I

Dentro de unos días, la alcaldesa de Barcelona deberá acudir al juzgado para declarar en un presunto caso de corrupción. La causa es la realización de convenios de cooperación con entidades amigas: el observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, Ecologistas en Acción, la PAH, la Alianza contra la

Pobreza Energética, etc. El denunciante una oscura Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que es tan opaca que ni se conocen sus dirigentes. Nada nuevo en Barcelona. Esta va a ser la décima denuncia, y por los mismos hechos que ya se han archivado en anteriores ocasiones.

El Gobierno de los Comuns ha sido objeto de un implacable marcaje desde su llegada al poder. Puede que no sean más que reformistas socialdemócratas, pero la verdad es que han osado meter mano en esas cosas que no deben tocarse: proliferación de hoteles, desahucios, gestión de servicios públicos… Las querellas han estado casi siempre presentadas por asociaciones tan opacas como la que nos ocupa y por despachos de abogados ligados a grandes intereses económicos. Los que llevamos tiempo en los movimientos sociales de la ciudad sabemos el papel que ha jugado Agbar en mucho de estos casos. Y tanto acoso judicial si bien no se ha traducido en condenas por corrupción ha tenido éxito en otros campos: Agbar ha mantenido su negocio, después que el Tribunal Supremo le diera la vuelta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y uno de sus satélites consiguió que se anulara el reglamento de participación de la ciudad por el que muchas entidades habían trabajado mucho tiempo.

Las campañas judiciales han tenido, cómo no, su complemento mediático en los tradicionales medios de la derecha local y en algunos nuevos creados ad hoc. Es lo que cabía esperar de unos poderes económicos para los que sus privilegios son sagrados. En todas estas campañas de este mandato aparecen dos dianas paralelas: Ada Colau y su gente, por un lado, y las entidades sociales por otro. Por estos las denuncias se enfocan siempre en la misma dirección: los convenios y subvenciones a determinados colectivos con un perfil marcadamente reivindicativo. Tras la anulación judicial del Reglamento de Participación, se ha procedido a elaborar uno nuevo bastante parecido al anterior (aunque el cambio no es inocuo, para acogerse al mandato judicial se ha pasado de tener que recoger 15.000 firmas a 88.000 para conseguir que se convoque una consulta). En este proceso hubo un aluvión de demanda de entidades y grupos empresariales en las que se proponía eliminar subvenciones y convenios a entidades sociales, entre otras medidas encaminadas a coartar la participación organizada. El tema de las subvenciones y apoyos que reciben las entidades sociales es un tema crucial. No solo en Barcelona. En torno a este tema la derecha lleva años generando un discurso político que criminaliza a organizaciones que no les gustan: feministas, de memoria histórica, vecinales, sindicales…

II

Hay una buena razón para defender gran parte de las subvenciones y convenios con entidades sociales. Es la única forma de garantizar una financiación básica a muchas entidades que desarrollan un enorme trabajo social. Las desigualdades de renta no solo afectan a la situación individual de la gente, sino a su capacidad para financiar agencias que representen sus intereses. Cuanto más recursos se tiene, más posibilidades de pagar asesores, comunicadores, activistas con los que promover los propios intereses. Es un hecho bien conocido y estudiado en el caso de Estados Unidos. La derecha reniega de subvenciones (aunque el gran mundo empresarial está especializado en captar todo tipo de rentas públicas) porque cuanto menos impuestos se paguen y menos ingresos reciban las asociaciones y movimientos de base más débiles serán. Ellos siempre podrán financiar (casi siempre con desgravaciones fiscales) sus propios think tanks, sus campañas, su sociedad civil. Y por esto también son partidarios de que no existan regulaciones estrictas a la financiación de los partidos políticos porque eso garantiza que puedan dirigir un enorme flujo de recursos a los candidatos que mejor defiendan sus intereses.

