En los últimos años, particularmente desde la primera campaña electoral de Trump y su mandato presidencial (2016 a 2020), estamos asistiendo a un recrudecimiento de la estrategia racista por parte de las derechas extremas. Paralelamente al incremento gradual de la inmigración, sobre todo del Sur global, en Europa y EE. UU. hay un incremento reaccionario de la estigmatización de la población inmigrante. La ofensiva discursiva, apoyada por importantes medios de comunicación y la utilización de las redes sociales, pone el acento en su criminalización, como asociación a delincuencia e inseguridad para la población nativa.

Ejemplos como el caso del niño asesinado en Mocejón (Toledo), al igual que la movilización neofascista en Gran Bretaña, muestran cómo las ultraderechas, con sus redes mediáticas, aprovechan, manipulan y tergiversan cualquier acontecimiento que les permita ampliar el racismo, crear temor, odio y venganza en la población nativa, para ensanchar su espacio social y electoral y promover un cambio reaccionario cultural y políticamente. Así, cuando la realidad no les conviene, la tapan e inventan otra versión irreal, que difunden abiertamente con bulos y desinformación.

Voy a utilizar el máximo rigor analítico a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre criminalidad —delitos y personas condenadas— referidos principalmente al origen nacional, la edad y el sexo, comparados con la composición de la población. Dejo al margen dos tipos de sesgos que condicionan los hechos delictivos, existentes en determinados sectores de la sociedad y, en particular, que influyen en las dos fuentes de datos principales: las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el aparato judicial.

Me refiero, por un lado, a la mayor vulnerabilidad e indefensión de las personas pobres e inmigrantes, sobre las que se prioriza su control; y, por otro lado, las dificultades de comprobación y cierta permisividad alegal con delitos de capas acomodadas y altas (incluidas extranjeras), de carácter fiscal o financiero. Con esa salvedad, utilizo esos datos oficiales de criminalidad aportados por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia y el Sistema Estadístico de Criminalidad sobre los hechos delictivos conocidos elaborados por las Fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales).

A partir de ahí, discuto la valoración sesgada y racista de ciertos ámbitos políticos y mediáticos. Esa falsa interpretación no está basada en hechos objetivos, por lo que se instrumentalizan, sobredimensionan y generalizan algunos acontecimientos; o bien, directamente se inventan los llamados ‘hechos alternativos’, desconectados de la realidad pero que tienen una función de crear una amenaza y un miedo entre la población autóctona y, por tanto, contribuir a su marginación, sometimiento, control disciplinario y expulsión.

Desde el punto de vista conceptual, hay que distinguir tres significados. Xenofobia: recelo, hostilidad u odio hacia las personas extranjeras; aporofobia: rechazo y desprecio a personas pobres y desfavorecidas; racismo: supremacismo sobre un grupo étnico que conlleva discriminación o persecución social.

Por tanto, en el concepto inmigración ‘pobre’ o vulnerable, por motivos sociales, económicos, de seguridad o supervivencia vital y político-cultural, se integran las tres dinámicas discriminatorias. Lo diferencio de las personas extranjeras acomodadas, principalmente europeas occidentales, con empleos cualificados o jubiladas residentes, así como de la residencia puntual de la masiva turistificación extranjera (más de 53 millones en los primeros siete meses de 2024), con diversos efectos problemáticos. En ese significado de inmigración ‘pobre’ cabrían el grueso de individuos provenientes de América Latina, África y Asia, más una parte de europeos, procedentes del Este (rumanos, polacos y ucranianos), así como la mayoría de doble nacionalidad, aproximadamente un total de unos siete millones, que no llega al 15% del total.

Tras esta introducción, en primer lugar expongo los principales datos sobre la relación entre criminalidad e inmigración, para criticar la idea racista de asociarla con delincuencia. En segundo lugar, analizo la mayor tasa de actividad, la menor renta media y la fiscalidad equitativa de la inmigración, y critico la percepción sesgada de la inmigración y la estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante.

