I

Estamos entrando en la fase de las demandas generalizadas. Casi todo el mundo se siente perjudicado económicamente por los efectos de la pandemia y, por ello, se siente con derecho a reclamar una compensación. O a recordar los déficits que padecía antes de que estallara la crisis. De entrada, habría que valorar bien el grado de perjuicio ―más allá de las cuestiones de salud y bienestar anímico― de cada cual. Y detectar quién ha aprovechado la situación para forrarse; hay de todo. Hay grupos sociales cuyas rentas han quedado intactas, como ocurre con quienes cuentan con ingresos fijos: jubilados, empleados públicos y gente que ha mantenido el empleo, propietarios inmobiliarios, etc. Un grupo, como se puede ver, bastante diverso, con casuísticas diferentes. Algunos han seguido trabajando en otras condiciones, otros tienen rentas tan parcas que es justo que no se recorten, otros en cambio son gente rica a la que se puede exigir esfuerzos. Entre estos últimos están aquellas empresas que han aprovechado las circunstancias para subir precios, a los que habría que aplicar una investigación y un correctivo por parte de los reguladores. También los muy ricos, que han aprovechado la caída de la bolsa para comprar a bajo precio activos que en el futuro serán muy rentables.

Aunque descontemos a todos estos grupos, quedan muchos agraviados. Y todos se dirigen a papá Estado para que les provea de ayudas. Es uno de los espectáculos más cómicos del momento: ver cómo todos estos ultraliberales que se quejan habitualmente de un Estado “demasiado grande” están haciendo cola en la ventanilla de peticiones para ayudas públicas. Los más sofisticados hacen una loa a la colaboración público-privada. Tal y como ellos la entienden, eso significa que el gobierno ponga el dinero o genere un espacio de negocio para que ellos lo gestionen a sus anchas. Es el momento de recordarles lo bien que ha funcionado este modelo en las residencias y en los hospitales privatizados. Y también es el momento de exigirles responsabilidades. Otros son menos sutiles y más claros, como el presidente del Círculo de Empresarios, John Zulueta, en declaraciones a Expansión el 18 de mayo: “Hay que reducir ministerios, funcionarios y su paga de Navidad”. Saben que no habrá dinero para tanta demanda y que la primera batalla de la lucha de clases, tras la tregua, va a ser adónde se destina el dinero que la Administración Pública se va a gastar. Estas demandas de gasto tienen un añadido, y es que nadie propone cómo se debe pagar. Todo el mundo da por descontado que a corto plazo la solución es un aumento del endeudamiento público, lo que dentro de un tiempo se convertirá en otro motivo de ataque neoliberal a las políticas progresistas.

En la crisis anterior, la ganadora de los planes de ayuda fue la banca. Se argumentó que la gran banca era “demasiado grande para quebrar” y que había que salvarla para evitar el hundimiento total de la economía. El sistema financiero siempre ha estado en el centro de la economía capitalista. Pero en la economía actual hay otros sectores que pueden alegar lo mismo y que van a plantear la necesidad de ayudas masivas para reactivarse. La industria del automóvil lleva muchos años beneficiándose de políticas de apoyo, directas e indirectas, con este argumento. De hecho, en España una de las pocas políticas industriales que se ha desarrollado tras la crisis de 2008 ha sido la sucesión de planes Renove diseñados para favorecer la venta de automóviles (incluso el diseño de las zonas de bajas emisiones aplicado en Barcelona parece más orientado a forzar a la renovación de vehículos que a atajar la contaminación, fruto de un pacto entre Ayuntamiento y Generalitat). Esta dinámica parece que va a repetirse, más aún teniendo en cuenta el anuncio del cierre de Nissan y sus efectos sobre el empleo.

