Por fin una buena noticia. La revista económica The Economist, la que consideran lectura de referencia las élites económicas, ha calificado a España como la mejor economía de la OCDE en 2024. Como para los occidentales el resto del mundo no importa, equivale a decir la mejor del mundo. La noticia ha sido celebrada por el Gobierno y los partidos que lo forman como un reconocimiento a su buena gestión, como una demostración de que es posible llevar adelante un moderado programa reformista y mantener una economía próspera. En cierto modo una impugnación al mantra neoliberal de que la única vía de avance económico es la de la bajada de impuestos, la desregulación. Como argumento defensivo de la acción de Gobierno, en tiempos de poderes económicos subidos de tono, constituye un alivio. Aunque con el modelo de debate político impuesto por la derecha ultramontana (en sus dos versiones) no parece que el «dato» vaya a servir de mucho. Y se corre el peligro de que la gente de Sumar, especialmente, se aferre de forma acrítica a esta valoración positiva como forma de defensa de las reformas laborales, que son su mejor aportación al Gobierno de coalición. Porque la cuestión real es que la evaluación de la revista británica es sesgada, parcial y deja fuera de miras cuestiones cruciales acerca de lo que debería hacer falta para que nuestra economía fuera considerada una buena economía.

Cualquier evaluación es casi siempre parcial, y más en una cuestión tan compleja como una economía nacional. Según los ítems que se consideren se llegará a una conclusión u otra. En la que nos ocupa, hay dos tipos de problemas. El primero, que ya han destacado muchos comentaristas, es que se ignoran aspectos cruciales del buen funcionamiento de una sociedad, como son todos los que afectan a las desigualdades, la cobertura de necesidades básicas y el impacto ambiental. El segundo es que al tratarse de una evaluación basada fundamentalmente en datos agregados de un solo año, se ignora el proceso que ha llevado hasta allí y se dice poco sobre la salud a medio y largo plazo de esta economía. Vale la pena echar la mirada atrás y ver que hace veinte años la economía española también presentaba datos «espectaculares» de crecimiento económico, empleo y cuentas públicas, hasta que el estallido de la burbuja financiera mostró las debilidades del modelo. No es que ahora las cosas sean idénticas, pero se ha de admitir que la salud de una sociedad no puede determinarse con cuatro observaciones puntuales.

La evaluación de The Economist se basa en el comportamiento de cinco parámetros: la evolución del PIB (donde España presenta un crecimiento muy superior a la mayoría de países), la caída del desempleo (habitualmente asociada a la evolución del PIB), la inflación subyacente (que ha experimentado una clara disminución hasta situarse en el 2,4%, ligeramente por encima del 2% que demanda la Unión Europea), la fiscalidad pública (mejorada por el crecimiento económico) y el índice de la bolsa (que constituye sobre todo una buena noticia para las clases pudientes, una muestra del buen momento de la economía rentista). Si aceptamos la lógica del modelo dominante no cabe duda de que, en este momento, la economía mercantil española marcha mejor que muchas otras de su entorno.

La cuestión es si estos datos constituyen una buena información de la bondad de una economía. Si son suficientes para realizar un buen diagnóstico. Y en particular si la izquierda lo puede presentar con satisfacción. Sobre todo cuando se constata que en el discurso público abundan las manifestaciones de la gente corriente sobre problemas de vivienda, de bajos salarios, de precariedad laboral.

Cuando se toma en consideración alguna de estas variables se observa que se ha producido una cierta mejoría en los últimos años, aunque el nivel de los problemas candentes es relevante y no da para pensar que estemos en un mundo deseable. Los índices de desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran mejoras en sus principales indicadores (el índice de Gini y el de la ratio entre el 20% más rico y el 20% más pobre) y una reducción en los niveles de riesgo de pobreza y de exclusión social. Aunque las encuestas que se usan para calcular estos índices habitualmente excluyen a una parte de la gente más pobre (indigentes, migrantes sin papeles) y a la más rica (ésta tiene su intimidad muy protegida, entre otros de encuestadores fisgones)^[1].