Inmigración no es delincuencia

Adelanto las conclusiones según la tabla adjunta. Los tres indicadores principales que explican el diferente nivel de criminalidad son la nacionalidad, la edad y el sexo: la gran mayoría de personas que han cometido delitos son varones, el 80%, y mujeres solo el 20%; sobre todo, adultos jóvenes y de edad intermedia (18 a 40 años); la media de personas condenadas de nacionalidad extranjera, cada 100 habitantes, es de 1,42%, el doble que las de la población española (0,67%). No obstante, en ambos casos es una minoría evidente que no debería ser utilizada para criminalizar al conjunto de cada grupo social, sea por nacionalidad, sexo o grupo de edad.

Personas condenadas por edad y nacionalidad (total y % sobre cada población)

Fuente: INE (con los últimos datos del año 2022)

Aparte de su condición extranjera, con su estatus socioeconómico o étnico-nacional, hay que considerar que la población inmigrante está sobrerrepresentada en ese tramo de edad joven e intermedia —especialmente entre 15 y 39 años—, mientras que la población autóctona está sobrerrepresenta en el tramo de edad avanzada (de 55 años y más), que es cuando desciende la participación delictiva, tal como explico en las tablas posteriores.

En la tabla adjunta señalo la distribución de la población residente en España por nacionalidad —española, doble nacionalidad (la mayoría de origen latinoamericano) y extranjera— y por edad, con la distinción de dos tramos básicos, entre 16 y 54 años y de 55 años y más.

Distribución de la población residente por nacionalidad y edad

Fuente: INE (últimos datos de 1/01/2023)

La población de 55 años y más es de casi diecisiete millones (16,7 millones), con una composición mayoritaria de origen español de 15,1 millones (más del 90% de esa edad y solo el 37,9% del total autóctono). Por su parte, la población con doble nacionalidad solo alcanza 0,41 millones (2,5% del total y 20,4% de su estatus nacional), y la extranjera 1,2 millones (el 7,2% y el 18,3%, respectivamente). O sea, respecto de su nacionalidad, el porcentaje de las personas mayores solo españolas casi duplica el de las de doble nacionalidad y origen extranjero, mientras que en relación con la población de esa edad avanzada suponen la gran mayoría de más del 90%, y las extranjeras y de doble nacionalidad menos del 10%.

La conclusión es evidente: el porcentaje del sector nativo de edad avanzada es muy superior al de origen extranjero y de doble nacionalidad. Y, al revés, el de edad joven e intermedia de estos últimos es muy superior al de la población autóctona.

El factor edad, aparte de la nacionalidad, es clave para explicar el distinto grado de criminalidad entre la población española y la extranjera, ya que en ese tramo de edad entre 16 y 54 años, en el que se concentra la criminalidad, el porcentaje de la población extranjera (67,8%) y la de doble nacionalidad (64,9%) supone, prácticamente, veinte puntos más que la población española (47,9%).

Dicho de otro modo: la población de origen extranjero en ese tramo de edad joven e intermedia tiene un 41,5% de mayor peso demográfico que la española. El porcentaje de ese tramo de edad, entre el conjunto del resto de individuos europeos, es del 59,8%; entre latinoamericanos, el 73,9%; y, en el resto de los afroasiáticos, el 69,1%. O sea, considerando estos dos últimos segmentos, el grueso de la inmigración ‘pobre’, la diferencia respecto de la población española es de unos veinticinco puntos, un 50% más.

El problema interpretativo que nos encontramos es sobre la vinculación de la criminalidad con la inmigración, tesis central entre las derechas y sus aparatos mediáticos. Por tanto, hay que analizar la interacción entre criminalidad (personas condenas y delitos penados) y los tres indicadores, y resaltar su carácter minoritario. En la tabla adjunta se expone el mayor índice entre los grupos de edad de 18 a 40 años y el menor entre los mayores de 50 años. Pero para explicar el peso de la nacionalidad hay que valorar el impacto demográfico derivado de que la población inmigrante se concentra, precisamente, en esos primeros tramos de edad, y la población española tiene un porcentaje muy superior entre los mayores de 50 años.

