Las derechas han ganado las elecciones europeas del 9 de junio. El bloque democrático y plurinacional ha perdido, aunque el PSOE ha resistido y el declive se ha centrado en la izquierda transformadora: han pasado de once escaños en 2014 (seis de IU y cinco de Podemos), y seis en 2019 (de Unidas Podemos), hasta los cinco actuales (tres Sumar, con mayores expectativas, y dos de Podemos, meritorios desde unas bajas perspectivas), considerando que ha habido una ampliación de siete escaños (un 14%).

Dos datos concretos pueden ilustrar este fiasco de la izquierda alternativa, en particular de Sumar. Primero, los resultados en la Comunidad de Madrid. En las elecciones autonómicas de hace un año, del 28 de mayo de 2023, las siglas de Más Madrid consiguieron el 18% de los votos, por encima del Partido Socialista, y Podemos más Izquierda Unida no llegó al 5%, quedando fuera de la Asamblea de Madrid; pues bien, en las recientes elecciones europeas, la coalición Sumar (donde se incluye no solo Movimiento Sumar sino también Más Madrid e Izquierda Unida) apenas han sumado el 6%, frente a un 28% del PSOE, que reclama su primacía en la oposición madrileña, a poca distancia de Podemos (en solitario), con el 5%.

Segundo, los resultados en Catalunya de las tres agrupaciones de la izquierda no nacionalista: PSC, 30,6% (28% en las autonómicas de mayo), que sigue creciendo; Sumar-Comuns, 4,3% (5,8% el 12M), que refleja su continuado descenso, y Podemos, 4,6% (que no se presentó en las autonómicas), superior a la formación anterior, tradicionalmente más potente y representativa, y que refleja el tirón comparativo de la lista encabezada por Irene Montero.

Pero, si aplicamos estos resultados generales, con su bajo nivel de participación, que no ha llegado a la mitad, y la adscripción provincial de unas elecciones generales, con su barrera del 3%, y aun contando con diferente contexto político, se evidencia todavía más la debacle de la izquierda transformadora y la pérdida de la mayoría parlamentaria del gobierno de coalición.

Así, las tres derechas conseguirían 179 escaños, mayoría absoluta; el PSOE, 131, el bloque nacionalista (incluido Junts y CC), 34, y la izquierda alternativa, unos escasos 6 escaños (cuatro para la coalición Sumar y dos para Podemos).

Más allá de la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general de Movimiento Sumar, y su insistencia en continuar como referente gubernamental y parlamentario de todo el conglomerado de la coalición Sumar, se abre la necesidad de una profunda reflexión sobre la rearticulación de ese espacio.

Hacer frente al declive representativo de la izquierda transformadora supone afrontar los tres tipos de causas, con credibilidad transformadora, democrática y unitaria: la ofensiva del poder establecido y las derechas con su acoso jurídico-mediático-policial, con la descalificación y el aislamiento político a los actores con capacidad de desafío transformador; la relativa renovación socialista y su ligero giro a la izquierda, con el efecto de achicar el espacio socioelectoral alternativo; y las propias deficiencias y limitaciones de esa izquierda, en particular dos: la falta de arraigo social, y sus dificultades articuladoras y unitarias.

Valga la siguiente aportación general, primero, sobre la respuesta política al declive de la izquierda transformadora y, segundo, sus desafíos orgánicos, articuladores y unitarios.

Respuesta renovadora fallida

La renovación de Unidas Podemos en 2021 —y el reforzamiento defensivo de Podemos a fines de 2023— y la operación de Sumar (2021/2024) se han planteado como un intento de frenar el declive y ensanchar el espacio electoral para garantizar una mayor influencia político-institucional. La propuesta inicial de la dirección de Podemos, en 2021, pretendía el cambio de liderazgo de Pablo Iglesias, con cierto continuismo político y orgánico y asentado en dos patas. Por un lado, con Ione Belarra como secretaria general de Podemos, que mantenía una mayoría en el grupo parlamentario. Por otro lado, con Yolanda Díaz, como vicepresidenta, cuya apuesta, ratificada en el acto de Magariños (abril de 2023), lejos de lo previsto por la dirigencia de Podemos, ha sido doble: reorientación política moderada y modificación del liderazgo, con su autonomía política y orgánica —junto con su equipo asentado en la tradición de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya—, y con su diferenciación respecto de la legitimidad, la orientación política, el discurso y la estructura organizativa anterior.

