Se ha producido un declive representativo del conjunto del espacio de la izquierda transformadora, desde seis millones (2015) a tres millones (2023), la mitad; aunque en el ámbito autonómico y local el electorado alternativo siempre ha sido menor, con un voto dual, excepción de los grandes ayuntamientos del cambio.

Para las elecciones europeas, según datos del CIS, es previsible que entre Sumar (1,2 millones) y Podemos (0,8), alcancen dos millones, con una participación en torno al 55%. Similar resultado señala la reciente encuesta de 40dB, que ofrece el 5,7% para Sumar, con solo tres escaños seguros y difícil el cuarto que corresponde a Izquierda Unida, y el 4% para Podemos, con dos escaños probables (y tres para ERC/EH-Bildu/BNG).

La suma de la izquierda transformadora se mantendría o bajaría un poco, respecto de los resultados de 2019 (seis escaños por Unidas Podemos), aunque se quedaría cerca de la mitad de los resultados de 11 escaños de 2014 (cinco de Podemos y seis de la coalición encabezada por IU), con más de 2,8 millones de votos. No obstante, lo más significativo ahora es esa comparación entre el electorado que conservaría Podemos (más del 40%) y el que sumaría el conjunto de la actual coalición Sumar (con menos del 60%), que indicaría la incapacidad de la dirigencia de Sumar para hegemonizar totalmente ese espacio y, al contrario, la resistencia de Podemos para mantener un electorado significativo con un perfil más crítico y exigente.

En todo caso, esa fragmentación, inevitable ahora y que aportará el peso representativo de cada cual desde el que poder tener una relación objetiva, sería especialmente dañina para la conversión en escaños provinciales en unas elecciones generales y garantizar una victoria parlamentaria del bloque progresista.

Las causas del declive, muy controvertidas, han sido tres. Primero, la ofensiva del poder establecido y las derechas con su acoso jurídico-mediático-policial, con la descalificación y el aislamiento político a los actores con capacidad de desafío transformador; no me extiendo.

Segundo, la relativa renovación socialista y su ligero giro a la izquierda y, posteriormente, su apertura a la colaboración gubernamental con un programa reformador básico frente a las derechas, todo ello con el efecto de achicar el espacio socioelectoral alternativo; en periodos de derechización socialdemócrata, con dinámicas centristas o regresivas y autoritarias, es cuando se ha ampliado el espacio crítico.

Tercero, las propias deficiencias y limitaciones de esa izquierda, en particular dos: sus dificultades articuladoras y unitarias, y la falta de arraigo social y local, sobre el que me detengo. Aunque tenga menos impacto en las próximas elecciones europeas, respecto de las territoriales y generales, su abordaje es una cuestión fundamental para asegurar su remontada política y electoral.

La deficiencia del arraigo local

La falta de arraigo local es una deficiencia, abiertamente constatada en las últimas debacles electorales, reconocida a medias y, sobre todo, sin terminar de diagnosticar bien y, por tanto, de resolver.

Más que un error, que también, es una deficiencia estructural de las fuerzas del cambio, reforzada por una orientación política unilateral, la prioridad institucional del acceso al gobierno central con la construcción de la representación política (los surfistas, no la ola que estaba dada). Además, está legitimada por una teoría idealista: la versión del populismo como idealismo discursivo, o la construcción de la realidad de pueblo desde las ideas… con el predominio de la actividad discursiva y de propaganda y no de la articulación social de base sobre la experiencia participativa en el conflicto social. Esa teoría era dominante en todas las sensibilidades del primer Podemos, aun con sus distintas variantes políticas, más transversales o más confrontativas.

Una vez formado un espacio sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia a través de toda la experiencia cívica del periodo 2010-2024, el mecanismo principal era la acción discursiva y la pugna cultural e ideológica, en el marco de la competencia electoral, para configurar y acceder a una representación institucional y, luego, poder gobernar y, desde ahí, hacer reformas sociales y democráticas en beneficio de las mayorías sociales. La dinámica participativa por abajo quedaba relegada o, en todo caso, como proceso de legitimación, divulgación y seguimiento de la doble acción, propagandista e institucional. Desde el nacimiento de Podemos en 2014, la prioridad ha sido el acceso al poder gubernamental y su condicionamiento, vía elecciones generales y representación parlamentaria. En aquella encrucijada histórica era imprescindible, pero condicionó toda la vertebración partidaria, centralizadora y discursiva, y la infravaloración del arraigo territorial, más descentralizado y pegado a la experiencia vital de la militancia. Ya las elecciones locales y autonómicas de 2015 se consideraban secundarias, aunque luego fueron más valoradas por el empuje de los Ayuntamientos del cambio para la transformación global. Igualmente, en las de 2019, donde se puso en evidencia el estancamiento o descenso representativo y de influencia institucional estatal, con la contrapartida de la constitución del Gobierno de coalición que parecía dar la razón a la prioridad por una estrategia centralizadora, estatalista o institucionalista, mientras se desangraba la acción municipalista y el impulso por abajo.

