Es incierto cómo acabará el culebrón de la fusión del BBVA y Banc Sabadell. Sobre todo, por su carga política, que va mucho más allá del mero cálculo financiero. Hay una batalla entre élites económicas que se ha trasladado al espacio de la confrontación territorial. Una enésima repetición del Catalunya versus España, ahora en versión financiera.

La verdad es que, si uno atiende a la propiedad de ambas entidades, difícilmente les puede asignar ningún tipo de nacionalidad. El BBVA tiene su origen en la banca vasca (Banco de Vizcaya y Banco de Bilbao), dos de los grandes grupos bancarios beneficiados por el statu quo bancario impuesto por el régimen de Franco tras la victoria militar para agradecer su colaboración. Tras la fusión de los dos bancos vascos, el gran salto se produjo en 1999, cuando el BBVA absorbió a la banca pública Argentaria, un regalo del Gobierno de Aznar que puso al frente del mismo a su amigo del colegio Francisco González. Éste se preocupó de eliminar la influencia de las antiguas familias vascas sobre el banco. En la crisis bancaria, el BBVA acabó absorbiendo a gran parte de las pequeñas cajas catalanas reunificadas en Unnim y Catalunya Banc. El Sabadell tiene una historia diferente; tradicionalmente, era un banco local ligado a la industria textil (y, posteriormente, metalúrgica de la ciudad). Empezó una política de expansión, con pretensiones de gran banco, de la mano de Josep Oliu. Hijo del antiguo director del banco, tras un corto período de izquierdismo juvenil en su época estudiantil, pasó a ser un ambicioso banquero con ganas de influencia social (ha sido también el presidente de la Fundación Fedea, uno de los think tanks más influyentes de política económica). Llevó a cabo una sucesión de compras de pequeños bancos (Herrero, Atlántico, Urquijo, Guipuzcoano) que culminó, en la crisis financiera, con la adquisición de la levantina CAM y el Banco Gallego. Un crecimiento en parte orientado a obtener el tratamiento de banco «que no puede quebrar». Más allá de la historia, lo que resulta vistoso es que ambos bancos están controlados por diversos fondos financieros, figurando en ambos como primer accionista el megafondo estadounidense Black Rock. No hay ni rastro de grandes inversores, españoles, vascos o catalanes entre los principales accionistas. Más bien, la batalla se dirime entre élites gestoras y grandes fondos de inversión. Lo único que quizás influye a la hora de explicar la movilización catalana contra la absorción es la experiencia anterior que tuvo BBVA al comprar Unnim y Catalunya Banc, donde desmanteló todo el atisbo de banca amable que mantenían las viejas cajas locales.

Tras la crisis de 2007-2008, el sistema financiero español se vio sometido a un brutal proceso de concentración, generosamente financiado por el Estado (a costa de los ajustes en políticas sociales). Esta concentración ha dado bancos más fuertes, menos empleo, menos servicios a los clientes, cierres de oficinas. Y la continuación de los abusos y los malos tratos que siempre ha caracterizado al sector. Basta ver la diferencia de los bajos tipos de interés que pagan los bancos a sus clientes y la remuneración que han obtenido los bancos con sus depósitos en el Banco de España (3,7% de interés, 8.000 millones de euros ganados sin hacer nada)^[1]. Sin perder de vista la obscena campaña lanzada por los bancos contra un impuesto moderado en época de inflación y beneficios desbocados. O la experiencia colectiva de lo que ha significado el proceso de concentración y racionalización del sector en términos de atención a los clientes, especialmente a los de menor nivel económico, y de empleo. Otra fusión más significaría un reforzamiento del oligopolio bancario, y el peligro de un nuevo descenso en la calidad de los servicios. No hace falta ser nacionalista de uno u otro bando para entenderlo, aunque lógicamente es en Catalunya (y en alguna otra comunidad como el País Valencià y Asturias) donde es más temida por la mayor implantación del Sabadell. Aunque no vayamos a llorar porque una élite empresarial pueda perder su estatus y el control de un banco.

Que la CNMC haya generado un informe favorable a la operación, tras negociarlo con el BBVA, no es sorprendente. El estrecho esquema intelectual que se aplica a la noción de competencia casi nunca es una traba a los procesos de concentración de capital. Que el Gobierno tome algunas distancias tampoco sorprende, pues está obligado a tener una visión más comprensiva y teme, además, el impacto que su decisión puede tener en sus equilibrios políticos (empezando por el propio Gobierno y continuando con sus aliados parlamentarios). Más insólita parece la maniobra de la UE, una injerencia en toda la regla. Sorprendente porque prioriza el crecimiento de grandes bancos, los bancos sistémicos —a los que no se puede dejar quebrar— ante cualquier otra consideración. Tras la brutal crisis bancaria de 2008, las masivas ayudas a los bancos y las políticas de austeridad, parecía que debería abrirse una fase de estricta regulación, de reducción del riesgo que generan los macros bancos, de poner vallas a las fórmulas financieras más arriesgadas. Pero ni casi nada de ello se ha hecho (se están dando carta de normalidad a las cibermonedas, una nueva fuente de especulación y sobresaltos), y sigue apostándose por reforzar el poder de los grandes grupos financieros.

El sistema financiero siempre ha tenido un componente especulativo y una enorme capacidad de orientar la vida económica. El intenso proceso de financiarización de las últimas décadas no sólo ha consolidado oligopolios bancarios, sino que también ha generado una multiplicidad de mecanismos financieros que están en la base de la enorme concentración de riqueza de los megarricos (incluyendo en ello el circuito de paraísos financieros, algunos de los más importantes en la propia UE, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos), y ha cambiado incluso la gestión de muchas empresas productivas ahora gestionadas por fondos. Bastante tiene que ver este modelo con la especulación en la vivienda que padecen muchas grandes ciudades.

Necesitamos otros modelos de financiación. Que faciliten el acceso a la vivienda, que promuevan de verdad la transición ecológica justa, que favorezcan el desarrollo de una economía social, que traten bien a la gente, que ayuden al conjunto de la sociedad. En España, se perdió la oportunidad de promoverlo a través de la red de cajas de ahorro que cayeron en las manos de las élites especuladoras locales y de gestores insensatos. Otros países, por ejemplo Alemania, han tenido más visión y mantienen una red de banca regional. Tenemos también la experiencia, modesta, de la financiación alternativa con ejemplos tan respetables como Fiare o el Coop 57. Más allá de la batalla actual, lo que debería ser urgente es crear mecanismos financieros, bancas públicas bien orientadas que podrían jugar, por ejemplo, un papel activo en la política de vivienda. Precisamente, lo que se perdió cuando se liquidó el antiguo Banco Hipotecario y se incluyó en el regalo público que hizo el estado al BBVA. Sea cual sea el final del culebrón BBVA-Sabadell (que ha dado lugar a algunos de los mejores spots publicitarios de los últimos tiempos), el esfuerzo de la izquierda debería concentrarse en conseguir un mayor control regulativo y en promocionar un sistema financiero público.

1. Andreu Missé, «Beneficios privados y costes públicos», El País, 5 de mayo de 2025. ↑