Suponía terminar con el «ruido» político y dejar subordinado a Podemos en la nueva dirigencia. Por una parte, se implementaba un giro hacia la moderación política, el diálogo social, la trasversalidad no confrontativa y la amabilidad con el Partido Socialista, como justificación de esa estrategia fundamental para ese objetivo de ampliación de la base social y electoral. Por otra parte, la consolidación de su nueva y ampliada estructura dirigente, con su apoyo en los Comunes y menos en Izquierda Unida, así como con la integración de las fuerzas del acuerdo del Turia —especialmente, Más Madrid y Compromís—; todo ello con la marginación de Podemos, que «restaba», y con la cobertura legitimadora del proceso de escucha o el movimiento ciudadano que culminó en la reciente Asamblea fundacional del Movimiento Sumar —con la participación de apenas ocho mil personas— y la constitutiva de Sumar para este otoño.

Lo que nos interesa destacar —particularmente a tenor de los estudios demoscópicos, los últimos resultados electorales (especialmente de las elecciones europeas del 9J), y las tensiones internas— es que se ha llegado a un relativo estancamiento o fracaso en los dos ámbitos: ausencia de remontada electoral y dificultades para la articulación del conjunto. Se consolida la nueva primacía del liderazgo institucional de Yolanda Díaz, pero con menor credibilidad para la remontada electoral y con división de la dirigencia y tres niveles orgánicos: Movimiento Sumar, Sumar como agrupación política y coalición Sumar… sin perspectivas de un frente amplio o una colaboración con Podemos.

Tras la expectativa de ascenso electoral y la ilusión inicial de un frente amplio unitario (truncadas desde las elecciones autonómicas en Andalucía de junio de 2022 y hasta la asamblea de Magariños, en abril de 2023), se impone la necesidad del realismo sobre la continuación del declive representativo (28-M y 23-J, y evidente desde las anteriores elecciones andaluzas y las posteriores gallegas, vascas y catalanas).

La doble conclusión es que, por un lado, disminuye la legitimación de la nueva estrategia de moderación reformadora y discursiva como la palanca de la remontada electoral, en un contexto de hegemonismo socialista; y, por otro lado, se ve cuestionado su liderazgo colectivo, sin la expectativa de recuperación electoral prometida, aunque con continuidad de posiciones institucionales gubernamentales, y con el repliegue corporativo de cada grupo político. Además, se hace evidente la incapacidad política y articuladora de la dirigencia alternativa y se genera la tensión sobre el relato de sus causas y responsabilidades, con los intentos de legitimación respectiva de las diferentes formaciones políticas, particularmente de Izquierda Unida y Más Madrid —Compromís se considera al margen del grupo Sumar—, que reclaman mayor protagonismo, y aparte de Podemos, centrado en su propio desarrollo.

La articulación unitaria y pluralista

En esta etapa, de recomposición del espacio alternativo (2021/2024), estamos viviendo un proceso transitorio donde hay un cruce de caminos, sin claridad del recorrido, y con la incertidumbre añadida del nuevo contexto impuesto por el presidente Sánchez sobre el nuevo foco de la regeneración democrática (limitada). Supone un nuevo intento socialista de centralidad y hegemonismo político dentro del bloque progresista, con la relativización de la agenda social y la plurinacional (una vez aprobada la amnistía y según el panorama catalán), que debilitan a sus dos tipos de socios parlamentarios: los nacionalistas y Sumar/Podemos.

¿La dirigencia alternativa, el conglomerado de Sumar y Podemos, será capaz de encontrar y recorrer el camino de salida renovadora y unitaria? Parece difícil. Los resultados de las elecciones europeas ya han impuesto esa realidad de declive, en particular de Sumar, y han propiciado la dimisión de Yolanda Díaz como su coordinadora general, aunque se mantiene como su referencia institucional. Dejo al margen las hipótesis sobre el nuevo proceso constituyente de Sumar, así como la capacidad de supervivencia de Podemos y las relaciones entre ambos.

Ahora vuelvo, en un plano más general, a sus condiciones político-organizativas o sus capacidades articulatorias, desde el pluralismo democrático… junto con el arraigo social y político por una dinámica común; es decir, a la combinación de proyecto y beneficio colectivo y agregación de intereses corporativos legítimos, con procedimientos democráticos y consensuales para arbitrar las diferencias y contenciosos.

