Mientras tanto agradece al Ateneu de Memòria Popular (la coordinadora de asociaciones memorialistas de Cataluña) su amable traducción de este manifiesto para su difusión. El original en catalán puede leerse aquí.

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El 20 de noviembre de 1975 no comenzó la democracia, pero los demócratas celebramos la muerte del dictador. Lo hicimos con la conciencia de que todavía quedaba mucho por recorrer, que la libertad por la que tantas personas habían luchado y dado la vida no llegaría automáticamente con la desaparición de Franco. Aún teníamos por delante el bienio negro (1975-77), la transición con sus peligros y contradicciones, y una democracia que necesitaba ser conquistada día a día, desde las calles, los barrios, las fábricas, las universidades y los medios de comunicación. La dictadura dejó un legado de represión, censura, desigualdad, violencia institucional y carencias sociales. Un régimen basado en el miedo, en la negación de derechos fundamentales y en la persecución de cualquier disidencia. No había libertad de expresión, de asociación ni de prensa. Los derechos laborales eran inexistentes, las mujeres vivían bajo un sistema de tutela patriarcal y las minorías eran perseguidas. La dictadura no fue un tiempo de paz, sino de represión, de silencio impuesto y de resistencia clandestina.

El derecho a la memoria implica el reconocimiento de las víctimas y de sus vidas en un periodo de represión y violencia sistemática. En España, muchas personas sufrieron el exilio, la represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas durante la dictadura franquista, e incluso durante los primeros años de la democracia, con el olvido y la impunidad como norma.

El derecho a la memoria también está íntimamente ligado a la protección de las personas que sufrieron, directa o indirectamente, las consecuencias de este periodo histórico, como los familiares de las víctimas, muchos de los cuales han luchado durante décadas para recuperar los cuerpos de los desaparecidos y exigir que se reconozcan las injusticias del franquismo. De este modo, reconocer la memoria es también un acto de reparación, de restitución de la dignidad humana.

Con la democracia recuperamos derechos y libertades que hoy parecen evidentes, pero que costaron sangre, sudor y lágrimas. Obtuvimos un sistema de representación política, la posibilidad de decidir en libertad, hemos ido ganando derechos laborales, consolidando el estado del bienestar y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, la democracia no es un ente inerte, sino un proceso que está en permanente construcción y defensa.

La responsabilidad pública con la memoria

Es imprescindible analizar hasta dónde llega la responsabilidad pública en el mantenimiento de la memoria democrática. Las instituciones del Estado, a través de sus políticas públicas, tienen la responsabilidad de promover una memoria plural, amplia y completa de lo que supuso el franquismo para la sociedad española. Los gobiernos tienen el deber de promover esta verdad histórica de manera coherente con un programa de políticas públicas de memoria, con financiación suficiente que permita asegurar la transmisión a las nuevas generaciones, velar por la no repetición y trabajar por la construcción de una sociedad más justa, más democrática y más honesta con su pasado.

Esta responsabilidad incluye la preservación y cuidado de los espacios de memoria como los lugares de las fosas comunes, los lugares de ejecución o los que fueron prisiones y espacios de reclusión de miles de personas, donde los ciudadanos pueden acercarse a la historia de aquella época. Pero esta responsabilidad pública no puede limitarse solo a la gestión de esta red de espacios memoriales, sino que también implica la creación de narrativas educativas e investigación que permitan la comprensión del impacto del franquismo en las generaciones posteriores. Los medios de comunicación, los centros educativos, las universidades y los espacios culturales y museos deben jugar un papel fundamental en este proceso. La historia de la dictadura no debe ser un relato silenciado o, peor aún, distorsionado; debe ser un elemento integrado en el conjunto de la historia del Estado.

La memoria como compromiso democrático

El compromiso democrático con la memoria es el otro pilar de este debate. La democracia se sustenta en la verdad, la justicia y la reparación, y la memoria es la base para la construcción de una sociedad democrática sana. Acordar una visión común sobre el pasado no significa ocultar diferencias u obviar conflictos; al contrario, significa afrontarlos de manera honesta y reconocer las injusticias cometidas para poder superarlas y evitar que se repitan en el futuro.

