La velocidad con la que el gobierno de Javier Milei está reconfigurando el mapa del trabajo en la Argentina tiene, al menos en materia normativa, un solo antecedente comparable: el modelo de reprimarización e industricidio que impulsó la dictadura de Jorge Rafael Videla. Como entonces, entre las primeras medidas que anunció el libertario hubo cambios en la política laboral con el lineamiento transversal de dotar de más poder al capital: eliminación de sanciones por falta de registración, limitación de la acción sindical, refuerzo de las facultades empresariales. Y su contracara: bajos salarios, mayor precarización, un desempleo que llegó al 7,6 por ciento en el segundo trimestre del año (más de 1,7 millones de personas), con una presión sobre el mercado de trabajo —personas con problemas de empleo— que alcanza casi al 30 por ciento de la población económicamente activa.

No es que los gobiernos democráticos de las últimas cuatro décadas no hayan modificado —por acción u omisión, para bien o para mal— las relaciones de fuerza y las condiciones materiales y simbólicas de la clase trabajadora. Es que sólo en el último gobierno militar se buscó, como ahora, dar un vuelco tan salvaje e intempestivo en tan poco tiempo. Tanto las primeras normas flexibilizadoras del menemismo como la trunca reforma laboral macrista —muy regresiva en casi todos sus aspectos—fueron presentadas en el Congreso a casi dos años de asumir. Muy lejano a los menos de dos meses que tardó la dictadura en reformar la Ley de Contrato de Trabajo y a los ¡diez días! que tardó Milei en publicar el DNU 70/2023 que supuso un fuerte retroceso en materia laboral.

La reforma laboral del 76 fue la plataforma de sustento del modelo de reprimarización e industricidio. Los datos de empleo de los primeros seis meses de la era libertaria dan indicios de un camino similar: dentro del empleo registrado, sólo crecieron fuerte la pesca, la agricultura y ganadería y la minería. Estas subas, sin embargo, no compensan la caída en el resto de las actividades, especialmente en la construcción y la industria, ni es seguro que vayan a hacerlo. El gobierno promete un futuro de prosperidad pero los datos, por ahora, no acompañan. ¿Y si sale mal?

Las bases de LLA

En los primeros días del año la Cámara Nacional del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU por considerar que los cambios estructurales propuestos no eran necesarios ni urgentes. De todos modos, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos sancionada a finales de junio retomó muchos de los puntos contenidos en el decreto. Allí se plasmaron retrocesos en materia de tercerizaciones, indemnizaciones, período de prueba y represalias por acción sindical. También se crearon figuras precarias como la de “colaboradores” (sin relación de dependencia) y se eliminaron las multas por incorrecta registración. Varios de los artículos figuraban en la reforma que no pudo aprobar Mauricio Macri en 2017.

La Ley Bases también introdujo modificaciones regresivas en el empleo público: la modificación del régimen de estabilidad para la planta permanente, la supresión del consentimiento del trabajador o trabajadora para que lo trasladen geográficamente, la penalización del libre ejercicio del derecho constitucional de huelga y descuentos salariales para quienes adhieran a protestas. La justificación incurre en la vieja narrativa del Estado ineficiente y en el eterno retorno de la voluntad privatizadora de las empresas públicas, un esquema que —alerta spoiler— nunca devino en el tan mentado servicio de calidad.

Esas y otras medidas se suman a las no escritas que el gobierno viene desplegando en este sector. La rescisión de alrededor de 30 mil contratos (la gran mayoría de ellos precarios, de los cuales hicieron uso y abuso las administraciones anteriores), el ahogo presupuestario a distintas instituciones, dependencias y organismos que quedan inertes y el establecimiento de paritarias con aumentos irrisorios (¡3 por ciento entre septiembre y octubre!) avaladas por solo una parte de la representación gremial son apenas algunas de las acciones que desde diciembre lleva a cabo La Libertad Avanza de forma planificada. No necesita la confrontación directa a través del despido (aunque también la ejerza); le basta con convertir al empleo estatal en un objetivo no deseable para la mayoría de la población.