El problema, y la solución hacia la remontada, es doble: de carácter político, sobre la necesaria estrategia diferenciadora del Partido socialista (y la izquierda nacionalista) con credibilidad transformadora real y arraigo social; y de capacidad articuladora unitaria con la necesaria cultura democrático-pluralista.

Las discrepancias políticas son evidentes, pero negociables. Hay divergencias que alcanzan opciones estratégicas en auténticas bifurcaciones en los equilibrios políticos y la formación de espacios político-electorales. La más relevante, la polarización entre continuismo adaptativo y cambio de progreso. El pulso estratégico fue en torno a la actitud sobre el acuerdo gubernamental de PSOE/Ciudadanos en el año 2016, base fundamental de la gran confrontación con el PSOE —y el desafío al poder establecido—, así como de la profunda división de bloques internos en la Asamblea Ciudadana de Podemos de Vistalegre II, entre posibilismo colaborador o resistencia confrontativa.

En aquel contexto, había suficiente representatividad parlamentaria progresista desde 2015 para constituir un gobierno de izquierdas, aunque con la falta de voluntad socialista… hasta 2020, en que ellos consiguieron mayor primacía política, gestora y representativa, o sea, con un papel más subalterno de Unidas Podemos. Aquella encrucijada modeló las características de las corrientes de las fuerzas del cambio, con divergencias estratégicas —y teóricas y de estatus orgánico—, y confirmó, a los poderes fácticos y al propio PSOE, la voluntad transformadora de la dirección de Podemos… que había que neutralizar.

Así, a pesar de que desde la moción de censura socialista al gobierno de la derecha (2018) se avanzó en el giro renovador socialista y la apertura de acuerdos con la izquierda transformadora y nacionalista, no se ha diluido el poso de desconfianza estratégica que denotó aquella experiencia, y ello aun cuando ahora las divergencias sean menores y compatibles con la alianza en un bloque democrático y plurinacional frente a las derechas, y aunque aparezcan nubarrones en el horizonte.

La conclusión estaba clara desde entonces: la casi paridad representativa de Unidas Podemos con todas las fuerzas aliadas y convergentes, expresada esos años (2015/2018) en el ámbito parlamentario y antes en el plano sociopolítico, liderada por la dirección de Podemos (con una firme voluntad transformadora) era un riesgo excesivo para la normalización política y la estabilidad socioeconómica que, a juicio de los poderosos, había que reducir. Y ello aunque los dilemas estratégicos y la capacidad reformadora sustantiva de la izquierda alternativa, incluido en los grandes municipios, hayan menguado desde 2019 por su menor representatividad e influencia, y ahora se vaya encauzando el conflicto territorial catalán. El pragmatismo sanchista y su hegemonismo político persiste en cerrar ese ciclo de adversarios estratégicos, con una legitimidad social significativa, que dificulten un proceso reformador relevante.

Una bifurcación estratégica y un horizonte problemático

Por supuesto, las dos opciones expresadas en 2016 configuraban una gran bifurcación. La otra alternativa colaboracionista con el PSOE/Ciudadanos tenía implicaciones decisivas en la legitimación de un proceso continuista del Régimen con subordinación de las fuerzas del cambio y su probable desgaste. Esa dinámica adelantaba el cierre de las expectativas y dinámicas sociopolíticas del cambio de progreso en el ámbito estatal —solo vivo entonces en algunos grandes ayuntamientos del cambio y, en otro sentido, con el procés—.

La opción confrontativa escogida —más allá de la retórica transformadora inicial y distintos errores discursivos— me pareció acertada, fue avalada por más del 80% de la militancia alternativa, y ya hemos visto lo que ha dado de sí: forzó la crisis y la renovación socialista, con su giro hacia la izquierda y la apertura democrática, hasta el desalojo gubernamental de la derecha con la moción de censura de 2018, junto con la posterior experiencia reformadora real (aunque limitada) del gobierno progresista de coalición, en 2020/2023, y su prolongación posterior menos intensa.

