A la luz de las protestas y movilizaciones durante los últimos diez años en Estados Unidos, el levantamiento nacional-popular desatado por el asesinato de George Floyd no nos debe sorprender. En abril de 2015 hubo un levantamiento en Baltimore por el asesinato de Freddie Gray a manos de la policía: el primer acto a escala municipal de lo que sería la revuelta nacional de 2020. Solo faltaban una pandemia y una depresión mundiales y el vídeo de otro asesinato vil de un hombre negro desarmado y rogando por su vida por parte de la policía. Después de la desarticulación exitosa del movimiento Occupy en 2011 por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cuando Barack Obama era presidente y varios afroestadounidenses ocupaban los más altos cargos del Estado de Seguridad Nacional («black faces in high places», [rostros negros en las altas esferas], al decir del activista y teólogo negro Cornel West), el movimiento de Black Lives Matter [las vidas negras importan] comenzó en agosto de 2014 en Ferguson. Fue la reacción ante el asesinato a tiros de Michael Brown, de 18 años, que ocurrió justo después de la asfixia de Eric Garner en julio en Staten Island, en Nueva York, seguido en noviembre por la muerte de Tamir Rice, de 12 años, en Cleveland, asesinado a tiros por la policía. Como el asesinato de George Floyd, varios de ellos fueron grabados con cámaras de teléfonos celulares.

En 2015-2016, el movimiento Black Lives Matter se volvió nacional y en la medida que perdía fuerza en las calles y los guetos, ganó terreno en los medios de comunicación, las fundaciones progresistas y sus ONG y las altas esferas del Partido Demócrata, que ayudaron a racializar la representación de los conflictos con la policía, desradicalizándola al vaciarlos de su contenido de clase, etnia y origen nacional. En esos años, los negros fueron asesinados por la policía con una frecuencia 200% mayor que su proporción demográfica, pese a estar a menudo desarmados, con una mayor frecuencia que los blancos (pobres), asesinados por la policía en una proporción entre 20%-25% menor que su proporción demográfica. En esas llegó Donald Trump a la Presidencia, con su retórica abiertamente racista y xenofóba y su alianza electoral con gran parte de los evangélicos blancos, y apoyado por la policía, un gremio impune lleno de supremacistas blancos investigado por el mismo Estado.

Se puede leer el levantamiento de junio de 2020 en términos clásicos: a través de reformas de la policía y el sistema jurídico, los insurrectos buscan justicia racial e igualdad ante la ley, completando la «revolución democrático-burguesa» inconclusa que dejó la Guerra Civil (1861-1865) y la Reconstrucción (1866-1877). En todo caso, 2020 ya es histórico: desde la época de Vietnam, no hemos visto semejantes fracturas en la clase dirigente, concretamente entre Trump y sus generales, sobre la constitucionalidad de usar el Ejército para pacificar la revuelta. Por fortuna, ya no habrá 10.000 soldados patrullando las calles ni ley marcial, como lo proponía Trump. Los propios militares se negaron a ello.

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Aunque la mayoría de los analistas comparan el levantamiento actual con los de 1968, tal vez una mejor analogía histórica sería con 1877 o 1886, años de huelgas nacionales –además de represión feroz: de allí los mártires de Haymarket– en las que buena parte de la sociedad no tan «civil» se enfrentó al Estado y la empresa privada-paramilitar para lograr derechos elementales como el de asociación sindical. En los dos casos, 1877 y 1886, anarquistas foráneos (inmigrantes) fueron culpados por los disturbios sindicales, pero la violencia fue abrumadoramente estatal y/o paramilitar. La sombra de la Comuna de París rondaba en Estados Unidos, cuya identidad nacional post-Guerra Civil se fundamentaba en la ausencia de los conflictos de clase que caracterizaban a los países europeos, además de la supremacía blanca ejercida mediante el terror militar, policial y paramilitar contra los negros, indígenas, mexicanos, chinos y mestizos en el Sur, Suroeste y el Lejano Oeste hasta el Pacífico.

