Expongo aquí dos temas controvertidos que suponen desafíos para el feminismo, los colectivos LGTBI y las fuerzas progresivas: la dimensión de la violencia machista y, más en general, del machismo, en el contexto del avance feminista y sus estrategias emancipadoras; y el reconocimiento de los derechos de las personas trans, en un debate con fuerte contenido simbólico y teórico.

Contra el machismo

El reciente e interesante barómetro «Juventud y género. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja«, elaborado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), destaca un hecho preocupante: “Crece el porcentaje de chicos jóvenes (15 a 29 años) que niega la violencia de género o le resta importancia”. Señala que, en este periodo de cuatro años (2017/2021) de referencia del estudio, se ha producido la reafirmación en una minoría de varones jóvenes (20%) en ese negacionismo, porcentaje que alcanza al 9,3% en el caso de las mujeres jóvenes.

Pero la realidad percibida es evidente: entre las formas de violencia sufridas por las entrevistadas, destaca que una de cada cinco mujeres jóvenes ha sido forzada a mantener alguna relación sexual no deseada. Supone, por un lado, prepotencia machista, y por otro, inseguridad femenina. Esa subordinación e incertidumbre es una lacra masiva a superar.

Sin embargo, frente a una deducción unilateral, ese dato regresivo no indica un giro machista en el conjunto de la juventud (o en la sociedad), con la infravaloración general de la violencia machista y la desigualdad de género. Es un rasgo alarmante, pero afecta a una parte minoritaria de gente joven, particularmente varones, que adquiere más visibilidad y está amparado en la reacción ultraconservadora de las derechas extremas en los últimos tiempos. Quizá la idea que rompe es que el machismo sea solo un reducto en varones envejecidos derivado del peso de la tradición conservadora y que toda la gente joven sea más permeable a los últimos cambios culturales.

Como se ve, no es cierto. Expresa una defensa minoritaria, pero envalentonada, de privilegios dominadores y costumbres jerarquizadas. Han sido puestas en cuestión por el avance de las transformaciones y mentalidades feministas, con el empoderamiento la mayoría de las propias mujeres y los colectivos LGTBI, así como por unas las relaciones interpersonales más libres e iguales, cada vez más reconocidos en el ámbito institucional y normativo.  

Lo destacado ahora, mediáticamente, es la actuación y visibilidad, junto con grupos reaccionarios y coactivos de una minoría de varones jóvenes, de un sector social significativo de una quinta parte que mira para otro lado, sin deslegitimar esa violencia machista y que reacciona de forma autoritaria frente a los avances igualitarios feministas.

En todo caso, analizando las dobles tendencias sociales no se puede afirmar que aumenta la oposición social al feminismo y las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario. Es decir, se han reforzado los dos campos: en una minoría, una actitud más desacomplejada, permisiva con las agresiones machistas y homofóbicas; en una mayoría, una mayor conciencia feminista y tolerante con la diversidad de opciones sexuales y de género.

Por tanto, a mi parecer, el aspecto más relevante y ascendente es el avance feminista en la mayoría de la juventud (y la sociedad), que también se refleja en el estudio. Así, la conciencia feminista crece entre la gente joven en este periodo de cuatro años, desde 2017 —antes de la nueva ola de activación feminista—, aunque con desigualdad por sexo. Una gran mayoría de mujeres jóvenes constata la existencia de desigualdad de género (70%) y la identificación feminista (67%), desde menos de la mitad (46%); pero también asciende esa conciencia feminista en varones jóvenes que pasa del 24% al 33%.

Son datos algo superiores a los de la media de la sociedad que, al igual que en varios estudios explicados en mi libro Identidades feministas y teoría crítica, sitúan el nivel explícito de conciencia feminista en torno al 60% de las mujeres y cerca del 30% de los varones. Además, debemos señalar que hay sectores intermedios o neutros, que no se definen en esta polarización feminismo / machismo, en particular la mitad de los varones.

Cabe citar otro dato complementario de este barómetro que expresa la opinión crítica sobre el feminismo de entre una cuarta parte y un tercio de los jóvenes varones: uno de cada cuatro considera que no es necesario y el mismo porcentaje opina que busca perjudicar a los hombres, mientras uno de cada tres cree que ese movimiento no se ocupa de los problemas reales de las mujeres.

En sentido amplio, considerando ese nivel de identificación con el feminismo, algo menor de dos tercios de mujeres y de un tercio de varones, constituye su base social, aunque en determinados aspectos, por ejemplo, en personas partidarias de la igualdad entre hombres y mujeres, alcanza a cerca del 80% de la población.

No obstante, en este estudio la pregunta se formula de forma más restringida sobre esas desigualdades como «problema social muy grave», y responde que sí la mitad de los hombres entrevistados, una cifra que se ha incrementado en cuatro puntos a partir de 2019; al mismo tiempo, siete de cada diez mujeres entrevistadas opinan que las desigualdades de género sí son elevadas en España. El sector conservador, insensible a la discriminación de las mujeres (y colectivos LGTBI), sigue siendo una minoría de la población.