Pero aquel emplazamiento estratégico ha tenido una particularidad: la gran ofensiva, con la correspondiente guerra jurídica-mediática-institucional, del poder establecido —incluida la aquiescencia socialista— contra esas fuerzas del cambio con posiciones de cierto poder transformador y legitimación pública, que cuestionaba los privilegios de siempre. Y no me refiero solo a la dirección de Podemos, sino también a líderes territoriales con fuertes posiciones institucionales como Ada Colau o Mónica Oltra. Buscaba la descalificación de su dirigencia pero, sobre todo, el debilitamiento de ese espacio representativo y su capacidad de influencia reformadora, ya conseguido parcialmente en el ciclo electoral de 2019. Para las derechas no hay tregua o perdón, creen que el poder político les pertenece. Y para el Partido Socialista no hay acuerdos duraderos hasta reducir al mínimo el riesgo de cierto cambio significativo, progresista y democrático, y consolidar un predominio institucional (casi) total, convertido en eje articulador de sus políticas y sus alianzas.

Esa voluntad estratégica transformadora es lo que el poder establecido no perdona, y lo que se exige abandonar con una rectificación (rendición) y una (inmerecida) autocrítica como supuesto error estratégico (que no corresponde). Su persistente insistencia, con rigidez política y fanatismo mediático, busca la culpabilización alternativa como provocadora de toda la contraofensiva regresiva y autoritaria, tiende a justificar el castigo por haberla implementado y desgastar a sus promotores alternativos.

En cierta medida, han conseguido sus objetivos, pero solo en parte. Los resultados del 9J son reflejo de ello. No obstante, persiste un doble factor, en un grave contexto, que impide ese cierre normalizador del continuismo y el bipartidismo corregido: una base social transformadora todavía relevante; una vertebración orgánica alternativa algo fragmentada y desconcertada pero todavía con potencialidad articuladora y representativa, que debe revalidar.

Además, existe una escasa legitimidad pública de las políticas regresivas y autoritarias, aun con el avance segregador conservador —del mercado y las posiciones con privilegios o expectativas comparativas superiores— como respuesta a la inacción transformadora.

Estamos en otra encrucijada estratégica. Veremos las dinámicas populares y las capacidades y la orientación de las dirigencias alternativas y del conjunto del bloque democrático y plurinacional para impulsar la remontada política y electoral y garantizar una etapa de progreso, que evite la involución derechista. El desafío inmediato: la capacidad de rearticulación de Sumar, tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general y la crisis del espacio, y el grado de consolidación de Podemos en su autodesarrollo, con la vista puesta en el contexto sociopolítico, las dificultades unitarias y las posibilidades de cooperación alternativa y progresista en el próximo ciclo político-electoral hasta 2027.

La fragilidad democrática y de la cultura pluralista

La dirección de Podemos tuvo un gran acierto analítico y estratégico al encauzar al ámbito electoral e institucional la existencia de un amplio campo sociopolítico indignado, derivado de la gran experiencia de activación cívica precedente, que exigía más justicia social y más democracia real. La llamada nueva política ha supuesto un revulsivo político, en defensa de la gente, y un avance en términos participativos y democráticos, así como en calidad ética y honestidad personal, frente a la corrupción política, el autoritarismo y la jerarquización dominantes en las viejas estructuras partidarias.

El declive ha sido evidente. En este proceso de recomposición del liderazgo hegemonizado por el Movimiento Sumar, con fuerte apoyo mediático, junto con la descalificación sistemática, el aislamiento político y el acoso judicial hacia Podemos, la izquierda transformadora ha demostrado sus límites e insuficiencias, cuando la autoridad moral y democrática es más fundamental para su liderazgo social. No solo se trata de aplicar los procedimientos mínimos deliberativos y decisorios —incluido las primarias y las votaciones de las bases inscritas o la militancia—, así como los códigos éticos, sino de mejorar el debate, la participación y la articulación de la pluralidad, al igual que la ejemplaridad personal.

La degradación democrática e integradora de las élites partidarias está relacionada con la fragilidad orgánica de la base social, poco articulada en grandes organizaciones y poco cohesionada en torno a un proyecto compartido. Además, está reforzada por la preponderancia de la actividad discursiva y de propaganda, junto con la tendencia a la intransigencia, el sectarismo o la irresponsabilidad y la insolidaridad ante las dificultades colectivas y la búsqueda grupal de reconocimiento de estatus.

Esas debilidades se acentúan en los momentos de socialización de las desventajas por la contraofensiva represiva y descalificatoria, con pérdidas de ventajas de estatus, sin suficiente solidaridad o lealtad colectiva, junto con la falta de sistemas organizativos reglados y acuerdos sólidos. Esa fragilidad está derivada de la formación dirigente, a través de un aluvión rápido, discursivo, optimista y adaptativo a las condiciones del ascenso de estatus, con poco arraigo social, sin experiencia y acción colectiva de base prolongada, sin contrapesos organizacionales en el ámbito social y cultural y sin suficiente capacidad de resistencia ideológica y material.