En todo caso, tal como avanzaba, las personas delincuentes condenadas en el último año —algo más de trescientas mil— son una minoría poblacional de cada comunidad nacional, con una media inferior al 1% (0,8%) de la población adulta; ello significa que en torno al 99,3%, en el caso español, y el 98,6%, en el caso extranjero, no ha cometido delitos con condena. Por tanto, igual que no tiene sentido acusar a todo el grupo de varones ‘activos’ —jóvenes y de edad intermedia— por la delincuencia de una minoría de su sexo y grupo de edad, tampoco se puede denunciar a toda la población inmigrante (o extranjera) de los hechos delictivos de una pequeña parte. Esa lógica de generalización criminalizadora es típica del racismo y el neofascismo, y es lo que utiliza la derecha extrema para justificar la discriminación colectiva a las personas inmigrantes.

Por tanto, el origen nacional extranjero o la inmigración ‘pobre’ no genera una significativa mayor criminalidad respecto de la población autóctona, y no tienen fundamento las alarmas sociales y las campañas discriminatorias y estigmatizantes antiinmigración, que son debidas a una determinada opción política y estratégica de las derechas extremas. Estas alarmas sociales se basan en una interpretación falsa y abusiva de la realidad, opuesta a los derechos humanos y la democracia. Debe ser respondida por la difusión de la verdad y la crítica argumentada y, al mismo tiempo, acompañadas por unas medidas de integración social y convivencia intercultural, tal como he argumentado en el reciente artículo «La lacra del racismo», con la perspectiva de articular un nuevo ‘nosotros’ inclusivo de la diversidad.

Delitos y delincuentes por edad, sexo y nacionalidad

La actual población total en España es de 48,8 millones de personas —unos 40 millones, personas adultas—, con una variación anual de menos del 1% (0,8%), aunque la población extranjera —6,6 millones (13,5%)— se ha incrementado en un 4,6%. En todo caso, es conveniente advertir (con datos de 2023) que por nacimiento en el extranjero hay más de 8,2 millones de residentes (16,8%), es decir, hay más de millón y medio de personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. Más tarde matizaremos la doble nacionalidad. Podemos complementar con el dato de la residencia en el extranjero de casi tres millones de nacionalidad española.

El total de personas adultas condenadas en el año 2022 —último con datos disponibles— según la tabla adjunta por edad y por nacionalidad, es de más de trescientas mil. Como se puede comprobar, el mayor porcentaje corresponde a los tramos de edad de 18 a 30 años, con un 34,4% que, considerando que son trece años, es similar al tramo de diez años entre 31 a 40 años, que es el 27,1%; en el siguiente tramo entre 41 a 50 años desciende algo y, sobre todo, en el siguiente de 51 a 60 años se rebaja a casi un tercio de los dos primeros tramos, y en más de 60 años —con una supervivencia vital de más de dos décadas— apenas llega al 15%.

Personas adultas condenadas por edad

Personas adultas condenadas por nacionalidad

Fuente: INE (con los últimos datos del año 2022)

La conclusión es clara. La minoría delincuente se concentra entre los segmentos de edad joven e intermedia, de 18 a 50 años, en la que se produce una gran diferencia en la composición de la población española y la extranjera que explica que el factor de inmigración no es el exclusivo y decisivo para asociarlo a la delincuencia, sino que tiene un gran peso el de la edad (y el sexo).

La media de delitos registrados por 100.000 habitantes adultos es de poco más de 1.000; el 74,2% de población española y el 25,8% restante de la extranjera. Y las personas condenadas suponen en torno a 750, el 74,6% y el 25,4% respectivamente.

El porcentaje de la composición por sexo es similar entre las dos poblaciones según el origen nacional. En la edad adulta el peso extranjero femenino es del 50,02% (unos tres millones en cada sexo) y el peso en la población española el 51,13% (21,5 millones de mujeres y 20,5 de hombres). Cabe matizar que en la población extranjera hay una mayor presencia femenina entre las personas latinoamericanas, pero menor entre las africanas. No obstante, con datos actuales del conjunto de la población (EPA2T2024), los porcentajes de población femenina son los siguientes: española, 50,2%; doble nacionalidad, 56,2%; extranjera, 52%.