Pero el retroceso no es sólo estatal. En los últimos días el gobierno anunció que en julio se verificó el primer mes sin caída neta del empleo registrado en el sector privado luego de siete meses consecutivos de contracción según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Pero los datos hasta junio —los últimos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el estudio más amplio que hace la cartera laboral sobre radiografía de empleo en el país— no son buenos. Para ese mes, el total de trabajadores y trabajadoras con empleo asalariado se redujo un 1,7 por ciento en términos interanuales, lo que representa un descenso de 177,8 mil puestos de trabajo.

Fue el sector público el que sufrió una caída más moderada durante junio. El mayor embate, en cambio, se dio en el sector privado con un descenso del 2,5 por ciento y en el sector de trabajadoras de casas particulares, con 2,7 por ciento menos de empleos. En el mismo período, además, el trabajo independiente creció un 7 por ciento impulsado por la suba de monotributistas, lo que demuestra una fuerte tendencia a la precarización laboral.

Los datos también son contundentes en el desagregado por rama de la actividad productiva. La reducción que se muestra en junio en la comparación interanual se explica en gran parte por la baja en la construcción, con una caída del 21 por ciento (100 mil trabajadores menos), seguido de las industrias manufactureras, con una caída del 2,3 por ciento (27 mil). La tendencia es inversa en el sector primario: en los últimos meses el empleo registrado creció mucho en pesca y, en menor medida en agricultura y ganadería y minería. “Para proteger a la industria se le robó al campo y lo único que se generó es un sector adicto al Estado”, pareció justificar el presidente de la Nación a comienzos de septiembre en la sede de la Unión Industrial Argentina.

Fuente: Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma

En lo que respecta al salario, el de los informales y empleados públicos continuó con una caída que empezó con la devaluación de diciembre. El sector privado registró, en los últimos meses, una incipiente recuperación. La consultora C-P se pregunta en su último informe si este repunte de ingresos registrados del sector privado representa una anomalía: “Los indicadores de actividad y de bienestar reflejan otra realidad: la recuperación de la actividad económica es errática y anémica y las estimaciones de pobreza muestran que estamos en niveles muy elevados. Las encuestas sobre consumo y los indicadores de confianza del consumidor refuerzan el pesimismo”.

Más allá de lo que diga el gobierno, los empresarios y los trabajadores parecen coincidir en el diagnóstico. “Estamos frente a un reseteo de la Argentina que va a abarcar a todos los sectores del país”, decía el 14 de diciembre pasado el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca. “Son nostálgicos del siglo XIX, cuando reinaba la unilateralidad patronal y la libertad de mercado y no existían los sindicatos ni la negociación colectiva de salarios”, sentenciaban, cuatro días después, desde la federación aceitera. Aun con intereses opuestos, coinciden: el gobierno de Milei y los grupos económicos vinieron a reconfigurar de lleno la relación capital-trabajo.

Por lo demás, el gobierno cuenta con aliados de lujo para impulsar las transformaciones que quiere imponer en el mundo del trabajo, profundizando aún más el camino de la mal llamada “modernización laboral” que pretende volver al siglo XIX. Tanto la bancada del PRO como algunos sectores del radicalismo presionan en forma permanente para ampliar la ofensiva antisindical. En ambas cámaras promueven iniciativas para limitar el normal ejercicio de asambleas, la negociación y libertad sindical y a su vez abren paso al derecho penal para criminalizar la protesta. Otro déjà vu: no alcanza con reformar las normas individuales del trabajo. Para que el modelo cierre es necesario disciplinar a los sindicatos y limitar su injerencia en la vida política. Pasaron muchos años para que en la Argentina el “mejor no te metas” salga del inconsciente colectivo. El objetivo ahora es reimplantarlo.

La resistencia obrera

A semejante velocidad en la ofensiva gubernamental también le correspondía otro récord: el paro general más rápido dentro de un mandato de gobierno, a 45 días de la asunción. Con la devaluación que pulverizó el salario en 48 horas de gestión libertaria y la publicación del decreto de necesidad y urgencia a finales de diciembre, las centrales sindicales se pusieron al frente de la resistencia, en un contexto de ausencia de referencias políticas claras.

