.

Los análisis sobre lo sucedido hasta ahora se mueven, por lo general, en torno a cuestiones como “las causas” de la agresión; el “blaming game” o juego de acusaciones de quién tiene más responsabilidad de que se haya llegado a esta situación; las consecuencias económicas de la guerra; quién incumplía más los Acuerdos de Minsk (2014); y qué significa esto en la política mundial del futuro. Cada uno tiene sus posturas, estas son sintéticamente las mías.

Por supuesto, de la invasión, en sí, la culpa y responsabilidad moral y jurídica recae en exclusiva en Rusia. Con respecto a las causas y motivos evitables que han hecho que Rusia se precipite como un oso enfurecido salido de la taiga al estado más salvaje aún de la guerra, como en toda contienda armada, las hay recientes y remotas y de atribución difusa: se pueden asignar por dejación, mala fe, o imprudencia política, jurídica y moral a muchos actores.

Uno, el propio gobierno de Ucrania y los partidos políticos que impulsaron el “nation-building” ultra nacionalista ucranio rusófobo. Fue refrenándose con el tiempo, pero no lo suficiente.

Los EEUU y la UE por alentar, organizar y/o convalidar el golpe de Estado que se produjo en Ucrania en 2014 contra el Presidente democráticamente electo, Víktor Yanukóvich.

La OTAN, y en especial, EE.UU. y Gran Bretaña, por su obsesión inexplicable de armar hasta los dientes a Ucrania, lo que bien pudo parecer un paso previo a su incorporación a la OTAN, y hasta una incorporación de facto a la misma, que ponía objetivamente en peligro la seguridad de Rusia.

A China también, que deja hacer pensando en Taiwán, su río revuelto y ganancia futura de pescador. Aunque sea territorio soberano chino ocupado por los EE.UU., la reversión de su estatus actual debiera hacerse de forma pacífica.

Y a Rusia, por supuesto, por no perseverar incesantemente en lo único que tenía derecho a hacer: buscar una solución pacífica a todos los agravios que pudiera percibir. Con este zarpazo, se iguala y supera con creces todo lo que hasta ahora criticaba de los EE.UU. y la OTAN.

En lo económico, pierden mucho la UE y Rusia; son mutuamente socios comerciales principales; gana EE.UU. a corto plazo en venta de armas, de energía y préstamos al mercado europeo; pero se fortalece más aún a China, que emerge como socio comercial fundamental de Rusia. El gas y petróleo que Gazprom y Lukoil no venda a Europa irá con facilidad a los sedientos mercados asiáticos en desarrollo poderoso de China e India.

En cuanto a la violación de los Acuerdos de Minsk (2014), respaldados además por la Resolución 2202 (2015), de 17 de febrero de 2015 del Consejo de Seguridad, Ucrania ha sido su principal vulnerador desde su celebración, hasta antes de la agresión, al hostigar violentamente con frecuencia la línea de separación con las provincias filo rusas rebeldes y no lograr cumplir con su obligación de dotar de un fuerte estatuto de autonomía de tipo federal a las provincias de Lugansk y Donetsk, con una Ley especial y la modificación de su Constitución. Con suerte, se volverá a la letra y espíritu de aquellos Acuerdos bien pergeñados por Alemania y Francia con Ucrania y Rusia. La solución auténticamente europeísta de la cuestión.

Y sobre la Política mundial: la solución a esta guerra será el factor más determinante, no la guerra en sí. Un alto el fuego rápido, y negociaciones racionales que devuelvan a la solución Minsk, incluida ahora la neutralización mediante tratado de Ucrania, sería a mi parecer, la mejor opción; cualquier otra arriesga el alzamiento de un nuevo telón de acero por décadas, con Rusia y China unidas en un mismo bando, lo que junta el hambre con las ganas de comer, en un bloque que atraparía también a dos tercios de África y generaría recomposiciones del poder en Latinoamérica.

La UE sería quien sufriría más en esta situación, quedando como un adminículo comercial, administrativo y civil de la OTAN bajo la égida de EE.UU. Veríamos a la UE convertida en la organización del tambor de hojalata, que a sus setenta años decide dejar de crecer, a pesar de estar «completamente terminada por dentro y por fuera», y pasaría a ser un mera narradora no fiable de lo que sucede o sucedió en Europa, inestable mentalmente, desagradablemente ruidosa como el Alto Representante para asuntos exteriores de la UE, J. Borrell; contradictoria con su propia autobiografía europeísta, y que pasa en la misma frase, sin solución de continuidad, de hablar en primera persona a hacerlo en tercera.