Aunque tienen poca población negra y la violencia contra ellos es desproporcionada, entre 2013 y 2019, los estados conquistados a la brava en el siglo XIX tienen los mayores niveles de violencia policiaca: estados de frontera indígena-mexicana (o canadiense) como Nuevo México, Alaska, Oklahoma, Arizona, Colorado, Nevada. Allí los blancos pobres, que son mayoría demográfica, son los que más sufren esa violencia asesina en términos absolutos, junto con la población latina e indígena (las mujeres indígenas sufren los mayores niveles de violencia policial en el país), pero no figuran en la discusión actual porque el tema de raza, concebido en términos estrechos, excluye discusiones sobre etnia y origen nacional. Y la cuestión de clase está ausente.

Incluso a escala nacional, los blancos constituyen la mayoría de los asesinados por la policía, obviamente no por motivos racistas, pero sí por motivos de clase. El porcentaje de blancos asesinados por la policía ha crecido en los últimos años, tal vez como resultado de la epidemia de consumo de opioides y metanfetamina, que mata a muchísimos más blancos de lo que mata la policía. Pero este fenómeno no tiene representación mediática (CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post) ni política en el Partido Demócrata. Al menos, no por fuera de la campaña de Bernie Sanders para las primarias, primero en 2016 y ahora en 2019-2020, en las que no pudo ganar. Son los invisibles y, en lenguaje de Hillary Clinton y la elite demócrata, los «deplorables». Irremediables por racistas, aunque muchos de ellos votaron por Obama en 2008 o 2012. De los que votaron en 2016, porque hay mucho abstencionismo, la mayoría votó seguramente por Trump. En algunos condados claves de estados desindustrializados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, estos sectores son los que pueden determinar el resultado de las elecciones en noviembre. Por el momento, según las encuestas, Joe Biden le ganaría a Trump.

La gran maquinaria de representación de raza y nación en Estados Unidos funciona precisamente para excluir y/o naturalizar temas de clase y imperio. Obama es el mago de esta maquinaria-empresa, el hombre que salvó el sistema en un momento crítico, pero no puede hablar con mucha frecuencia porque Biden quedaría aun más desdibujado de lo que está, con su sugerencia de que la policía dispare a las rodillas de los manifestantes en vez de matarlos. Los pronunciamientos de Obama sobre los buenos manifestantes que ejercen sus derechos civiles y los vándalos malos de extrema izquierda que buscan pescar en río revuelto cometiendo actos delictivos marcan la pauta discursiva para los senadores, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y candidatos demócratas en todos los niveles. La intervención personal de Obama en el «súper martes» de las primarias en favor de Biden contribuyó a la derrota de Sanders, quien, desde entonces, ha estado ausente del debate público.

La política antirracista, esencialista y reduccionista que está presente en muchos de los manifestantes, tanto negros como blancos, latinos y asiáticos, fue desarrollada durante la presidencia de Obama: lo que Barbara y Jeanne Fields llaman la «brujería de raza» (racecraft). Esta permite a los voceros ante los medios insistir en que el racismo, sea estructural o cultural, explica la violencia de la policía, marcando siempre una línea recta entre la esclavitud, la formación de la policía como patrullas en el sur de Estados Unidos después de la revuelta de Nat Turner en 1831, y la formación del Sur segregado en las décadas de 1880 y 1890 después de la Reconstrucción. El resto del país, es decir las ciudades industriales del Norte y el Medio Oeste, donde se construyeron policías modernas junto con maquinarias políticas urbanas, no figura en esa geografía histórica tan curiosa, incapaz de explicar cómo Estados Unidos se convirtió en el primer país industrial e imperial del mundo entre la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial.