La estrategia inicial del movimiento obrero fue activa. Incluyó, además del intento de influencia en distintos bloques legislativos, la presentación de acciones judiciales contra el DNU, movilizaciones para frenarlo en la calle, los primeros paros nacionales y hasta la búsqueda de apoyo internacional en la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, las idas y venidas que culminaron con la sanción definitiva de la Ley Bases, además de los despidos en el Estado, marcaron los límites de esa estrategia. La baja efectividad del diálogo con un gobierno que no parece interesado en escuchar y la dificultad de movilizar en forma recurrente y masiva exponen las dificultades de un movimiento obrero que no termina de representar a la mayoría desencantada y en crisis. A todo esto se le suma un contexto desfavorable en el que la CGT padece sus internas y las CTA inician un proceso de reunificación.

Pero las dificultades no terminan ahí. Los últimos años potenciaron aún más la división entre trabajadores asalariados formales del sector privado y la enorme masa de no registrados. La incapacidad de las centrales sindicales por representar a estos últimos también se hizo evidente. Desde su propia organización, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sector encontró algunas respuestas y nuevos desafíos, como la búsqueda del reconocimiento estatal y la disputa por la renta.

A nueve meses de gobierno, los conflictos sectoriales se reproducen a lo largo y ancho del país. Cada día es un gremio distinto el que reclama por la caída de la actividad de su sector, por aumento salariales o contra el cierre de fábricas o despidos. La dispersión en los reclamos y la fragmentación de la clase trabajadora son signos de época. La magnitud de los desafíos que deberá afrontar el movimiento obrero organizado es enorme.

En Si la democracia no favorece a los trabajadores, morirá, un texto reciente, el economista turco Daron Acemoğlu polemiza: “Se suponía que el modelo democrático occidental crearía empleos, estabilidad y bienes públicos de alta calidad; y aunque en gran medida lo logró después de la II Guerra Mundial, se viene quedando corto en casi todos los aspectos desde 1980”. Para él, los responsables políticos, tanto de izquierda como de derecha, “continuaron promocionando políticas diseñadas por expertos y gestionadas por tecnócratas extremadamente cualificados, pero no solo fueron incapaces de crear una prosperidad compartida, sino que prepararon el terreno para la crisis financiera de 2008, que eliminó todo barniz de éxito subsistente”.

En Argentina, las experiencias políticas recientes parecen confirmar esa teoría. La regresividad en materia laboral que provocó la gestión Cambiemos, con retorno al Fondo Monetario Internacional incluido, convirtió a Macri en el primer presidente desde la restitución democrática que no logró el apoyo en las urnas para un segundo mandato. El Frente de Todos no estuvo a la altura de las expectativas asumidas en la campaña. Su fracaso económico generó un escenario casi inédito: trabajadores formales en situación de pobreza. Una baja tasa de desempleo ya no alcanza como indicador determinante en las urnas. La combinación de salarios magros, escalada inflacionaria, altos niveles de pobreza e indigencia y un techo infranqueable para el ascenso social hicieron que Alberto Fernández ni siquiera se presentara a la reelección. Muy lejos quedó de la experiencia 2003-2015 del Frente para la Victoria donde se registraron datos inéditos: la informalidad bajó de la mitad a un tercio de los trabajadores, se crearon cinco millones de puestos de trabajo, se recuperaron las paritarias y, consecuentemente, los salarios. Una memoria histórica que el Frente de Todos no supo o no se animó a emular.

Milei supo identificar y representar el descontento popular —en palabras de Cristina Fernández de Kirchner— con la “insatisfacción democrática”. Sin embargo, a contramano de los alardes recientes del gobierno en materia laboral, la configuración del mapa del trabajo en su gestión trajo, hasta ahora, un aumento de la precarización y el trabajo no registrado, salarios bajos y una fuerte caída en la cantidad de puestos de trabajo en los sectores que más trabajadores emplean en el país. La experiencia libertaria está siendo pionera en varios aspectos. ¿Podrá el primer presidente surgido de sets de televisión ser también el primero que obtenga un nuevo éxito electoral ignorando la máxima peronista de “gobernar es crear trabajo”?

[Fuente: Anfibia]