I

Hay un viejo lugar común económico que se repite constantemente, aquel según el cual el mercado laboral es el principal problema que resolver de la economía española. Como si el mercado laboral fuera algo independiente del resto de la economía. Como si los únicos problemas organizativos que tuviera la estructura productiva fueran las normas laborales.

Lo que es cierto es que, en un economía capitalista, todo el mundo depende para subsistir de los ingresos que obtiene en el mercado. Y, además, la posición que cada cual ocupa en la estructura ocupacional tiene una enorme influencia sobre su entera vida social. Excepto para una minoría de propietarios, la renta mercantil (salarios o ingresos del trabajo autónomo) constituye su ingreso principal, especialmente en un país donde el peso de las políticas redistributivas es bastante limitado y donde recibir ayudas públicas conlleva cierto estigma. Es algo que no ocurre con las pensiones de jubilación porque sus detentores las consideran una retribución que se han ganado a lo largo de su vida laboral.

Lo que es obvio es que la situación laboral de muchas personas ha experimentado en los últimos años un deterioro en términos de ingresos y de seguridad en el empleo. Aunque ésta ha sido una tendencia dominante, el deterioro tiene grados diferentes. Es algo que, por ejemplo, se ha constatado con la aplicación de los ERTE por la pandemia, que han representado una no desdeñable protección del empleo y los ingresos para muchas personas, pero que han dejado fuera a los sectores más precarios, los que no estaban contratados cuando empezó el confinamiento (que aspiraban a un empleo en una actividad estacional de verano), y sobre todo a las personas con empleos irregulares, en gran medida provocados por las normas de extranjería. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE condenando a España por negar el subsidio de desempleo a las trabajadoras domésticas (muchas de ellas cuidadoras de personas con diversos grados de dependencia) es un recordatorio de que en la precariedad hay grados.

II

Entender dónde radican las razones de esta situación puede ayudar a buscar las políticas y las acciones orientadas a combatirlas. En la izquierda y los sindicatos existe el convencimiento de que la raíz del problema estriba en las sucesivas reformas laborales, que han laminado derechos individuales y colectivos y favorecido el empleo temporal y la externalización. No es un mal diagnóstico, aunque lo considero insuficiente.

Hace unos años participé en una investigación a escala europea en la que se consideraban las diferencias nacionales en términos de “modelos nacionales de empleo”. Cada país de Europa difiere en muchos aspectos de sus vecinos. El concepto de “modelo nacional” trata de destacar los ejes básicos que explican estas diferencias. Hubo consenso en que el principal elemento determinante lo constituye la estructura productiva y empresarial. Ésta es el producto de los complejos procesos de especialización generados por las dinámicas capitalistas en los que intervienen tanto fuerzas supranacionales, públicas y privadas (organismos internacionales, multinacionales financieras, etc.), como los propios agentes locales, en particular sus élites. La estructura productiva local es el resultado de este juego entre fuerzas internas y externas, y tiene un impacto importante tanto en la estructura ocupacional, donde se emplea la gente, como en las propias políticas de gestión de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, que Alemania tenga un sofisticado sistema de formación profesional deriva en buena parte del hecho de que las élites económicas locales consideran que su posición competitiva en el contexto mundial se basa en producir bienes de alta calidad.

Las élites locales españolas, en cambio, han tenido un éxito notable enfocando sus intereses en otra dirección. Anteayer mismo participaba en un foro de debate sobre las posibles alternativas de reindustrialización en una zona cercana a Barcelona, y uno de los ponentes comentó que aquí no tenemos grandes empresas multinacionales como las que ha detectado en Italia. Tenía razón en lo referente a grandes grupos industriales, pero no en cuanto a grandes actores en el capitalismo global, como Santander, BBVA, Telefónica, Inditex, las grandes constructoras… Sin alterar esta estructura de poder económico y de orientación hacia un modelo depredador, especulativo (y, por qué no decirlo, corruptor), va a ser difícil alterar las cosas. Sobre todo si seguimos teniendo una economía con elevados niveles de estacionalidad y empresas orientadas al “toma el dinero y corre”.

Las empresas no operan en el vacío. El segundo nivel lo constituye la propia organización de las relaciones laborales: leyes y regulaciones, sistemas de control, sindicatos y negociación colectiva. La senda española fue hasta cierto punto contradictoria: desregulación de normas y derechos, por un lado, y mantenimiento de una cierta protección a la negociación colectiva y los sindicatos por otro. La reforma de 2012 trató de cambiar este equilibrio de fuerzas atacando sobre todo el ámbito de la negociación. Es lo que pretende enmendar la nueva reforma (junto con la limitación de la contratación temporal), y abre una vía cuando menos prometedora.