Respuestas insuficientes

Hoy, hay un parcial reconocimiento del problema inicial del déficit de arraigo local, visto desde la dirección de Podemos y también de Movimiento Sumar y su movimiento ciudadano, pero con una solución insuficiente y contraproducente en la medida que lo prioritario ha sido el liderazgo institucional gubernamental, incluido todas las tensiones internas derivadas en torno a ello. Precisamente, la reflexión del nuevo coordinador general de IU, Antonio Maíllo, abunda positivamente en ese sentido de reforzar la acción de base y en la esfera social.

Por un lado, han existido bienintencionados esfuerzos orgánicos hacia el refuerzo de la estructura y la extensión territorial, aunque siempre eran limitados, dependientes de la dinámica principal sobre la gobernabilidad y los conflictos generados en ese ámbito, con sus correspondientes reagrupamientos, instrumentalizaciones y desgastes de credibilidad.

Por otro lado, se apunta a una opción político-organizativa unilateral y formalista, y que llegó tarde. Me refiero a la opinión actual de la respuesta de presentar candidaturas municipalistas, ya en 2015, bajo la sigla de Podemos —u otro partido— y su hegemonía orgánica para favorecer su inserción territorial, en detrimento de las llamadas candidaturas de unidad popular. Es una salida falsa al auténtico problema de fondo: la dificultad articulatoria de Podemos en el ámbito municipalista —y después de gran parte de Sumar—, sobre todo en los municipios pequeños, y en otro sentido, por su complejidad, diversidad y autonomía de actores y liderazgos, en los grandes municipios del cambio. La situación era que no había capacidad organizativa o suficientes cuadros intermedios, pero tampoco una orientación política y de modelo integrador y pluralista para articular las dobles dinámicas territoriales y estatales.

Esta deficiencia ahora está más reconocida; se quiso corregir inicialmente, en las autonómicas de 2015, con la sigla propia de Podemos, todavía bajo la separación entre Podemos e Izquierda Unida, con algunos efectos perniciosos (por ejemplo, esa división permitió la victoria de las derechas en sitios relevantes como la Comunidad de Madrid). Y ya en 2019, al amparo de la alianza de Unidas Podemos, se quiso generalizar la marca Unidas Podemos en todo el ámbito municipalista con debilidad morada (1.700 concejales para IU, similar a 2023 -en 2015, mil- y 500 para Podemos, en 2019), salvo excepciones de convergencias exitosas.

En definitiva, tras la experiencia de estos meses de cierto agotamiento representativo, a confirmar en los resultados de las elecciones europeas, se debe abrir una fase de reflexión y recomposición. Y veremos la capacidad de las élites dirigentes para remontar el declive y la fragmentación y avanzar en la colaboración y la perspectiva de una amplia alianza de la izquierda transformadora, como factor relevante dentro de un bloque democrático y plurinacional que impulse el avance social y de derechos frente a la involución reaccionaria de las derechas.

La comunalidad

Por último, voy a hacer referencia a un aspecto ideológico-político que subyace en este debate y que todavía es controvertido. Me refiero al valor de la solidaridad o comunalidad (la fraternidad de la revolución francesa o la sororidad feminista). Es una característica fundamental en la experiencia colectiva de muchos movimientos sociales, desde la solidaridad de clase trabajadora, al apoyo mutuo feminista o el consentimiento en las relaciones sexuales y sociales, la solidaridad internacionalista, la corresponsabilidad ecologista y de los bienes comunes. Igualmente, podemos incluir el propio sistema de seguridad social y protección pública de los modernos Estados de bienestar, democráticos y de derecho, basados en la reciprocidad y el equilibrio de derechos y deberes y según las necesidades sociales.

Este componente solidario o comunitario es fundamental en la construcción de los sujetos colectivos emancipadores. Junto con la libertad y la igualdad forman parte de la mejor tradición de las izquierdas y frente al individualismo liberal. En ese sentido, es unilateral el reducir la pugna ideológica y cultural con las derechas al relato sobre la libertad (tal como hace la ponencia programática de Sumar, recientemente aprobada). La lucha por la igualdad y la práctica de la solidaridad son centrales; se resume en la importancia de lo colectivo o lo común, que tiene profundas connotaciones vivenciales y teóricas (por solo citar a E. P. Thompson). En estos tiempos líquidos, es fundamental para las izquierdas el arraigo comunitario, plural y diverso, como base de su acción democratizadora e igualitaria.

[Fuente: Público]