Los gobiernos autonómicos, sobre todo los de la derecha (pero no solo), están desplegando políticas educativas favorables a la creación y expansión de universidades privadas, autorizando «negocios-chiringuito», especialmente los online, a la vez que recortan la inversión en las universidades públicas de su región. La inversión en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE.

Es el esquema básico, de manual de primero de privatización, que están impulsando quienes han sido elegidos para gestionar lo público, que están claramente apoyando el negocio privado. Bien porque tengan intereses en estas nuevas «universidades, S. A.», bien porque ponen en práctica su ideología: destruir lo público e impulsar lo privado (a costa, además, del erario público). Es el mundo al revés. Y hay que reconocer que tienen una clara y persistente «voluntad política» para llevar a cabo sus planes privatizadores, velando por los intereses del «mercado» y no por el bien común de la ciudadanía…, que es quien los eligió.

Si desde 1998 no se ha vuelto a crear ningún campus público, el número de universidades privadas (en muchos casos «chiringuitos»), sin embargo, ha crecido exponencialmente, hasta llegar a 41. Históricamente, estaban las cuatro universidades privadas tradicionales (la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra). El resto eran públicas. Pero en el último cuarto de siglo se han creado 25 privadas, a razón de una por año.

Pero es que en 2025 Madrid planea la apertura de otro «negocio virtual”» que será su decimocuarto centro de «educación superior» privado; Andalucía, la cuarta universidad privada; Extremadura tiene en proyecto otras cuatro; Baleares otra, igual que Asturias. De aquí a 2026 habrá 54 «Universidades, S. A.». Que se reparten entre la jerarquía católica, las empresas de negocios y los fondos de capital riesgo o fondos buitre. Sobre todo estos últimos, porque se calcula que una de cada cinco universidades privadas tendrá participación de estos fondos en 2026.

Saben que las necesidades de formación en educación superior aumentarán mucho, dado que la parte de la población joven que acceda a la misma será cada vez mayor en una sociedad donde el conocimiento y la ciencia son claves para su desarrollo. Pero la educación superior está pasando de derecho esencial, que la comunidad social debe garantizar a través de las Universidades Públicas financiadas por el Estado, a un nicho de negocio con una rentabilidad estimada por los fondos de capital riesgo superior al 10% (algo que pocos sectores ofrecen), especialmente en los másteres y, aún más, en los online. La facturación de las universidades-negocio privadas en España, de hecho, ha crecido un 44,7% en cinco años.

El Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades aprobó el Real Decreto 640/2021 para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus privados con ánimo de lucro. En él fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, de profesorado, equipamientos y organización. Es responsabilidad de las CCAA supervisar que las universidades cumplan ese decreto antes de 2026. Pero la mayoría de las CCAA hacen caso omiso del mismo y siguen impulsando «universidades chiringuito» privadas que no cumplen los requisitos previstos y que cuentan con informes desfavorables por parte de las agencias de calidad o de la Conferencia General de Política Universitaria, y que acaban siendo academias de expedición de títulos por pago.

El objetivo es evidente: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos en un ataque con un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación no universitaria, a la sanidad pública y a los servicios sociales. Es decir, al Estado Social. El enemigo de esta guerra abierta y sin prisioneros tiene un nombre: lo público (Clara Ramas, 2024). Es un programa político que está llevándose a cabo de forma sistemática y sin resistencias claras.

Por eso debemos reaccionar de forma urgente y crear un frente común que ponga un dique de contención a esta degeneración de las finalidades de la universidad, mediante el siguiente decálogo de líneas estratégicas esenciales que apuesten claramente y sin ambages por una Universidad Pública y Gratuita. Una Universidad de titularidad y gestión pública, no de «servicio público» que pueda ser prestado de forma pública o privada, concertando la educación superior con instituciones privadas o a través de «cheques universitarios» a la demanda, como se pretende introducir en Cataluña y otras regiones, al estilo de los conciertos educativos en la enseñanza no universitaria y de los cheques escolares en la educación infantil.

Este decálogo para un Pacto Social por la Educación Superior debería tener diez ejes como estrategias básicas y esenciales:

1. Una financiación de las Universidades Públicas blindada constitucionalmente, al margen de quien gobierne, que destine el 2% del PIB a la Universidad Pública en 2026 (el 1% PIB previsto en la nueva ley de universidades, la LOSU, para 2030, ha de aproximarse a los porcentajes europeos [2% PIB] y adelantarse en el tiempo a 2026).