El siguiente nivel lo conforman las políticas públicas; el peso de lo público, sus modelos organizativos. Es éste un campo que refuerza la precariedad en muchos aspectos. Tenemos menos empleo público que otros países, lo que no sólo afecta a la calidad de muchos servicios, sino que también limita el tamaño de los servicios de control de ámbitos como la inspección laboral, la fiscal, el control de calidad, etc. Es una debilidad que corre pareja con el menor peso de la fiscalidad. Aumentar los impuestos, mejorando su equidad, es otra cuestión central, aunque en absoluto fácil de llevar a cabo dado el enorme arraigo de una cultura antifiscalidad que la derecha ha sembrado con éxito en la cabeza de mucha gente. Toda la organización de los servicios sociales, de la enseñanza, de la sanidad, de la atención social, de la investigación básica, etcétera juega un papel central tanto en la creación de empleo como en sus condiciones.

El cuarto nivel son las propias instituciones familiares, que reproducen roles de género que se interrelacionan tanto con las políticas públicas como con las propias actividades empresariales. La vida social requiere tanto de trabajo mercantil como de trabajo doméstico y social. El capitalismo olvida que estas actividades son básicas para el funcionamiento social, las toma gratis y sin considerar las condiciones que las hacen posibles. Hay una relación perniciosa entre patriarcado y capitalismo que se traduce en desigualdades de género y en una permanente presión sobre la vida cotidiana de la gente. Los países también difieren en el grado en que reconocen y encaran estos problemas. Las políticas públicas se interrelacionan de diferentes formas con las estructuras familiares y contribuyen a configurar modelos diversos de intervención sobre las desigualdades de género y las políticas sociales.

Por último, está la cuestión de las políticas migratorias, de cómo se estructuran los derechos de ciudadanía, de cómo se construyen comunidades que permiten la acogida y diluyen los problemas. Es ésta una situación crucial en sociedades como la nuestra, con una realidad demográfica que por sí sola asegura la persistencia de los procesos inmigratorios, más allá del resto de los elementos que se orientan en esta dirección.

III

Quería plantear estas cuestiones elementales porque a la hora de luchar contra la precariedad y las desigualdades hace falta un contexto definido de en qué dirección intervenir. Aunque es obvio que las normas laborales juegan un papel fundamental, por sí solas no cierran la configuración de los marcos laborales. Si hemos llegado a estos niveles de precariedad y desigualdad no es sólo por las leyes laborales, sino también por la especialización productiva que han impulsado nuestras élites, por el insuficiente desarrollo del sector público, por la persistencia de normas migratorias inadecuadas, por un planteamiento erróneo de la relación entre el espacio mercantil y no mercantil…

Sin duda, la última reforma laboral es insuficiente. Pero la mejor forma de que signifique un avance pasa por reforzar las renacidas oportunidades que ofrece a la acción sindical, no sólo en el campo de la negociación colectiva, sino también en la denuncia y persecución de los posibles incumplimientos y tergiversaciones de muchas empresas para impedir su aplicación —es algo que ya prefigura la movilización de los trabajadores de Glovo contra las nuevas prácticas empresariales—. Hay que recordar que en estos momentos el nivel de empleo temporal es superior en el sector público que en el privado, lo que en parte se explica por las restricciones presupuestarias y el enfoque neoliberal de parte de la administración.

Pero la precariedad no sólo está generada por el capital privado y el sector público. Las peores condiciones de trabajo se encuentran en el servicio doméstico informal, donde los empleadores son familias de todo tipo que utilizan los resquicios legales y sus propios prejuicios (clasistas, de género, eurocentristas) para justificar una explotación de mano de obra sin derechos.

Al mismo tiempo, hay que exigir un reforzamiento de los servicios públicos de inspección. Seguro que todo esto será insuficiente. Pero casi todas las luchas que consiguen algo están siempre convencidas de que lo conseguido es poco. Siendo conscientes, a la vez, de que es imposible pasar por alto un programa de transformaciones que tome en consideración la variedad de espacios y dinámicas que articulan la actividad económica de cada país. La crisis social y ecológica a la que nos enfrentamos no la resuelve una buena ley.