Hay olvidos que resultan inexcusables, incluso sospechosos. Y muchos de esos olvidos tienen que ver con la violación de derechos de las mujeres y con la falta de reparación por los abusos cometidos.

Así sucede con el Patronato de Protección a la Mujer, que ni siquiera ha sido incluido en el artículo 3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática como situación para acreditar la condición de víctima del franquismo. La institución con mayor poder para controlar y castigar a las mujeres por «razones de moral sexual» durante más de cuarenta años, ha permanecido bajo un velo de silencio y olvido durante décadas.

Contra ese olvido han venido trabajando, en la última década, algunas investigadoras y la asociación de supervivientes Desterradas Hijas de Eva. A terminar con ese olvido contribuyen las acciones promovidas por el Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, creado en abril del año pasado, compuesto por profesionales de diferentes ámbitos, militantes feministas y supervivientes; los numerosos artículos y reportajes publicados recientemente y productos audiovisuales como el corto documental Els buits («Los vacíos»), que ha obtenido el pasado mes de marzo la Biznaga de Plata del Festival de Cine de Málaga.

El Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, se organizó mediante decreto de 6 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de noviembre de 1941, junto con otro relativo a la creación de prisiones especiales para regeneración y reforma de mujeres extraviadas, o «mujeres caídas», eufemismo para referirse a las mujeres en situación de prostitución. Resulta escandaloso saber que estuvo en funcionamiento, oficialmente, hasta el 1 de agosto de 1985, aunque sus funciones fueron traspasadas a las diferentes comunidades autónomas entre 1983 y 1986.

Era su finalidad «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica» (art. 4), a cuyo efecto el artículo 5 le confería amplias facultades. Su poder aumentó con el desarrollo legislativo posterior, sobre todo con la Ley de 20 de diciembre de 1952. Sirva de ejemplo que el punto 2 de su artículo 3, «insta al Patronato a la investigación y castigo de hechos delictivos relacionados con la producción, importación y circulación de publicaciones pornográficas, o que tiendan a divulgar las prácticas abortivas o contracepcionistas y, en general, cuantos afecten a la moral católica».

Estaba dirigido por una Junta General, cincuenta juntas provinciales, presididas por el correspondiente gobernador civil, y juntas locales, presididas por el alcalde, en aquellas ciudades, no capitales de provincia, en que el Patronato lo estimara conveniente. Formaban parte de las juntas representantes del gobierno franquista, la Sección Femenina, el Ejército, y la Iglesia católica, además de tener asignado al menos un miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

Contó con un amplísimo número de centros en todo el territorio español, regentados por diferentes órdenes religiosas femeninas: Adoratrices, Oblatas, María Ianua Coeli, Trinitarias, Cruzadas Evangélicas, Auxiliares del Buen Pastor, Terciarias Capuchinas y un largo etcétera. Todas ellas siguen dirigiendo centros de educación concertados y algunas regentando centros de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, sin que hayan realizado ninguna compensación ni pública petición de perdón por la violencia y violación de derechos humanos ejercidas en la política de «educación correccional» aplicada. Por el contrario, algunas han recibido reconocimientos públicos, como en el caso de las Adoratrices, Premio Derechos Humanos 2015, concedido por la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares; o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia concedido en 2005 a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Otra figura clave para el funcionamiento del Patronato fueron las Celadoras, posteriormente denominadas Visitadoras Sociales, encargadas de visitar a las jóvenes «necesitadas de protección»; acompañarlas en los traslados a consultas médicas o entre centros, y continuar vigilándolas tras la salida de su encierro, en los llamados periodos de Vigilancia Tutelada que podían extenderse hasta la mayoría de edad de la joven o hasta su matrimonio, fuese o no menor de edad.

Miles de jóvenes, de entre 16 y 23 años, edad que podía extenderse hasta los 25, fueron detenidas, privadas de libertad, aisladas, incomunicadas, humilladas, castigadas, sometidas al cumplimiento de prácticas religiosas, obligadas a realizar labores de limpieza, lavandería, cocina, etc., siendo además explotadas laboralmente, mediante la realización de trabajos para diferentes empresas, incluidos El Corte Inglés y Correos, sin ningún tipo de juicio ni sentencia, por actos y situaciones relacionadas con la moral sexual que no constituían delito para los hombres. Es más, en muchos casos, por haber sido víctimas de violencia sexual por parte de varones de su propia familia, sacerdotes o empleadores, o por haber sido abandonadas por sus novios tras tener relaciones sexuales o haber mantenido relaciones con hombres casados, sin que en la mayoría de los casos los varones sufriesen consecuencia alguna. Aunque teóricamente el Patronato había nacido para prevenir la prostitución de las jóvenes, la realidad es que la inmensa mayoría de las muchachas que sufrieron su represión no tenían vinculación alguna con la prostitución.

Las jóvenes embarazadas eran separadas del resto y enviadas a centros específicos tales como la Maternidad de Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande (Madrid), en funcionamiento entre 1955-1984. Recibían un tratamiento cargado de humillaciones, culpabilización y violencia, y eran sometidas desde su ingreso a chantaje emocional para que entregasen a sus criaturas en adopción, cuando no se procedía directamente al secuestro del bebé diciéndoles que había muerto al nacer.

Las muchachas consideradas lesbianas o que mostraban mayor rebeldía eran enviadas directamente a centros psiquiátricos, como el de Ciempozuelos en Madrid. A muchas jóvenes, que han quedado aún más en el olvido, el Patronato les costó la vida: no las mataron, su única vía de escape fue el suicidio.

Si bien la Iglesia católica y la Sección Femenina ejercían la labor de adoctrinamiento de las mujeres, fue el Patronato el organismo que ostentó amplísimo poder controlador y punitivo en todo lo relacionado con la sexualidad de las mujeres, desde una perspectiva patriarcal, fascista y rígidamente católica.

Tiempo es ya de que se ponga en marcha el debido proceso de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a que tienen derecho las mujeres afectadas por la violación de derechos humanos realizada por el Patronato de Protección a la Mujer, así como sus hijas e hijos, que pudieran haber sido afectados. Algo que sí ha sucedido en otros países donde existieron instituciones similares, como es el caso de Irlanda, respecto a las Lavanderías de la Magdalena y las Casas de Madres y Bebés. La acción de la sociedad civil logró que el estado tuviera que poner en marcha comisiones de investigación y posteriores esquemas de reparación. Grupos muy activos de supervivientes, periodistas, cineastas, personas investigadoras, etc. continúan trabajando para desvelar los fallos de dichos esquemas de reparación y procurar que se aplique una auténtica justicia reparativa. Tampoco debemos cejar en este empeño en el caso del Patronato de Protección a la Mujer de España.

[Pilar Iglesias Aparicio es autora de Políticas de represión y punición de las mujeres: Las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España, editorial Círculo Rojo]