En España, a esta demanda de “salvar al soldado Ryan” ahora se suma el sector turístico, alegando su peso directo e indirecto en el PIB y en el empleo. Un sector que, efectivamente, genera mucho empleo, pero de muy mala calidad: bajos salarios, empleo estacional (y puntual). Y que, en los últimos tiempos, ha evolucionado a peor con la aparición de empresas de servicios que han favorecido la externalización de parte del personal de hoteles. Un sector donde se obtienen elevadas rentabilidades (varias de las grandes familias hoteleras figuran entre los grandes ricos del país) y donde se favorecen las rentas parasitarias: solo hay que ver que este es un sector preferente de inversión de las socimis inmobiliarias o analizar el impacto en las rentas urbanas de los apartamentos turísticos. Sin contar los impactos ambientales del turismo masivo ni la presión urbanizadora en las zonas turísticas. Este sector va a ser ahora uno de los grandes demandantes de ayudas. El caso alemán, un país con un peso menor del turismo, es ilustrativo: Lufthansa y TUI ya figuran entre las empresas que han obtenido mayores ayudas de su Gobierno. Podemos esperar lo que ocurrirá en España. La creación de empleo, como explicó M. Kalecki, es el principal argumento legitimador del capital. Y en un país con tantos problemas de empleo, tiene muchas cartas para jugar.

El anunciado plan de rescate de la Unión Europea va a ser aparentemente más generoso que la respuesta a la crisis anterior. Repetir lo de 2010, de momento, no toca. Va a alentar aún más esta corte de peticionarios. Habrá bastante dinero a repartir, y quien se va a endeudar es el Estado. Además, el plan ya prevé que una parte de los fondos se destinen al salvamento privado. La condición de introducir reformas a favor de lo digital y la transición energética no parece un problema para casi ninguna empresa. Cualquiera con recursos, asesoramiento y algo de imaginación puede maquillar su propuesta para que entre en el esquema. Sobre todo teniendo en cuenta que hay bastante manga ancha en la Unión Europea en temas ambientales, y no hay una propuesta sería, por ejemplo, de ahorro energético. Más bien, lo que hay una orientación obligada hacia otras fuentes de energía. Es bastante probable que los grandes oligopolios energéticos resulten los principales beneficiados por una crisis que les ha afectado de refilón, aunque en los últimos años los especuladores y los fondos de inversión ya están jugando a invertir en el sector. Lo más preocupante del plan europeo es que va a incluir exigencia de reformas (la palabra suena bien pero su concreción suena a desastre) y la vuelta a la disciplina bávara del control del déficit a bastante corto plazo. O se afina mucho o volveremos a la casilla de salida de 2010.

II

El debate sobre cómo salir de esta situación está abierto. En Barcelona, donde el Ayuntamiento ha propiciado la negociación de un pacto de ciudad (diferentes entidades, agentes sociales y organizaciones han planteado sus demandas) puede percibirse una nítida línea de propuestas diferentes. De un lado, la mayoría de sectores empresariales toman como eje argumental el tradicional argumento del “trickle down”: primero crear riqueza para después repartir. Y, en función de ello, lanzan propuestas que pasan no sólo por la demanda de ayudas públicas, sino también por eliminar la mayor parte de regulaciones que molestan a su actividad. El sector automovilístico y el turismo se sitúan en primera línea, con un gran apoyo de sus demandas por parte de otros sectores y de la mayoría de partidos. En el otro lado están las propuestas que hace una variada gama de entidades diferentes, incluidos los sindicatos, y que tienen entre sí muchos puntos en común: señalar los graves problemas de todo tipo que ya tenía la ciudad antes de la pandemia, y exigir medidas que cambien la orientación del modelo actual. Ello implica necesariamente el refuerzo de los servicios públicos ―sanidad, educación, cuidados a personas―, reducción de las desigualdades y de la precariedad, garantizar el acceso a la vivienda, regularización de inmigrantes, reorientación de la actividad productiva aumentando el papel de la industria y apostar por un enfoque ecológico. Es obvio que no todo el mundo pone el acento en lo mismo, pero es notable el grado de coincidencia. No me parece que el caso de Barcelona sea especial, simplemente aquí se ha generado una dinámica que lo ha puesto en evidencia. A pesar de ello, en la composición de las mesas hay un claro desequilibrio en función de los intereses empresariales. Un desequilibrio que aún será mayor en otros ámbitos, como la Mesa de Reconstrucción puesta en marcha en el Senado.