Es una reificación y simplificación de la historia que tiene funciones catárticas y terapéuticas, no explicativas. Es performance, es litúrgico y tiene connotaciones hasta religiosas para los blancos, mayormente de clase media proletarizada, aunque muchos profesionales progresistas, además de sus hijos, apoyan desde sus casas, balcones y cuentas corrientes. A ellos, los blancos de clase media educada, la participación en el movimiento les permite limpiar sus conciencias y expiar sus pecados, o más bien sus pecadillos, reales e imaginarios, y los pecados de sus ancestros más remotos. Es una mística de culpa esencialista basada en una serie de mitificaciones y toma fuerza porque, en la política de identidad, el moralismo protestante heredado de los puritanos del siglo XVI y los evangélicos del siglo XVIII (metodistas y bautistas) resucita y se fortalece. Semejante racecraft ayuda a invisibilizar temas de clase, siempre.

Como en 1968, entonces, el tema es la justicia racial, concretamente la discriminación asesina ejercida por la policía contra los negros en las ciudades. Pero ahora, con Trump en la Presidencia, la respuesta del establishment es distinta. El Bank of America anuncia 1.000 millones de dólares para apoyar las protestas y reclamos raciales; Amazon aplasta a sus trabajadores (negros) en huelga, pero apoya las protestas con dinero; el New York Times despide al jefe de la sección opinión por publicar la columna de opinión de un senador republicano que pedía el despliegue militar contra las protestas y exhorta a sus lectores cortar sus vínculos con familiares que no apoyen el movimiento; el CEO de Citibank, Jaime Dimon, uno de los delincuentes de cuello blanco más exitosos de la historia contemporánea, se arrodilla en Wall Street que a su vez apaga sus pantallas durante más de ocho minutos para recordar a George Floyd; el presidente de la liga profesional de fútbol (NFL) pide disculpas por sus posturas anteriores y concluye con su apoyo al movimiento; Mitt Romney, senador republicano de Massachusetts y capitalista financiero, marcha con los manifestantes y nos informa que «las vidas negras importan», marcando su oposición a Trump y el jefe del Senado, Mitch McConnell; junto con los senadores, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, también se arrodilla en una liturgia oficial del Partido Demócrata en Washington, todos portando un tejido kinte y leyendo en voz alta la lista de los negros asesinados por la policía. Esto merece un premio a la hipocresía, porque estas autoridades tienen la capacidad de controlar esa institución recortando o condicionando sus fondos federales. Sin embargo, no lo hacen.

Los gobernadores y alcaldes demócratas blancos, como Andrew Cuomo y Bill DeBlasio en Nueva York o Tim Walz y Jacob Frey in Minnesota, expresan sus simpatías hacia los buenos manifestantes pacíficos y declaran enemigos públicos a los violentos, mientras declaran toques de queda y sueltan a los policías como bestias que no discriminan entre buenos y malos, para que cometan fechorías ante las cámaras durante una semana. Pero los manifestantes lograron la suspensión de los toques de queda en todas las ciudades: Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC, Atlanta, Minneapolis. La policía se cansó. Cuando el alcalde de Minneapolis intentó hablar con los manifestantes que habían exigido su presencia el 5 de mayo, para explicarles por qué no apoyaba la abolición de la policía, lo sacaron del escenario con epítetos y con el rabo entre las piernas. Al día siguiente, el consejo municipal de Minneapolis votó a favor del reemplazo de la policía por una nueva fuerza basada en otro modelo de seguridad.

Para la derecha, esta postura es equivalente a una traición a la patria, aunque ni Biden ni Pelosi la defiendan. Tampoco Sanders. En Fox, como si Trump fuera la segunda encarnación de Richard Nixon, Tucker Carlson dice que los demócratas son cómplices de los saqueos y incendios, que los toleran y fomentan, y que utilizan las luchas raciales para fomentar la violencia y dividir la nación con fines electorales, mientras pasan por alto la realidad de clase compartida por la mayoría de manifestantes más allá de su raza. Carlson no habla del imperio, aunque lo celebra y lo naturaliza, al igual que los analistas antagónicos en CNN. Pero Carlson y otros analistas de derecha como Saagar Enjeti hablan de solidaridad de clase y reclaman ley y orden para los más vulnerables, convencidos de que hablan por la mayoría silenciosa horrorizada. Las cabezas pensantes del trumpismo tratan de recuperar las figuras retóricas que dieron la victoria a Nixon en 1968 y de nuevo en 1972. Pero parece que esta vez no les van a funcionar.

