Entre el 14 y el 16 de noviembre del año que acabamos de dejar atrás, más de cuatrocientos docentes y estudiantes de diez países y quince comunidades autónomas del estado español, de todas las etapas educativas, nos reunimos en Pamplona/Iruña para participar en el II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación. El documento de conclusiones, elaborado de forma participativa y aprobado en este congreso, contempla innumerables aspectos de interés.

En primer lugar, una constatación: «[…] contrariamente a lo que manifiesta una opinión bastante extendida, una parte relevante del mundo educativo sí se ocupa, y se preocupa, de introducir a las generaciones más jóvenes en el pensamiento crítico, la problematización del presente, aprender a pensar históricamente, la incorporación de sujetos históricos y temáticas postergadas e invisibilizadas, con la renovación metodológica y conceptual que necesariamente conllevan. Y esto se hace a partir del concepto clave de Historia con Memoria». Pero esta constatación positiva —nos recuerda el documento de conclusiones— no lleva a obviar los grandes motivos de preocupación que nos entrega, sin tregua, la realidad más actual: el genocidio en Gaza, el trato inhumano a los y las emigrantes, la amenaza de la ultraderecha y la enorme capacidad de difusión de «noticias falsas y discursos de odio, racistas, xenófobos y antifeministas, además de expandir el negacionismo y el revisionismo sobre los genocidios fascistas del pasado».

En las conclusiones se señala, como una de las claves para poder contrarrestar estos nubarrones y tormentas amenazantes, la necesidad de «recuperar el acervo cultural de la memoria y, sobre todo, la idea de una memoria de la construcción, una memoria de los sueños: qué hemos aprendido de los pasados traumáticos […] aprovechar la función profiláctica de la memoria para recuperar una identidad colectiva en torno a los grandes proyectos que unieron las ilusiones previas a aquellos procesos traumáticos: la verdadera democracia, el antifascismo, los valores del Estado del Bienestar, la reforma agraria, hoy entendida como respuesta al cambio climático, la soberanía alimentaria y la distribución sobre el territorio». Como creo que se puede apreciar claramente en estas citas, el documento de conclusiones de este II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación es un texto que merece una lectura completa. Lo podéis consultar en esta misma revista en el apartado «Documentos».

Por mi parte, me voy a detener en un tema que preocupa profundamente a una gran parte del profesorado en activo. Se trata de la privatización, acelerada, aceleradísima, que se está produciendo en la formación inicial del profesorado. Es decir, en el máster que habilita para ejercer la función docente en la enseñanza secundaria y que se ha de cursar de forma obligatoria para desempeñar este trabajo. Dice el documento de conclusiones del Congreso celebrado en Pamplona que «la formación del profesorado en memoria democrática es imprescindible, y debe ser garantizada en los centros públicos. En este sentido es preocupante la falta de oferta pública en el máster profesionalizante del profesorado de secundaria, que ha contribuido a la proliferación de nuevas universidades privadas y ha convertido en negocio lo que debe ser un servicio público. Esta situación no se da en la mayoría de los países europeos, donde la formación universitaria pública es ciertamente predominante. La formación del profesorado en una historia con memoria es fundamental para hacer realidad una formación de la ciudadanía democrática y crítica. Se debe desarrollar una conciencia histórica en el futuro profesorado de cualquier etapa educativa. Y se debe formar en competencias profesionales al profesorado para capacitarlo en la enseñanza de la memoria histórica según cada etapa educativa».

Respecto a este tema, fundamental, deberíamos hablar, en la situación actual, en primer lugar, de un derecho del que se está privando a las personas recién licenciadas que quieren desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la enseñanza secundaria. La educación pública debería garantizar su derecho a cursar el máster de formación del profesorado en centros públicos universitarios. Como este derecho no se garantiza, la única opción, para los y las que pueden costearla, es realizar esta formación en universidades privadas, algunas de ellas verdaderos chiringuitos para hacer negocio, como analiza Enrique Javier Díez Gutiérrez en otro artículo de este número de la revista, que lleva por título «Universidad, S. A.».

En segundo lugar, nos debemos preguntar si estos «negocios-chiringuito» de verdad ofrecerán la imprescindible, y obligatoria legalmente, formación del profesorado en memoria. La obligación legal de esta específica formación del profesorado en memoria está recogida, desde el 2022, en la Ley de Memoria Democrática^[1], que incluye en su articulado el tema educativo, de manera muy específica, en su «Capítulo IV. Del deber de memoria democrática», que se abre con el artículo 34. Dice este:

Artículo 34. Deber de memoria. Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse.^[2]

Y es fundamentalmente el artículo 44 el que más nos interesa para el tema que estamos tratando y nos preocupa. Dice así:

Artículo 44. Medidas en materia educativa y de formación del profesorado.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura.

