Las recientes reformas del código civil en materia de derecho de familia promovidas por el PSOE han caído como un auténtico jarro de agua fría en las cabezas de la derecha social española, que tanto pecho había sacado últimamente dentro del circo audiovisual organizado en torno al Vaticano. Ambos aspectos, el laico y el religioso, están siendo explotados hasta la saciedad por la prensa y los audiovisuales, creando un clima de confusión importante.

Por un lado, las empresas de la información, privadas y públicas, están prestando una impagable publicidad a la Iglesia católica. A ésta se le ha de reconocer un buen sentido político al haber abierto sus puertas de par en par a los medios de adoctrinamiento de masas, que a cambio de tantas facilidades para difundir los pormenores de la agonía de Wojtila, sus funerales y el ceremonial de su sucesión han ayudado a propagar en las consciencias telespectadoras las ideas de que el polaco difunto era punto menos que un santo y de que con Ratzinger nos hallamos ante un intelectual de fuste. El Vaticano que ha dejado Wojtila, a pesar de su doctrina rancia y decadente, saca rédito del poder secular.

La maldita lucha por las «cuotas de audiencia» es la razón de que, en un país que ha quitado de en medio a Urdaci y remodelado la RTVE, haya parecido por momentos que retrocedíamos a los primitivos tiempos de la televisión española, donde hombres ensotanados nos proclamaban la recta moral por la pantalla.

Pero el mismo gobierno que ha permitido esto ha sido capaz de cumplir su compromiso de simplificar y acelerar el divorcio, así como de legalizar el matrimonio homosexual, con la igualación real de derechos respecto a los heterosexuales que ello va a suponer para un amplio colectivo fuertemente discriminado.

Siendo importante el impacto social de ambas cosas, no deja de ser significativo que el debate público se haya concentrado en el matrimonio homosexual, bien es cierto que atizado por los funcionarios conservadores que han hecho suyo el llamamiento hecho desde Roma a objetar en conciencia. Se descubren así dos cosas: que existe un peligro real de que, en el momento en que deje de ser noticia, la discriminación homosexual quede silenciada en la opinión pública; y que no va a ser fácil, ni va a lograrse sólo con reformas legales, la normalización social real de las culturas sexuales distintas de la dominante. Igual que sucede con las mujeres a quienes el código penal no puede evitar que sean asesinadas o vejadas por sus maridos heterosexuales.

Todo esto pone de manifiesto, en suma, la conveniencia de no bajar la guardia frente al patriarcalismo cultural generador de sexismo hacia las mujeres heterosexuales y hacia el colectivo homosexual. Hay que exigir al gobierno que mantenga con la Iglesia católica la misma firmeza que ha mostrado con sus últimas reformas legales, dejando por fin atrás uno de los principales costes de nuestra «transición» política. Para que estas reformas legales no se queden en papel mojado se han de poner los medios para que la ley se cumpla, organizativa y disciplinariamente. El efecto simbólico que ésta ha creado sólo contribuirá efectivamente a un cambio cultural real si la población percibe que el cambio va en serio, y que por tanto hay un fundamento sólido para pensar que los homosexuales no son «tarados» ni contravienen orden natural alguno, como hemos tenido que oír últimamente.