Respecto de su pertenencia nacional, del total de personas condenadas casi las tres cuartas partes son españolas, y la cuarta parte restante extranjeras. Ello supone un porcentaje superior de tasa de delincuencia entre la población extranjera respecto de su peso específico en el conjunto de la población que, como hemos adelantado, es del 13,5%. Pero, siguiendo con la tesis inicial, esos índices hay que valorarlos de acuerdo con su composición de edad, detallada en la tabla adjunta.

Si, junto con la estadística de personas condenadas, analizamos la de delitos juzgados y condenados —ya que algunas han cometido varias infracciones— tenemos una cifra de 0,43 millones, según la siguiente tabla. Los porcentajes son similares a los de las personas condenadas: tres cuartas partes cometidos por la población española y una cuarta parte la extranjera. Igualmente, más del 85% de los delitos han sido cometidos por personas entre 18 y 50 años, con el mayor porcentaje entre los varones jóvenes y hasta 40 años.

Delitos condenados por nacionalidad

Delitos condenados por edad

Fuente: INE (últimos datos de 1/01/2023)

Como complemento, expongo la siguiente tabla con la diferenciación del porcentaje del conjunto de la población extranjera respecto de la española, por tramos de edad. Está claro que hay un porcentaje similar en la edad de 0 a 14 años, aunque hay que advertir que el nivel comparativo de nacimientos actuales es muy superior entre la población extranjera —prácticamente la cuarta parte, cuando su peso demográfico es el 13,5%—. En el tramo de 40 a 64 años, los índices son cercanos. La mayor diferencia se produce en el tramo de 15 a 39 años, con 64 puntos más de personas extranjeras y, por el contrario, en el tramo de 65 y más, con 65 puntos menos.

Relación de la población extranjera respecto de la española por edad

Fuente: INE (últimos datos de 1/01/2023)

Además, en ese año, los hombres han cometido 351.758 delitos condenados (82,5%), y las mujeres 74.658 (17,5%). Hay que recordar que, del total de infracciones penales conocidas, según fuentes policiales, se adjudica cerca del 80% a los varones y el 20% a las mujeres, por lo que éstas disminuyen un poco su bajo nivel comparativo por sexo de delincuencia condenada. Y, en relación con los delitos contra la libertad sexual, el 97,3% han sido cometidos por los varones.

Referido a los tipos más significativos de delitos de personas condenadas y por nacionalidad extranjera —el resto del porcentaje hasta 100 es de la población española— tenemos los resultados siguientes: contra la seguridad colectiva, sobre todo vial, 24,8%; contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo hurtos, 27,5%; por lesiones, el 27,8%; y contra la libertad sexual, el 30%.

Según el INE (EPA 2T2024) en España (en viviendas familiares) hay 48,4 millones de personas. 40 millones son de origen español (82,4%); es decir, el 17,6% son de origen extranjero (casi 8,5 millones). Ahí incluyo las personas con doble nacionalidad, que están en un estatus intermedio pero que, en su mayoría —aunque tengan conseguidos los derechos jurídicos y políticos—, son personas inmigrantes económicas y racializadas que se pueden asimilar al conjunto de inmigrantes extranjeros respecto del riesgo de racismo y discriminación; son cerca de 2 millones (4,1%).

Exclusivamente personas extranjeras hay cerca de 6,5 millones (13,4%), de las cuales 2,2 millones son europeas (4,6%) —una parte significativa son del Este, con menor desarrollo económico y, sobre todo, de Polonia, Rumanía y Ucrania—, 2,5 millones de América Latina (5,1%) y 1,8 millones de África —subsaharianas y del norte musulmán del continente— y Asia (3,7%) —sobre todo chinas y de Oriente Próximo—; además, hay muy pocas personas de EEUU y Canadá, Oceanía —Australia, asimiladas a Europa— y apátridas.

Según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales), el total de hechos delictivos conocidos, en el año 2023, es de casi 2,5 millones de infracciones penales, con un aumento gradual en esta década; desde 2014, el aumento ha sido de unos 0,4 millones, justo el incremento producido en las estafas informáticas. Éstas, precisamente, son las que están asociadas a cierto conocimiento técnico especializado. El resto de los hechos delictivos ha permanecido estancado, a pesar del aumento significativo de la población, particularmente inmigrante.

