Una visión de conjunto: las relaciones militares entre España e Israel

Las relaciones militares entre España e Israel se desarrollan en los siguientes ámbitos: 1) las exportaciones a Israel de material de defensa fabricado en España; 2) las importaciones españolas de material de defensa producido en Israel; 3) la adjudicación a empresas israelíes de contratos para el suministro de productos y servicios para las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad de España; 4) la colaboración entre empresas españolas e israelíes para acceder a mercados de terceros países; 5) la colaboración entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, en el marco de las relaciones bilaterales entre España e Israel, la Unión Europea o con terceros países; y 6) la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad.

Todo este conjunto de relaciones armamentistas y militares no ha sufrido apenas cambios desde el 7 de octubre de 2023. Ese día Hamás perpetró varios ataques terroristas en Israel, a los que este país ha respondido cometiendo indiscriminadamente crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El único aspecto que se ha modificado desde entonces es, según las autoridades españolas, que no se otorgan nuevas autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel. Aunque se ha mantenido la vigencia de aquellas autorizaciones que fueron concedidas antes del 7 de octubre.

La política de información del Gobierno: entre la mentira y la opacidad

El Gobierno español ha intentado ocultar las operaciones de exportación de armamento con destino a Israel. Incluso ha mentido al respecto. Así, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el 5 de diciembre de 2023, en el Congreso de los Diputados, que no se habían producido «operaciones de exportación de armas a Israel». Sin embargo, según la base de datos DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio, en noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia exportó 987.000 euros en municiones a Israel.

En mayo de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores denegó la autorización de tránsito para que el barco Marianne Danica, de bandera danesa que transportaba armamento con destino a Israel, pudiera hacer escala en el puerto de Cartagena. Entonces se informó que no se autorizaría el tránsito por puertos españoles de «cualquier embarcación con cargamento de armas para Israel». Sin embargo, en agosto de 2024, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina descubrió que, en abril de 2024, el Gobierno había permitido la escala de un barco en el puerto de Valencia cargado con 16 toneladas de armamento y munición con destino al puerto de Haifa, en Israel. Según la información suministrada por la web del puerto, la mercancía se incluía dentro del código arancelario 9306, que corresponde a «Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, y demás municiones y proyectiles».

A finales de septiembre, la Secretaría de Estado de Comercio todavía no ha hecho públicas las «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso» correspondientes al año 2023 (sí son públicas las estadísticas del primer semestre de dicho año). Ello seguramente se debe a que aparecerán datos relativos a las exportaciones de material de defensa a Israel.

Exportaciones de armamento a Israel

Como ya he señalado, la política gubernamental sobre las exportaciones de armamento a Israel consiste en no conceder nuevas autorizaciones, manteniendo la vigencia y efectos de las autorizaciones de exportación de material de defensa otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. Con base en una de estas autorizaciones, se habría realizado la exportación de municiones a Israel por valor de 987.000 euros en noviembre de 2023. Según la base de datos DataComex, en octubre y noviembre de 2023 y en febrero de 2024 se exportó a Israel armamento correspondiente a la categoría 8710, que corresponde a «carros y automóviles blindados de combate, incluso armados», cuyo destino final sería Filipinas.

Esta política gubernamental pone de manifiesto que el Gobierno español está aplicando la legislación sobre control del comercio de armamento de una manera muy poco exigente y velando, principalmente, los intereses de la industria armamentística. El Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe la exportación de armamento cuando podría utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles, así como otros crímenes de guerra (artículo 6.3). Teniendo en cuenta este precepto, parece injustificable y contraria al Tratado la exportación a Israel de municiones por valor de 987.000 en noviembre de 2023 por la empresa Nammo Palencia. Una munición que muy probablemente iba a ser utilizada por Israel para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la franja de Gaza. Con base en el Tratado sobre el Comercio de Armas, el Gobierno español debería haber revocado o, al menos, suspendido las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel; posibilidad de revocación o suspensión que prevé expresamente la legislación española (artículo 8 de la Ley 53/2007 y artículo 7 del Real Decreto 679/2014).

Adquisiciones de armamento israelí por parte del Estado español

Desde el 7 de octubre de 2023, España ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, a sus filiales en España o a empresas españolas que fabrican productos israelíes con base en un acuerdo de transferencia de tecnología. Entre octubre de 2023 y principios de mayo de 2024, la cuantía total de esos contratos ascendía a 1.027 millones de euros (véase el anexo 3 del informe «Business as usual» del Centre Delàs; aunque también se siguieron adjudicando contratos en agosto). Los más importantes son: 1) en noviembre de 2023, el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2, por valor de 237 millones de euros, producido por PAP Tecnos Innovación, que es la filial española de la empresa pública israelí Rafael; 2) en diciembre de 2023, el suministro del sistema de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), por valor de 576 millones de euros, producido por Escribano–EXPAL, en consorcio con la empresa israelí Elbit Systems; y 3) en marzo de 2024, el suministro del POD Designador para sistemas de combate aéreo, por valor de 207 millones de euros, de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. Muchos de estos contratos se celebran por procedimiento negociado sin publicidad. Esto significa que no se abren a la competencia entre distintas empresas, sino que se contacta directamente con la empresa israelí para adquirir su producto y negociar con ella las condiciones del contrato. Lo que se justifica en razones técnicas, ya que se considera que es la única empresa que ofrece el producto que necesitan las Fuerzas Armadas.

Estas adquisiciones de armamento israelí son mucho más importantes que las exportaciones a Israel de armamento fabricado en España, tanto cuantitativa como cualitativamente. La industria militar israelí está orientada hacia las exportaciones. Más del 70% de su producción es adquirida por otros países. Gracias a las exportaciones se reduce el coste del armamento que utiliza el ejército israelí. Además, indirectamente, se apoya la ocupación militar de los territorios palestinos, operación que le supone un elevado coste al Estado israelí.