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En realidad, todos siguen el libreto de 1968, o más bien la representación que se tiene de él en la cultura popular, el cine en particular, como si fuera imposible otro imaginario más acorde con la realidad demográfica de 2020 o la verdadera historia de 1968. Predomina el peso de las interpretaciones sancionadas de la historia, racialmente esencialistas y reduccionistas, que funcionan como camisas de fuerza. Las Panteras Negras, por ejemplo, representarían la militancia negra pura y dura, es decir, auténtica en términos raciales y radical en cuanto a su táctica de autodefensa y sus patrullas que seguían los pasos de la policía. Pero fuera de su base en Oakland, sin embargo, nunca tuvieron presencia orgánica, y debido a la represión desatada contra ellos y otros grupos de la Nueva Izquierda por Nixon, utilizando el Programa de Contrainteligencia (COINTELPRO), fueron rápidamente infiltrados, encarcelados, asesinados, perseguidos y desbaratados. Por lo tanto, fueron estrellas fugaces en un firmamento complejo, pero no el firmamento. Jamás formaron parte de alguna coalición, por más que un líder como Fred Hampton intentara crearla en Chicago antes de ser asesinado a tiros por la policía y el FBI en diciembre de 1969.

Igual que Hampton, que se consideraba a sí mismo un revolucionario, Martin Luther King, Jr., quien mantuvo un diálogo respetuoso pero crítico con las Panteras Negras por cuestiones tácticas y estratégicas, no habló solamente de los derechos civiles de los negros. Entre 1966, año en que visitó los barrios calientes de Chicago para ver de cerca la problemática de los guetos, y el 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado a tiros, se había vuelto un férreo opositor de la guerra en Vietnam y era organizador de una gran marcha por los derechos económicos de los trabajadores de todos los colores. Estaba en Memphis, en la huelga de recolectores de residuos, cuando fue asesinado. Este Martin Luther King, capaz de luchar por crear una coalición masiva y multirracial de la clase trabajadora con base en lo que él llamó «una revolución de valores», perdió sus aliados liberals y su protección política. Esa coalición, que fue la de Sanders, como la fue de Jesse Jackson en los años 80, es el espectro que espanta a la política bipartidista en Estados Unidos. Es la coalición imposible.

La pregunta clave es: desde los años 60, ¿qué ha cambiado?, o sea el tema clásico de la historia, el cambio dentro de la continuidad. Pero si esta pregunta ni siquiera se formula es en parte porque los estadounidenses conciben el cambio en términos de progreso, y si no ha habido progreso como ellos lo entienden, entonces tampoco ha habido cambio. Esto excluye la posibilidad de desarrollos históricos regresivos, como el neoliberalismo. Presupone una continuidad engañosa, como si nada hubiera cambiado. Las imágenes de la brutalidad asesina parecen confirmarlo. La historia es borrada y sustituida por ficciones ideológicas convenientes: la supuesta diferencia entre las tácticas de Martin Luther King y Malcolm X, por ejemplo: en realidad, cada uno evolucionó, por caminos paralelos, hacia posturas parecidas a las del otro, cosa que las imágenes no muestran. Es el mundo en que se mueven los jóvenes y la mayoría de los adultos menores de 50 años, y constituye un problema de cultura y subjetividad política que se ha agudizado con los años, sin siquiera ser identificado. Es un problema de amnesia histórica.