La gran mayoría de hechos delictivos son contra el patrimonio (hurtos y robos), con un total de 1,85 millones; las estafas informáticas alcanzan 0,43 millones, en un crecimiento exponencial en la última década que se ha multiplicado por 13. Las infracciones contra las personas y su libertad llegan a 0,39 millones; las específicas contra la libertad sexual, con un amplio impacto mediático, 0,02 millones; y el conjunto de las falsedades y contra la administración pública, la administración de justicia, el orden público, la seguridad y otras infracciones suman 0,20 millones.

Con los últimos datos del primer trimestre de 2024, comparados con los del mismo trimestre de 2023, ha habido un incremento de la criminalidad del 0,9%, poco significativo; pero, sobre todo, la cibercriminalidad (estafas informáticas) ha crecido el 13,5%. De esos 2,5 millones de infracciones, vía policial, solo han sido considerados delitos penados a través de los órganos judiciales poco más de 0,4 millones; es decir, la diferencia de más de dos millones han sido sanciones administrativas, muchas como algunas multas viales recurridas o sin aplicar.

Inmigración: mayor tasa de actividad, menor renta media, fiscalidad equitativa

Hay que destacar las distintas tasas de actividad y de edad, según el origen nacional. Para no ser prolijo, comparo solo las tres variables: española —78,9% del total—, doble nacionalidad —5,2%— y extranjera —15,9%—, que suman en total el 100%. Pues bien, la tasa de actividad de la población española es del 56,4% (61,2% en varones y 51,7% en mujeres); en el caso de la población de doble nacionalidad, es casi veinte puntos superiores, del 75,3% (78,6% y 72,7%), y, en la extranjera, el 69,4% (76,9% y 62,7%), trece puntos superiores a la española. La media total es del 58,9% (63,9% y 54,2%). En conclusión, la población extranjera y de doble nacionalidad aportan una tasa de actividad cerca de un 30% superior a la de origen español.

Según datos del INE del año 2022, la renta media de una persona con nacionalidad española era de 15.378 euros y la de una extranjera, de fuera de la UE, la mayoría inmigrante, se quedaba en 8.331 euros, casi la mitad. Además, si consideramos estos datos por unidad de consumo o con alquiler computado, la desigualdad media entre ambas poblaciones se incrementa.

Por otra parte, hay una valoración sesgada sobre la fiscalidad que aporta cada sector social cuando se pone el acento en que la población española tributa más que la inmigrante. Está claro —o debería estarlo— que el IRPF es progresivo, y paga más quién ingresa más. Comparativamente, la población española tributa más en ese impuesto que la inmigrante; pero ello es de justicia colectiva, ya que todos los individuos —de cualquier nacionalidad— que ingresan menos, pagan menos impuestos por su renta. Es un principio básico de equidad y justicia social, sancionado por la legislación vigente.

Por tanto, no existe un privilegio de los inmigrantes, y menos como bloque de otro origen nacional: los ricos deben pagar más impuestos que los pobres. Ese prejuicio xenófobo no tiene en cuenta que, incluso las personas inmigrantes irregulares, también pagan el IVA por su consumo, con un porcentaje mayor de la alimentación respecto de las capas acomodadas, y que los agujeros del fraude fiscal están en las capas altas y las grandes rentas patrimoniales, con sus instrumentos financieros y desgravaciones fiscales. Si a ello le añadimos la mayor utilización inmigrante del alquiler de viviendas, en condiciones onerosas, y la tendencia hacia la segregación espacial, vemos sus peores condiciones de vida y habitabilidad.

Ya he comentado la mayor tasa de actividad y empleo de la población inmigrante, así como sus menores ingresos y su fiscalidad equitativa. Otro ámbito de tergiversación informativa es su supuesto exceso en el gasto público. Solamente un dato sobre el principal gasto social, junto con las pensiones, que es la sanidad: ambos tienen que ver, sobre todo, con las necesidades derivadas del envejecimiento que, como hemos visto, en muy superior entre la población nativa respecto de la inmigrante. Nada más que decir.