El nivel más participativo de una práctica social transformadora —individual y colectiva—, tal como reflejan otras investigaciones analizadas en el libro citado, se compone de unos cuatro millones de personas, la mayoría mujeres. Es, estrictamente, el llamado movimiento feminista, actor que se puede considerar, en sentido débil, como un sujeto sociopolítico y cultural, aunque sea en proceso de formación. Es la fuerza activa que empuja el cambio por la igualdad y la libertad de las mujeres, en toda su diversidad, contra la desigualdad de género o entre los géneros y según la opción sexual. Cuenta con la legitimación y apoyo de esa mayoría social progresista.

Se trata de un enfoque realista y relacional, que prioriza el comportamiento y la subjetividad, en este caso, la actitud transformadora igualitaria-emancipadora-solidaria, alejado de la idea determinista de que todos los varones son machistas (o malos) y todas las mujeres son feministas (o buenas); o bien, es más riguroso que la idea buenista, derivada de una antropología optimista, de que todos los seres humanos son buenos por naturaleza y solo hay algunas disfunciones personales a tratar por la vía penal o solo cultural. En este sentido, este análisis empírico también debilita la opinión individualista liberal (o postmoderna) de que no tiene relevancia la posición estructural de la amplia subordinación y desventaja femenina o, en sentido contrario, la persistencia de privilegios masculinos amparados en grupos de poder.

Por tanto, se percibe la existencia de realidades estructurales y político-ideológicas que amparan y refuerzan esa desigualdad y marginación por razones de sexo u opción sexual y de género, que necesitan una respuesta en esos ámbitos institucionales y socioculturales que incluyan y acompañen los cambios de mentalidades y los esfuerzos individuales. Esta es una enseñanza importante a la hora de encarar las estrategias políticas y los cambios normativos. Por una parte, para que no se queden en la mera retórica, más o menos complementada con la exclusiva acción penal; por otra parte, para no fiarlo todo a la acción cultural o la expectativa del cambio individual. Es imprescindible la solidaridad colectiva, la cobertura institucional y la transformación socioeconómica.

En particular, esas dinámicas unilaterales, formalistas, culturalistas y punitivistas, han sido dominantes en los últimos quince años y han demostrado sus limitaciones. La nueva ola feminista supone la constatación de su insuficiencia, la gravedad de las desventajas y la exigencia de un nuevo impulso transformador. Ello ha conllevado una fuerte pugna sociopolítica y cultural por condicionar su profundidad, orientación y representación. Y todos los actores sociales e institucionales, incluido de forma destacada y virulenta los más reaccionarios y prepotentes, se están posicionando. Es un proceso tenso y conflictivo dada esa dinámica amenazante para imponer los privilegios y las relaciones de dominación machistas que se empeña en defender ese bloque reaccionario, con un poder institucional relevante. El Gobierno de coalición progresista también ha tomado nota y se apresta a diversos cambios normativos, consciente de su responsabilidad transformadora y de avanzar en la igualdad. Pero la tendencia social igualitaria es ineludible: el feminismo va hacia adelante y el machismo hacia atrás.

En definitiva, aparte de una justicia y un sistema penal justo, proporcional y reparador frente a la dimensión del delito y la necesaria acción cultural y educativa, hay que afrontar las causas estructurales e institucionales (patriarcales-capitalistas) en que se asientan los privilegios y el autoritarismo de sectores machistas, que se resisten a perderlos. Se trata de relaciones de poder y dominación que se deben responder con activación cívica feminista emancipadora. El machismo hay que pararlo. La igualdad y la libertad deben consolidarse.

Los derechos trans

A raíz de la propuesta, el pasado mes de febrero, por el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), de una ley para el reconocimiento de los derechos de las personas trans, se ha abierto una aguda polémica pública sobre su fundamento: ‘la libre determinación del género’. O sea, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad y de acuerdo con su identificación sentida, sin necesidad de informes médicos o judiciales y años de hormonación, como regulaba la ley de 2007 del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Se ha producido un conflicto entre las dos partes del gobierno de coalición, ya que la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha representado la posición inicial del Partido Socialista, se oponía a ese criterio por su supuesta inseguridad jurídica que conllevaría al ‘borrado’ de las mujeres (argumento, en mi opinión, sin consistencia). En junio pasado, en vísperas del día del Orgullo Gay y ante la presión de los colectivos LGTBI, la dirección socialista ha admitido la orientación principal del Ministerio de Igualdad, negociada con el Ministerio de Justicia, integrándola en una propuesta más general. Finalmente, el 29 de junio, el Ejecutivo aprueba el Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI.

El tema tiene muchas derivaciones simbólicas y teóricas y está enmarcado en la dinámica sociopolítica de la cuarta ola feminista, la mayor movilización social progresista de estos últimos años, y la pugna por su orientación y representación, tal como detallo en el libro citado. La polémica afecta a la pertenencia al sujeto feminista, que es un concepto relacional y sociocultural, no biológico: no son feministas todas las mujeres ni solo ellas, sino todas las personas que actúan contra la desigualdad de género, que se oponen al machismo y los géneros como orden estructural jerarquizado e impuesto. Me centro aquí en las características de la transexualidad y la legitimidad de la nueva normativa y sus precedentes como avance de los derechos humanos a personas vulnerables largamente discriminadas.