Admitiendo esta limitación, es obvio que medidas como el alza del salario mínimo, los ertes para situaciones problemáticas, la renta de ciudadanía, la reforma laboral (con reducción del empleo temporal y un nuevo impulso a la negociación colectiva), la mejora de las pensiones más bajas y el mantenimiento del poder adquisitivo del resto han contribuido a moderar unos niveles insoportables de pobreza. Pero el nivel en el que se mantienen las tasas de riesgo de pobreza (21,5% de la población) y de exclusión (25,2%) son una muestra de una situación intolerable que esconde muchos dramas personales. Especialmente duros en el caso de los migrantes sin papeles. Y tampoco se mide bien la importancia del problema de la vivienda, especialmente duro para jóvenes, familias monomarentales e inmigrantes en general. Los niveles de rentas que esta parte de la población tiene que dedicar a la vivienda pueden estarse comiendo parte de las mejoras. De igual forma, está poco estudiado el impacto de la inflación por niveles de renta y edad, por cuanto las variaciones de los precios afectan de forma asimétrica a personas y familias con distintos tipos de consumo (los cuales están directamente asociados a la renta familiar).

Tampoco hay ninguna consideración sobre los impactos ambientales de la actividad económica. Impactos que tienen efectos sobre las condiciones de vida cotidianas y futuras del devenir humano. Que una revista financiera, dedicada a un público rico, no se preocupe por medir estos impactos es entendible. Que estos sigan sin considerarse en la evaluación de lo que es una economía sana es un error que ya se está pagando caro.

Las medidas macroeconómicas no están pensadas para evaluar el buen hacer de una economía, si por tal entendemos la satisfacción universal de necesidades básicas, las posibilidades de una vida razonable para todo el mundo dentro de los límites impuestos por el entorno natural. Están pensadas para medir el crecimiento económico en los términos definidos por las estadísticas y el enriquecimiento privado. Y la medida del crecimiento económico considera tan buena una renta inmobiliaria depredadora como un consumo insaciable de medicamentos provocado por formas de vida y de producción generadoras de enfermedades, la producción de armamentos o la producción de bienes que realmente sirven para garantizar una vida digna. Todo lo que genera un flujo monetario es bienvenido. Se preocupa poco de cómo se distribuye y nada de su impacto sobre el mundo natural.

Hay además una cuestión adicional, que el optimismo actual tiende a olvidar. El crecimiento reciente de la economía española ha estado liderado claramente por la expansión turística. Aunque también han intervenido otros factores, como un sector industrial más reducido pero mejor orientado hacia los mercados internacionales, la expansión de las actividades ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la inversión en energías renovables. El turismo constituye el elemento diferencial que explica parte del éxito del momento. Las últimas evaluaciones sitúan que la actividad turística representa el 12% del PIB, un nivel muy elevado de especialización que puede resultar nefasto si el sector sufre una recesión por causas diversas (caída de visitantes por problemas de renta en sus países de origen, por impacto de catástrofes naturales o por la competencia internacional). Ya lo experimentamos con el boom de la construcción y, aunque las cosas nunca se presentan de la misma forma, el peligro sigue ahí. Sin contar los costes que genera la propia actividad en muchos aspectos: depredación ambiental, presión sobre la vivienda, ocupación del espacio urbano… Y existen otros campos de especialización igualmente problemáticos, como es el del automóvil o el de la industria cárnica, con futuros inciertos.

El impacto de la crisis ecológica, que ya hemos empezado a experimentar en forma de sequías y de fenómenos extremos, va a ser creciente en los próximos años y puede afectar a sectores cruciales de la economía española actual. Y la resistencia de los intereses económicos afectados, lejos de reorientar el problema, agravan su solución. La sociedad española sigue teniendo graves problemas de desigualdad —agravados por los discursos y las prácticas racistas contra la inmigración—, de envejecimiento y de orden ecológico. Por ello, los discursos triunfalistas suenan tan huecos y peligrosos. Y de ahí que la izquierda, en lugar de centrarse en dar bombo a evaluaciones favorables tan sesgadas, debería hacerlo en propiciar una evaluación distinta de lo económico. En términos sociales y ecológicos, en términos de bienestar efectivo. Sin una dura batalla cultural, con visión de largo plazo, los meritorios esfuerzos por introducir reformas pueden quedar una vez más ahogados por la coalición de fuerzas regresivas que controlan los aspectos clave de la economía real.

1. En las estadísticas de renta que elabora el INE a partir de datos fiscales y que se ofrecen al nivel de mesa electoral, el nivel de renta está topado para evitar que se pueda identificar un colegio electoral donde residan los megaricos. ↑