La percepción sesgada de la inmigración

Según la investigación realizada por la Fundación vasca ISEAK (en municipios objeto del estudio, de más de 10.000 habitantes) una mayoría de la sociedad (el 54%) piensa que la inmigración incrementa la delincuencia, porcentaje que se amplía hasta el 71% entre las personas que se identifican con una ideología de derechas, y no llega a un tercio en las de izquierda; éstas son las que más apoyan unas políticas de integración social y redistributivas.

Además, para el 63% es relevante y criticable su discriminación, aunque la mayoría ( hasta el 70-80%) la achaca a factores estructurales como las distintas cualificaciones demandadas en el mercado de trabajo y las dificultades por la no homologación de estudios académicos o para la obtención de permisos de trabajo. La mayoría (74%) se inclina por exigir un contrato de trabajo previo a la entrada en el país, y la mitad pide tener unos ingresos mínimos (el 58%) o demostrar un nivel educativo alto (48%). Y una minoría exige que, para que puedan entrar al país, sean de raza blanca (11%) y católicos (9%); o sea, argumentos abiertamente racistas y etnocentristas.

Por otro lado, se mantiene una sobrestimación de la presencia inmigrante de nueve puntos (23,2%) por encima de la realidad, que se cifra en el 14,5%, aunque hay una cierta receptividad mayoritaria a la inmigración. En los municipios con presencia real de más del 15% de inmigración, el incremento inmigrante lo aceptan el 60% de la población, y en los municipios con hasta ese 15% lo admiten el 68%.

En resumen, hay unos dos tercios de la sociedad que reconocen la existencia de cierta discriminación de la inmigración y se inclina por su aceptación integradora, incluso su incremento, aunque con una regulación en función de las necesidades del mercado laboral y una prevención respecto de su impacto sobre la seguridad, más acentuados en las personas de derechas. Ello junto con un tercio más restrictivo, del que un 10% argumenta motivos racistas.

La estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante

La inmigración resuelve necesidades de importantes segmentos del mercado laboral —que la población autóctona no cubre—, aporta al sostenimiento del Estado de bienestar y, comparativamente, usa menos la protección social —pensiones, prestaciones de desempleo— y servicios públicos como la sanidad. Cuestión aparte es el necesario esfuerzo cultural y educativo que requiere de más y mejores recursos y políticas públicas, frente a la tendencia segregadora en la escuela o el nacionalismo excluyente.

Hay un problema global de infrafinanciación de los servicios públicos y la protección social, con la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva. Pero ello no justifica la tendencia competitiva en capas acomodadas, espoleada por las derechas, de restringir derechos al peldaño más bajo de la estratificación social, la gente inmigrante y vulnerable.

La estrategia discursiva de desinformación y justificación estigmatizadora de las derechas extremas, con el control y el apoyo del grueso de los medios de comunicación y redes sociales y distintos grupos de poder, busca reforzar la discriminación y la subordinación de la población inmigrante. Pretende dividir a las capas populares, justificar las grandes desigualdades mundiales derivadas del colonialismo y el neoliberalismo, tapar las responsabilidades del poder establecido respecto de la desigualdad social y el carácter regresivo del mercado y muchas políticas públicas precedentes, ampliar la mentalidad racista y segregadora entre la población española. En el terreno sociopolítico, apuesta por deslegitimar las opciones progresistas, integradoras, feministas y de diálogo intercultural y, específicamente, desgastar al Gobierno de coalición progresista para favorecer la alternancia de las derechas reaccionarias y su política de involución socioeconómica y democrática.

En definitiva, la presentación de la inmigración como una amenaza para el mercado de trabajo, la sostenibilidad fiscal y del Estado de bienestar y la cohesión social y cultural y, especialmente, como fuente de delincuencia, criminalidad e inseguridad, no se atiene a los hechos. Supone una ofensiva política derechista con toda una manipulación discursiva y política-ideológica. Es fundamental promover la integración social y la convivencia intercultural, no la discriminación y el racismo.