Las personas transexuales (mujeres trans y varones trans y las no binarias e intersexuales) manifiestan un género distinto al adjudicado al nacer por sus características biológicas de sexo, normalmente los genitales, que conllevan otros rasgos físicos como el nivel y tipo de hormonas y las capacidades reproductivas. Se trata de que prevalezca el sexo sentido o identidad individual de género, no el sexo adjudicado.

Según estudios internacionales y la propia Organización Mundial de la Salud, afecta aproximadamente a un 0,3% de la población (entre un 0,2% y un 0,5%). En todo caso, es una realidad empírica evidente, aunque minoritaria, dentro de la mayoría (más del 99%) que se expresa a través del ‘dimorfismo’ sexual, como estructura mayoritaria de personas ‘cis’, en las que hay una correspondencia entre sexo biológico (macho, hembra) y género construido personal y socialmente (masculino, femenino).

En los seres humanos, nuestra identidad de género se configura a través de múltiples mediaciones culturales, institucionales y sociales, por lo general, a partir del sexo biológico, aunque nuestra sexualidad se conforma de forma personal y con distintas opciones sexuales. Sin embargo, la identificación de género, varones y mujeres, masculino y femenino, es un proceso complejo en el que se combina de forma inseparable el componente biológico (el cuerpo) y el psicológico (la mente), junto con las características individuales y relacionales, en el marco de unas dinámicas históricas y unas estructuras culturales, sociales y de poder. El resultado es la formación de personas con una sexualidad y una identidad de género definidas, de forma más o menos estable y consistente, es decir, no determinista o esencialista.

La cuestión es que esa ‘minoría trans’ padece históricamente, derivado de las mentalidades y privilegios patriarcales, falta de reconocimiento de sus derechos y situaciones desventajosas en múltiples ámbitos vitales y laborales. Solo recientemente, ante los avances del feminismo, los movimientos LGTBI y las libertades civiles, se ha ido reconociendo esa realidad, no como desviación o enfermedad, sino como una expresión sexual y de género particular, diferenciada de la dominante, pero también legítima, con exigencia de un trato igual, sin discriminaciones, a ser y expresarse como sienten que son.

En 2007, se aprueba la primera Ley de regulación de la transexualidad, con grandes limitaciones al exigir la certificación ajena y pruebas médicas de tránsito sexual. En los años posteriores, hasta una decena de comunidades autónomas aprueban legislaciones complementarias en las que se va reconociendo progresivamente el criterio principal de la libre determinación de género hasta la más reciente de Canarias, y pasando por una de las más avanzadas, la de Andalucía del año 2012, a propuesta de Izquierda Unida y con el apoyo del propio Partido Socialista (e incluso con el voto favorable del PP), donde se habla de ‘autodeterminación de la identidad de género’.

El primer país europeo en la nueva regulación de la transexualidad que permite la rectificación registral de su sexo legal, sin necesidad de justificarlo en informes psiquiátricos o psicológicos y sin someterse a intervenciones médicas o tratamientos hormonales, ha sido Dinamarca, en el año 2014. Otros países de la UE son: Irlanda (2015), Malta (2015), Bélgica (2017), Portugal (2018) y Luxemburgo (2019). Y fuera de la UE: Noruega (2016) e Islandia (2019). No cuento los casos de Francia y Grecia, donde se han implantado criterios despatologizantes pero todavía exigen requisitos institucionales de reconocimiento como la evaluación judicial. Por parte de la Comisión Europea (a través de la Dirección General de Justicia y Consumidores), se aprobó un informe en 2020 que avala los fundamentos jurídicos de varios países que reconocen el derecho de autodeterminación de género de las personas trans.

Con estos precedentes se legitima la nueva normativa que coloca a España en la vanguardia de la defensa de los derechos de las personas trans. Los objetivos del proyecto de ley, ampliado al conjunto de los colectivos LGTBI, en el que están inscritas las personas trans, están claros y son coherentes con los criterios europeos, basados en los derechos humanos: prevenir y eliminar todo tipo de discriminación que afecte a la percepción social del colectivo LGTBI y a sus familiares, garantizar y promover el derecho a la igualdad real y establecer la rectificación registral relativa al sexo y al nombre de las personas, dando validez jurídica a su tránsito de sexo con la sola expresión de la voluntad de la persona (mayor de 16 años), ratificada a los tres meses. Los colectivos LGTBI están de enhorabuena por ese avance en sus derechos.

Está pendiente de debate el Proyecto de Ley de Libertad Sexual, contra la violencia machista, y queda el gran reto del impulso reformador de una nueva Ley de Igualdad de Género, que supere los límites de la anterior y responda a las demandas de igualdad real y efectiva de la mayoría de las mujeres (y muchos varones), y a las amplias exigencias de la actual ola feminista por un cambio sustantivo de las desventajas de género.

[Antonio Antón es autor del libro Identidades feministas y teoría crítica, Ediciones Dyskolo, 2020]