En primer lugar, ha cambiado, y de manera dramática, la composición étnico-racial, la demografía, la política y la economía del país. Sin negar la violencia policiaca actual, en las décadas de 1950 y 1960 el nivel de violencia y asesinato de los negros en Estados Unidos, sin frenos, y no solo en el Sur, donde las fuerzas paramilitares superaban a la policía, era muy superior. El número de asesinatos de jóvenes negros con menos de 25 años a manos de la policía cayó en 75% entre 1968 y 2011; de negros mayores de 25, en 61%. Son cambios significativos. A raíz de la crisis política desatada por los levantamientos en los guetos negros, la derrota en Vietnam y las huelgas no autorizadas de trabajadores jóvenes, y con la aceleración de la desindustrialización en las décadas de 1970 y 1980, hubo una reestructuración de la acumulación de capital y del espacio urbano, que giró hacia los servicios financieros, los seguros y los bienes raíces, y esto contribuyó a desagregar comunidades de clase obrera industrial. Los negros estorbaban y fueron criminalizados y encarcelados en masa, mucho más que cualquier otro grupo etno-racial.

En primer lugar, se eliminaron los programas federales y estatales de bienestar social y se dejó de invertir en los guetos, que literalmente ardieron en el abandono. Hicieron lo mismo con las instituciones públicas en todas las ciudades del país: parques, bibliotecas, escuelas, viviendas, hospitales, el metro. En segundo lugar, se declaró la «guerra contra las drogas». Pero no contra el blanqueo de capitales en el sistema financiero, sino contra los mayoristas y sobre todo contra los jóvenes vendedores al por menor y sus clientes. Con las nuevas leyes de los años 80 y 90, apoyadas por Biden cuando era senador y defendidas por él hace poco, junto con el aumento de la violencia interpersonal y el tráfico de armas, se disparó el número de homicidios entre la población negra, junto con el número de presos negros venidos de distritos específicos de las ciudades. El espacio urbano estratégico comenzó a ser habitado por empresas y sus empleados, asegurado por la policía y la vigilancia privada, y listo para recibir gente rica y de clase media alta, en su mayoría blanca, pero salpicado con profesionales negros, latinos y sobre todo asiáticos. La ciudad renacida, o renovada, limpia y ordenada. Blanqueada.

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Los guetos se convirtieron en zonas de guerra y fronteras de la soberanía estatal: reservas urbanas. El viraje en la acumulación de capital produjo millones de nuevos pobres en las ciudades estadounidenses, muchos de ellos negros, sin empleo formal ni educación, y que amenazaban el nuevo orden urbano con su mera presencia, porque generaban la percepción de inseguridad y participaban en la economía sumergida. Para ellos existían los mercados de drogas, la policía, los tribunales y las cárceles, ubicadas en áreas rurales alajadas de sus familias. El crimen y el castigo fueron narcotizados y racializados: con el auge del crack, primero los negros, después los mexicanos y puertorriqueños y finalmente los blancos pobres fueron encarcelados en unos niveles jamás vistos, y por tiempos extremadamente largos. Estados Unidos es el país con más presos per cápita del mundo. La mayoría están encarcelados por crímenes no violentos con sentencias largas que en nada se ajustan a sus delitos.

Un Estado policiaco y una sociedad carcelaria claramente racistas se fueron consolidando en los años 80 y 90, tal como lo describe el libro Lockdown America, de Christian Parenti. Es la forma que tiene Estados Unidos de criminalizar y «almacenar» a la parte sobrante de la clase trabajadora urbana para la acumulación de capital a partir de los años 80. La (mala) experiencia con la policía y el sistema judicial y carcelario es algo que tienen en común una parte considerable de los manifestantes en las ciudades de todas las razas, etnias y orígenes nacionales. Si se lograra acabar con los desproporcionados asesinatos de afroestadounidenses por parte de la policía, aún tendríamos una policía extremadamente asesina de la población civil. Eso explica la solidaridad extraordinaria mostrada en 2020 por grupos de inmigrantes que a menudo también son racistas en relación con los negros, como los latinos, chinos, árabes, coreanos, indios y paquistaníes, y que muchas veces sufren el mismo trato brutal. A juzgar por las protestas contra la brutalidad policial en áreas rurales, como el condado de Harlan, en Kentucky, famoso por sus luchas sindicales contras las empresas mineras de carbón, y Virginia, Virginia Occidental y Tennessee, donde hay pocos inmigrantes y menos negros, el reclamo de un cambio es generalizado.

