Como ya señalé en una nota anterior (mientrastanto.e 238, octubre de 2024), la adquisición de armamento a empresas israelíes es uno de los ámbitos en los que se desarrollan las relaciones militares entre España e Israel. La industria militar israelí está fuertemente orientada hacia la exportación. De esta forma, el Estado israelí se aprovecha de las economías de escala y se beneficia de la reducción de costes en el armamento producido en su país. Indirectamente, la adquisición de armamento israelí por otros estados contribuye a la ocupación militar de Palestina. Estas compras de armamento israelí se pueden realizar a empresas israelíes con sede en Israel, a empresas constituidas en España según el derecho español que son filiales de empresas israelíes o a empresas españolas que fabrican armamento con patente israelí a través de un acuerdo entre empresas.

A finales de octubre y principios de noviembre de 2024, el Gobierno español hizo pública su intención de anular la adjudicación de dos contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes. El primero de ellos, para el suministro de munición de 9 milímetros a la Guardia Civil, fue otorgado a la empresa Guardian Homeland Security S. A. por valor de 6.642.900 €. El segundo contrato se refería a la adquisición del programador M339 SETTER, que mejora la capacidad destructiva de la munición de 120 milímetros que utilizan los carros de combate Leopard, adjudicado a la empresa israelí IMI Systems LTD por valor de 2.226.407,5 €.

El Ministerio del Interior redactó una noticia en relación con la adjudicación del primer contrato, con fecha de 29 de octubre de 2024, en la que se afirmaba que «El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm PB NATO para la Guardia Civil». La noticia del Ministerio no afirmaba que se hubiera invalidado la adjudicación, sino que se había iniciado el procedimiento para su rescisión. A pesar de ello, la mayoría de los titulares de la prensa dieron por hecho que la anulación ya se había producido, aunque, en algunos casos, sí indicaban en el cuerpo de la noticia que se habían iniciado los trámites para dicha anulación. Ejemplos de estos titulares son: «Interior cancela la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones» (El País, 29 de octubre de 2024), «Interior cancela el contrato de compra de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil por 6,5 millones de euros» (El Mundo, 29 de octubre de 2024), «Interior anula la compra de 15 millones de balas israelíes para la Guardia Civil tras la información de la SER» (Cadena SER, 29 de octubre de 2024), «Interior anula el contrato de compra de munición con la filial israelí Guardian Defense & Homeland Security» (El Salto, 29 de octubre de 2024).

En cuanto al segundo contrato, parece ser que no hubo información oficial por parte del Ministerio de Defensa. Aunque esta noticia tuvo menos presencia en los medios de comunicación, de nuevo se dio por hecho en los titulares de la prensa que la cancelación de la adjudicación del contrato ya se había producido. La primera información la dio Vozpópuli (26 de noviembre de 2024): «El ejército anula un contrato con una empresa israelí para mejorar la munición de sus carros de combate». Más entusiastas se mostraron en el Huffington Post (27 de noviembre de 2024): «España frena de manera inmediata un negocio para carros de combate con Israel». En una línea similar Infodefensa (28 de noviembre de 2024) redactó el siguiente titular: «El Ejército de Tierra cancela la compra de un programador israelí para la munición de sus carros Leopardo».

Todos estos titulares periodísticos demuestran el triunfo de la estrategia comunicativa del brazo socialista del Gobierno. Una semana antes del anuncio de la primera cancelación de la adjudicación de contratos, el 22 de octubre de 2024, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había dirigido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicitando la suspensión de los contratos vigentes con empresas israelíes de seguridad y defensa. En su respuesta, la ministra de Defensa habría afirmado que «No se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre», con excepción de piezas de repuesto (véase elDiario.es, de 23 de octubre de 2024). En el mismo sentido, la mencionada noticia del Ministerio del Interior de 29 de octubre de 2024 afirmaba que «El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza».