Pero el compromiso democrático con la memoria no solo recae en los gobiernos o las instituciones. La ciudadanía tiene un papel fundamental en la preservación de esta memoria. La democracia no es un bien adquirido que se mantiene por el simple hecho de existir; es un bien que se construye cada día, en nuestras acciones, en nuestro compromiso con los derechos humanos y en nuestra responsabilidad de transmitir los valores de libertad e igualdad a las generaciones futuras. En este sentido, las iniciativas ciudadanas como las que luchan por la localización de fosas comunes, la creación de memoriales o la investigación histórica juegan un papel fundamental.

El compromiso con la memoria histórica también es un llamado a la reflexión sobre el presente. Un país que olvida su pasado, que niega los daños causados por sus dictadores, corre el riesgo de repetirlos. Recordar la represión franquista es recordar la importancia de defender los derechos humanos, de proteger las libertades fundamentales y de velar por una democracia realmente inclusiva. En este sentido, el recuerdo de la dictadura debe estar ligado a la lucha constante por la justicia y por la construcción de una sociedad más equitativa.

Las entidades de memoria histórica, en esta conmemoración, reivindicamos:

1. La importancia de la memoria como derecho civil:

La memoria histórica no es un simple deber moral, sino un derecho fundamental de ciudadanía. Cuando hablamos de memoria como derecho, nos referimos a la necesidad de garantizar a todas las personas el acceso a la verdad histórica. Es un derecho civil que nos permite conocer y entender los acontecimientos que han marcado nuestra historia, así como las injusticias que sufrieron las víctimas. El Estado y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de proporcionar este conocimiento e incluirlo en la educación, las políticas públicas y los espacios de memoria.

El derecho a la verdad histórica no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho colectivo que debe ser protegido, promovido y garantizado por el poder público. Esto incluye permitir que toda la sociedad participe activamente en la construcción de este relato histórico, para que todos puedan ser partícipes de la preservación de una memoria plural.

Por lo tanto, la transparencia institucional, la facilitación de la investigación, el acceso y la conservación de los archivos y el derecho a la información—superando leyes franquistas aún vigentes como la Ley de Secretos Oficiales de 1968— así como la creación de canales públicos de información y la protección de los testimonios de las víctimas, son elementos clave para que este derecho sea efectivo.

2. Compromiso con las políticas públicas de memoria:

Para que la memoria histórica sea realmente efectiva y forme parte de la vida cotidiana de la sociedad, se necesita una estrategia clara por parte de las instituciones públicas. Esta estrategia debe ser global e inclusiva, con una financiación adecuada para garantizar la conservación y difusión de la memoria.
Esto implica, entre otras medidas, la creación de una red de espacios de memoria (museos, centros de interpretación, memoriales) que preserven y difundan la historia democrática, incluyendo la represión franquista y los avances logrados en la transición democrática. Los espacios de memoria son esenciales no solo para recordar a las víctimas, sino también para fomentar la comprensión crítica del pasado, contribuir a la formación de la identidad colectiva y establecer conexiones entre generaciones.

Esta red de espacios debe estar financiada adecuadamente e integrada en las políticas públicas, garantizando que su mantenimiento y actualización sean una prioridad a largo plazo para las administraciones. La falta de una estrategia clara y la infrafinanciación de las entidades dedicadas a la memoria histórica pueden poner en peligro la preservación de este patrimonio común.

3. Reconocimiento de la labor de las entidades de memoria:

Las entidades de memoria histórica juegan un papel fundamental en la construcción democrática de España. Estas organizaciones no solo realizan un trabajo de recuperación de la memoria de las víctimas, sino que, a través de su labor, generan conciencia crítica sobre el presente y el futuro. Su trabajo es un servicio público esencial, ya que contribuyen a la preservación de la historia y a la educación de la sociedad, poniendo en valor los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. Además, estas entidades han tenido y siguen teniendo un papel clave en la búsqueda e identificación de fosas comunes y en la recuperación de la dignidad de las personas desaparecidas.
Es importante reconocer y valorar su labor, no solo como una actividad de recuerdo, sino como una tarea imprescindible para la cohesión social, la conservación de la memoria y la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con los valores democráticos.

