En un contexto de empeño por abrir el paso a una legislación abolicionista sobre la prostitución, la actual ministra de Igualdad ha presentado en rueda de prensa el avance del primer «macroestudio» que estima estadísticamente el tamaño de la población de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y prostitución en España. La red española «Voces Feministas Por Los Derechos», compuesta por un amplio equipo investigador de una pluralidad de universidades y por activistas, ha replicado este comunicado con otro que trata de situar el debate dentro de los términos resultantes de sus investigaciones. Se reproduce a continuación por el interés que reviste para dicho debate (La Redacción).

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El pasado 17 de septiembre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunciaba algunos de los resultados de la primera «Macroencuesta sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres» realizada en el Estado español. Con base en el análisis de 654.000 anuncios publicados en webs y otros medios, el informe –que todavía no es público– arroja datos alarmantes: estima que existen 114.576 mujeres ejerciendo prostitución, de las cuales alrededor del 80% estaría en riesgo o alto riesgo de poder ser consideradas víctimas de trata.

Como profesionales de la investigación académica en más de veinte Universidades de todo el país, queremos expresar nuestra sorpresa y preocupación por la evidente falta de rigurosidad científica sobre la que se sostienen estos datos. Desgraciadamente, atestiguamos la instrumentalización política de ciertas problemáticas y hechos sociales por parte de algunos partidos hasta comprometer algunos de los principios más básicos de la ciencia y acabar perjudicando y abundando en el estigma de los colectivos más vulnerables. Por ello, nos vemos en la necesidad de denunciar esta preocupante deriva concretando los siguientes puntos:

• A la espera de disponer del informe completo, observamos una clara falta de rigurosidad científica en la metodología usada para la «macroencuesta». El análisis de publicidad, aunque útil, no puede ser representativo de la actividad real de la industria sexual. Cualquiera que se haya acercado a la exploración de esta temática con rigor es consciente de que el contenido de los anuncios a menudo es adaptado a las necesidades de quienes ofrecen servicios sexuales. Ni la edad, ni la procedencia, ni la «novedad», ni un sinfín de otras características socio-demográficas pueden ser consideradas hechos objetivos cuantificables que sirvan para generar un mapa de la realidad socio-demográfica de las personas que ofrecen servicios sexuales remunerados: ni siquiera un anuncio corresponde necesariamente a la persona que se muestra y muchas personas no se muestran solo en un anuncio. Pretender mapear el fenómeno a partir usando exclusivamente esta metodología es un absoluto insulto a la ciencia social en nuestro país.
• Analizar publicidad no es realizar una «macroencuesta». Probablemente, tampoco una macro-encuesta fuera la metodología más apropiada para tener un dibujo preciso y cuantificable de la realidad. Tenemos ejemplos brillantes de cómo abordar la exploración de un fenómeno tan complejo y, en palabras de la ministra de Igualdad, «oculto». Haber acudido a las redes especializadas de investigación, entidades colaboradoras y a las propias organizaciones de trabajadoras sexuales organizadas, habría ayudado a arrojar datos más rigurosos como correspondería a un trabajo amparado por un Ministerio público.
• Nos sorprende que no conozcamos ni la procedencia, ni la institución, ni el equipo encargado de realizar este informe. En cualquier proyecto de investigación científica debe aparecer la autoría y la cobertura institucional del trabajo. Ni el estudio ni el informe lo ha hecho el Ministerio de Igualdad, aunque su financiación proceda del mismo. ¿Por qué no se da esta información desde el principio?
• Resulta cuanto menos sorprendente que, para detectar la trata de personas, no se empleen los indicadores que se desprenden de los protocolos de las Naciones Unidas. En su lugar, se utilizan para detectarla criterios tan poco rigurosos como «la novedad, la disponibilidad, rasgo de personalidad, exotismo, servicios que prestan o fotos que se incluyen en el anuncio». Muchos de estos «indicadores» no son fiables para determinar la situación de la persona que anuncian, porque se encuentran en un contexto de marketing, por lo que se emplean como reclamo para captar clientela. No solo son poco realistas, sino que a menudo ni siquiera están redactados por la persona que se anuncia. Para valorar si una persona está en situación de trata desde la investigación y la intervención social se presta atención a circunstancias tales como si a esa persona se le ha sustraído su documentación, no si ofrece un servicio completo en lugar de un masaje.
• Además, el indicador de «exotismo» resulta absolutamente bochornoso, no solo por la grave negligencia metodológica, sino porque visibiliza el racismo y la discriminación como base ideológica del «estudio»: ¿desde cuándo esta categoría da cuenta del potencial grado de vulnerabilidad de una posible víctima?
• Por otro lado, queremos trasladarle a la ministra el conocimiento que nos ha aportado el estudio empírico de la prostitución. A menudo, cuando existe un mismo número de teléfono para una alta cantidad de personas estamos ante una agencia. De acuerdo con la información que trasladó la policía nacional a los medios, gracias a la prohibición de la publicidad de la anterior legislatura, las agencias han proliferado en detrimento de aquellas mujeres que ejercían de manera autónoma. La causa, por lo tanto, la ha generado el propio gobierno y por ello también tiene en sus manos reducir la clandestinidad y la explotación económica a la que están expuestas como resultado de sus políticas.
• Además, sorprende que la cifra arrojada como titular (el 80% de potenciales víctimas de trata) coincide, casualmente, con la que suele ofrecerse desde los discursos abolicionistas, pero se contradice y aleja sobremanera de la dispuesta en los informes y estudios producidos desde instituciones cercanas al terreno (In Genero, 2021), o de la propia academia, que, teniendo en cuenta las dificultades para tener una cifra real en España, hace estimaciones en contextos y momentos concretos que se remiten a cifras en torno al 10-30% (UNODC, 2010; Meneses y Urío, 2021; Meneses 2020).

En definitiva, desde la Red Voces Feministas Por Los Derechos queremos mostrar nuestro estupor, preocupación —y cierta vergüenza— por la publicación de estos resultados preliminares y su «efecto ola» en diversos medios de comunicación. Instamos a la sociedad civil a tomar estas informaciones con cautela y a cuestionar las políticas públicas que se justifiquen teniéndose como referencia. También instamos a que el informe completo, los propios datos de la «macroencuesta» y la autoría sean compartidos a la mayor brevedad posible para que puedan ser analizados, cotejados y, quizá, discutidos por la comunidad científica siguiendo los criterios de transparencia que deben primar en la investigación social.

Referencias:

Asociación In Género, «El impacto de la covid-19 en la vida de las personas que ejercen la prostitución: un estudio en cinco comunidades autónomas de España», https://www.ingenero.es/assets/files/COVID%20IN%20GENERO.pdf

Meneses, Carmen, «La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Euskadi: necesidades y propuestas. Informe final de resultados», Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2020, http://hdl.handle.net/11531/72809

Meneses-Falcón, Carmen y Urío, Santiago, «La trata con fines de explotación sexual en España: ¿Se ajustan las estimaciones a la realidad?», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 174, pp. 89-108, https://doi.org/10.5477/cis/reis.174.89

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), «Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual», Centro Internacional de Viena, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2010, p. 9, https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf