En las ciencias sociales no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. Suficiente complejidad tiene interpretar los hechos presentes y pasados. Del análisis de esas relaciones sociales, sus procesos y sus causas, todo lo más, podemos expresar algunas tendencias que, junto con la valoración de los agentes y factores existentes, pueden aventurar ciertas hipótesis. Se puede configurar un pronóstico orientativo que permite dar realismo y coherencia a la intervención sociopolítica e institucional, basada en preferencias estratégicas e ideológicas. Como en la medicina, lo principal es el diagnóstico para adoptar el tratamiento adecuado para sanar —o prevenir la salud—, con un pronóstico orientativo de curación.

La diferencia en la sociología, las ciencias políticas y la economía, que podríamos extender al periodismo, la filosofía o la historia, es que en el campo de la sociedad tenemos múltiples conflictos de interés e interpretaciones diversas que influyen en la variabilidad de la realidad y su análisis y, sobre todo, condicionan la gestión y la estrategia política de los actores sociales y políticos y del propio Estado.

Qué nos trae 2025

Con las campanadas del cambio de año, la población tenemos la costumbre de expresar nuestros deseos y aspiraciones. En el marco del renovado consumismo, muchas criaturas y sus familias reciben los regalos pedidos a los Reyes Magos o a Papá Noel, o simplemente somos objeto de felicitaciones y deseos de buena salud. Empezamos el año con esos buenos deseos de mejora vital, junto con hechos sociales y dinámicas estructurales. La mayoría de la gente combina su experiencia inmediata con sus expectativas, más o menos realistas, que suelen conllevar ciertas dosis contradictorias, de ilusión y de escepticismo.

No hace falta detallar los principales problemas percibidos por la sociedad en este comienzo de año: el incremento del precio de la vivienda y, especialmente, de los alquileres; el deterioro de servicios públicos, especialmente la sanidad o la educación públicas, además de su continuada privatización y segregación social; la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras, con particular desprotección a las capas más vulnerables; la persistencia de altas tasas de desempleo y precariedad laboral, particularmente juvenil; la permanencia de la desigualdad por sexo/género y la violencia machista; las dificultades para la integración social de la inmigración y la convivencia intercultural, con emergencia del racismo; los efectos de la crisis climática y la inacción institucional, ejemplificados en la reciente dana, etc.

Cabría añadir, en esta breve síntesis, las incertidumbres derivadas de los conflictos geopolíticos, institucionales y económicos, así como de la necesaria democratización del propio Estado, incluida la judicatura, y la regulación de la plurinacionalidad y la desigualdad territorial. Todo ello frente a los vientos reaccionarios y ultraderechistas, así como a la incapacidad de la política para darles suficiente respuesta progresista, base para que se puedan ampliar las dinámicas autoritarias e iliberales.

Me voy a referir, solamente, a un fenómeno concreto: el balance global de este año pasado, con sus interpretaciones respectivas, sirve para la legitimación de los dos actores principales, el gobierno de coalición y la oposición de derechas. Por un parte, el presidente socialista Pedro Sánchez embellece la situación económica para legitimar su política socioeconómica e institucional y su liderazgo. Por otra parte, Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, cuestiona ese panorama socioeconómico desde el catastrofismo y se centra en la ilegitimidad del Ejecutivo y su presidente por el acoso judicial que padece, junto con la acusación de que se hunde España por los acuerdos gubernamentales con Junts y la concesión de la amnistía.

Esta polarización política y mediática por implementar su respectiva gestión institucional, del Gobierno y las Comunidades Autónomas de distinto signo, es una realidad que va a configurar este año 2025. Tratan de sacar ventaja electoral para ganar las próximas elecciones generales y poder mantener —o modificar— el próximo gobierno y su orientación estratégica y corporativa.

Pues bien, aparte del imprescindible rechazo a toda la estrategia autoritaria, regresiva y bloqueadora que subyace en la acción política de las dos derechas, cada vez más extremas, yerran las izquierdas si no parten de una realidad de claroscuros en la situación vital de la mayoría ciudadana y actúan en consecuencia. Es verdad que se han ido introduciendo mejoras, pero la situación y la sensación social de amplias mayorías ciudadanas sigue siendo de incertidumbre vital y desconfianza institucional… en las izquierdas, ya que el llamado mercado va a lo suyo, la mercantilización y el beneficio privado de las minorías, con mayor derechización. Ese incumplimiento del contrato social de progreso amplía el distanciamiento entre clase política y base ciudadana, quebrando la democracia.

Ese diagnóstico es fundamental para que las fuerzas progresistas ajusten el tratamiento reformador, ganen credibilidad transformadora y avancen frente al escollo legitimador principal: la ausencia de la confianza cívica y el suficiente apoyo social y electoral a una opción plural de progreso que redimensione la actual legislatura y prepare una nueva etapa democratizadora y de avance de la justicia social. Porque esa dinámica de continuismo socialista y cortedad transformadora genera límites a la adhesión popular. Ésta no se reactiva por la sobreactuación discursiva y propagandista que, por el contrario, puede, incluso, colaborar en la crispación protagonizada por las derechas y generar mayor desencanto con la izquierda, las instituciones democráticas y los propios medios de comunicación, en beneficio de la ultraderecha.

El reto decisivo que condiciona la dimensión representativa y la gestión de progreso, presente y futura, es la capacidad de recomposición y unidad de la izquierda alternativa, con su condicionamiento de las estrategias del Partido Socialista y del conjunto de las fuerzas democráticas y plurinacionales.

Un año de transición para consolidar el campo socioelectoral propio

Si miramos los últimos estudios demoscópicos, la foto actual y la tendencia inmediata —si no se modifica a gran escala— dan como ganadoras a las derechas del PP/VOX y, aunque se mantiene el electorado del Partido Socialista, con ligero descenso, y el de los grupos nacionalistas, el acceso parlamentario de Sumar y Podemos —en torno a entre 8/12 y 3/6 escaños, respectivamente, en caso de presentarse por separado—, sufre un descalabro hacia la mitad de su representación actual, lo que haría perder la mayoría parlamentaria a las fuerzas progresistas, y siempre calculando que no hay otra mayoría alternativa en esta legislatura.

En un principio son descartables, para este año 2025, una moción de censura alternativa de las derechas o unas elecciones anticipadas. No obstante, conviene valorar los factores que están operando y que suponen un desgaste para el Ejecutivo actual y los grupos que lo sostienen.

Existen riesgos para unas elecciones anticipadas, derivados de los intereses corporativos de dos actores, PSOE y Junts, dando por supuesto que las derechas no pueden ofrecer una mayoría alternativa, por mucho que lo intenten con las derechas nacionalistas.

Para Junts, lo fundamental es recuperar su peso institucional y político en Catalunya y el avance en su agenda nacionalista, y ello es difícil con un gobierno de derechas PP/VOX.

Para el PSOE, si consigue neutralizar el riesgo de victoria de las derechas, activar su propio electorado y es capaz de ensancharlo a costa de Sumar (y algo a los nacionalistas y por el centro), puede inclinarse a una convocatoria anticipada para conseguir más autonomía en la gestión de su inicial proyecto continuista y moderado. Si las encuestas electorales y el marco político general le fuesen más favorables, el Partido Socialista podría convocar elecciones anticipadas para incrementar su representatividad. Su objetivo es aumentar su primacía gubernamental y en el tipo de reformas políticas, precisamente para disminuir la presión por el cambio social, territorial y democrático que le plantea la izquierda transformadora y los sectores nacionalistas, y que le acarrean conflictos con diversos poderes fácticos.

En ese sentido, está interesado en contener y subordinar a Sumar, así como marginar a Podemos. No obstante, esa estrategia hegemonista de debilitamiento de su izquierda, sin suficiente apoyo parlamentario para gobernar, puede ser suicida para el conjunto progresista, ya que le puede hacer perder legitimidad pública y, sobre todo, las próximas elecciones generales.

El Partido Socialista, según todos los estudios demoscópicos, necesitaría al menos una izquierda alternativa relevante para sumar —junto con los nacionalistas— suficiente representatividad parlamentaria para ganar a las derechas de Partido Popular y Vox. Por ello busca el difícil equilibrio con esa expectativa doble: sostener esa representación de izquierdas en un mínimo funcional para conseguir un nuevo gobierno de coalición, al mismo tiempo que absorber parte de su electorado para reforzar su primacía.

De momento, en las actuales condiciones y sin un panorama de fuertes presiones sociales, sindicales y políticas por su izquierda, es difícil que el Partido Socialista apueste por el riesgo de perder el poder gubernamental con una convocatoria anticipada de las elecciones generales. Aunque siga sufriendo el desgaste promovido por las derechas y mientras no haya posibilidad de una moción de censura por la oposición de derechas, tal como afirman PNV y Junts, puede continuar, incluso, con la prórroga presupuestaria y escasa actividad legislativa. Por tanto, sin grandes variaciones, no hay elecciones anticipadas a la vista. Las estrategias de cada actor van encaminadas a gestionar sus respectivos intereses y mejorar sus espacios político-electorales para las elecciones de 2027.

El declive representativo

Se acaba de publicar el Barómetro de enero-2025 de la consultara 40db sobre el voto estimado respecto de unas elecciones generales, sin entrar en la adjudicación de escaños. Esta encuesta es una de las más fiables, aunque en la muestra hay una sobrevaloración de la composición de la clase alta y media alta (45%) en detrimento de las clases trabajadoras —clase media baja y baja— (28%) y la clase media (26%). Los resultados confirman los datos de los últimos estudios demoscópicos sobre un hecho relevante que nos interesa analizar ahora: El descenso electoral de las izquierdas, en especial, de la coalición Sumar, que cuestiona la continuidad de otra legislatura de progreso y aventura la victoria de las derechas, con una consolidación de la ultraderecha.

Sumar descendería hasta el 5,1% de voto (7,2% menos que en el 23J) y Podemos conseguiría el 4%, llevándose más de un tercio (33,6%) del voto conseguido conjuntamente en las elecciones generales; mientras tanto, la actual Sumar solo retiene el 39,7% del mismo, con un 6,5% que se desplaza hacia el PSOE y un 8,5% de indecisos. Al mismo tiempo, el Partido Socialista también retrocede un poco (2,2 puntos), situándose en el 29,5%. Aunque el estudio no especifica la estimación del voto —solo la intención y la simpatía— a los grupos nacionalistas, el conjunto de grupos progresistas no tendría una mayoría parlamentaria para avalar un nuevo gobierno de coalición.

Como datos complementarios podemos aludir a la composición ideológica de la población en general en el eje izquierda/derecha: Se autoubican en la izquierda el 37,4% (16,7% en la izquierda transformadora y 20,7% en la izquierda moderada), en el centro el 22,4% y en la derecha el 32%. El grueso de los tres electorados se autoubican en la izquierda, con una pequeña representatividad del Partido Socialista en el centro y la derecha, aunque mantiene su primacía en relación con la suma de las otras dos formaciones, Sumar y Podemos, entre las personas que se consideran de izquierdas. Existen algunas diferencias en la izquierda alternativa por segmentos ideológicos: Sumar, en comparación con Podemos, tiene mayor peso relativo entre la gente de izquierda moderada y, al contrario, Podemos tiene mayor representatividad comparativa entre las personas de izquierda transformadora. Ambos apenas tienen representatividad entre la población autodefinida ideológicamente de centro o de derechas.

Por otra parte, la comparación entre la representatividad de Sumar y de Podemos, respecto de los territorios analizados, nos dice que Sumar tiene una ligera ventaja respecto de Podemos en Madrid y Catalunya, hay un relativo empate en la Comunidad Valenciana, y al revés, Podemos tiene una ligera ventaja en Andalucía, País Vasco, Galicia y Castilla León. En todo caso, con esos datos y presentándose por separado, entre ambos quedarían en un tercio (6/8+2/4, respectivamente) de los 31 escaños actuales, concentrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, por debajo de la media de las encuestas realizadas hasta ahora que los situaban en torno a la mitad. Toda una debacle.

Veamos la encrucijada en que se encuentra la actual coalición Sumar por su declive electoral y político, su impacto en la gobernabilidad progresista y su actitud ante Podemos.

Estrategias alternativas y sus dificultades

La estrategia de Sumar, no solo de Movimiento Sumar, sino de todo el conglomerado que forma parte de esa alianza parlamentaria, tiene un doble reto. Por un lado, fortalecer su credibilidad transformadora, su utilidad real para mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales de la mayoría popular. Por otro lado, demostrar su capacidad para articular y ampliar el conjunto de ese espacio alternativo, para garantizar una remontada socioelectoral y posibilitar una nueva alianza de progreso en la próxima legislatura. Ambos aspectos, más allá de aspiraciones subjetivas, están llenos de incertidumbres.

Ante el descenso electoral y, por tanto, de su posible estatus gubernamental, la dirección de Sumar se ve obligada a distanciarse y criticar algunas decisiones socialistas, en particular en lo que más le afecta a su credibilidad gestora: la reducción de la jornada laboral, con dificultades para un apoyo parlamentario mayoritario.

Ante el primer reto, está por ver el resultado práctico de su alternativa central, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial, con su adecuación en los contratos a tiempo parcial y el registro horario. Afecta a su credibilidad transformadora, a sus equilibrios en el Gobierno y, específicamente, al liderazgo de Yolanda Díaz y los efectos de la concertación social tripartita como su eje legitimador. Pero, aparte de la certeza de la oposición frontal de las derechas y la retirada patronal de un acuerdo tripartito, difícil de recuperar, existen dos tipos de problemas añadidos.

Por un lado, la inicial oposición a su aprobación parlamentaria por parte de Junts, que podría mantenerla —a ello le apremia la patronal catalana— si no hay otras grandes contrapartidas gubernamentales, como fue la amnistía para la investidura gubernamental. Está la incógnita de su apoyo a los presupuestos generales, sin el cual el Ejecutivo no los podría sacar adelante. En ambos casos, la reducción de la jornada laboral y los presupuestos generales, aunque no signifique apostar ahora por una moción de censura con las derechas la oposición de Junts supondría otro factor de desgaste socialista —y de Sumar/Comunes—, buscando su primacía en Catalunya y tener mayor peso en el próximo parlamento y la gobernabilidad de España, sin descartar acuerdos con el Partido Popular. Además, respecto de la reducción de jornada laboral, a Junts le condicionan su propia ideología neoliberal y su pretendido estatus de gestor del poder económico catalán, y siempre que no sufra un gran desgaste deslegitimador por parte de las propias fuerzas sociales, sindicales y políticas de izquierdas en Catalunya, cuyo papel puede ser decisivo.

En definitiva, esos dos grandes ejes socioeconómicos del Gobierno están en la incertidumbre y dependientes de Junts, y afectan al ala socialista pero, sobre todo, a la credibilidad transformadora de Sumar.

Sumar, además, tiene un segundo reto: necesita reforzar orgánicamente el espacio político-electoral de la izquierda transformadora. Por una parte, fortaleciendo su arraigo territorial, problema endémico en Podemos y, ahora, en la incipiente vertebración de Movimiento Sumar. Según las encuestas el acceso parlamentario de la coalición Sumar estaría restringido, precisamente, a donde existen sus grupos políticos aliados -Madrid, Catalunya, Comunidad valenciana y Andalucía-, o sea, no tendría apenas un espacio electoral propio y solo serviría de cobertura o paraguas para esas formaciones con arraigo local.

Por otra parte, tiene el reto de liderar la colaboración del conjunto del espacio alternativo (incluido Podemos) para condicionar al Partido Socialista en un proceso más contundente de avances en, al menos, tres ámbitos fundamentales: el social (incluido el feminismo y el medioambiental); el territorial, con una perspectiva federal y de pactos con el nacionalismo de izquierdas, y el democrático-participativo. Y, en el mejor de los casos, de arreglo político-organizativo en su Mesa de partidos, desde el punto de vista electoral e institucional. En el caso de no resolver la colaboración con Podemos, los presagios no son nada buenos: perder el Gobierno y quedarse en una dura oposición parlamentaria. Es comprensible el desasosiego existente, sin salida clara y efectiva.

Por tanto, para la izquierda transformadora se trata de una política doble de consolidar el llamado bloque democrático y plurinacional y de conseguir un mayor peso, frente al hegemonismo continuista del Partido Socialista. Éste necesita a su izquierda, ya que tiene dificultades para la geometría variable, vía PNV/CC/Junts que no es suficiente para la estabilidad gubernamental, así como con pactos con la derecha que ésta desecha por su estrategia global de acabar con el sanchismo.

Para ello es contraproducente la estrategia insuficientemente inclusiva de la dirección de Sumar, con la marginación de Podemos y la infravaloración de la dimensión de su base social. Sería imprescindible una estrategia unitaria de colaboración y acuerdo político básico, con regulación de la pluralidad real, y en la perspectiva de una alianza, al menos electoral, a medio plazo, de cara a 2027. Habría que desechar la estrategia divisionista de su aislamiento y marginación y evitar el ascenso del sectarismo mutuo, con consecuencias de desgaste para ambas fuerzas y beneficio relativo para el PSOE (y los nacionalistas de izquierda… y la abstención), y en último término, con desventajas para el conjunto progresista frente a las derechas.

Pero esa reconsideración unitaria, de momento, no está presente en el equipo dirigente de la coalición Sumar, excepto en Izquierda Unida, más sensible por las limitaciones del proyecto y preocupada por ese escenario futuro.

Una trayectoria fallida, sin autocrítica ni reconsideración

El liderazgo de Yolanda Díaz, inicialmente con gran prestigio público por su gestión laborista en el ámbito de Unidas Podemos, se confirmó a iniciativa de Podemos y tras la dimisión de Pablo Iglesias se planteó un doble objetivo complementario: revertir el declive electoral de Unidas Podemos, ya muy evidente en 2019 y solo compensado por el acceso al Gobierno de coalición y su gestión, y unir y ensanchar el espacio político del cambio de progreso.

Pero, enseguida, en la configuración del Movimiento Sumar aparece otra estrategia de su nueva dirección que considera más adecuada para esa finalidad: la reorientación política de mayor moderación y afinidad con el PSOE y la sustitución del liderazgo anterior en este espacio alternativo. Así, desde el otoño de 2021 —acto de Valencia— se abre una pugna por la primacía dirigente que, con el pleno apoyo gubernamental y mediático, va ganando Yolanda Díaz y su equipo, en el marco de la deslegitimación fáctica hacia Podemos.

En el doble proceso de la formación de Sumar, de escucha ciudadana y de legitimación y refuerzo de su autonomía y su nuevo liderazgo respecto de Unidas Podemos, se muestra la incapacidad o la falta de voluntad para articular un procedimiento democrático o una articulación de la representatividad de cada corriente interna, con una orientación política consensuada. Es el fiasco de la Asamblea de Magariños en la primavera de 2023, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Se impone el objetivo imperioso de consolidar un nuevo liderazgo con el desplazamiento del anterior núcleo dirigente, con una dinámica competitiva a nivel interno, al mismo tiempo que con un discurso externo más amable y una gestión institucional más posibilista o acomodaticia a la preponderancia socialista. Su valoración era que Podemos restaba más que sumaba y su papel debía reducirse al mínimo, recogiendo o trasvasando parte de su base social y de su militancia. Se cierra el diálogo interno y se abre la confrontación, en clara contraposición con la integración y la suma de todos los grupos en la pluralidad, mientras se reafirma la oferta dialogadora y el mecanismo de la negociación transversal en otros ámbitos políticos y con la patronal.

El resultado es una lucha fratricida penosa, que retrata la débil capacidad articuladora de esta representación de la nueva política y que, finalmente, se plasma en un menor apoyo electoral según los estudios demoscópicos, tal como hemos analizado antes.

Además, Movimiento Sumar, la agrupación política de Yolanda Díaz, decreta unilateralmente en su Asamblea fundacional en 2024 que es la fuerza hegemónica de todo el espacio de la coalición Sumar hasta adjudicarse el 70% de la dirección y el 30% al resto de partidos políticos. Es lo que ahora, tras el fiasco electoral de las europeas, así como por el descontento manifiesto y la propuesta reequilibradora de Izquierda Unida, entre otros, se pretende corregir, con mayor protagonismo de los partidos políticos. Pero se mantiene el fuerte liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y su equipo, y su versión de la política útil y consensual y su desdén a Podemos.