La financiación pública a un amplio abanico de entidades es una forma de redistribuir poder e ingresos. Casi siempre insuficiente y siempre puesta sobre sospecha. En la experiencia de Barcelona las subvenciones y los convenios se realizan de manera transparente (desde hace años); las entidades deben justificar el uso y en general no hay a cambio una intromisión del poder municipal. Quien quiere mantener su autonomía la mantiene. Se trata casi siempre de una financiación insuficiente, en que no se considera la aportación en horas de trabajo del personal voluntario que garantiza muchas actividades sociales. De forma creciente, hay más bien una sensación de que la mayoría de ayudas conllevan una carga tan grande de faena burocrática que desaniman a las pequeñas organizaciones, las que están más necesitadas de recursos básicos (pienso en alguna asociación vecinal de un barrio pequeño, de bajos ingresos, donde su actividad es la base de vertebración de un mínimo tejido social).

Hay incluso alguna experiencia elocuente al respecto. Cuando el Ayuntamiento inició la creación de centros cívicos en los barrios, gestionados por empresas privadas, en algunos barrios con tradición radical surgieron demandas de autogestión de los mismos. Al principio se consiguió en unos pocos centros de mi distrito, en una situación de tensión permanente con los responsables municipales. Pero llegó un momento en que uno de los gerifaltes del distrito (del mismo partido que llevaba años mandando, el PSC) reconoció que la gestión cívica por parte de entidades y colectivos de barrio era más barata y tenía más satisfecha a la gente. Desde entonces la gestión cívica se ha extendido a muchos espacios de la ciudad y es otro de los modelos que está siendo cuestionada por los grupos empresariales. La razón no es otra que se les ha quitado un suculento pastel.

Democratizar la sociedad pasa por dotar de recursos que permitan desarrollar iniciativas sociales, generar organización de la gente con menos recursos, desarrollar innovación social. Y esto es lo que en gran medida se quieren cargar los que denuncian pequeñas subvenciones y convenios y suelen saquear, por vías legales o ilegales, los presupuestos públicos.

III

Para ciertos sectores de la izquierda, sobre todo de cultura anarquista pero no exclusivamente, las subvenciones son un anatema. Es habitual, por ejemplo, encontrar quien apunta que los sindicatos están domesticados gracias a las subvenciones. Lo que además de un insulto conlleva evitar discutir qué tipo de acción sindical es posible, deseable y olvidarse de los condicionantes sociales en los que tiene lugar.

Se puede entender parte de esta crítica. Es cierto que durante muchos años las organizaciones de izquierdas se desarrollaron con sus propias fuerzas, con sus recursos y el trabajo de sus activistas. En Catalunya construyeron un enorme tejido de cooperativas, ateneos, asociaciones culturales… Un modelo de organización social que no solo se daba en la clase obrera, incluía a gran parte de entidades de la pequeña burguesía local. Es algo que en buena parte destrozó el franquismo y remató el desarrollismo de los años sesenta. Yo viví aún la fase terminal de aquella experiencia: forma parte de mi formación social. Y realmente era muy valiosa. Pero es difícil rehacerla más allá de pequeños grupos de militantes. Han cambiado demasiadas cosas en los comportamientos de la gente. Se han transformado las formas de gestión del poder, se han tecnificado. Algo que impacta no solo en los movimientos sociales y entidades reivindicativas, sino también en el conjunto de asociaciones que son la base de organización social. Seguir promoviendo la participación, la militancia y el compromiso es esencial. Pero también se requiere un realismo.

Están bien las advertencias del carácter potencialmente corruptor de las ayudas públicas. Por eso es necesario afrontarlas con una estrategia clara, que mantenga la autonomía de las organizaciones, que se realice con criterios claros que eviten corruptelas y compras. Que sirvan para reforzar los movimientos y profundizar los procesos democráticos.

La derecha lo tiene claro. Ataca las subvenciones a determinados movimientos y entidades no porque esté en contra del clientelismo, que practica con fruición. Lo hace por conciencia de clase. Porque quiere organizaciones sindicales, vecinales, feministas, ecologistas, de memoria histórica, débiles, infradotadas, sin apoyo técnico adecuado. De eso van las querellas de Barcelona, o el llamado “desmontaje de chiringuitos” de muchos otros lugares. Por esto también en Barcelona se está organizando un amplio abanico de entidades muy diversas porque saben que esto es parte de una ofensiva contra una amplia base social.