Por tanto, para el ascenso aspiracional de estatus y su mantenimiento, en ciertos sectores se refuerza el oportunismo adaptativo hacia la eficacia inmediata, es decir, a la adaptación a las posibilidades dadas por el poder jerárquico o las expectativas de ganar apoyos e influencia mayoritaria. El medio, la vertebración de la dirigencia partidaria, se convierte en el fin, que debieran ser las transformaciones de bienestar y derechos para la gente. Es una debilidad ética. Ello se agrava con las dificultades de arraigo social y pertenencia colectiva, con poca experiencia y acción de base prolongada en torno a una dinámica común.

Todo ello se intenta relativizar o esconder con el énfasis en su contrario discursivo: la vinculación con la gente de abajo y la misión transformadora de la representación con avances sociales y de derechos para el pueblo. Pero se trata de su realización práctica, junto con la propia activación cívica y la participación democrática.

El corporativismo sectario en las élites alternativas

Existe una diferenciación básica en la izquierda transformadora entre una tendencia más moderada y posibilista (Sumar) y otra más exigente y confrontativa (Podemos). Aunque en algunos aspectos las diferencias pueden ser importantes, en la etapa actual (frente a las derechas reaccionarias) no me parecen determinantes para impedir la convivencia básica en un proyecto político compartido o alianza amplia. Ello, aunque la dinámica institucional sea bastante continuista y la acción colectiva sea poco reformadora, y siempre evitando los retrocesos y empujando en la conformación de fuerza social y legitimidad pública, como en algunos amplios procesos participativos como el feminismo, la defensa de la sanidad y la educación públicas o el apoyo solidario al pueblo palestino.

Ese acuerdo plural mínimo es lo que sucede en grandes movimientos políticos populares o frentes amplios progresistas, con más similitudes que, por ejemplo, en el actual agrupamiento democrático y plurinacional con la socialdemocracia y el nacionalismo —de izquierda y de derecha—.

Por tanto, la dificultad principal en la izquierda alternativa no es la diferencia programática o ideológica en sus definiciones generales. Es otro el elemento político decisivo, con importantes conexiones ideológicas y organizativas: el corporativismo sectario de (parte de) sus élites respecto de la vertebración partidaria estatal (y autonómica), con sus expectativas y procesos aspiracionales para conseguir reconocimiento público y estatus institucional. Tiene una vinculación, a veces confusa o indirecta, con los intereses, demandas y expectativas del poder o de fracciones populares y grupos sociales diversos con polarización identitaria.

Se trata de valorar objetivamente quién suma (y cuánto, cómo y por quién), en vez de quién resta; o bien tener una actitud inclusiva u otra excluyente, dentro de una dinámica de complementariedad de prioridades y jerarquización posicional. Se puede expresar como egos particulares y mayor o menor intransigencia discursiva y sectarismo organizativo, pero hay que interpretarlo en una lógica relacional o sociológica, no solo personal o psicológica.

El factor divisivo principal, en el marco de la recomposición dirigente de la coalición Sumar, ha sido el tipo de desplazamiento (o reajuste) del liderazgo anterior de Podemos, sin articulación y justificación democrática consensuadas. Se ha realizado solo a través de la legitimación pública del nuevo liderazgo de Yolanda Díaz, con apoyo mediático e institucional, y su proceso de escucha y su movimiento ciudadano de unos pocos miles de personas. Ello le ha permitido asumir la dirección de su grupo político, como hegemónico, y del conjunto del conglomerado (desde el acto de Valencia, otoño 2021, y el de Magariños, primavera de 2023… hasta la asamblea fundacional, abril 2024, y la asamblea constituyente, en otoño de 2024).

Y, todo ello, bajo el prisma de la imperiosidad de la subordinación de Podemos, por motivos políticos —ruido, resta— y orgánicos —desconfianza, sin representatividad—. Así como su aislamiento y la insolidaridad ante la avalancha acosadora de las derechas y poderes fácticos, especialmente demostrados ante la defensa de la ley de libertad sexual y el consentimiento como eje central, luego revalorizados por la experiencia de la amplia solidaridad feminista frente al beso no consentido de Rubiales a la mundialista Jenni Hermoso.