Hubo en momento, entre 1999 y 2001, que coincidió con el movimiento para la justicia global que comenzó en Seattle y terminó con el asesinato de Giancarlo Giuliani en Génova por parte de la policía italiana, en el que parecía que los políticos estadounidenses ya no podrían seguir haciendo campaña con su promesa de encarcelar a los criminales (léase negros o cualquier otra minoría étnico-racial y/o blancos pobres). Pero después del 11 de septiembre de 2001, en la guerra permanente contra el terrorismo plasmada en la Patriot Act, la policía fue llamada a vigilar la seguridad nacional junto con los ciudadanos, como en los primeros días de la Guerra Fría, y recibieron fondos federales con ese propósito. Muchos fondos federales, con incentivos ideológicos incorporados. Con nueva legislación, una licencia para detener y judicializar, más o menos en secreto, o sea para fabricar terroristas y mandarlos a Guantánamo o algún otro sitio similar (como el que mantenía la policía de Chicago para detener, torturar y «desaparecer» a miles de jóvenes negros y latinos sin dejar registro). Todo eso sin detener la guerra contra las drogas, por supuesto. No importa que el delito haya caído a unos niveles históricamente bajos con el paso de los años.

El nivel de miedo aumentó en proporción directa con la vigilancia, el control, la impunidad, la falta de trasparencia y el culto oficial a la seguridad nacional. Hubo un movimiento masivo en contra de la guerra de Iraq en 2003, antes de que comenzara la invasión, con más de 500.000 personas en las calles de Nueva York. Pero no alcanzó. Hubo una huelga general de los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que paralizó las principales ciudades estadounidenses el 1° de Mayo de 2006, pero después el tema de la reforma migratoria quedó en el aire y vino la persecución de los agentes de migración en coordinación con las policías locales y estatales. La caída financiera y de los bienes raíces en 2008-2009 dejó a la gran mayoría de la población negra y latina, y a buena parte de la población blanca también, sin activos y sin ahorros. Fue la ruina total.

Obama llegó a rescatar un imperio que por fin se declaraba como tal, en plena caída libre y sin legitimidad ideológica, mediante su carisma y su relato personal de raza, nación y redención, y con el respaldo de los sectores claves de la economía estadounidense, como Wall Street (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citibank), Hollywood (Time Warner), Silicon Valley (Google, Microsoft), el sector de salud (Kaiser) y universidades como Harvard, donde Obama estudió derecho, además de Stanford, Columbia, NYU, la Universidad de Chicago y la Universidad de California.

Obama fue premiado por una revista de relaciones públicas como la mejor marca del año 2008, y con razón. Lo que hizo, básicamente, fue fusionar el clintonismo de los años 90, es decir la globalización neoliberal de mercados libres e interconectados, gobernados por partidos y representantes democráticos, con el bushismo de los 2000 y sus poderes coercitivos y ejecutivos sin límites (la teoría del «poder unitario» de la Presidencia imperial) y guerras en Oriente Medio y Afganistán.

Hasta 2014, la tasa de desempleo de los negros era mucho más alta con Obama de presidente que con Bush. Poco le importaba a Obama porque no tenía costo político alguno para él. Además, deportó a más inmigrantes latinos que Bush. Rescató a los bancos y a sus ejecutivos, no a los trabajadores y sus casas. 95% de las ganancias se fueron para el 1% de la población más rica.