Ante esta divergencia, es difícil que haya una confluencia real entre los que piden más y los que demandan menos regulación. Entre los que proponen más sector público, y en consecuencia más impuestos, y los defensores de liberar recursos en favor de la iniciativa privada. Puede haber un acuerdo en la promoción de las energías alternativas. Porque ahí hay una fuente de negocio y los grandes grupos energéticos están orientándose hacia ese sector, seguramente porque tienen más claro el problema del petróleo, tal como indican los giros estratégicos de Repsol o Total. Puede haber un acuerdo en promover el vehículo eléctrico, a mucha gente le suena bien, los sindicatos lo verán con buenos ojos y la industria puede sacar tajada. Pero en el resto va a ser difícil que en las circunstancias actuales se pueda ir más allá de una retahíla de buenas intenciones. Las inercias, el enorme poder de influencia capilar de los intereses capitalistas hegemónicos, su control de la mayoría de élites (no sólo políticas: las universidades, como instituciones, suelen ser otro factor de apoyo), y la debilidad de todo este magma de movimientos y entidades emergentes se confabulan para que, al menos a corto plazo, el plan de reflotamiento suponga tratar de apuntalar la estructura dominante en lugar de transformarla.

Este va a ser un primer embate. En una situación muy desfavorable para todos los movimientos sociales, cuando la capacidad de acción y movilización es limitada y casi lo único que se tiene es la incidencia en redes sociales y poco más. Y pueden venir nuevos embates. Aunque el plan aprobado por la Unión Europea es, de momento, más generoso que otras veces (y de momento los austericidas tienen poca legitimación) no podemos saber hasta dónde llegará la crisis y el endeudamiento público (ni tampoco en que medidas las agendas nacionales van a planear sobre las decisiones comunitarias). Tampoco sabemos cuáles van a ser los impactos de la nueva guerra fría comercial emprendida por trumpistas y brexiters. Ni si la misma pandemia rebrotará o se generaran nuevas crisis de origen ambiental. Ni están claros todos los efectos sociales que dejará el confinamiento. Muchas incógnitas y una certidumbre: nos adentramos en un contexto económico y social convulsionado.

Ante esta perspectiva, la mejor respuesta es trabajar a largo plazo con visión estratégica y planes de contingencias. Lo mejor es que hay muchos puntos en común alternativos con enorme potencial de confluencia: menos desigualdades, más atención al bienestar colectivo, necesidad de servicios públicos potentes, diversificación de la actividad productiva y orientación ecológica, más desarrollo científico, etc. Un enfoque genérico, difuso, pero sobre el que es posible construir proyectos y alianzas (a menos que uno piense que estamos ya en la fase de preapocalipsis y que la sociedad humana está directamente abocada a la barbarie). Pero que requieren hilvanar muchos proyectos y reforzar su penetración social.

Hay que pensar también en propuestas menos ambiciosas diseñadas para eludir los efectos más devastadores de las malas políticas. Necesitamos tener propuestas parciales, para hacer frente a los diferentes puntos de tensión. Algunos de estos planes pueden incluir propuestas de avance. Por ejemplo, exigir ya controles a las empresas que reciban ayudas en materias como la laboral y ambiental. Otras deberán ser necesariamente defensivas, por ejemplo frente a políticas de ajuste u ofensivas desreguladoras. Cuanto más variada sea la gama de respuestas posibles, mayores posibilidades de éxito. A menudo, cuando tenemos que enfrentarnos a debates como el actual constatamos que los capitalistas tienen argumentos y planes más trabajados que los nuestros. Ellos tienen recursos para producirlos. Nosotros sólo el trabajo. Pero una red bien articulada es la única posibilidad de revertir la situación. No podemos permitir que ni nuestra pereza ni nuestro sectarismo impidan desarrollar iniciativas orientadas a cambiar la situación. Sobre todo cuando tanta gente percibe que necesitamos más provisión, menos desigualdades, más cooperación y democracia económica y reorganizar nuestra sociedad para evitar un desastre ambiental.