Tránsito de material de defensa por territorio español con destino a Israel

Cuando un transporte de armamento procedente de un país hace escala en territorio español antes de llegar a su país de destino se aplica la figura jurídica del tránsito. El tránsito de material de defensa por territorio español o por el espacio marítimo o aéreo sometido a soberanía española requiere una autorización administrativa que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (artículo 11 de la Ley 53/2007 y artículo 10 de Real Decreto 679/2014).

Ya he mencionado la política contradictoria de este ministerio en relación con los tránsitos de material de defensa a través de territorio español. Denegando la autorización para que el Marianne Danica hiciera escala en el puerto de Cartagena en mayo de 2024. Y, al mismo tiempo, autorizando el tránsito de un buque en el puerto de Valencia con 16 toneladas de bombas con destino a Israel en abril de 2024, ocultando este hecho a la opinión pública española.

Conviene recordar que la legislación española permite «la inmediata retención» del material de defensa en tránsito a través del territorio o el espacio marítimo o aéreo sujeto a soberanía española cuando la operación de transferencia incumpla la legislación de control del comercio de armas. En mi opinión, el tránsito de 16 toneladas de armamento y munición con destino a Israel vulnera el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. El Ministerio de Asuntos Exteriores debería haber ordenado la incautación de ese armamento cuando el barco hizo escala en el puerto de Valencia.

El tránsito de combustible militar para aeronaves JP-8 con destino a Israel

El gobierno estadounidense es uno de los principales suministradores de combustible militar para aeronaves del tipo JP-8. Según el informe «Israeli crude and fuel supply chains», cada dos meses un barco petrolero transporta combustible militar desde EE. UU. a Israel, haciendo escala en algún puerto del Mediterráneo. Otro informe, «Fuelling the flames in Gaza. Exploring the legal consequences for states and corporations involved in supplying jet fuel to the Israeli military», documenta con un alto grado de certeza dos escalas del buque Overseas Santorini, cargado con combustible militar para aeronaves, en el puerto de Algeciras el 1 de abril de 2024 y el 28 de mayo de 2024.

El combustible militar para aeronaves JP-8 es un elemento fundamental para la campaña de bombardeos que está realizando Israel en la franja de Gaza desde hace un año. Según el mencionado informe «Fuelling the flames in Gaza», entre octubre y diciembre de 2023 la Fuerza Aérea Israelí habría realizado 10.000 ataques aéreos en Gaza.

Con carácter general, la legislación considera que los combustibles para aeronaves formulados especialmente con fines militares son material de defensa. Sin embargo, los combustibles para aeronaves de los tipos JP-4, JP-5 y JP-8 no se consideran material de defensa. Esta exclusión se acordó en diciembre de 2017, en el marco de Acuerdo de Wassenaar que agrupa a los principales países exportadores de armamento. Decisión que fue reiterada en la Lista Común Militar de la Unión Europea, de febrero de 2018 y en junio de 2019 en España con la modificación del Anexo I.1 del Real Decreto 679/2014.

Como los combustibles JP-4, JP-5 y JP-8 no se consideran legamente como material de defensa, ni su exportación ni su tránsito requieren una autorización administrativa de transferencia de material de defensa. Esta exclusión resulta incomprensible porque impide a los estados intervenir en las transferencias de estos tipos de combustible. Si su exportación estuviera sometida a una autorización administrativa sería relativamente fácil suspender o revocar las autorizaciones de exportación o tránsito de combustible JP-8 a Israel. En la práctica esto significaría prohibir la exportación o el tránsito de estos tipos de combustible, lo que podría dificultar o incluso impedir la campaña de bombardeos sobre la franja de Gaza.

Para concluir

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español se ha limitado a tomar decisiones de apoyo a Palestina de carácter fundamentalmente simbólico. No ha adoptado ninguna medida que pudiera dificultar materialmente la comisión por Israel en la franja de Gaza de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La única excepción es que no se han otorgado nuevas autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel. Una medida que contrasta con el claro apoyo español a la industria militar israelí, a través de las adquisiciones de más de mil millones de euros en armamento producido por la industria militar israelí desde el 7 de octubre de 2023.

La competencia para tomar decisiones en materia de comercio de armamento y relaciones militares está en manos de los departamentos ministeriales que controla el Partido Socialista: principalmente Defensa, Economía y Asuntos Exteriores. Esta parte del Gobierno parece haber asumido el coste político de sus decisiones. Quizá pensando que las medidas simbólicas que ha tomado, como el reconocimiento del Estado de Palestina, son suficientes ante la opinión pública. Y sabiendo que su falta de iniciativa al adoptar decisiones más ambiciosas no va a ser criticada desde la oposición a la derecha ni tampoco por la comunidad internacional. Mientras, la parte minoritaria del Gobierno formada por Sumar ha mantenido una postura crítica de baja intensidad. Dejando claro implícitamente que la coalición gubernamental no estaba en peligro por la política de la otra parte del Gobierno en relación con el comercio de armamento con Israel.

En esta coyuntura, es muy importante mantener la presión social. Y seguir investigando y difundiendo información para que el tema de las relaciones militares y el comercio de armamento entre España e Israel se convierta en una preocupación de la opinión pública. En este sentido, una medida más de presión es la proposición de ley elaborada por la campaña «Fin al comercio de armas con Israel», que pretende imponer un embargo integral de armamento al Estado de Israel. En octubre tendrá que ser valorada por el Gobierno y se votará en el Congreso de los Diputados si se inicia su tramitación parlamentaria.