El problema es que, con unos cambios de orientación política y liderazgo mínimos, Movimiento Sumar, como referente del conjunto, no aborda la cuestión de fondo: una orientación política más exigente, con una perspectiva integradora y unitaria de todo el espacio alternativo. Así, últimamente, se han hecho gestos críticos hacia el Partido Socialista por su rémora en algunas medidas básicas apalabradas, como la reducción de jornada laboral, o la coordinación de la Mesa de partidos. Pero esas modificaciones siguen siendo insuficientes para avanzar en la recuperación político-electoral ante dos hechos fundamentales: su credibilidad transformadora o de utilidad sustantiva para la gente, y su desconsideración hacia Podemos, que sigue siendo el elefante en la habitación, que se desprecia de cara a la perspectiva ineludible de un frente común para 2027. Veamos cómo se ha llegado hasta aquí y cuáles son los obstáculos políticos y corporativos para avanzar.

Respeto al pluralismo y colaboración en la izquierda alternativa

Se ha formado un marco orgánico y discursivo, dominante en los medios, poco respetuoso con el reconocimiento del pluralismo, debido a la prioridad política y orgánica de sustituir a Podemos como fuerza dirigente y de articular una nueva primacía organizativa de la mano de Sumar. Se justifica por el supuesto impacto positivo superior de una política más moderada, posibilista y colaboradora con el Partido Socialista. Es decir, de prioridad de la negociación —en posición subordinada— con el Partido Socialista y el diálogo tripartito con la patronal, expresado como nueva seña de identidad. Se desecha la confrontación con los poderosos y el ‘ruido’ por las discrepancias gubernamentales, que se les achacan a Podemos, con un perfil más transformador y crítico. Tratan de priorizar el aislamiento del calificado izquierdismo de la cúpula morada con sus supuestos errores estratégicos, haciendo recaer en ellos los motivos del (sobredimensionado) declive representativo en el 28 de mayo de 2023 y posterior. El camino hacia la colaboración con Podemos queda cerrado.

Permanecen en un segundo plano los rasgos comunes, no solo de sus bases sociales y puntos programáticos similares, sino también de decisiones políticas compartidas, como el aceptado apoyo a la investidura de Sánchez y al nuevo Gobierno de coalición, liderado por el Partido Socialista, y la articulación de un bloque democrático y plurinacional, tal como se expresa en la mayoría parlamentaria progresista frente a las derechas.

Esa dificultad unitaria se basa en el fundamento, insistente en el ámbito mediático y en la justificación de los representantes de Sumar, de que es prioritaria una estrategia moderada para ensanchar el electorado y poder hacer una política útil de reformas progresistas. Evidencia que ha quedado deslegitimada por el declive representativo y el bloqueo del ala socialista a reformas progresistas ambiciosas. Pero, sobre todo, esa estrategia posibilista aparecía como incompatible con la participación significativa de Podemos, sus líderes y su base social, que se aventuraba irrelevante, y a quienes había que dejar en una posición inoperativa y marginal. Se afianza un enfoque antipluralista, obstáculo principal para la cooperación unitaria y la recomposición del espacio.

El liderazgo de Sumar infravalora la articulación de una estrategia transformadora consensuada, con respeto y reconocimiento de todo el pluralismo existente, que permitiera concitar una mayor credibilidad transformadora y una capacidad democrática de convivencia y representación conjunta.

La apuesta por un movimiento ciudadano, al margen de los partidos políticos, junto con el hiperliderazgo de Yolanda Díaz, como máxima dirigente gubernamental y con gran apoyo mediático y político, no ha resultado ser más que un pretexto para no arbitrar una negociación y un sistema abierto y colaborativo de deliberación y decisión (primarias, proporcionalidad, órganos representativos y de coordinación…) de los grupos políticos participantes. Esa plataforma ciudadana como referente principal era un intento de legitimación del nuevo equipo dirigente frente al partido político dominante hasta entonces, Podemos.