Su respuesta a las protestas de Black Lives Matter fue tibia: en diciembre de 2014 creó la Fuerza Especial de la Policía del siglo XXI, con una serie de recomendaciones que no fueron implementadas por los 18.000 departamentos de policía locales. El gobierno federal intentó comenzar a contabilizar las muertes de afroestadounidenses por uso excesivo de la fuerza a escala nacional. Pero ni siquiera eso se pudo hacer con certeza sin la colaboración (ausente) de los departamentos de policía locales.

Comenzando en 2009 con el Tea Party, la respuesta de la derecha a la amenaza de igualdad racial, aunque fuera meramente simbólica, fue menos tibia. Puso a Trump en la Presidencia en 2016 y ahora hay decenas de miles de niños inmigrantes enjaulados en campos de concentración a lo largo y ancho del país, aparte del surgimiento de la derecha alternativa, que abona el terreno para casos como el de Ahmaud Arbery, joven negro asesinado en febrero de 2020 por dos paramilitares blancos mientras trotaba en Georgia. Al comienzo de la pandemia, 40% de la población estadounidensense no tenía cómo acceder a 400 dólares en caso de una emergencia. A raíz de la pandemia, menos de la mitad de los afroestadounidenses adultos tiene empleo, y entre los latinos la cifra se ubica un poco por encima de 50%. Los blancos y los asiáticos no quedan atrás. Ni durante la Gran Depresión fueron eliminados tantos empleos en tan poco tiempo, sobre todo entre trabajadores jóvenes.

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Varias generaciones de clase media han sido proletarizadas desde la recesión de 1999-2001, y sobre todo después de 2008-2009 y la crisis actual. Porcentajes cada vez más altos de la clase trabajadora urbana sobran para la acumulación del capital, que apuesta a la inteligencia artificial más que al regreso de la manufactura. Es ella la que ha estado en las calles. Por el momento, van ganando la lucha para desmilitarizar a la policía y cortarle el presupuesto para poder invertir en las comunidades negras, y ojalá en todas las comunidades pobres y abandonadas por todas las instituciones estatales a excepción de la policía. En el corto plazo, en ausencia de Sanders, el levantamiento puede fortalecer a lo que Tariq Ali llama el «extremo centro», es decir a Clinton/Obama/Biden y la elite neoliberal que dirige el Partido Demócrata desde la década de 1980. A menos que Trump logre repetir el éxito reeleccionista de Nixon en 1972 con la estrategia sureña basada en el racismo, en nombre de la ley y el orden contra la subversión. En una encuesta, 64% de los encuestados apoyó a los manifestantes, con tan solo 27% en contra. 54% estuvo de acuerdo con el incendio de la estación de policía en Minneapolis. Sin embargo, 58% apoyó la presencia de tropas en las calles y 67% cree que el país va por un rumbo equivocado.

Make America great again [Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande]… ¿again? 2020 dista mucho de ser 2016. Trump podría perder Ohio y Virginia Occidental, sin hablar de Pensilvania, Michigan, Wisconsin. De cualquier manera, la radicalización de la derecha en las calles está casi garantizada, pase lo que pase en las elecciones del 3 de noviembre. Además de unas bancas en la Cámara Baja, el sistema político no les da voz ni representación a los jóvenes demócratas multirraciales, multiétnicos y multinacionales, y el sistema económico no les da trabajo ni salud. Su radicalización en el corto y mediano plazo está casi garantizada. Pero igual que en los años 70, la pregunta es si estos jóvenes de clase trabajadora y media precarizados pueden pasar de la protesta y la revuelta a la organización política y la transformación social en un momento de crisis sistémica profunda, frente a enemigos cada vez más violentos y fuera de la ley. ¿Será que, al decir de Hegel, el búho de Minerva aparece justo antes del amanecer? Es demasiado pronto para pronunciarse, pero hace tres semanas, ¿quién hubiera pensado que el país viviría semejante insubordinación nacional? El tema de la revolución y la igualdad racial, aunque sea «democrático-burguesa», vuelve a ponerse al día, y no solamente en Estados Unidos.

[Fuente: Nueva Sociedad]