Pero nada de todo esto es el motivo real de este artículo escrito a vuela pluma. Lo que me inquieta ahora más es la reacción española, y también la de la UE. Aunque en especial la española.

El Presidente Pedro Sánchez, no sé si en un calentón para conseguir de una vez por todas que J. Biden le admita en la mesa de los mayores, harto ya de perseguirle sin éxito por los pasillos internacionales, anunció el pasado 2 de marzo que España enviaría literalmente “armas letales” o “armas ofensivas” a Ucrania para que los ucranianos progubernamentales se batan el cobre contra las fuerzas rusas y ruso-ucranianas.

Pasemos por alto el cinismo extremo del que ofrece a otro, sin compartirla, la suerte de los numantinos.

Estoy convencido de que el Presidente Sánchez sabe, porque así se lo ha indicado los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuando hay una guerra entre dos o más beligerantes, el resto de Estados no directamente implicados, pueden optar por ser Estados neutrales, que es un status jurídico concreto en Derecho Internacional que conlleva una serie de derechos y obligaciones hacia los beligerantes; o bien por ser también un Estado beligerante —aunque no combatiente necesariamente—, que es en lo que España se convierte si vende armas letales a Ucrania y no lo hace también a Rusia.

Tertium non datur. O te comportas con neutralidad hacia los beligerantes, y no vendes armas o las vendes por igual a ambos; o pasas a la categoría de Estado beligerante, en especial, si vendes armas en apoyo a una de las partes en la guerra.

También debe saber, así, que en ese caso, por poner un ejemplo, un convoy aéreo español que lleve armas letales a uno de los beligerantes, puede ser lícitamente atacado por Rusia, puesto que es un objetivo militar válido de conformidad con el Derecho de Guerra de las Convenciones de la Haya (1907), y con las costumbres internacionales. Lo mismo si lo hace por tierra o por mar.

Me he acabado preguntando entonces si al convertirse España, por Real Decreto de Sánchez, o como sea, en un Estado beligerante, aún no combatiente, con respecto a Rusia, no procede entonces aplicar el art. 63.3 de la Constitución Española, que indica que es al Rey a quien le corresponde declarar la guerra a Rusia, que es en lo que entraríamos formal y materialmente, o en algo muy parecido que se llama “beligerancia”.

Y antes de eso, celebrar una buena sesión en las Cortes Generales en las que la ciudadanía oiga de sus representantes por qué consideran que debemos entrar así en guerra o beligerancia activa, a pesar de que la bienvenida Resolución A/ES-11/L.1 de la Asamblea General, de 2 de marzo, que condena la agresión de Rusia, no aprueba sanciones contra ésta, sino que en su punto 14 “insta a la inmediata resolución pacífica del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos”.

De hecho, sorprende que reclame a Rusia que se abstenga de seguir haciendo uso de la fuerza armada y a que retire sus tropas de Ucrania, pero no “recuerde” el derecho a la legítima defensa colectiva de Ucrania del art. 51 de la Carta, pudiendo haberlo hecho. Por algo será. Hay que leerse toda la Resolución, para entender su espíritu, y no sólo la parte que nos masajea.

El Gobierno español, de coalición, responsable políticamente de modo colegiado de la decisión del envío de armas letales al escenario de guerra, es decir, todos sus ministros uno a uno por igual, sean del PSOE o de Unidas Podemos, debería, por ello, explicarnos bien a los ciudadanos los riesgos militares y las consecuencias jurídicas internacionales para España de la decisión simbólica y moral de enviar armas al conflicto, que no revertirán la aplastante victoria militar rusa hasta que se alcance un alto el fuego, y la convertirá en más sangrienta.

Que haya un consentimiento informado hacia lo que P. Sánchez decide. Igual se está a tiempo de descartar opciones temerarias. Por lo menos, que se expliquen y debatan mejor en una sesión especial del Congreso sus ventajas —ninguna para mí, con respecto al cumplimiento de la resolución de la Asamblea General— e inconvenientes —todos, menos la perversa grandilocuencia moral—, para España y para la guerra en curso.

Debiera así el Gobierno hacer públicos los informes del Gabinete jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, elaborados a tal efecto, para el conocimiento de los ciudadanos y los partidos políticos.

Una democracia tan madura como la española merece ese debate con luz y taquígrafos. Debe saber que quien siembra lanzagranadas “letales”, puede cosechar a cambio misiles hipersónicos Tsirkon. Al convertirnos en beligerantes, aún no combatientes, aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo de España con Rusia y, por consiguiente, de la escalada y choque directo también de Rusia con la OTAN.

Víctor M. Sánchez es Profesor de Derecho Internacional Público.

[Fuente: e-notícies]