El debate ahora, propuesto por Izquierda Unida y otros grupos, de arbitrar una Mesa de partidos ‘horizontal’, rebaja la pretensión de Movimiento Sumar de seguir siendo el referente principal de la coalición al hacer valer su posición institucional privilegiada. No obstante, el problema determinante desde sus inicios, y que volvería a surgir ahora al diseñar un frente amplio, es el papel de un Podemos que, dados los datos actuales de representatividad, desequilibraría al conjunto en un sentido más firme y crítico. En ese caso, cuestión impensable para Yolanda Díaz y su equipo, Movimiento Sumar estaría en minoría y más dependiente de Más Madrid y Catalunya en Comú, además de una Izquierda Unida que pide mayor protagonismo.

Sólo ante el vértigo de la pérdida de la mayoría parlamentaria de las fuerzas de progreso en el 23J, incluso a instancias del propio Partido Socialista, que veía peligrar la continuidad de un Gobierno de coalición progresista —cuestión repetible para 2027—, así como por el descenso de las expectativas electorales de todo el conglomerado alternativo, la dirección de Sumar admitió la unidad electoral con Podemos, que estaba en una débil situación. Éste exigió un respeto a su representatividad y su perfil político autónomo, aunque se le impusieron unas condiciones leoninas, reforzadas más tarde en la conformación del grupo parlamentario, lo que terminó por generar la salida de la formación morada del grupo parlamentario y afianzar una ruptura política y emocional.

Ante esa experiencia, solo cabe una reflexión compartida, con una reorientación política negociada y una representación democrática y plural.

Incumplimiento de expectativas y remontada necesaria

Sumar no ha cumplido sus expectativas de ensanchamiento electoral y de capacidad de unificar el conjunto del espacio: ha mejorado la integración de una parte que estaba fuera de Unidas Podemos, básicamente las formaciones del acuerdo del Turia (Más Madrid/Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, MES de Illes y Dragó canario —que termina por salirse—), pero ha favorecido la exclusión de Podemos, que era la fuerza organizada principal y no reconocida de todo el conglomerado. Lo que sí ha conseguido Sumar es sustituir la primacía del liderazgo del conjunto de la alianza e imprimir un discurso más amable —salvo con su izquierda—, pero sin evitar el declive representativo de la izquierda transformadora, a tenor de los resultados del 23J, las elecciones autonómicas y europeas y las posteriores encuestas.

En definitiva, contando con esta dinámica competitiva y de reafirmación de sus trayectorias anteriores, está pendiente el desafío de un doble proceso con mutua interacción: el impulso de una dinámica reformadora creíble, con amplia activación cívica y sindical, en el marco de un acuerdo global de progreso del bloque democrático y plurinacional, y la articulación en la izquierda transformadora de mecanismos unitarios con respeto al pluralismo existente y procedimientos democráticos, en la perspectiva de avanzar en un amplio frente común alternativo.

No obstante, de momento, hay un obstáculo insalvable, la reafirmación de ambos núcleos dirigentes de Sumar y Podemos en constituir cada uno de ellos la primacía política y orgánica del posible espacio conjunto, que habrá que ver si se resuelve a medio plazo y cómo. La dirección de Movimiento Sumar, con los apoyos de los Comunes, Más Madrid y Compromís, así como con el liderazgo público e institucional de Yolanda Díaz, dan por supuesta su hegemonía a través de su política moderada y su control institucional, junto con el beneplácito socialista y mediático, siempre con una posición subordinada de la formación morada y cierto malestar en IU por su estatus periférico. En sus documentos para la Asamblea constituyente de marzo de 2025 de Movimiento Sumar se mencionan algunas deficiencias secundarias, pero su línea política y organizativa es continuista, sin atisbo de explicación convincente sobre las causas de su decepción electoral y sus límites de gestión política y de articulación orgánica. Por tanto, permanece la incógnita de su solución.

Y la dirección de Podemos porfía en su lenta recuperación a través de una dinámica más confrontativa con los poderes fácticos y las derechas y más crítica y exigente frente al gobierno de coalición. No obstante, aparte de su oposición a la involución derechista, va admitiendo la necesidad de una perspectiva de colaboración con el Partido Socialista, exigiéndole no procurar la subordinación de este espacio transformador y mantener su autonomía política, desde su aspiración para ser la izquierda fuerte y determinante en el espacio conjunto (Montero, 2024). Ha pasado por lo peor, el riesgo de la irrelevancia política. Pero está por ver su capacidad para tener efectividad en la transformación social y (co)liderar un amplio campo social y electoral. En el actual contexto, podría llegar a los tres millones de personas, con una articulación necesariamente unitaria con los grupos políticos de Sumar, que todavía representan una base social de izquierdas y transformadora. Ese espacio conjunto podría condicionar mejor la estrategia continuista socialista.

Por tanto, los liderazgos de ambas tendencias deberán demostrar altura de miras y capacidad estratégica y democrática para recomponer la izquierda transformadora con los equilibrios políticos y orgánicos realistas, negociados y proporcionales a su respectiva representatividad, sin ventajismos ni vetos y con procedimientos democráticos.

En ese sentido, este año 2025 es un año de transición en el que la prioridad parece que es de preparación de cada fuerza para su propio fortalecimiento, con vistas a la fase trascendental del periodo preelectoral que se iniciará en 2026 —empezando en Andalucía—, y este proceso determinará las posibilidades de la tentativa de la nueva configuración de la izquierda transformadora; o bien, conllevará su fracaso, con la separación político-electoral y aguda competencia, junto con las responsabilidades de los liderazgos alternativos por su incapacidad articuladora ante esa base social de progreso, así como por su impotencia frente al proceso político regresivo y autoritario derivado de la derrota de las izquierdas. Y ahí lo secundario será el reparto de culpas, probablemente asimétrico, entre las respectivas representaciones políticas, quizá en una agria disputa, en una etapa gravosa para la mayoría popular y de crisis y rearticulación de sus liderazgos.

En conclusión, está abierta la encrucijada de las izquierdas y la continuidad de un proyecto de progreso en una doble perspectiva: si se termina este ciclo sociopolítico e institucional de progreso, asentado en la participación cívica de estos quince años y un inicial espacio socioelectoral de más de seis millones de personas; o bien, si se reproducen suficientes energías sociopolíticas, partidarias e institucionales para reafirmar una senda democratizadora y de justicia social, con una representación política renovada y relegitimada.

En esta segunda hipótesis existe un doble plano. Por un lado, si será capaz el bloque democrático y plurinacional de reforzarse y ganar a las derechas en el proceso electoral clave de las elecciones generales (y municipales y autonómicas) de 2027 —si no se adelantan—. Por otro lado, si la izquierda alternativa, la pata imprescindible y más frágil de ese conjunto, podrá consolidarse, ampliarse y facilitar la necesaria colaboración de todo su conglomerado de grupos políticos y la propia izquierda social y los movimientos sociales progresistas, para poder configurar unas alianzas con mayor peso de las izquierdas consecuentes en ese bloque democrático.

Por tanto, para la izquierda transformadora se trata de combinar su propio proyecto autónomo y unitario, ya difícil, y que constituye un auténtico reto para su representación política actual, con la colaboración con el nacionalismo periférico y el Partido Socialista. Éste sabe —o debería saber— que solo, o con acuerdos con las derechas, no puede mantener la gobernabilidad progresista y su primacía política, que se vería desacreditada. Está cómodo en su pretensión hegemónica e inclinación centrista, aprovechando la geometría variable con prioridad hacia su derecha (PNV/Junts), ya que la confluencia entre esta derecha nacionalista y el Partido Popular, aunque tenga acuerdos parciales, es el riesgo por evitar para formar una alternativa de gobierno de las derechas, y un peligro significativo en esta legislatura. Veremos la siguiente.

Sin embargo, la amenaza principal, infravalorada por los socialistas, es la desactivación de las propias bases sociales y electorales de las izquierdas, por ausencia de una respuesta suficientemente transformadora respecto de sus graves problemas vitales, que siguen siendo de justicia social y democratización. Así, aparece el gran problema de la desconfianza en las élites gobernantes y estales y en los propios partidos políticos —junto con los grandes medios de comunicación— con particular desafección institucional y tendencias abstencionistas, que afectan más a las izquierdas y que abocan a la victoria de las derechas.

En consecuencia, junto con mayor participación cívica, es fundamental la persistencia de esa izquierda alternativa con suficiente representación electoral y capacidad de empuje reformador progresista. Veremos si las izquierdas sociales y políticas encuentran —encontramos— la salida adecuada a esta encrucijada. La recomposición de sus liderazgos dependerá de ello.