4. Denuncia de las amenazas a la democracia:

En un contexto en el que la democracia está amenazada por el aumento de las desigualdades sociales y la expansión de discursos de odio, el negacionismo histórico y el revisionismo pueden llegar a poner en peligro los avances logrados en las últimas décadas. Estas amenazas no solo suponen un retroceso en los derechos humanos y la libertad de expresión, sino que también pueden alimentar actitudes autoritarias e intolerantes que erosionan los fundamentos de la democracia.

El negacionismo histórico busca distorsionar la realidad del franquismo y minimizar la gravedad de los crímenes cometidos por el régimen. Este tipo de revisionismo puede ser especialmente peligroso para las nuevas generaciones, que pueden no tener una percepción clara de las atrocidades que marcaron la historia reciente.

Las entidades de memoria denunciamos esta peligrosa tendencia y, al mismo tiempo, promovemos la memoria como una herramienta para combatir estas derivas autoritarias, afirmando la importancia de aprender del pasado para evitar que estos errores se repitan en el futuro.

5. Despliegue de la Ley de Memoria Democrática:

Uno de los grandes retos para consolidar la memoria democrática en España es garantizar el pleno desarrollo de las leyes que la regulan, como la Ley 20/2022 de Memoria Democrática a nivel estatal y la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya. Estos marcos legales, que reconocen los derechos de las víctimas del franquismo y promueven políticas de reparación, no pueden quedar incompletos ni ser objeto de dilaciones.

Es necesario que estas leyes cuenten con un reglamento y se implementen plenamente, estableciendo mecanismos claros para la localización e identificación de las víctimas, el reconocimiento de sus pérdidas y el apoyo a las familias que han sufrido las consecuencias de la dictadura.

Además, estas leyes deben garantizar que se ponga fin a la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo, con la investigación y posible condena de sus acciones. No es aceptable que, hoy en día, ninguna de las más de 115 querellas presentadas por crímenes del franquismo haya prosperado.
Los vacíos normativos, la falta de un régimen sancionador claro para los incumplimientos de la ley y las dilaciones en su aplicación suponen un obstáculo importante para la verdad, la justicia y la reparación. Facilitan la acción de opciones involutivas y negacionistas y perpetúan la sensación de impunidad que aún existe en muchas partes de la sociedad.

6. Creación de un centro de memoria en Vía Laietana 43:

Uno de los elementos más destacados de la lucha por la memoria es la creación, aún pendiente, de una red de espacios dedicados a la interpretación y difusión de la historia de la represión franquista. En este sentido, la reivindicación de la creación de un centro de memoria en Vía Laietana 43, un edificio que fue utilizado como centro de tortura durante el franquismo y los años de transición, es una propuesta fundamental.

Este espacio debe convertirse en un lugar de divulgación, investigación, educación y recuerdo, donde se pueda reconstruir la historia de la represión y la tortura aplicada a las personas opositoras al régimen y a quienes no encajaban con la identidad impuesta por la dictadura.

Convertir un lugar emblemático de la represión en un centro de memoria no sólo permite preservar la historia, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de no olvidar las violaciones de los derechos humanos. Este centro no sólo debe ser un homenaje a las víctimas, sino también un espacio donde las nuevas generaciones puedan reflexionar sobre las atrocidades cometidas y los valores democráticos que debemos defender para evitar que se repitan. Evidentemente, esta reconversión del espacio es incompatible con los actuales usos policiales.

Así pues, las entidades de memoria histórica, en esta conmemoración, seguimos reivindicando el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. También reclamamos un compromiso firme por parte del Estado y las instituciones con la construcción de una estrategia sólida y estructural de políticas públicas para la preservación y transmisión de la memoria democrática, evitando cualquier retroceso en el camino hacia una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos.

Nuestro trabajo es fundamental para la preservación de la memoria y la defensa de la democracia, y continuaremos luchando para que nuestra sociedad reconozca el valor de la memoria como un pilar esencial para un futuro libre de injusticias.

¡COMPROMISO CONTRA LA DESMEMORIA!