A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

2. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.^[3]

Conocido lo que dice la ley, la pregunta que nos podemos hacer, como ya he planteado en algunas ocasiones, es: ¿estarán garantizando las universidades privadas una formación del profesorado que incluya el tratamiento escolar de la memoria democrática? Y, aterrizando más el tema, dado que muchas de estas universidades privadas llevan en sus nombres el adjetivo «católica», es decir «universidad católica de…», o nombres de santos (San Pablo, San Antonio, San Jorge), o el adjetivo «pontificia», etc.; y que muchas otras que no lo explicitan en sus nombres sabemos que están estrechamente relacionadas con instituciones religiosas como el Opus Dei o los jesuitas: ¿cómo tratarán, si es que lo hacen, o como tratarían, si se vieran en algún momento obligadas a hacerlo, en las universidades privadas, especialmente las relacionadas con órdenes religiosas, los temas en que la Iglesia estuvo más directamente relacionada con asuntos fundamentales de la memoria histórica democrática? Por poner algunos ejemplos concretos, ¿cómo tratarían el apoyo económico de la jerarquía eclesiástica al golpe de estado del 18 de julio de 1936?, ¿o el apoyo de los obispos a los sublevados en la «Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero»^[4] de 1 de julio de 1937? ¿Cómo tratarán el nacionalcatolicismo, una de las señas de identidad ideológica de la dictadura del general Franco?; ¿y la estrecha relación entre la Iglesia y el poder político franquista durante toda la dictadura y su colaboración en la represión política y sexual?

Si a estas dudas sumamos la posición que ha mantenido la Iglesia católica española respecto a la Ley de Memoria histórica de 2007 y a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que en las mejores situaciones podríamos definir como equidistante, significa que las administraciones educativas tendrían que estar muy atentas a que lo que dice el artículo 44.1 de la Ley de Memoria Democrática se cumpla en las universidades privadas y, muy especialmente, en las relacionadas con la Iglesia católica. ¿Cumplirán este tipo de centros con la obligación legal de actualizar los contenidos curriculares en los temas relacionados con la memoria democrática, según obliga una ley que ha sido votada por nuestros representantes? ¿O estarán convirtiendo esta ley, en sus universidades, en papel mojado? A estas preguntas sólo podrán dar respuesta unos informes bien realizados por los gobiernos autonómicos, de los que depende el control de estas universidades privadas. Sin embargo, por lo que nos explica Enrique Javier Díez Gutiérrez en su artículo, no parece que podamos ser muy optimistas respecto a la realización de estos controles.

En todo caso, que dios nos pille informadas o, al menos, con algo de información al respecto. Y aquí van algunos datos. Según la página web del ministerio de Educación y Formación Profesional^[5], el máster de formación del profesorado lo ofrecen cuarenta y seis universidades públicas y veintidós privadas. Ya resulta sorprendente que desde una página oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes se le haga publicidad gratuita a los másteres de formación del profesorado que ofrecen las universidades privadas, cosa que no sucedía la vez anterior en que realicé la búsqueda, en 2023. Pero sí sucede hoy, en el momento de redactar este artículo. Sea como fuere, como el número de plazas que ofrecen las universidades públicas es insuficiente, numerosos alumnos terminan por cursar este máster en universidades privadas. Al parecer, uno de los argumentos que se ofrecía para no aumentar la oferta de plazas en las universidades públicas era el paro en el sector de la enseñanza, que supondría que se formara a personas que no encontrarían trabajo en el sector. Si este era un argumento real, sorprende que las administraciones educativas no lo hayan tenido en cuenta la hora de autorizar a cada vez más universidades privadas el ofrecer esta formación.

Centrémonos por ahora en saber cuáles son estas universidades privadas que ofrecen el máster de formación del profesorado. Lo ofrecen las siguientes universidades privadas: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Universidad Internacional de Valencia (VIU), Universidad Nebrija, Universidad Europea de Madrid, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad de Navarra, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad CEU San Pablo, Universidad de Deusto, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Camilo José Cela, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Internacional de Cataluña, Mondragón Unibersitatea, Universidad de Vic, Universidad Católica San Antonio, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Católica Teresa de Jesús, Universidad Europea del Atlántico, Universidad Internacional Isabel I de Castilla. En total, veintidós universidades privadas que ofrecen el máster de formación del profesorado aparecen en la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, debajo de las universidades públicas que también lo ofrecen.

Otras ocho universidades privadas, que no aparecen en la página web del Ministerio, ofrecen, según sus webs, el máster de formación del profesorado: Universidad Ramon Llull, Universidad Católica de Valencia, Universidad Europea de Canarias, Universidad San Jorge, Universidad Europea de Valencia, Universidad Católica de Ávila, Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad Loyola de Sevilla.

Me he permitido escribir todas las que he encontrado no para hacerles publicidad, sino porque no deja de sorprender a una estudiante universitaria de principios de los años setenta —en el tardofranquismo, cuando la presencia de universidades privadas era poco perceptible para la inmensa mayoría del estudiantado universitario— el número de universidades privadas que hay en la actualidad en España y que, además, ofrecen el máster de formación del profesorado. Denunciando el volumen de la presencia privada en los centros educativos preuniversitarios, escuelas e institutos, quizás no hemos prestado la suficiente atención al nacimiento y crecimiento de este tipo de centros en la enseñanza universitaria.

Una investigación, desde alguna universidad pública, sobre el cumplimiento o no de la ley de memoria democrática en la formación que se ofrece en estos masters tendría un gran interés.

1. https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/20/con. ↑
2. Ibidem, p. 31. ↑
3. Ibidem. ↑
4. Carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España – Wikipedia, la enciclopedia libre. ↑
5. Consultada el 29/12/2024: https://www.todofp.es/comunidad-docente/acceso-funcion-publica-docente/master-formacion-profesorado.html. ↑