2. Es necesaria la planificación de un sistema financiero plurianual, en el que todas las Universidades Públicas cuenten con una financiación en 2025 de al menos 6.678,15 € por alumno/a en todas las Comunidades Autónomas (que es la media nacional, donde comunidades como Navarra llegan a 8.749,62€ por alumno).

3. Establecer una moratoria de diez años en la creación de nuevas universidades privadas. Así como reformar el Real Decreto 640/2021 para que los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio que habilitan la aprobación de una universidad privada sean preceptivos y vinculantes. Lo cual implicará que ninguna Comunidad Autónoma podrá autorizar una nueva universidad privada que no cuente con la valoración positiva de estos organismos.

4. Creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección de las universidades privadas. E Inspección periódica, cada tres años, por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de todas las universidades privadas creadas hasta ahora a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para realizar su labor y establecer las medidas sancionadoras o de supresión de aquellas que no cumplan todos los requisitos exigidos legalmente.

5. Supresión de toda financiación de las universidades privadas con fondos públicos.

6. Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario equilibrado, proporcional y universal que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias. Y creando nuevos campus universitarios, si es necesario, que den respuesta a las necesidades de formación e investigación en todo el Estado y que garanticen la reducción de ratios de alumnado en las aulas (para una atención más personalizada e inclusiva), tal como se estableció con la reforma del Plan Bolonia que nunca se ha querido aplicar.

7. Universidad laica: Todas las Universidades deben respetar la libertad de conciencia de toda la comunidad universitaria. Derogar los acuerdos concordatarios con la jerarquía católica de 1979 y los acuerdos con otras religiones de 1992. Sacar cualquier religión confesional de la Universidad, eliminando asimismo la simbología y actividades religiosas o rituales. Lo cual facilita una convivencia plural y diversa en las Universidades, respetuosa con todas las creencias personales, sean religiosas, agnósticas o ateas. La Universidad es un espacio para la razón, la argumentación y la ciencia, no para la creencia.

8. Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a las notas sino a la situación socioeconómica, que posibilite la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario, sin depender de su familia, y especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil y, por lo tanto, debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios. Esta retribución sería la concreción para los estudiantes del salario social vinculado a un trabajo garantizado que se tendría que establecer a todos los efectos como derecho general de toda la población

9. Autogobierno democrático universitario: Una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control por parte de la sociedad civil comprometida socialmente y sin intereses privados de beneficios, cuya finalidad sea la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de estas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos.

10. Evaluación de todo el sistema universitario para la mejora: Evaluación que englobe a todo el sistema universitario (Ministerio, Administraciones, Universidades, etc.), a todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y que facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora mediante la autoevaluación y la coevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomente el carácter social y colaborativo de la investigación, eliminando el factor de impacto como elemento de evaluación y priorizando las publicaciones de acceso abierto gratuito (tanto en acceso como en publicación y no considerar ciencia abierta las revistas que cobran APCs o tienen Acuerdos Transformativos), en consonancia con el mandato europeo «Horizonte 2020» y la Declaración DORA, y permitiendo que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y vinculación del proceso de formación universitaria con el componente del compromiso social respecto al entorno social.

En definitiva, se trata de recuperar el sentido del bien común y el compromiso social de la Universidad, para conectarla con los grandes desafíos ecosociales, formar a las futuras generaciones para enfrentarlos y construir una sociedad más justa y mejor. La Educación Superior no puede ser un negocio, ni estar a la venta del mejor postor.

[E. Javier Díez Gutiérrez es director de la Investigación Europea «Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia». Premio CODAPA 2023 de la Confederación Andaluza de AMPA por su defensa de la educación pública y la difusión de alternativas para construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Pedagogía del Decrecimiento (Octaedro, 2024). La memoria histórica democrática de las mujeres (Plaza y Valdés, 2023). Pedagogía Antifascista (Octaedro, 2022). La historia silenciada (Plaza y Valdés, 2022). Educación crítica e inclusiva para una sociedad poscapitalista (Octaedro, 2021). La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020), La educación en venta (Octaedro, 2020), Educación para el bien común (Octaedro, 2020), La revuelta educativa neocon (Trea, 2019) o Neoliberalismo educativo (Octaedro, 2018).]