Personalmente, tengo muchas dudas de que la revocación de la adjudicación de los dos contratos llegue a realizarse. Con total seguridad no se ha producido todavía. Según la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público, la adjudicación de los dos contratos ya se ha acordado. La adjudicación de un contrato es un acto declarativo de derechos y no se puede modificar, anular o dejarse sin efectos con total libertad. Si se considera que la adjudicación fue ilegal, deben seguirse los trámites procedimentales y las garantías jurídicas previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si se cancela por motivos de oportunidad política, se estaría llevando a cabo la privación singular de un derecho. Es decir, se estaría llevando a cabo una expropiación y habría que indemnizar a las empresas tras concluir el expediente seguido de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. En definitiva, la cancelación de las adjudicaciones requiere meses de tramitación antes de poder convertirse en una realidad.

En noviembre de 2024, presenté una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio del Interior. Solicitaba una copia del acuerdo del Ministerio del Interior por el que se ha iniciado el procedimiento administrativo para rescindir la adjudicación del contrato de adquisición de munición de 9 mm para la Guardia Civil. En su contestación (número de expediente 001-098154), el Ministerio del Interior no me entregó el documento solicitado, sino que señalaba que «toda la información disponible, respecto al contrato referido, se encuentra en el expediente R/0003/A/24/2» que puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sin embargo, en la Plataforma sólo se ha modificado el nombre de la empresa adjudicataria con fecha 11 de diciembre. Ahora aparece «IMI SYSTEMS LTD – Adjudicatario – Guardian Homeland Security S.A. – Representante». IMI Systems es una empresa de armamento israelí (Israel Military Industries Ltd.). La Plataforma de Contratación del Sector Público no hace ninguna mención a la rescisión o revocación de la adjudicación del contrato. Más bien, se habría corregido un error en la adjudicación, ya que la documentación previa no mencionaba a la empresa Guardian Homeland Security, sino a IMI Systems. Por cierto, la Plataforma de Contratación del Sector Público tampoco hace referencia a la revocación de la adjudicación del contrato para la adquisición de programador M339 SETTER espoleta 120 mm (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001604E).

Aparte de los dos contratos mencionados, el Gobierno no se ha pronunciado sobre lo que va a hacer con los demás contratos de adquisición de armamento que se han adjudicado a empresas israelíes con anterioridad a octubre de 2024; es decir, si tiene intención de revocar dichas adjudicaciones. Desde el 7 de octubre de 2023, el Estado español ha adjudicado contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes o a sus filiales en España por valor de más de 1.000 millones de euros (véase el informe Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau). La información básica de dichos contratos se recoge en la siguiente tabla (que cubre el período entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de mayo de 2024):

Algunos de los contratos de la tabla se refieren al suministro de repuestos; a ellos hay que sumar un nuevo contrato adjudicado a Elbit Systems por valor de 41.322,31 €, en diciembre de 2024, cuyo objeto es el «Mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom» (número de expediente 2024/ETSAE0906/00003123E). Sin embargo, muchos de estos contratos tienen por objeto la adquisición de material de defensa nuevo. Destaca la compra de los sistemas de misiles anticarro SPIKE y de los sistemas de lanzacohetes de alta movilidad SILAM. Las adquisiciones no se limitan a la compra de piezas de repuesto, como afirmó la ministra de Defensa. Por tanto, no es cierta la afirmación de que el Gobierno español mantiene el compromiso de no comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza.

En conclusión, todavía no ha podido producirse la anulación de la adjudicación de los contratos de adquisición de munición para la Guardia Civil y de adquisición de programadores para la munición utilizada por los carros de combate Leopard. Porque hay que seguir los procedimientos legalmente establecidos y eso implica unos meses de tramitación. Es poco probable que la anulación de esos dos contratos se produzca (unos contratos que apenas suponen el 1% de las adquisiciones de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023 por parte del Estado español). Parece, más bien, que estamos ante una campaña de desinformación promovida por el brazo socialista del Gobierno. Interior y Defensa podrían estar intentando ganar tiempo, pensando que la guerra de Gaza terminará en un plazo más o menos breve de tiempo. Y que, una vez concluida, podrán cumplir con los contratos adjudicados, recibir el armamento y pagar a las empresas israelíes el armamento adquirido. Esto sería coherente con la política que ha seguido el Gobierno en este ámbito, más preocupado por tomar decisiones simbólicas y propagandísticas que por adoptar medidas orientadas a impedir que se siga cometiendo un genocidio en Gaza.