A finales de octubre de 2024, la prensa informaba de la adquisición por parte de la Guardia Civil de munición de 9 mm a la empresa de capital israelí Guardian Homeland Security S. A. por valor de 6.642.900 €. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público (expediente R/0003/A/24/2), el contrato se adjudicó finalmente a la empresa israelí IMI Systems (Israel Military Industries Ltd.), empresa representada por Guardian Homeland Security. El otorgamiento de este contrato contradecía las declaraciones oficiales según las cuales el Gobierno español no vendía ni compraba armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023.

El 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior recogió el siguiente comunicado en su página web (todavía se mantiene): «El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm. PB NATO para la Guardia Civil. Dicho contrato fue licitado el 21 de febrero de 2024. La adjudicación se realizó el 21 de octubre de 2024, y dos de los tres lotes contratados correspondieron a una empresa israelí. El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza. Además, otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil».

Ya analicé este contrato, el comunicado del Ministerio y su contexto en una nota del número 241 de mientrastanto.e. En dicha nota planteaba mis dudas de que realmente se fuera a materializar la revocación del contrato. Pues bien, creo que mis sospechas se han confirmado. En el marco de un recurso presentado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad afirma que «se ponían en marcha las actuaciones tendentes a lo dispuesto en el mismo [se refiere al comunicado del Ministerio de 29 de octubre] y comenzaba el análisis por parte del Ministerio del Interior de las distintas posibilidades a llevar a cabo».

Es decir, lo que en principio parecía que era el inicio de un procedimiento administrativo para anular la adjudicación del contrato de compra de munición a una empresa israelí es, en la práctica, empezar a analizar las posibilidades para llevarlo a cabo. En mi opinión, el Ministerio del Interior mintió en su comunicado del 29 de octubre de 2024. El titular de su comunicado era claro: «Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí». Pero ese titular no era correcto; el titular adecuado en función de lo que había hecho el Ministerio debería haber sido algo así: «El Ministerio del Interior ha comenzado a analizar las posibilidades de rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí». Este titular no hubiera dado lugar a confusión sobre lo que realmente estaba haciendo el Ministerio del Interior. Tampoco creo que haya dudas sobre cuál era la intención del Ministerio con este comunicado y por qué lo redactó como lo hizo. Porque quería poner de manifiesto que el Gobierno estaba tomando medidas concretas para evitar la compra de armamento a Israel y dar por sentado que la rescisión del contrato se iba a producir.

En definitiva, el Ministerio del Interior soltó un bulo y la mayoría de la prensa se lo tragó. Prueba de ello son los siguientes titulares: «Interior cancela la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones» (El País, 29 de octubre de 2024), «Interior cancela el contrato de compra de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil por 6,5 millones de euros» (El Mundo, 29 de octubre de 2024), «Interior anula la compra de 15 millones de balas israelíes para la Guardia Civil tras la información de la SER» (Cadena SER, 29 de octubre de 2024), «Interior anula el contrato de compra de munición con la filial israelí Guardian Defense & Homeland Security» (El Salto, 29 de octubre de 2024). Entiendo que la información jurídica es, a veces, difícil de comprender. Pero también es necesario un poco de espíritu crítico al analizarla y no limitarse a reproducir la versión del Gobierno.

En mi opinión, el comunicado del Ministerio del Interior es un claro ejemplo de desinformación. La Comisión Europea define la desinformación como la «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE. La desinformación no incluye los errores de información, la sátira y la parodia ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas» [Comunicación de la Comisión «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo», de 26 de abril de 2018, COM (2018) 236 final; p. 4].

No nos encontramos ante un hecho aislado. Este caso es una pieza más de las mentiras, medias verdades y opacidad que forman parte de la política gubernamental sobre el comercio de armamento con Israel. Una política que parece más preocupada por acallar las críticas de Sumar y de la opinión pública que por adoptar medidas que intenten evitar la violación de derechos humanos en Gaza. Y que contribuye, un poquito más, a rebajar la calidad de nuestro sistema democrático.