La consecuencia de esa falta de articulación equilibrada y solidaria es que el frágil acuerdo electoral para el 23J, con dificultades para un grupo parlamentario unitario y un reparto de responsabilidades equitativo, saltó por los aires, y constituye la desconfianza básica para buscar una mayor colaboración en beneficio de todas las partes. La salida es la demostración de la representatividad de cada cual, en unas elecciones sin grandes desventajas comparativas como las europeas, y sobre esa base objetiva, la posibilidad de comenzar de nuevo la aproximación en torno a un objetivo común.

EL proceso de recomposición de la dirección de la coalición Sumar, así como la distribución de las responsabilidades institucionales o las listas europeas, no solo ha sido cupular, sino que se ha impuesto la adjudicación de posiciones institucionales sin criterios objetivos o consensuados; de ahí el malestar de algunos grupos, en particular de Izquierda Unida.

En gran medida, se ha aplicado el criterio por lo que cada cual SUMA o RESTA, a juicio del núcleo dirigente, y según su capacidad de presión. Así, en el documento organizativo de Movimiento Sumar se adjudica el 70% para Movimiento Sumar y el 30% a los partidos —una vez quedado fuera Podemos— que choca con las proporciones y jerarquías en las listas europeas, incluso del reparto gubernamental. Y ello, aunque en el equipo de Yolanda Díaz insisten en que la completa hegemonía de Movimiento Sumar y el perfil que representan, frente al protagonismo de los partidos, son la clave para evitar el declive y asegurar la remontada; es lo que ha saltado por los aires. O sea, se aventuran conflictos inmediatos sobre el modelo orgánico, en particular con la Izquierda Unida salida de su reciente asamblea que reclama su reconocimiento y un trato de igual a igual entre los distintos grupos políticos.

Toda esta vertebración, poco transparente y sin criterios objetivos compartidos, afecta a la configuración democrático-pluralista del sujeto político, a su papel de mediación con la sociedad, a su prestigio como «mediador» de las relaciones sociales y políticas; genera distanciamiento o desafección hacia esa dirigencia poco maleable. Es contraproducente con la senda hacia un frente amplio, unitario y plural.

Hace tiempo, según distintas encuestas, se había iniciado el cuestionamiento público de la legitimidad del liderazgo de Yolanda Díaz como garantizadora del ensanchamiento electoral y de influencia, beneficioso para el conjunto y cada parte del conglomerado, es decir, para un objetivo común, en el que quedaba fuera Podemos. La reacción inmediatista es a mirar por la posición institucional de cada cual a corto plazo; o sea, a cierta fragmentación y descomposición del proyecto e interés colectivo, visto como privilegio hegemonista de parte.

El divisionismo y el burocratismo de las élites partidistas es un tema polémico en la historia de las izquierdas y la ciencia política, desde la revolución francesa y pasando por las experiencias de estos dos siglos hasta el debate sobre la oligarquía de los partidos políticos de hace un siglo y replanteado en la actualidad.

Por ejemplo, con la expresión y la relación entre partido político-movimiento ciudadano, que podemos definir entre dos tendencias básicas: una más participativa, movimentista, consejista o anarquista, y otra más vanguardista, centralista o institucionalista. No me detengo en ello; los debates actuales sobre Movimiento Sumar, agrupación política y/o coalición electoral y/o frente amplio desde abajo, reflejan esa tensión por la eficacia legitimadora, articuladora y transformadora, así como por la primacía dirigente o el liderazgo con el reconocimiento de su estatus y poder.

Es necesaria la superación de esas inercias e intereses corporativos de las estructuras dirigentes de los partidos políticos, así como las deficiencias participativas de los hiperliderazgos. Se trata de reforzar, junto con su función representativa y gestora, un doble plano democrático: el talante unitario y colaborativo, y el respeto y la regulación de la pluralidad.

En definitiva, sin un cambio de actitud político-democrática, sobre todo, de la dirigencia de Sumar, con un modelo orgánico integrador y respetuoso con el pluralismo, no es posible una cooperación con Podemos, centrado en su propio autodesarrollo defensivo, ni la perspectiva de un frente amplio, que pueda abordar unitariamente la próxima etapa política y electoral de 2027, de municipales, autonómicas y generales, con el fin del ciclo institucional progresista en España. Como he dicho en otro lugar, la solución, de venir, vendrá de abajo y, en parte, de fuera de las dirigencias alternativas actuales. Es un desafío para la izquierda transformadora.